El Salvador: Nayib Bukele y el trumpismo latinoamericano:bonapartismo y criminalización político-social

Luiz Fernando da Silva

Nayib Bukele representa un proceso típico de bonapartización latinoamericana, en el período histórico en el que no existen contradicciones estructurales entre las burguesías locales (y sus partidos y gobiernos) y el proyecto imperialista estadounidense.
Bukele realizó un recorrido político que se originó en el FMLN (Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional), siendo elegido intendente de Nuevo Cuscatlán (2012-2015) y, posteriormente, de San Salvador (2015-2018), y fue acusado de lavado de dinero y fraude durante sus mandatos. Fue expulsado del partido en 2017, intentó sin éxito fundar su propio partido y luego se postuló a la presidencia por GANA (Gran Alianza por la Unidad Nacional), cuando en febrero de 2019 fue elegido en primera vuelta con el 53% de los votos. En esa ocasión, Bukele se autoproclamó el “dictador más cool del mundo”. En febrero de 2021, ya con su propio partido, Nuevas Ideas, en alianza con GANA, obtuvo dos tercios de los escaños de la Asamblea Nacional.
El “combate al crimen organizado” y a la corrupción fue el principal lema y la justificación política que Bukele y su grupo utilizaron para consolidarse en el poder. En 2024 fue elegido para un segundo mandato presidencial, con cerca del 83% de los votos, en medio de numerosas denuncias de detenciones arbitrarias y violaciones de derechos humanos.

Bukele se autodenomina “sabio”, “rey filósofo”. Junto a la imagen de “combatiente” del crimen, construye la imagen de modernizador de la economía salvadoreña, asociada a la tecnología, las criptomonedas y los activos digitales, al turismo internacional y a la atracción de inversiones. Aunque mantiene la imagen de modernizador, lo que se ve en sus gobiernos es una “máquina de corrupción” que involucra a hermanos y otros familiares, colaboradores cercanos y miembros de su gabinete, que desvían fondos públicos, conceden contratos de obras a beneficiados y direccionan selectivamente compras de alimentos y medicamentos. El contrapunto es el creciente endeudamiento con el FMI y los datos sociales y laborales que indican un proceso simultáneo de profundización de la miseria, la informalidad y la vulnerabilidad social.

En febrero de 2020, ocho meses después de asumir, Bukele ordenó que el Ejército ocupara la Asamblea Nacional y amenazó con disolverla para respaldar su plan de gastos militares, llamado Plan de Control Territorial, que también implicaba la reestructuración de las Fuerzas Armadas.

Ya con mayoría en el Congreso, en mayo de 2021 destituyó a cinco miembros de la Corte Suprema y al fiscal general del país, reemplazándolos por personas cercanas a su círculo político. Además, aprobó una reforma que despidió a todos los mayores de 60 años. En junio de 2021 se aprobó la posibilidad de su reelección.

Luego, en septiembre de 2021, Bukele aprobó en el Congreso la criptomoneda Bitcoin como moneda de curso legal junto al dólar, con el objetivo de “inclusión financiera”, inversión y desarrollo económico. Anunció el cambio en un mensaje reproducido en una conferencia sobre bitcoin en Miami:
“Esto va a generar empleos y ayudar a proporcionar inclusión financiera a miles de personas fuera de la economía formal y, a mediano y largo plazo, esperamos que esta pequeña decisión nos ayude a impulsar a la humanidad, aunque sea un poquito, en la dirección correcta”.

Contra la nueva moneda, unas 8 mil personas salieron a las calles de San Salvador (capital) para protestar contra el Bitcoin y el acelerado proceso de bonapartización del régimen político. Habría sido la gota que colmó el vaso de un proceso de dos años: las reformas constitucionales; las revelaciones sobre el pacto entre Bukele y las pandillas para “pacificar” el país; la intención de duplicar el tamaño del Ejército; y, finalmente, la imposición de la nueva moneda. La manifestación reunió a distintos sectores, desde estudiantes, feministas y sindicalistas hasta integrantes de los partidos del orden, como el FMLN y ARENA. Según reportes periodísticos, la mayoría de los manifestantes marchaba con el rostro cubierto con mascarillas, anteojos de sol y gorra por temor a ser fotografiados o grabados por drones que sobrevolaban la protesta.

Estado de excepción y bonapartismo

El estado de excepción es el eje político central que, hasta el momento, estructura el régimen bonapartista de Nayib Bukele desde marzo de 2022. La medida fue justificada como necesaria debido al aumento de los índices de violencia en esos días. Pero, en realidad, lo que estaba en juego eran las protestas sociales contra Bukele que tendían a crecer.

De este modo, el gobierno suspendió tres garantías constitucionales básicas: el derecho a la defensa, el plazo máximo de detención y la prohibición de incomunicación. Esto ha servido de pretexto para detenciones masivas en el país. La represión estatal, presentada como combate a las pandillas, también alcanza a las oposiciones críticas al gobierno: sindicalistas, periodistas y defensores de derechos humanos.

Bukele difunde sus concepciones de seguridad pública con un papel estratégico. La política de encarcelamiento y la represión militar generalizada se justifican con el discurso de la “guerra contra las pandillas”; en la práctica, sin embargo, funcionan como mecanismos ampliados de control social y político. Afectan a amplios sectores populares, a la clase trabajadora, a la juventud periférica y a los opositores del régimen. También operan como instrumento de propaganda, movilizando el apoyo de la clase media urbana, la burguesía e incluso de sectores populares, que pasan a asociar orden, seguridad y crecimiento económico con la suspensión de derechos políticos.

El “modelo” Bukele: encarcelamiento masivo

La población de El Salvador se estima en 6,3 millones de habitantes, de los cuales unos 526 mil viven en San Salvador (capital). Tras la aprobación del estado de excepción en marzo de 2022, el país vive uno de los procesos de encarcelamiento masivo más intensos del mundo.

En marzo de 2024, la población carcelaria llegó a 109.519 personas, de las cuales 84 mil están detenidas sin juicio, sin acusación formal y sin derecho a la defensa. Entre estos presos hay periodistas, abogados, sindicalistas y defensores de derechos humanos u opositores político-partidarios al régimen. En términos proporcionales, esto significa 1.659 prisioneros por cada 100 mil habitantes, la tasa carcelaria más alta del mundo, superando incluso a países como Estados Unidos y China.

Organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos presentan denuncias continuas sobre las condiciones del sistema penitenciario salvadoreño. En los últimos tres años se registraron al menos 473 muertes en prisión, cerca del 50% por acciones violentas y alrededor de un tercio asociadas a la negativa deliberada de atención médica:
“Sin haber sido condenadas en juicio, el 94% de las personas no tenía perfil de integrantes de pandillas y murieron bajo custodia del Estado y en total impunidad. El número de muertes puede superar el millar, pero hay información que está siendo ocultada en los juicios masivos”.

Trabajo, informalidad y miseria social

El Salvador tiene una tasa de empleo informal urbano del 70%, incluyendo asalariados informales y trabajadores “por cuenta propia/autónomos”. Es una de las tasas más altas entre los países latinoamericanos, muy por encima del promedio regional del 55,6%, según un informe de la CEPAL. Esto equivale a cerca de 1,94 millones de personas: vendedores ambulantes, trabajadoras domésticas, empleos informales en transporte, manufactura y construcción, entre otros. Entre los jóvenes, alrededor de 3 de cada 4 están en empleos informales.
Solo el 25% de la población ocupada está en el mercado formal, una pequeña fracción de trabajadores con contrato y alguna protección social. Los empleos formales abarcan cerca de 900 mil personas (entre el 31% y el 32% del total de ocupados).

Reportajes de campo realizados por El Faro en 2024 indicaron altos niveles de inseguridad alimentaria: “casi la mitad de la población sufre inseguridad alimentaria moderada o grave”.

Según El Faro, las principales causas de esta situación son: el aumento de los precios de los alimentos, las pérdidas de cosechas por la crisis climática y la falta de subsidios agrícolas. El problema se agravó aún más a partir del estado de excepción de marzo de 2022. Miles de familias salvadoreñas redujeron sus ingresos, ya sea porque sus principales proveedores fueron detenidos, o porque debieron dividir los escasos recursos para enviar paquetes con artículos básicos a familiares encarcelados.

Las remesas familiares de migrantes salvadoreños en Estados Unidos siguen siendo un amortiguador social. En una investigación de 2023, el Banco Central del país destacó que más de 1,5 millones de salvadoreños vivían en EE. UU., de los cuales el 80,9% enviaba remesas regularmente a sus familias, y cerca del 55,4% trabajaba en la construcción, limpieza y restaurantes. Otra investigación de la misma institución indica que, en 2024, esas remesas representaron el 24% del PBI salvadoreño, totalizando 8.206,4 millones de dólares. También señala que cerca de la mitad se encontraba en situación migratoria irregular.

Bukele y el trumpismo

La integración de Nayib Bukele al trumpismo no es circunstancial. Se trata de un alineamiento ideológico estructural presente desde su primera elección presidencial en 2019, y profundizado tras su reelección en 2024.

En 2023, Marco Rubio, entonces senador republicano por Florida, visitó a Bukele en El Salvador y lo elogió por traer paz al país. A comienzos de 2024, el salvadoreño fue recibido con ovaciones en la CPAC (Conservative Political Action Conference). En la asunción de su segundo mandato, Bukele recibió a Javier Milei y a Don Jr., hijo de Trump, quien lo elogió en redes sociales:
“¡Felicitaciones por tu victoria y por tus increíbles logros (…). Y hacés todo eso sin tener que encarcelar a tus oponentes políticos!”.

A comienzos de 2025, tras la asunción de Donald Trump, el secretario de Estado, Marco Rubio, visitó El Salvador y firmó un acuerdo con Bukele para la deportación de inmigrantes desde Estados Unidos. EE. UU. pagaría al gobierno salvadoreño 4,76 millones de dólares por año.

El lugar de encarcelamiento fue el llamado Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una prisión de máxima seguridad inaugurada en 2023, denunciada internacionalmente por condiciones inhumanas. Varios deportados venezolanos denunciaron torturas y abusos generalizados en la cárcel. Se presentaron diversas demandas judiciales contra el gobierno estadounidense por las deportaciones.

El alineamiento político se reiteró en abril de 2025, cuando Trump recibió al presidente salvadoreño en la Casa Blanca y reafirmó la ampliación de la cooperación en políticas de inmigración y deportación.

El papel geopolítico de Bukele para Trump

En el plano externo, en la geopolítica latinoamericana, el “dictador cool” se alinea con las prioridades de la política exterior de EE. UU. bajo el trumpismo: contención de la migración, externalización del control migratorio y enfoque securitario contra el crimen transnacional. El Salvador pasa a operar como una extensión del aparato represivo estadounidense.

Las cárceles salvadoreñas, en particular el sistema de encarcelamiento de máxima seguridad, se convierten en infraestructura funcional para la política migratoria de EE. UU., como una forma de tercerización de la represión, desplazando costos políticos, jurídicos y humanitarios hacia la periferia.

Es necesario considerar otros aspectos de este alineamiento geopolítico. A comienzos de noviembre pasado, según la prensa estadounidense, se observaron al menos tres aeronaves militares de EE. UU. en el principal aeropuerto de El Salvador, lo que indica una ampliación de la cooperación militar ya existente. Ese mismo mes, EE. UU. anunció la transferencia de dos helicópteros al país con el objetivo de “fortalecer sus contribuciones” a los “esfuerzos de seguridad” en Haití.

El acuerdo Escudo de las Américas, firmado entre El Salvador y Costa Rica, refuerza aún más la función geopolítica salvadoreña en el “tablero” trumpista. Según Bukele, dicho acuerdo buscaría “que ambos países se ayuden mutuamente en la lucha contra el crimen”:
“El crimen no conoce fronteras, opera de manera transnacional (…) funciona como una única red coordinada, pero los países no. Por lo tanto, no tiene sentido que varias estructuras transnacionales operen en sintonía sin coordinación”.

¿Quién sostiene el régimen de Bukele?

Nayib Bukele se apoya en una base política y económica articulada con los sectores de tecnología, criptomonedas, turismo, construcción y servicios. Se orienta hacia las “inversiones” extranjeras que, en la práctica, implican una fuerte desregulación mediante exenciones impositivas y grandes inversiones públicas en infraestructura.

El intento es posicionar a El Salvador como un centro regional de tecnología. Para eso, se firman contratos con grandes empresas internacionales para infraestructura digital o alianzas de plataformas. En ese marco, aprobó proyectos de ley para reducir o eliminar impuestos sobre software, hardware, desarrollo tecnológico e inteligencia artificial. En 2023, Bukele se expresaba así sobre esta flexibilización:
“La próxima semana enviaré un proyecto de ley al Congreso para eliminar todos los impuestos (renta, propiedad, ganancias de capital y aranceles de importación) sobre las innovaciones tecnológicas (…) y sobre el desarrollo en IA, así como sobre la fabricación de hardware y las comunicaciones”.

En estas grandes obras públicas, los proyectos de construcción son ejecutados por grandes constructoras vinculadas a redes de empresas nacionales e internacionales, lo que beneficia a grupos económicos cercanos al gobierno. Participan grandes contratistas, empresas de ingeniería y proveedores de materiales que obtienen contratos estatales.

El endeudamiento público y el FMI

La deuda pública de El Salvador se disparó durante el gobierno de Bukele a más de 30 mil millones de dólares, lo que equivale al 84% del producto interno bruto del país.

Bukele se encuentra subordinado a los mecanismos del FMI. Renegocia deudas y profundiza el endeudamiento. Aun así, logra acuerdos con la institución gracias a las relaciones que mantiene con el trumpismo. Según el Banco Mundial, los “desequilibrios fiscales y externos” llevaron al gobierno a realizar “tres recompras de deuda soberana entre 2022 y 2024”. Estas renegociaciones fueron “seguidas por la aprobación de un presupuesto austero para 2025”, con el objetivo de “apoyar la consolidación fiscal”.