Gobierno de Meloni: No es «seguridad», es represión
Por: Daniele Cofani
El 16 de noviembre, el Consejo de Ministros del gobierno de extrema derecha de la primera ministro Giorgia Meloni aprobó tres proyectos de ley que introducen nuevas normas en materia de seguridad pública que, de hecho, endurecen aún más los anteriores decretos de seguridad (Salvini), aprobados y luego convertidos en ley durante los gobiernos Conte y Conte bis. Como bien sabemos, incluso en este caso, detrás de la retórica de la seguridad pública se esconden muchos otros propósitos, como la asfixia de las luchas sociales y la luz verde a la represión a través de normas liberticidas que intentaremos analizar a lo largo de este artículo.
Fuerzas del orden: impunidad, dinero y armas
Mientras en Italia «veintisiete autores de homicidios voluntarios –incluidos presuntos autores, delincuentes confesos, condenados en primer grado del proceso, o suicidios– llevaban uniforme entre enero de 2020 y el 1 de junio de 2023, todos hombres y considerados responsables de la muerte de 28 personas» (1) el Gobierno Meloni, como sus predecesores, en lugar de intervenir para poner fin a esta masacre de Estado, prodiga impunidad, dinero y armas a las fuerzas del orden (policiales).
De los 5 millones previstos para la renovación de contratos de todo el sector público (3 millones de trabajadores), 30% (1,5 millones) se destinará únicamente a las Fuerzas Armadas, que en conjunto representan sólo 16% de todo el sector público. Otra norma introducida, mucho más grave y peligrosa, es la que permitirá a la policía disponer, fuera de servicio, de «un arma más ligera en lugar de la estándar, que suele ser mucho más pesada». Finalmente, entre otras medidas para «proteger» los cuerpos policiales, el proyecto de ley prevé un castigo más severo para quienes cometan delitos como violencia, amenazas, resistencia y lesiones (de 2 a 5 años) o lesiones muy graves (hasta 16 años). ) contra los agentes, y aumento de la pena también para quienes «ensucian o desfiguran» bienes muebles e inmuebles «utilizados para el ejercicio de funciones públicas»; al mismo tiempo, se amplía la posibilidad de exclusión de la pena a los agentes que hagan «uso de armas, de la fuerza u de otros medios de coacción física» o «herramientas informáticas». Una mezcla mortal que hace un guiño a la industria armamentista y premia, arma y deja impunes a las fuerzas de represión que el Estado burgués utiliza para defender la propiedad privada y las ganancias de los capitalistas, fuerzas policiales que podrán seguir reprimiendo con dureza y con nuevas herramientas toda forma de lucha de los trabajadores y de los movimientos sociales.
Otra represión, nuevos crímenes contra quienes luchan
Al parecer, las reglas represivas ya introducidas por los decretos Salvini y Salvini bis no son suficientes para el gobierno Meloni, contra el cual la «izquierda» y el M5 [Movimiento 5 Estrellas] en el gobierno no hicieron más que confirmar la represión a través de la ministro Lamorgese (2); sin embargo, la campaña por su abolición organizada por el Frente de Lucha No Austerity fue muy importante (3).
Con estos nuevos proyectos de ley se endurecería el delito de bloqueo de vías [calles], pasando de infracción administrativa a delito cuando lo cometen varias personas, con una pena elevada de 6 meses a 2 años de prisión, ampliable también al bloqueo de líneas ferroviarias. De hecho, se está atacando una técnica histórica de protesta no violenta, ampliamente utilizada recientemente por los ambientalistas de Última Generación para sensibilizar a la sociedad civil contra la contaminación y la devastación ambiental, pero que golpeará a cualquiera que se vea obligado a utilizarla para defender sus propios derechos.
En este sentido también condenamos los recientes ataques al derecho de huelga por parte del ministro de Transportes Salvini que, con motivaciones engañosas e instrumentales y oponiendo a los trabajadores con los usuarios (que son siempre trabajadores), dictó diversos instrucciones que han reducido a pocas horas las huelgas en el sector aéreo y en el transporte público local, por salarios y seguridad, huelgas convocadas tanto por el sindicalismo de base como por la CGIL y la UIL con motivo de la huelga nacional del 17 de noviembre.
Entre otras cosas, también ha llegado al Parlamento un proyecto de ley que limitaría fuertemente el derecho de huelga en el transporte público local, dejando la posibilidad de convocar una huelga sólo a las organizaciones que hayan firmado el Texto único (Tur) y los contratos de trabajo nacionales, amordazando de hecho cualquier forma de oposición combativa.
En cuanto a nuevos delitos, se ha establecido el delito de disturbios en centros penitenciarios o centros de migrantes, previéndose también nuevas penas para quienes instiguen disturbios por fuera de las estructuras; esto sucede mientras nuestro país se encuentra tristemente entre los tres primeros de Europa por hacinamiento carcelario (4) y con una altísima tasa de suicidios entre reclusos y reclusas que alcanzó su récord negativo en 2022 con 74 personas que se suicidaron (5). Por no hablar de los Hotspots y de los centros de permanencia y expulsión (CPE) donde los inmigrantes que llegan a Italia sin haber cometido ningún delito más que el de huir de las guerras son encerrados injustamente –ahora hasta durante 18 meses (6)– y en condiciones inhumanas, de carestía y hambre
De hecho, están recortando todo tipo de derechos y fondos para gestionar y financiar medidas alternativas útiles para enfrentar el problema del hacinamiento en las cárceles y la acogida e integración de los inmigrantes, y como única solución incentivan sólo el garrote y la represión.
Nuevas medidas represivas también contra quienes no tienen la posibilidad de tener una casa donde morar, obligándolos así a ocupar un espacio para poder vivir: se prevén penas de reclusión de 2 a 7 años y un «procedimiento relámpago» para la liberación de los inmuebles por parte de las fuerzas policiales, mientras que en Italia sólo 6% de los alojamientos es para vivienda popular, frente a 18% de la UE.
También se convierte en delito la «posesión de material con fines terroristas», que castiga a quienes obtengan, posean o difundan material destinado a preparar actos de terrorismo, pero al mismo tiempo, se protegerá a los agentes secretos infiltrados que participen en la preparación de atentados, retrotrayéndonos algunas décadas con lo vivido durante la estrategia de tensión. Finalmente, se introduce el Daspo contra la práctica “carterista” en estaciones de trenes, metros y autobuses.
Unamos las luchas contra un gobierno reaccionario
Está claro que no esperábamos ninguna diferencia de parte de un gobierno de extrema derecha, como tampoco esperamos ningún tipo de oposición seria por parte del M5S, del Partido Democrático (PD) y de toda la izquierda reformista y parlamentaria, también porque son directamente responsables de la instauración del gobierno Meloni por las políticas antiobreras, racistas y xenófobas que han puesto en práctica durante sus mandatos, también mediante la aprobación de leyes que no eran más que el preludio de estos nuevos proyectos de ley: Turco-Napolitano, Minniti, Salvini 1, Salvini bis y Lamorgese.
Si bien estos nuevos proyectos de ley son parte integrante de la propaganda represiva del gobierno Meloni, también hay que decir que, en esta fase en la que no hay un ascenso de las luchas obreras, son funcionales para ocultar las políticas económicas y sociales de ataque a la clase trabajadora, los jubilados, las mujeres, los inmigrantes, la comunidad LGBT+.
Contra esta agenda económica escrita e impuesta por el sistema capitalista a cada gobierno de cualquier color, no resta sino unir las luchas sindicales, estudiantiles, sociales y de los movimientos para cambiar la relación de fuerza a nuestro favor contra los patrones, contra los gobiernos y contra todo el sistema socioeconómico. Sólo podemos partir de las grandes movilizaciones en apoyo a la heroica resistencia palestina, contra la violencia sobre las mujeres y contra las políticas económicas del gobierno, movilizaciones que en los últimos días han visto a cientos de miles de personas salir a las calles encabezadas por muchas jóvenes inmigrantes, pero también por estudiantes y trabajadores. Apoyamos también la unidad de las luchas promovidas por el Frente de Lucha No Austerity, que el 18 de noviembre organizó en Florencia una conferencia nacional en la que participaron importantes grupos de lucha sindicales y sociales: tras un intenso debate, se aprobó un documento político que pone en el centro de la siguiente fase la necesidad de unir y extender las luchas de forma independiente de los gobiernos y de las burocracias sindicales, en un intento de derrocar este podrido sistema, el capitalismo (7).
Notas:
1- https://www.osservatoriodiritti.it/2023/06/07/omicidi-in-divisa-in-italia/
4- https://www.osservatoriodiritti.it/2023/06/01/sovraffollamento-carceri/
5- https://www.osservatoriodiritti.it/2022/11/03/suicidi-in-carcere/
Artículo publicado en www.partitodialternatoivacomunista.org, 28/11/2023.-
Traducción: Natalia Estrada.
