Italia

El gobierno de Meloni refuerza la represión

La primera ministra italiana Giorgia Meloni habla durante la conferencia de prensa de fin de año, en Roma, Italia, 09 de enero de 2025. (Italia, Roma) EFE/EPA/ALESSANDRO DI MEO

enero 22, 2025

Por Daniele Cofani – Partido de Alternativa Comunista

El 18 de setiembre la Cámara de Diputados aprobó el Proyecto de Ley 1660 (“Disposiciones sobre seguridad pública, protección del personal en servicio, así como de las víctimas de la usura y del sistema penitenciario”). El paquete de normas establecerá nuevos delitos y, sobre todo, aumentará las penas ya previstas en decretos anteriores en materia de seguridad: las cuestiones sociales se transforman en emergencias que deben reprimirse. El texto pasará ahora al Senado para su consideración antes de poder convertirse en ley. Como Alternativa Comunista ya habíamos denunciado sus nefastos contenidos en las páginas de nuestro sitio web (1), en noviembre del año pasado, cuando se examinó su aprobación en el Consejo de Ministros.

Las principales novedades

El proyecto de ley (DDL) 1660 no hace más que endurecer las leyes sobre «seguridad pública» aprobadas por gobiernos anteriores de todo tipo, leyes apoyadas por partidos ahora situados en el crisol de la «centroizquierda», como el Partido Democrático (PD) y el Movimiento 5 Estrellas (M5s). Estos partidos están ahora en la oposición en el Parlamento, pero en los últimos años, mediante políticas represivas y de hecho racistas, allanaron el camino para estas nuevas normas. Con la presentación de este nuevo proyecto de ley –que sólo necesita una votación en el Senado para ser aprobado– el gobierno de extrema derecha de Meloni da seguimiento a las promesas de la campaña electoral, cuando Fratelli d’Italia (FDI) y la Liga de Salvini narcotizaron a los votantes con una propaganda racista, xenófoba y reaccionaria.

Como bien sabemos, también en este caso, detrás de la retórica de la seguridad pública hay otros propósitos, como la asfixia de las luchas sociales y la luz verde a las normas liberticidas, apuntando a dar un salto cualitativo en la represión de las luchas por parte del Estado burgués, en algunos aspectos incluso empeorando el código fascista de Rocco (2), que sigue vigente hoy, sin que ningún gobierno (ni siquiera de izquierda) lo haya derogado.

El proyecto de ley 1660, como decíamos, introduce nuevas circunstancias agravantes de la pena pero también nuevos delitos, con el objetivo de atacar las movilizaciones que caracterizaron la última fase de las luchas sociales: las que se dieron contra el genocidio en Palestina, las protestas contra las «grandes obras» y las nuevas infraestructuras militares, las movilizaciones por el clima y contra la catástrofe ecológica y ambiental, así como los piquetes de huelga obreros. En concreto, el proyecto de ley 1660 ataca las formas históricas de lucha que estos movimientos han adoptado para aumentar su eficacia, como los piquetes, los bloqueos de carreteras y ferrocarriles, las ocupaciones, con fines residenciales o sociales, de casas y/o edificios abandonados o vacíos. Además, prevé normas muy duras contra cualquier forma de disidencia y de resistencia (incluso pasiva) en las cárceles y en los centros de detención (verdaderos campos de concentración) donde se encierra a los inmigrantes sin permiso de residencia, en espera de su expulsión (3), con sanciones penales también para cualquier eventual protesta de familiares y de solidarios con sus demandas. Todo esto mientras se garantiza a las fuerzas del orden nuevos poderes y mayor impunidad por su (frecuente) conducta violenta, se les concede la libertad de poseer sus propias armas personales fuera del servicio… y se castiga duramente por las lesiones, incluso mínimas, [que ellos puedan] «sufrir» durante el servicio.

De dónde vienen las nuevas reglas y hacia dónde quieren llegar

En lo que se refiere al derecho a la vivienda, el ministro de Infraestructuras y Transportes Salvini (Liga) ha transformado este problema social en una emergencia que debe reprimirse. El ministro primero canceló todas las medidas de apoyo para aquellos que tienen dificultades para pagar los costosos alquileres y cortó todo diálogo con los sindicatos y asociaciones de inquilinos, para luego apoyar el endurecimiento de las normas mediante la introducción –en el Código Penal– del nuevo art. 634 bis, que castiga «el delito de ocupación arbitraria de un inmueble destinado a domicilio ajeno» con la pena de 2 a 7 años de prisión, tanto para el ocupante como para quien colabore con él. La norma se añade a la prevista en el art. 633 del Código Penal, que castiga la ocupación abusiva de un inmueble con pena de prisión de 2 a 4 años. Además, se introduce en el Código de Procedimiento Penal el nuevo art. 321 bis, que otorga a la policía el poder de desalojar inmediatamente los inmuebles ocupados.

Estos cambios, además de endurecer las normas anteriores introducidas por el primer Decreto Salvini de 2018 (durante el gobierno apoyado por la Liga y el Movimiento 5 Estrellas), también empeoran otra ley anterior (2014) introducida por el Partido Democrático a través del «Plan Casa Renzi (presidente del Consejo) Lupi (ministro de Infraestructuras y Transportes)»: el artículo 5 del plan Renzi-Lupi castigaba severamente a quienes ocupaban un inmueble, negándoles el derecho a registrar su residencia en el lugar donde vivían, de conectarse a los servicios públicos (agua, luz, gas), de entrar en la lista para obtener alojamiento popular, llevando, como consecuencia directa, al agravamiento de las situaciones de marginalidad social de quienes ya estaban en una situación precaria, especialmente durante el período de la pandemia.

En cuanto al endurecimiento de las penas contra las formas históricas de lucha, el decreto del gobierno Meloni introduce nuevas normas represivas contra la resistencia pasiva durante los bloqueos y piquetes, con agravante si el acto se comete para impedir la realización de una obra pública o de una infraestructura estratégica (pensemos en infraestructuras que tengan un fuerte impacto ambiental o en las nuevas bases militares). Lo encontramos en el art. 11 que restablece la sanción penal y no ya la administrativa para el delito de bloqueo de carreteras: introduce «el agravamiento de la pena de 6 meses a 2 años para quien realice un bloqueo de autopista o ferrocarril con su propio cuerpo y con más personas reunidas».

El intento de introducir bloqueos de carreteras y piquetes con solo el cuerpo como conducta criminal se remonta al tiempo del gobierno del Movimiento 5 Estrellas-Liga (2018): en ese momento Salvini, con el apoyo de Conte (secretario del M5s), impulsaba su transformación en infracción penal por una cuestión de «orden público» y ahora vuelve al ataque fingiendo querer garantizar la «libre circulación vehicular». El delito de bloqueo de carreteras fue introducido por ese mismo gobierno en la primera versión de los Decretos de Seguridad de Salvini (2018) y actualmente está vigente, pero, hasta hoy, no incluía como delito el mero bloqueo de la carretera con el cuerpo, que se castiga con sanción administrativa «reservando la conducta de relevancia penal a la obstrucción con objetos». Cabe señalar, sin embargo, que en el borrador original del decreto se preveía la tipificación penal para todo tipo de bloqueo, y ahora, cinco años después, se presenta de nuevo el mismo esquema ya compartido en el Consejo de Ministros del gobierno del Movimiento 5 Estrellas-Liga.

En cuanto al agravamiento de la represión de las luchas, el nuevo proyecto de ley –a través del art. 10– introduciría nuevos poderes para los comisarios de policía, que podrán ordenar «la expulsión del ciudadano de una determinada área urbana hasta en de 48 horas». Podemos, pues, imaginar el uso que se hará de este ante manifestaciones y marchas sindicales y políticas. Se trata del “Daspo urbano” [prohibición de acceso a determinado lugar por razones de orden público, ndt.], que recordemos es una medida administrativa introducida con el decreto Minniti (ministro del Interior del gobierno del Partido Democrático) de 2017 y modificada con los decretos de seguridad de Salvini de 2018 y de 2020 durante los gobiernos de la Liga-Movimiento 5 Estrellas: el DDL 1660 representa un endurecimiento de la represión capitalista en defensa de los intereses de la clase dominante.

En materia de nuevos delitos, se ha instituido el de motín en cárcel mediante el art. 18 que introduce la nueva circunstancia agravante del delito de incitación a desobedecer las leyes, que prevé una pena de hasta 5 años «si se comete en el interior de una cárcel por los presos o incluso mediante comunicaciones directas a personas detenidas»; también castiga con pena de prisión de hasta 8 años a «quien, dentro de un establecimiento penitenciario, promueva, organice o dirija un motín con actos de violencia o amenazas, de resistencia, incluso pasiva, a la ejecución de órdenes o con intentos de evasión, cometidos conjuntamente por tres o más personas». Estas normas, a través del art. 19, se aplicarían contra los migrantes detenidos en los Centros de Permanencia y Repatriación (CPR), confirmando su naturaleza carcelaria.

Como hemos destacado a menudo, todo esto ocurre mientras nuestro país lleva años, tristemente, entre los tres primeros de Europa en hacinamiento carcelario y con una tasa de suicidios muy elevada entre detenidos y detenidas, que alcanzó su récord negativo en 2022, con 74 personas que se han quitado la vida. Para no hablar de los Hotspots [Puntos de acceso] y de los CPR, donde son encerrados injustamente –ahora hasta 18 meses– y en condiciones inhumanas los inmigrantes que llegan a Italia sin haber cometido ningún delito más que huir de las guerras, la carestía y el hambre. Recordemos que los actuales CPR fueron instituidos por un gobierno de centroizquierda a través del Decreto Turco-Napolitano (1998): en su momento se denominaron Centros de Permanencia Temporal (CPT), pero luego se agravaron durante los diversos cambios de gobierno de todos los colores, adquiriendo una naturaleza carcelaria en todos los aspectos.

Por último, utilizando siempre la retórica opresiva del racismo y de la xenofobia, el art. 7 prevé la revocación de la ciudadanía italiana «dentro de los 10 años desde la sentencia definitiva, al ciudadano condenado por terrorismo o subversión». También en este caso, el artículo 7 no es más que un endurecimiento de las normas ya vigentes desde 2018 con el primer decreto de seguridad (Salvini-Conte). Nos preguntamos qué delitos podrían incluirse dentro de la actividad “subversiva”: existe la posibilidad de que una coordinación o una asociación de inmigrantes que reclame con fuerza y determinación mejores condiciones y derechos pueda ser considerada, precisamente, subversiva. Este decreto parece estar escrito para golpear a las organizaciones árabe-palestinas que llevan 15 meses en lucha en apoyo de la Resistencia del pueblo palestino. En esta línea encontramos los diversos intentos del ministro del Interior Piantedosi de vetar las manifestaciones de apoyo a la Resistencia palestina contra el Estado de Israel, que desde hace 76 años lleva a cabo repetidas masacres en el marco de un proyecto colonial y de limpieza étnica (4).

Unamos en la lucha contra la represión y el genocidio en Palestina

Está claro que no esperábamos ninguna diferencia de un gobierno de extrema derecha, como tampoco esperábamos ninguna forma de oposición seria por parte del Movimiento 5 Estrellas, del Partido Democrático y de la izquierda reformista y parlamentaria: si hoy tenemos este gobierno de extrema derecha también se debe a sus nefastas políticas de gobierno, más recientemente, al apoyo al gobierno impuesto por los bancos y los patrones (2021/22) encabezados por Mario Draghi (5). Durante los gobiernos anteriores se aprobaron leyes que no eran más que el preludio de estos nuevos proyectos de ley: Turco-Napolitano, Minniti, Salvini 1, Salvini bis y Lamorgese (6).

Incluso en estos meses, hasta la aprobación en la Cámara, hemos asistido al silencio cómplice de la “oposición parlamentaria”, que, más allá de un voto en contrario puramente de “bandera”, no ha movido un dedo para oponerse verdaderamente a las nuevas normas represivas. Además, de aproximadamente 160 parlamentarios de la oposición, solo 91 estaban presentes en el momento de la votación en la Cámara de Diputados; algunos representantes del Partido Democrático y del Movimiento 5 Estrellas presentaron algunas mociones (adoptadas por el gobierno) que comprometían a este último ¡a aumentar el gasto público para contratar a nuevos policías y guardias penitenciarios! En esencia, todos están unidos en la intensificación de la represión de las luchas sociales para defender una agenda económica escrita e impuesta a los gobiernos de todos los colores por la burguesía; la represión de las luchas no es una prerrogativa de la derecha, sino que es parte integral del sistema capitalista para salvaguardar los propios intereses.

Frente a todo esto no nos queda otra que unir las luchas sindicales, estudiantiles, sociales y de los movimientos para cambiar la relación de fuerzas a nuestro favor contra los patrones, contra los gobiernos y contra el capitalismo. No podemos sino seguir apoyando las movilizaciones en apoyo de la heroica Resistencia palestina, que debe unirse a las luchas contra la violencia hacia las mujeres, contra la devastación ambiental, contra las políticas económicas de guerra del gobierno. Son movilizaciones que en los últimos meses han visto salir a las calles a cientos de miles de personas, lideradas por muchas jóvenes mujeres inmigrantes, pero también estudiantes y trabajadores.

Este es el camino a seguir para construir una verdadera oposición al gobierno de Meloni: uniendo las movilizaciones para liberar a Palestina del río al mar, por el retiro del DDL 1660, contra la opresión, contra la carestía de vida, etc., seremos capaces de poner en crisis a este gobierno reaccionario, abriendo el camino a un estadio de luchas que puedan poner en discusión el sistema capitalista en su conjunto.

(1) https ://www .partitodialternativacomunista .org /politica /nazionale /governo –meloni –ma –quale –sicurezza –e –solo –repressione –di –daniele –cofani