Los acontecimientos políticos que se desarrollan en Paraguay desde el 5 de marzo merecen la atención de todas las organizaciones que se reclaman de la clase trabajadora en la región y el mundo. El estallido social que atraviesa el país expresa, en este momento, el punto más elevado de resistencia, en las calles, a la política criminal que aplican los distintos gobiernos capitalistas ante la pandemia de Covid-19.
Por Daniel Sugasti
Todos los problemas que indignan al pueblo, que no parece estar dispuesto a abandonar las calles ante los primeros retrocesos del gobierno colorado de Mario Abdo Benítez[1], preexistían a la pandemia. El efecto combinado de la doble crisis, sanitaria y económica, solo los exacerbó hasta hacerlos insoportables.
Durante los primeros meses de la pandemia, el caso paraguayo se mencionaba como ejemplo de contención del virus. El gobierno estableció medidas de aislamiento especialmente duras, como el toque de queda o el cierre de fronteras. Estas restricciones a la circulación surtieron efecto en el contexto de una población mayormente joven (58% tiene menos de 30 años de edad) y un alto nivel de ruralidad (38%).
Sin embargo, la contraparte de la ralentización de los casos de Covid-19 fue un aumento espantoso de la crisis social. La medición oficial de desempleo alcanzó 8,2% en 2020, que en el caso de las mujeres significó 11,5%. Si en el segundo trimestre de 2019 la tasa de ocupación femenina alcanzó 54,3%, en el mismo periodo de 2020 se redujo a 47,9%[2]. En suma, aproximadamente 707.000 personas, 19% de la fuerza de trabajo disponible, sufrieron “inconvenientes para el acceso laboral”; una cifra que abarca desocupados, subocupados y suspendidos[3]. Sin medidas de asistencia social significativas (el auxilio consistió, básicamente, en 77 dólares para cerca de 300.000 familias), la parálisis económica causó estragos en un mercado laboral con alto índice de informalidad (70%).
Así y todo, hasta el 8 de julio de 2020 habían muerto 20 personas por Covid-19[4]. Pero esa realidad comenzó a cambiar cuando, a partir de junio, las medidas de aislamiento físico fueron relajándose, sobre todo a raíz de la exigencia empresarial de “reabrir” la economía. Hoy la pandemia está fuera de control. Si el 14 de febrero de este año se contaron 599 casos, el 9 de marzo hubo 2.125 infectados[5]. El total de fallecidos asciende a 3.387[6]. Esto, por supuesto, sin considerar los casos no registrados.
Esto llevó a una tragedia anunciada: el colapso del precario sistema de salud pública. De acuerdo con datos de 2018, 73% de la población no cuenta con ningún tipo de cobertura médica. En el área rural, este indicador alcanza 86%[7]. En otras palabras, el pueblo pobre, que sobrevive en la informalidad, está librado a su suerte.
Para una población de más de siete millones de personas, Paraguay cuenta con 636 camas de terapia intensiva. Pero no todos los lechos cuentan con los medicamentos ni el personal especializado indispensable. Existen solo 200 médicos especializados en terapia intensiva. Se agotaron drogas claves para el tratamiento de pacientes intubados, como atracurio y midazolam. El Ministerio de Salud no hizo ninguna licitación de estos fármacos durante 2020. El primer intento fue realizado en la noche del último 5 de marzo, cuando se desarrollaba una batalla campal en Asunción. Pero los precios aumentaron sideralmente. Si en 2019 una ampolla de atracurio costó al Estado 1,4 dólares, ahora cuesta aproximadamente 10,7[8]. A esto se suma la especulación de las empresas farmacéuticas, que simplemente prefieren hacer negocios con el sector privado, que paga más. En estas circunstancias, la salud pública pudo adquirir un lote, sin licitación, provisto por única empresa, Bioethic Pharma.
En primer lugar, esto es reflejo de una política deliberada de destrucción del sistema público de sanidad. El país invierte en salud solamente 3% del PIB, cuando la OMS recomienda por lo menos 6%. Pero la cosa es aún más indignante cuando toda la sociedad sabe que, hace un año, el gobierno de Marito (como se lo llama en el Paraguay) contrató un crédito internacional de 1.600 millones de dólares justamente para la compra de insumos y medicamentos. La pregunta que, con razón, recorre recorren las calles es: ¿dónde está ese dinero?
El colapso hizo que todos los gastos médicos recayeran sobre las familias de los pacientes internados. En las semanas previas al estallido, hubo escenas desgarradoras de médicos, enfermeras, parientes de enfermos que clamaban por insumos y medicamentos básicos pero muy costosos. La desesperación creció y, con ella, el descontento. La humillación cotidiana alimentaba la bronca. Muchas familias quedaron arruinadas. Por ejemplo, un paciente puede llegar a necesitar hasta 40 ampollas de atracurio diariamente, lo que equivale a aproximadamente 705 dólares[9]. El salario mínimo, que en realidad es “máximo” pero sirve como referencia, equivale a 336 dólares. En los barrios, el pueblo organiza rifas, “polladas”, ollas populares, y cualquier iniciativa solidaria para ayudar a las familias que caen en desgracia. Muchos, sin salida, empeñaron teléfonos celulares. Hubo casos más extremos, como las denuncias de prostitución frente a los hospitales o el de la madre que malvendió su casa para cubrir los gastos de la internación de su hijo, que acabó falleciendo.
En medio de la barbarie, los medicamentos que faltaban en los hospitales aparecían en el mercado ilegal, a precios obscenos. Drogas con sello del Ministerio de Salud o del IPS (previsión social) y la advertencia de “venta prohibida” eran comercializadas por farmacias cercanas a los centros de salud.
Este fue el caldo de cultivo de la furia popular: hambre, desempleo, colapso sanitario, desidia, corrupción descarada. El pueblo no tardó en realizar su “juicio político” contra el gobierno criminal de Marito.
Si bien el colapso de los hospitales fue el detonante de las protestas, se debe considerar también la situación y la perspectiva de la vacunación contra el Covid-19, puesto que esta es la única solución de fondo para la crisis sanitaria. La “gestión” de los recursos para los pacientes que necesitan ser internados es fundamental, pero el virus no será contenido hasta que 70% de la población esté vacunada. Paraguay es el país más atrasado de la región, en ese sentido. El 5 de marzo, el país contaba con 4.000 dosis del inmunizante. En un intento de contener las manifestaciones, el presidente recibió un lote de 20.000 dosis desde Chile. Como son necesarias dos dosis por individuo, esto alcanza para vacunar a 12.000 personas, es decir, ni siquiera al personal de salud.
Julio Borba, nombrado ministro de Salud tras la renuncia de Mazzoleni, declaró su intención de “apurar” la llegada de otras 36.000 dosis hasta final de marzo, que corresponden a la iniciativa Covax, liderada por la OMS. Es todo lo que está previsto para tratar de paliar la crisis. La situación es dramática: a este ritmo, Paraguay vacunará (dos dosis) a 70% de su población en julio de 2158[10].
Como plantea un comunicado del PT paraguayo: “Esto no es una campaña de combate al Covid-19, es una farsa, un intento risible de marketing político”[11].
Las protestas
La única alternativa capaz de cambiar esta perspectiva sombría es la movilización sostenida del pueblo trabajador.
Solo con más organización para la acción directa será posible torcer el brazo a los asesinos en masa que gobiernan el país. No existe término medio: o ellos, o nosotros.
La movilización no debe detenerse hasta que caiga el gobierno de Mario Abdo Benítez, pero, en el mismo acto, deben ser derrotadas las maniobras del expresidente Horacio Cartes y los intereses de todas las facciones del Partido Liberal (PLRA), que buscan usurpar la lucha justa de las masas para mejorar su posición en el control del Estado.
En este sentido, es alentador que el repudio popular no se limite a “Marito” sino que abarque al magnate Cartes. Esto se expresa en la consigna “ANR nunca más”. En los últimos días, miles de manifestantes protestaron ante la sede del Partido Colorado y la mansión de Cartes. Es decir, está claro que la comprensión del problema no se reduce a interpretar que la crisis actual deriva solo de la responsabilidad del actual gobierno y esto amplía el horizonte de las protestas.
La Asociación Nacional Republicana (ANR-Partido Colorado) gobierna desde 1947, con excepción de los cuatro años de mandato de Fernando Lugo. En esos 70 años se transformó en un aparato poderoso, un partido-Estado que extiende sus tentáculos a todas las esferas de la vida. La ANR fue el partido de la última dictadura, la del general Alfredo Stroessner (1954-1989), periodo nefasto en el que señoreó el tridente Estado-FFAA-Partido Colorado. En 1973, Stroessner firmó el tratado de Itaipú, que contempla la posibilidad de una invasión militar al territorio paraguayo y entrega la soberanía energética del país a la burguesía brasileña. En 2019, Mario Abdo negoció un acuerdo sobre el precio de la energía de Itaipú con el Brasil, completamente favorable a los intereses de Bolsonaro. La indignación tomó las calles y ese escándalo casi le cuesta el cargo al presidente paraguayo. Salvó su mandato por dos motivos: 1) Bolsonaro admitió anular el acta entreguista para no perder un aliado en la región. Al mismo tiempo, en el Brasil fue detenido Darío Messer (el doleiro de los doleiros), el principal socio para el lavado de dinero de Cartes, que se refería a él como “patrão”. Esto fue un mensaje claro para Cartes de lo que podría ocurrir con su suerte si no llegaba a un acuerdo con Mario Abdo para cerrar la crisis; 2) en consecuencia, la facción interna del Partido Colorado liderada por Cartes retrocedió en el impulso del juicio político, sellando un pacto de impunidad entre dos sectores del mismo aparato mafioso[12].
La ANR es un látigo para el pueblo trabajador, un resquicio de la dictadura. Su salida del poder sería un triunfo democrático en sí mismo, muy profundo, para todo el pueblo.
La facción de Horacio Cartes también merece atención especial. Este personaje es el empresario más poderoso del país, ligado a sectores mafiosos. Hace décadas es investigado internacionalmente por contrabando y todo tipo de actividad ilegal. En la crisis actual, a pesar de estar enfrentado a la corriente interna de Marito, el expresidente lo sostiene al no adherir al impulso de un juicio político, pues la bancada parlamentaria de Cartes es determinante para alcanzar los 53 votos necesarios en la Cámara de Diputados. En ese sentido, puede decirse que Mario Abdo es un rehén de Cartes, que aumenta su poder y lo utiliza para obtener cargos en el gabinete y todo tipo de privilegios. Las masas saben que, en última instancia, la silla presidencial es de Marito pero el poder lo tiene Cartes. De ahí que, con justicia, está en la mira de los manifestantes.
Pero un amplio sector va más allá. El grito de guerra que recorre Asunción es el mismo de la revolución argentina de 2001: “que se vayan todos, que no quede ni uno solo”. Esta bandera, en principio, es progresiva porque expresa un profundo rechazo a todos los políticos y partidos burgueses tradicionales. Es una muestra del hondo hartazgo.
Las protestas son convocadas cotidianamente. Una juventud precarizada, sin perspectiva de futuro y cansada de tanta humillación, toma las calles para decir: “¡todos los días hasta que se vayan!”. La movilización debe encarar la tarea inmediata del movimiento social: ¡Abajo el gobierno de Mario Abdo Benítez! ¡Ni Marito ni Cartes ni Llano, abajo todas las opciones capitalistas!
Es necesario, para sostener la movilización, articular espacios de unidad de acción con funcionamiento democrático. Es urgente debatir los rumbos del movimiento entre todos los sectores, evitando la dispersión de fuerzas. Solo con organización será posible mantener la presión y resistir la represión, incluso avanzando con medidas de autodefensa frente a la represión. Y, lo más importante, es imperioso iniciar el debate sobre un programa de emergencia económico-social-sanitario, que parta de la caída del gobierno, y avance hacia cambios estructurales.
Es lo que toca a la crisis sanitaria, es urgente plantear la confiscación y estatización de todos los hospitales y servicios privados de salud. La salud no debe ser una mercancía. Esto es indispensable para centralizar todos los recursos (camas, insumos, medicamentos, personal especializado) en un único plan de combate al Covid-19.
Hay que levantar la bandera de vacunas para todos y todas. Para ello, el movimiento debe plantear la ruptura de las patentes internacionales, controladas por pocas empresas imperialistas de biotecnología, para que los inmunizantes puedan ser producidos y distribuidos de acuerdo con la necesidad, no para el lucro de un puñado de billonarios.
Esto recién comienza. La perspectiva más probable es el agravamiento de la pandemia en las próximas semanas. Existe un “alerta roja” que reveló que 99% de las camas de terapia intensiva están ocupadas. Más que nunca será necesario enfrentar el gobierno, hasta derrumbarlo, y atacar los intereses del sector privado.
Desde el PT, que participa de las movilizaciones con la misma indignación que todos y todas, planteamos que es necesario discutir este programa de emergencia que ponga en perspectiva la construcción de una salida socialista ante la crisis en la que nos metieron los ricos y poderosos. El crimen social causado por la política de los gobiernos ante la pandemia plantea como nunca la disyuntiva socialismo o barbarie.
Notas:
[1] Desde el 5 de marzo han caído cuatro ministros: salud, educación, mujer, gabinete civil.
[2] Ver: <https://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/economico/2020/11/01/destacan-rapida-incorporacion-de-politicas-publicas-en-paraguay-frente-al-covid-19/ > .
[3] En el tercer trimestre del 2020, los desocupados fueron 294.697, los subocupados llegaron a 301.488 y los inactivos por la pandemia alcanzaron 111.162, según la Encuesta de Hogares. Ver: <https://www.abc.com.py/nacionales/2020/11/13/desempleo-subio-a-82-y-afecto-a-295000-personas-en-el-tercer-trimestre-del-ano/>.
[4] En junio de 2020, Paraguay tenía una tasa de dos muertos por millón de habitantes, la más baja de Sudamérica.
[5] Ver: < https://www.abc.com.py/nacionales/2021/03/09/se-confirman-otros-2125-casos-de-covid-19-y-17-muertes/>
[6] Datos de la Universidad Johns Hopkins al 11/03/2021.
[7] Ver: < https://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/2019/12/03/solo-el-27-de-la-poblacion-accede-a-un-seguro-medico/>.
[8] Ver: < https://www.abc.com.py/nacionales/2021/03/09/salud-no-previo-compra-de-atracurio-y-ya-pago-hasta-g-70000-por-unidad/>.
[9] Ver: < https://www.hoy.com.py/nacionales/asegurados-de-ips-deben-comprar-medicamentos-vendidos-en-el-mercado-negro>.
[10] Ver: <https://covidvax.live/location/pry >, consultado el 10/03/2021.
[11] Ver: <https://litci.org/es/paraguay-fuera-marito-cartes-que-se-vayan-todos-ellos/>.
[12] Ver: https://litci.org/es/carta-abierta-de-un-paraguayo-a-la-clase-trabajadora-brasilena-sobre-itaipu/
