Gobierno de Maduro avanza en el proceso de reprivatización y entrega de los recursos del país
Maduro anuncia la privatización parcial de empresas estatales
Durante la noche del pasado lunes 11 de mayo de 2022, en una alocución, transmitida por televisora estatal Venezolana de Televisión (VTV), Nicolás Maduro informó sobre medidas para la privatización de empresas estatales de carácter estratégico; lo cual se haría efectivo mediante el mecanismo de ofertar acciones de empresas públicas en las bolsas de valores del país.
Por: Leonardo Arantes- UST (Venezuela)
Dentro de las empresas estatales estratégicas, cuyas acciones el gobierno pretende privatizar, estarían incluidas, las empresas mixtas petroleras, CANTV, Movilnet y las empresas básicas de Guayana. Comenzando el oficialismo por ofertar entre el 5 y 10% de su paquete accionario, desde el próximo lunes 16 de mayo del año en curso.
En su alocución, Maduro, llama la atención y deja claro que la medida va dirigida a «inversionistas nacionales e internacionales», afirmando que, «vamos a sacar entre 5% a 10% de las acciones de varias empresas públicas para la inversión nacional, fundamentalmente, o internacional».
Los argumentos del gobierno, su explicación de la crisis de la estatales estratégicas y las verdaderas razones de su quiebra
Para justificar tal medida, Nicolás Maduro, arguye que, «necesitamos capital para el desarrollo de las empresas públicas», dejando entrever que es y ha sido la falta de capital la principal causa de la deplorable situación de las empresas del estado, por lo cual no habría otro remedio que recurrir a la búsqueda de capitales desde el ámbito privado nacional o transnacional. Argumento similar al usado por la burocracia cubana para justificar la restauración capitalista en la isla a inicios de los 90’s.
Es necesario en este contexto siempre aclarar la diferencia entre lo que fuera el estado obrero cubano y el estado venezolano, que nunca dejó de ser un estado capitalista, ni siquiera en el proceso de auge de las nacionalizaciones iniciado hace al menos 15 años atrás, cuando en 2007, aprovechando y apoyándose en los altos ingresos petroleros, el gobierno de Chávez llevo adelante un proceso de nacionalizaciones de empresas consideradas claves o estratégicas, reservando para el estado el 100% de su paquete accionario o la mayoría de la participación accionaria en el caso de las empresas mixtas petroleras.
Pero más allá de los argumentos oficialistas, los trabajadores y el pueblo venezolano en general, debemos tener claro que la situación catastrófica de tales empresas estatales estratégicas es consecuencia del proceso sostenido de desinversión en las mismas. Desinversión que impidió, entre otras cosas garantizar su producción y su mantenimiento, así como garantizar salarios y condiciones laborales dignas para sus trabajadores.
Todo este proceso de desinversión fue realizado a fin de garantizar los pagos de deuda externa y las ganancias de las transnacionales, principalmente petroleras y mineras en las empresas mixtas, así como las ganancias de banqueros y empresarios especuladores nacionales y foráneos, en detrimento de los beneficios que esas empresas podían aportar al país.
A esto debemos agregar la corrupción de altos funcionarios militares y civiles y la pésima gestión gubernamental, la falta absoluta de control obrero, lo que ha garantizado los altos lucros de los burócratas gubernamentales.
Así pues, en medio de esta situación caótica de las empresas estratégicas, el gobierno de Maduro, a fin de seguir garantizando las ganancias y beneficios de los capitalistas nacionales y transnacionales, así como también de burócratas gubernamentales civiles y militares, anuncia medidas de privatización pública de las empresas estatales en ramas estratégicas de la economía venezolana.
Continuidad y avance de la política privatizadora
Estos anuncios constituyen la continuidad y avance, de una política, en la que más allá de su falso discurso socialista, el gobierno burgués de Maduro, a la cabeza y como continuidad del régimen chavista ha venido renunciado paulatinamente a la propiedad exclusiva estatal de las empresas de sectores estratégicos como la industria petrolera (PDVSA), telecomunicaciones, electricidad, agua, petroquímica y sectores básicos o a la mayoría accionaria en sectores dónde nunca fue el estado dueño exclusivo como empresas mixtas petroleras, gasíferas y mineras [1].
La continuidad en este caso está representada en el hecho que, desde 2015, hasta finales de 2021, con especial auge a partir de 2019 (año de advenimiento de las sanciones imperialistas que vinieron agravar la calamitosa situación del país y en consecuencia de las empresas del estado), el gobierno ha entregado a capitales privados el control de al menos 33 empresas[2], pertenecientes al sector agroalimentario (torrefactoras, centrales azucareros y enlatadoras de productos del mar, varias de las cuales aún permanecen inoperativas), turismo (Hoteles Venetur, Hotel Humboldt, entre otros) y Manufactureras.
Otras tres grandes corporaciones estatales, si bien no han sido totalmente entregadas, han establecido acuerdos con sectores privados que concentran todo el poder de mercado en sus respectivos sectores, tales son los casos de Bolivariana de Puertos (que gestiona los siete principales puertos del país), la Corporación Venezolana de Minería (CVM – que ejerce controla esta área y gestiona el Arco Minero Orinoco) y en cierta medida también PDVSA (principal industria petrolera del país, principalmente a través de la entrega y privatización de filiales y refinerías en el exterior).
Todo esto ha sido realizado, mediante acuerdos opacos con los capitales privados, sin anuncios formales claros y completos, violando el marco legal vigente hasta entonces e incluso la misma constitución nacional (como el caso de poner activos y reservas petroleras como garantías de pagos de deuda externa).
Amparar tales acuerdos viciados, fue la razón por la cual, durante el año 2020, valiéndose de la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente (ANC), existente para entonces, el gobierno hizo aprobar la inconstitucional Ley Antibloqueo.
Es acá donde encontramos el elemento de avance en dicha política, el gobierno renuncia a la propiedad estatal de empresas estratégicas y hace posible su privatización, ahora de manera pública, ofertando un porcentaje de sus acciones a través de las bolsas de valores, pudiendo las mismas ser adquiridas por sectores de la burguesía tradicional y la boliburguesia del país y por sectores burgueses transnacionales. Siendo el fin último de dicha medida garantizar fuentes de ingresos y beneficios para esos sectores burgueses y para la burocracia gubernamental.
Todo esto es una clara demostración (mejor dicho, una muestra más entre tantas) de la falsedad del discurso socialista y antiimperialista del gobierno burgués de Maduro.
Frente a estas medidas del gobierno y como una verdadera opción para recuperar las empresas estatales estratégicas, los socialistas organizados en la Unidad Socialista de los Trabajadores (UST), proponemos el fin de los pagos de deuda externa que desangran la economía nacional, la repatriación de los capitales fugados con los que desfalcaron al país la confiscación de dichos capitales y su inversión en la recuperación de las empresas estatales y de la economía de conjunto, todo esto bajo el control obrero de las empresas públicas estratégicas y demás sectores de la economía.
Nota:
[1] Las empresas mixtas son asociaciones entre empresas estatales de estos sectores y empresas privadas, donde el estado debe tener al menos 51% de las acciones y el capital privado máximo 49%, al abrirse la oferta de 5 a 10% de las acciones para ser adquiridas por capital privado, cambia la cualidad de la empresa, convirtiéndose de hecho en empresas privadas con participación estatal. Vale decir que ya de manera ilegal el estado en años pasados recientes había entregado la mayoría accionaria en algunas de ellas, con la entrada en vigencia de la medida anunciada por Maduro, se oficializa está entrega.
[2] Datos de la ONG Transparencia Venezuela, actualizados hasta el 09/12/2021
