La crisis del chavismo y la catástrofe social

Víctor Quiroga, y Leonardo Arantes

Este artículo es una síntesis que contiene partes de artículos publicados en  Correo Internacional en 2017 y en 2019, así  como artículos publicados en la web de la LIT-CI en 2020.

En las polémicas entre las distintas corrientes de izquierda, suelen discutirse las políticas frente al gobierno de Maduro, la Constituyente y/o el imperialismo. Pero, lamentablemente, poco se dice sobre la profundidad de la crisis económica y social (además de la política) que padece el pueblo venezolano. En estas líneas, trataremos de aportar algunos datos para una mejor comprensión de la situación y del escaso sustento de las corrientes que defienden el régimen y el gobierno de Maduro, así como su Constituyente y el PSUV.

Debemos comenzar por reconocer que los trabajadores y sectores populares, en los primeros años del gobierno de Hugo Chávez Frías, obtuvieron algunas concesiones que les permitieron acceder a un mejor nivel de vida. Esto se dio sin que se produjera ningún cambio estructural en la dependencia de la economía del imperialismo ni ninguna ruptura con la burguesía. Por eso, las concesiones perduraron hasta la profunda caída del precio del petróleo, la crisis capitalista mundial y su refracción en Venezuela. A partir de ahí comenzó la pérdida de cada una de las concesiones. Trataremos de explicar la situación actual. Más allá de nuestro repudio a cualquier maniobra intervencionista,  la  oposición  burguesa proimperialista, con Guaidó a la cabeza, se apoya en una situación real: los trabajadores y el pueblo venezolano viven una verdadera catástrofe social. Uno de los motivos centrales de esa catástrofe se explica por el endeudamiento acumulado de todos estos años, que sitúa la deuda externa venezolana en 184.500 millones de dólares (una cifra que representa cinco veces las exportaciones calculadas para este año).

Una deuda externa que se continúa pagando a pesar de la caída del ingreso en dólares que vive el país: a inicios del año pasado, el presidente Nicolás Maduro reconoció que durante su gobierno se habían pagado 74.000 millones de dólares por ese concepto.

Como marco, están la caída del precio internacional del petróleo y, fundamentalmente, la tremenda caída de su producción nacional, que reporta el 96 % del ingreso de divisas: se pasó de más de tres millones de barriles diarios a un millón doscientos mil, principalmente por falta de inversión. Todo esto sucedió mucho antes de “las sanciones y los bloqueos” del imperialismo. La situación ahora se ha agravado con esas sanciones, pero ya existía antes.

En este marco, la hiperinflación castiga con fuerza, con aumentos de precios a diario. El salario, desde enero de este año, es de 18.000 bolívares soberanos y un bono alimentario de 1.800. La inflación de este año es impredecible, pero al día de hoy la cesta básica (calculada por CENDAS) llega al millón de bolívares soberanos.

El gobierno de Maduro ataca el salario

Para medir la magnitud de los ataques al nivel de vida de los trabajadores asalariados, basta con observar la evolución del salario. En 2012, en vida de Chávez, el salario mínimo equivalía a unos 400 dólares; incluso tomando el dólar paralelo, el salario se acercaba a esa cifra. La inflación rondaba un dígito y, aunque insuficiente, un trabajador podía comer tres veces al día.

Hoy las cosas son diferentes. El salario  mínimo  al  18/8/2017  es  de 256.000 bolívares, según el precio del dólar oficial DICOM que es de 2.970 bolívares, es decir, 84 dólares, aunque las “malas lenguas” dicen que ese dólar que va a una subasta pública ronda los 4.500 bolívares. Pero si se toma en cuenta el dólar “negro” que se publica en dólar Today, está en 14.140 (14/8/2017): ¡el salario estaría en 18 dólares! Junto con esto, hay que ver dos datos de importancia: la Cesta Básica (o Canasta Familiar) llegó en agosto a 2.400.000 bolívares (¡9 veces el salario mínimo!). La inflación de 2016 llegó al 600% y, según el FMI, este año llegaría al 1.000 %. Pero más allá de estos datos fundamentales, hay otro: ¿cuál es el poder adquisitivo de esos 256.000 bolívares? Diremos al pasar que ese es un salario compuesto por un salario mínimo de 97.531 bolívares y un Bono Alimentario no remunerable (no sirve para calcular vacaciones, jubilación, etc.) de 153.000 bolívares.

La familia tipo venezolana se compone de cinco personas. Un kilo de arroz puede durar tres o cuatro días; un kilo de harina precocida, lo mismo. Un kilo de azúcar, quizás una semana. En el mercado “normal”, no el “negro” sino en el supermercado de la esquina de cualquier barrio o urbanización, el kilo de arroz se cotiza en aproximadamente 15.000 bolívares (pueden ser mil más o mil menos); la harina precocida ronda ese mismo valor; una botella de aceite de soja 18.000, un kilo de azúcar 12.000  y  un  kilo  de  pasta  (fideos) 18.000. ¡Un cartón de huevos ha llegado a 30.000 bolívares! (cuando se consigue). A esto no le agregamos siquiera las proteínas de carne de res, pollo o cochino (cerdo) que están por las nubes. ¿Cómo se llega a sobrevivir con estos precios liberados por el gobierno?

Por eso, no es de extrañar estos datos de la ENCOVI (Encuesta Nacional de Condiciones de Vida) de 2016, elaborada por un equipo de investigadores de la UCV (Universidad Central de Venezuela), la USB (Universidad Simón Bolívar) y la UCAB (Universidad Católica), que determinó que 52% de los hogares del país no tienen el ingreso necesario para comprar la cesta de alimentos. Por ello, se consideran en situación de pobreza extrema. Más aún, aunque tiene ingresos para comprar alimentos, no tiene ingresos para otros rubros de gastos básicos del hogar. En consecuencia, el 82% de los hogares del país se encuentran en situación de pobreza. La pobreza estructural, que en 2014 estaba en el 16 %, en dos años (2016) llega al 31%.

El abandono de la salud popular

Con las Misiones, hubo un avance para los sectores más marginales que nunca habían tenido acceso a un centro de diagnóstico. La Misión “Barrio Adentro”, con una mayoría de médicos cubanos, contribuyó a que esos sectores tuvieran acceso a atención primaria. Aunque no hubo un cambio profundo ni estructural en los hospitales respecto de una medicina más compleja, estos sí tuvieron algún avance.

Hoy la salud ha retrocedido a niveles de 1998 o peor. El Ministerio Popular para la Salud publicó el 9 de mayo de 2017 el informe epidemiológico correspondiente a 2015-2016. Es un tipo de informe que alerta sobre las enfermedades y su posible impacto en la población. En él se destaca por sus niveles de mortalidad materna. Este índice, que en la región latinoamericana estaba bajando en los últimos años a una tasa de 2%, en Venezuela ha venido aumentando a una tasa del 12%. Pero en los años analizados, pegó un salto: entre 2015 y 2016, aumentó un 65%. En solo un año pasó de 456 mujeres fallecidas en 2015 a 756 en 2016.

Otro tanto ocurre con la mortalidad infantil. La media de Venezuela era de entre 5 y 6‰. Un índice que ya era alto, dado que el crecimiento poblacional es de 1,49% anual. Estar por encima de esa cifra ya significa un retroceso. Entre 2015 y 2016, la mortalidad infantil se situó en 29,5‰.

Las cifras del crecimiento de otras enfermedades también son impresionantes: la malaria pasó a 240.000 casos en  2016, cuando  había registrado 136.402 en 2015 y 89.822 en 2014. En 2010 esta enfermedad se restringía a tres estados; hoy ya alcanza a 13. Otras enfermedades que se han generalizado son el zika y la chikunguña, como nuevas epidemias, y la reaparición de viejas, como la difteria. Un hecho “curioso” es que la ministra que reveló estos datos “renunció” a los pocos días de su publicación.

Todo esto se explica fundamentalmente por una gran desinversión del Estado y la destrucción de la salud pública: los médicos y enfermeras vienen movilizándose desde hace mucho tiempo por salarios, falta de insumos y, fundamentalmente, por la ausencia de material descartable y de medicamentos.

Según una encuesta  publicada  por la Asamblea Nacional y la organización “Médicos por la Salud” sobre “Hospitales de todo el país en 42 ciudades”: “el 51% de los quirófanos están inoperativos y un 78% de esos hospitales tienen escasez de medicinas; el 64% no tiene fórmulas lácteas para alimentar a los niños; más de la mitad de las cocinas no funcionan por falta de comida; prácticamente no funcionan los tomógrafos, y el 89% tienen fallas o no funcionan los rayos X”.

Estas cifras, emitidas por la opositora Asamblea Nacional, pueden ser exageradas, pero ayudan a explicar las oficiales. Esta catástrofe para la salud pública también explica el gran crecimiento de la salud privada: más del 55% de los pacientes se atienden en clínicas o consultorios privados.

A todo este drama hay que agregar la falta casi total de medicamentos para enfermedades crónicas o terminales: no se hallan medicamentos para la hipertensión, la quimioterapia para el cáncer, el VIH, las enfermedades de la próstata, la diabetes, etc. Estas medicinas solo se consiguen en el mercado negro, a pesar de que, según el gobierno, los laboratorios o los importadores han recibido “dólares preferenciales”. ¿Quién se queda con los dólares y los medicamentos importados?

Avanza la crisis social

A los datos aportados sobre salarios y salud, debemos agregar que casi 10 millones de personas acceden solamente a dos comidas diarias (un desayuno y un almuerzo o una cena). En ese marco, avanza la desnutrición infantil por la falta de leche en polvo y de proteínas.

La violencia y la inseguridad se han transformado en verdaderas pandemias: Venezuela tiene 7 ciudades entre las más violentas del mundo (Caracas, como la primera; Maturín, Ciudad Guayana, Valencia, Barquisimeto, Cumaná y Barcelona), según el “Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia”, una organización con sede en México.

La cantidad de muertos por hechos violentos en el país pasó de 4.550 en 1998 a 28.479 en 2016 (la cifra más reciente estimada por el Observatorio Venezolano de la Violencia). En total, estaríamos contando con 287.926 víctimas en los últimos 18 años o, lo que es lo mismo, poco más de 43 muertos por día.

A todas estas penurias graves hay que agregar el sufrimiento de los sectores populares por la falta de abastecimiento de las bombonas (garrafas) de gas (imprescindibles para preparar la comida): se forman colas interminables desde la madrugada para lograr comprar una.

Todos los servicios se han deteriorado: los cortes de electricidad continúan siendo periódicos; el abastecimiento y la calidad del agua potable son deficientes, incluso en estados como Bolívar con fuentes hídricas suficientes. El servicio de aseo urbano es inexistente en algunas ciudades y la basura se amontona en las calles…

Las diferentes corrientes de izquierda que polemizan sobre la situación venezolana deberían tomar en cuenta, aunque sea en parte, las cifras que aquí exponemos para tratar de comprender y explicar las verdaderas causas del enfrentamiento que las masas ven desde hace tiempo con el gobierno de Nicolás Maduro y de la ruptura con él. A pesar de las diferentes coyunturas que pueden abrirse, este proceso de ruptura, desmoralización y crisis es irreversible. La experiencia que las masas están teniendo con el chavismo y el fracaso del proyecto nacionalista burgués abrirán un proceso reflexivo que es importante tener en cuenta para sacar conclusiones y construir una alternativa política independiente de la burguesía, de los militares falsamente “socialistas” y de la burocracia estatal y sindical.

El “paquetazo rojo” contra los trabajadores

En agosto de 2018, Nicolás Maduro anunció una serie de medidas económicas con el “Programa de Recuperación Económica y Bienestar”, un tremendo ajuste contra los trabajadores y el pueblo humilde de Venezuela . Este plan incluyó la reconversión monetaria, con un nuevo bolívar soberano devaluado (quitándole cinco ceros al “viejo bolívar fuerte”) y el anclaje del nuevo bolívar al Petro, una criptomoneda creada por el gobierno y vinculada al precio del barril de petróleo.

Esto se acompañó de una reforma fiscal muy regresiva. Por un lado, el gobierno aumentó el IVA (Impuesto al Valor Agregado) del 12% al 16% y las tarifas de algunos servicios básicos, con un nuevo esquema de precios y un ajuste salarial (que, con la devaluación, aceleró la pauperización). Por otro lado, exoneró de impuestos sobre la renta a las empresas importadoras de alimentos, a las transnacionales petroleras y mineras y a las petroleras multinacionales. 

El objetivo era alcanzar un “déficit 0” mediante disciplina fiscal, tal como en otros países con economías neoliberales, y en ese marco, PDVSA entregó un bloque completo de reservas petroleras certificadas, 29.298 millones de barriles, al Banco Central de Venezuela (BCV), para poder emitir nuevos activos financieros con ese respaldo. Es decir, para la contratación de nueva deuda se utilizaron como garantía reservas y activos petroleros, aprovechando agujeros legales de la Constitución y la legislación vigentes que impiden dicho entreguismo.

Complementó este paquete con lo que fue quizás la medida más letal: la Resolución Ejecutiva 2792 del 11 de octubre de 2018, que significó otro duro golpe a las conquistas de los trabajadores estatales, porque establecía la creación de un tabulador único; algo que, en los hechos, elimina los convenios colectivos y los bonos adicionales, y deja a los sindicatos fuera de la discusión salarial. Hay que tener en cuenta que la nómina de empleados públicos es de cuatro y medio millones; hay tres millones de pensionados y unos ciento noventa mil militares. Habría que agregar también los “contratados”. En total, la cifra de quienes reciben salarios o ingresos del Estado asciende a 6 millones de personas.

En ese momento se fijaba el salario de un general del Ejército en 5.324 bolívares Soberanos (por supuesto, se les respetaban otras prebendas) y en 2.800 bolívares para profesionales. Para los jubilados, pensionados y obreros se fijaba en apenas 1.800 bolívares. Esto produjo una reacción, sobre todo de los trabajadores de las industrias básicas en manos del Estado (como SIDOR, Venalum, Ferrominera, Alcasa y Bauxilum, entre otras de la Gobernación del Estado Bolívar), con paros, huelgas y movilizaciones. Otro tanto ocurrió con los médicos, las enfermeras, los trabajadores universitarios, las maestras y los maestros, así como con los trabajadores petroleros de PDVSA. Estas luchas continuaron hasta fin de año y algunas, como las de los maestros, comenzaron este año. Fueron luchas que encendieron todas las alarmas tanto en el gobierno como en la oposición burguesa. La dinámica iba hacia un posible “estallido social”.

La salud pública en caída libre

Cuando la exministra de Salud, Antonieta Caporale, expuso los índices de epidemias, muertes maternas e infanticidios y la situación de la salud en Venezuela –luego de varios años de absoluto silencio–, hubo un gran revuelo. Al cabo de unos días, y a poco de haber asumido, la ministra “renunció”. ¿Qué datos ofreció la funcionaria? Que la mortalidad materna había aumentado un 65 % en 2016 y la infantil un 30 %.

Esos datos, preocupantes por sí mismos, eran aún mucho peores por la reaparición de enfermedades que parecían erradicadas, como la tuberculosis y la malaria. En años anteriores, Venezuela había logrado avances significativos en el control de epidemias, pero a partir de 2014 comenzó la caída. Los datos sobre tuberculosis muestran que aumentaron de 6.000 casos en 2014, a 7.800 en 2016, y a más de 10.000 en 2017. La malaria, que estaba circunscripta a tres Estados, ahora se ha extendido a más de trece y sigue diseminando. Otros países, como Brasil, también han tenido incrementos de casos, pero de los 770.000 de toda la región sudamericana, Venezuela tiene 411.000. Es decir, 53% de toda la región, uno de los porcentajes más altos de los últimos 40 años. Al mismo tiempo, también vuelven a aparecer la difteria y el sarampión, por falta de vacunas.

Según la ONG Cáritas Venezuela, la “desnutrición aguda moderada a severa” entre niños y niñas de menos de cinco años aumentó del 10 % en febrero de 2017 al 17 % en marzo de 2018. Un nivel indicativo de una “crisis”, según los estándares de la OMS (Organización Mundial de la Salud). Si bien en julio de 2018 había descendido en algunos estados, en Caracas y Vargas seguía por encima de los niveles de crisis (16,7 % y 20 %, respectivamente). La misma Cáritas detectó que el 48 % de las mujeres embarazadas está en comunidades de bajos recursos y con “desnutrición severa, aguada o moderada”. Otro tanto sucede con la desnutrición infantil: ingresan a hospitales niños y niñas que representan entre el 18 % y el 40 % (según la región) de la población de esas edades.

La situación hospitalaria no ha mejorado. Muchos hospitales empiezan a sentir el éxodo de profesionales: faltan pediatras, cardiólogos, oncólogos, etc., que al principio abandonaban los hospitales públicos para ir a los privados, pero ahora ya han emigrado al exterior.

Hay encuestas que se repiten año tras año y que dan cuenta de las falencias en los trescientos hospitales públicos del país: fallas en el suministro de agua, cortes habituales de electricidad; los servicios de emergencia presentan fallas operativas o simplemente no funcionan. Además, faltan medicinas (en más del 70% de los casos) e insumos médicos (en más del 79% de los casos). Estas cifras varían de hospital en hospital, ya que llega algún insumo, pero desaparecen otros.

Un problema que se repite en los hospitales, según los profesionales médicos, es la falta de reactivos para detectar enfermedades y orientar los tratamientos. Por este motivo, familiares de pacientes deambulan por farmacias y por redes sociales para conseguir algunos insumos y medicamentos. También se manifiesta de forma crónica la escasez de medicamentos de alto costo para determinadas enfermedades, que llega al 95%; en tanto, las medicinas esenciales, como los hipertensivos, presentan escasez del 85%, según la Federación Farmacéutica.

La pobreza

Tres de las principales universidades del país han realizado un relevamiento de la situación social y de salud, así como de los índices de pobreza. Profesionales de la UCV (Universidad Central de Venezuela), la UCAB (Universidad Católica Andrés Bello) y la USB (Universidad Simón Bolívar) presentaron un estudio sobre estas variables.

Según esta investigación, la pobreza pasó del 48% en 2014 al 87% en 2017, según la ENCOVI (Encuesta de Condiciones de Vida), medida por ingresos. Es decir, prácticamente se duplicó. Estos investigadores aclaran que en estos indicadores todavía no se reflejan los efectos de la hiperinflación que se desató a partir de octubre de ese año. Otro dato: más del 60% de los adultos se saltan una de las tres comidas para poder alimentar mejor a sus hijos. Según este estudio, los hogares considerados “no pobres” solo representan el 13% (en 2014 eran 51,5%). Por su parte, la pobreza extrema aumentó en la siguiente secuencia: 2014, 23,6%; 2015, 49,9%; 2016, 51,5%; 2017, 61,2%. Es decir, ¡en tres años se multiplicó por 2,6!

Un intento del gobierno para paliar la situación ha sido la implementación de los CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción), que proveen cajas o bolsas de alimentos subsidiados. En ciudades como Caracas, llega a casi el 62% de los hogares de forma más o menos regular, una vez al mes. Pero no es así a nivel nacional, donde la periodicidad disminuye significativamente. Estos productos apenas alcanzan para cubrir las necesidades alimentarias de una familia durante una semana. Para adquirir estos productos, hay que estar censado. Pero “ayuda” a contar con el Carnet de la Patria. 

Este nuevo documento ha sido utilizado por el gobierno como una herramienta de chantaje y termina siendo un instrumento de control político y social, como la coacción y el chantaje sobre los votantes en las últimas elecciones de la Asamblea Constituyente y presidenciales.

Al mismo tiempo, según el ENCOVI, las Misiones, creadas en vida de Chávez como un mecanismo de asistencia a los sectores más pobres, han ido reduciéndose, en algunos casos, hasta desaparecer o fusionarse con otras, como reflejo de su falta de financiamiento. Contradictoriamente, el deterioro de la situación social hace que cada vez más porcentajes de la población dependan de ellas para su supervivencia.

La educación ya no llega a todos

El informe de las universidades citadas considera la relación entre el hambre, la pobreza y la educación. La conclusión es que el 76% de los escolarizados de los sectores populares, de 3 a 17 años, no asiste con regularidad a clases por falta de alimentos. Ya hay un sector importante de la población que no desayuna.

Una de las profesionales de la UCAB que participó en el estudio, Anitza Freitez, expresó: “Solo 9.931.000 de 12.734.000 (niños y jóvenes) están recibiendo educación y un sector significativo (500.000) tiene dificultades de aprendizaje con riesgo de exclusión educativa”.

Avances en los procesos de privatización y entrega de reservas

Durante los dos primeros años de la implementación del plan de ajuste, el gobierno ha venido profundizando su política de ajuste contra los trabajadores, avanzando en temas como la privatización de empresas estatales, entre ellas PDVSA, y en la entrega de los recursos minerales. Ya antes de 2018, se firmaron los acuerdos del Arco Minero Orinoco (AMO), que entrega importantes reservas minerales a transnacionales imperialistas.

Se trata de un área de 111 843,70 km², que ocupa mayoritariamente el norte del estado Bolívar y en menor proporción el noreste del estado Amazonas y parte del estado Delta Amacuro, equivalente a 12,4 % del territorio venezolano, duplicando a la faja petrolífera del Orinoco, y que cuenta con 7000 toneladas de reservas de oro, cobre, diamante, coltán, hierro, bauxita y otros minerales, que estarían siendo entregadas para su extracción a al menos 150 empresas de 35 países, principalmente a la norteamericana Gold Reserve Inc., que en tiempos de Carlos Andrés Pérez depredó la zona sur del país y la canadiense Barrick Gold  que posee un historial de denuncias en los lugares donde tiene presencia, relacionados con asesinatos y abusos en países como Papúa Nueva Guinea y Tanzania, así como de contaminación y daños ecológicos alarmantes, como el derrame de al menos un millón de litros de solución cianurada en cinco ríos de la provincia argentina de San Juan.

Muchas empresas nacionalizadas han sido reprivatizadas, algunas a nivel de varios estados y otras a nivel nacional, como los casos de la cadena de hoteles Venetur, entre ellos el Hotel Humboldt, entregado a los empresarios de la cadena Marriott, los abastos Bicentenario, empresas de procesamiento de alimentos, entre otras.

Es un proceso que viene avanzando también en PDVSA y que ha incluido la reducción y, en algunos casos, la entrega de la mayoría accionaria en empresas mixtas y refinerías de PDVSA en el exterior. Como en 2016, cuando se redujo de 60% a 50,1% la participación de PDVSA en la empresa mixta PetroSinovensa y del 83% al 60% en PetroMonagas, de la faja petrolífera del Orinoco (FPO), la entrega a una empresa de maletín de Malta del Bloque Junín 10 de la FPO, que antes operaba PDVSA. Asimismo, en 2020, la creación de PDV – Puertos para la gestión de puertos y terminales petroleras del país, empresa que contaría con ingresos propios y con la facultad para hacer alianzas con asociaciones nacionales e internacionales, y la venta del 35% de las acciones de la refinería sueca Nynas, pasando PDVSA del 50% al 15%, cediendo la posición mayoritaria en el paquete accionario.

Es decir, todo un plan de reestructuración hacia la privatización, violatorio de la Ley de Hidrocarburos vigente y de la propia Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV). Cabe, adicionalmente, que con la aprobación en 2016 de la reforma de la Ley de Hidrocarburos Gaseosos, se abrió la puerta para la entrega del gas costa afuera a las empresas transnacionales.

Ley Antibloqueo para legalizar el Saqueo

Con el propósito de dar una cobertura legal a todo este proceso de privatizaciones y entrega de reservas y recursos naturales, minerales e hidrocarburos a las transnacionales imperialistas, así como también chinas y rusas, el gobierno de manera apresurada y casi sin discusión, ha hecho aprobar la cuestionada Ley Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos, valiéndose para esto de la fraudulenta e ilegítima Asamblea Nacional Constituyente (ANC), aunque la aprobación se dio sin la unanimidad de dicho organismo de clara orientación oficialista.

Variados han sido los cuestionamientos al instrumento legal, algunos giran en torno a que la recién aprobada legislación va en contra de la constitución nacional, otros alrededor del secretismo, apresuramiento y poca discusión para su aprobación, y los restantes al respecto de que se aprueba una norma, que se salta importantes aspectos constitucionales sin la mínima consulta para su aprobación popular, como podría ser un referéndum, lo que la convierte en una norma totalmente fraudulenta.

Esta ley permite al ejecutivo saltarse los controles de la Asamblea Nacional para privatizar activos de la República y empresas del Estado, revertir expropiaciones o nacionalizaciones, reestructurar empresas del Estado, incorporando a entes privados nacionales e internacionales, eludir leyes para llevar a cabo estas acciones, celebrar contratos que impliquen endeudarse y todo ello bajo el más absoluto silencio y confidencialidad, de espaldas a los trabajadores y al pueblo.

La posibilidad de privatizar y revertir nacionalizaciones, entre otros mecanismos, se materializa cuando se allana el camino para alterar la composición accionaria de empresas en las que el Estado posee más del 50% de la participación, lo que supone reducir esa participación y aumentar la participación privada, y también permite dirimir divergencias a través de los tribunales internacionales aliados del imperialismo.

Resulta extremadamente preocupante el bloqueo de toda posibilidad de conocer los términos de los acuerdos a los que llegaría el ejecutivo con las entidades privadas nacionales y foráneas, así como de su veto por la Asamblea Nacional, amparados por la confidencialidad, llegando incluso a establecer la posibilidad de judicializar y penalizar a quienes indaguen sobre los mismos.

De esta manera, se dejan las manos libres para la acción del capital privado, tanto nacional como internacional, para el saqueo de la nación, la extracción ilimitada de los recursos petroleros y mineros de Venezuela, el incremento de la dependencia y la colonización del país, y la explotación de los trabajadores. Por eso no es de extrañar que, pese a las críticas al respecto del secretismo y la premura en su aprobación, voceros de la burguesía como Ricardo Cussano, presidente de Fedecamaras (principal gremio burgués del país), celebren la aprobación de la referida ley, reivindicándola como necesaria para la “atracción de inversiones”.

La responsabilidad del gobierno de Maduro y el PSUV

Con estos datos, buscamos demostrar que la decadencia del proyecto chavista no tiene su origen en la “guerra económica” ni en el “bloqueo imperialista» que Maduro menciona desde hace tiempo. Aunque el reciente bloqueo de cuentas del Estado venezolano agrava la situación, esta decadencia se inició con el fracaso del proyecto “nacionalista burgués” del chavismo, sin rupturas con el imperialismo ni cambios estructurales en esa dependencia. El gobierno de Maduro y el régimen chavista son los principales responsables de la trágica situación, que ya se gestaba durante los gobiernos de Chávez, en los que, además de no modificar el carácter capitalista dependiente y semicolonial del país —que, por el contrario, se profundizó—, se comenzó a destruir el aparato productivo nacional y a entregar las reservas de hidrocarburos y minerales, priorizando el pago de la deuda externa, garantizando ganancias para las transnacionales y manejando la economía de manera desastrosa. A esto se suma la mayor fuga de capitales en la historia del país. El chavismo, desde el principio, impulsó la creación de un nuevo sector burgués que se apropiaba de la renta petrolera y de los negocios del Estado, desplazando a otro sector burgués. Todos estos sectores han vivido y siguen viviendo de estos negocios, en estrecha relación con el imperialismo yanqui y con las burguesías gobernantes en China y Rusia. Ejemplos de esto son las multinacionales petroleras, farmacéuticas, químicas, alimentarias y automotrices, entre otras.

Durante los 20 años de chavismo, el imperialismo “soportó” los gobiernos chavistas que les garantizaban ganancias suculentas, negocios especulativos con el dólar y las importaciones y, fundamentalmente, la tranquilidad de recuperar ganancias con las masas desmovilizadas a partir de concesiones. Cuando la “estabilidad social” terminó con la crisis económica, cuando la clase obrera y las masas se hartaron de ser el “pato de la boda” y salieron a luchar y enfrentar al gobierno y al régimen de Maduro, el imperialismo decidió volver a sus viejos socios, hoy en la oposición burguesa. Para eso, intentan aprovechar el descontento obrero y popular que la catástrofe social que hemos descrito genera de manera creciente.