Ecuador se levanta para enfrentar el ajuste de Noboa
Por Lena Souza
Ecuador se encuentra nuevamente en crisis tras el anuncio del gobierno de Daniel Noboa sobre la eliminación de los subsidios al diésel. La medida elevó de inmediato los costos del transporte y los alimentos, y la respuesta popular no se hizo esperar: estudiantes, comerciantes y transportistas salieron a las calles para protestar por el aumento, mientras que la CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador) declaró un paro nacional indefinido.
El aumento del precio del diésel fue la gota que colmó el vaso
El 13 de septiembre de 2025, mediante el Decreto Ejecutivo 126, el gobierno eliminó el subsidio al diésel, fijando el precio del galón en US$2,80, un dólar más que el precio anterior de US$1,80. La medida estará vigente hasta diciembre, cuando se implementará un sistema de bandas vinculadas al tipo de cambio internacional.
El gobierno defendió la decisión como una medida «inevitable» para apuntalar las finanzas públicas, pero para amplios sectores de la población el impacto fue inmediato: aumento de los costos del transporte y de los precios de los alimentos básicos.
Las medidas de ajuste y entrega del país vienen desde la toma de posesión de Noboa
Desde el inicio de su gobierno, Noboa ha impulsado un paquete de políticas neoliberales como ajustes fiscales y reducción de subsidios, primero a los combustibles y ahora con la eliminación total del subsidio al diésel, abriendo la exploración minera y petrolera en zonas de resistencia social y desconociendo claramente plebiscitos donde la población votó en contra de la exploración de recursos naturales como el petróleo en el Parque Nacional Yasuní en 2023 o en defensa del agua y contra la explotación minera en Cuenca.
Implementó una política de austeridad contra los trabajadores del sector público, con medidas como congelación de salarios y contratos, externalización de procesos y recortes en varios departamentos estatales, bajo el pretexto de la «eficiencia administrativa». Además, se han multiplicado los informes de pagos atrasados a trabajadores de la educación, la salud y la justicia, mientras que los puestos de confianza vinculados al círculo presidencial siguen ampliándose.
Además, el sistema de salud pública continúa colapsando bajo su administración. Hay escasez de suministros básicos en los hospitales, escasez de medicamentos y escasez de médicos para brindar atención. A pesar de las promesas de «modernización», la realidad es que el presupuesto de salud no se ha incrementado, y gran parte de los recursos continúan desviándose para pagar la deuda externa y el gasto militar. Las filas en los hospitales aumentan, los pacientes mueren por falta de atención y el personal sanitario denuncia condiciones laborales precarias. La crisis sanitaria es un reflejo directo de la prioridad que se da al ajuste fiscal sobre el bienestar de los pobres que dependen del sistema de salud pública.
En cuanto a la seguridad, aunque Noboa aumentó la tasa del IVA con el pretexto de utilizar los fondos para abordar la crisis de inseguridad, esta se ha agravado desde su toma de posesión, marcada por un aumento de la violencia vinculada al narcotráfico y el crimen organizado. Impuso sucesivos estados de excepción, militarizando ciudades y cárceles, pero sin abordar las causas estructurales de la violencia: la desigualdad, el desempleo y la corrupción. Aunque el discurso oficial habla de una «guerra contra las mafias», la población trabajadora sigue siendo la principal víctima, con barrios periféricos bajo el control de grupos armados y una sensación de inseguridad cotidiana que no se puede resolver con tanques en las calles. La militarización, a su vez, también ha servido para reprimir las protestas sociales, demostrando las verdaderas intenciones de la política de seguridad del actual gobierno. Para colmo, contrató la ayuda de la empresa militar estadounidense Blackwater, conocida por proporcionar mercenarios a gobiernos y grupos privados en varios países del mundo.
Estas medidas apuntan en una dirección clara: descargar la crisis económica sobre los sectores más pobres, garantizando el pago de la deuda externa y los intereses a los grandes capitales.
Trabajadores, indígenas y jóvenes se lanzan a la lucha y crece la resistencia
Las protestas comenzaron casi de inmediato, con trabajadores del transporte en Quito, Guayaquil y Loja realizando paros parciales contra el aumento del precio del diésel que estaba haciendo insostenibles sus servicios. Los estudiantes de la Universidad Central del Ecuador se movilizaron el 16 de septiembre, junto con profesores y jubilados, exigiendo la revocación del decreto. También se produjeron varios bloqueos de carreteras en las provincias.
En Cuenca, alrededor de 100.000 manifestantes salieron a las calles el 15 de septiembre en una multitudinaria marcha en defensa del agua y contra el aumento del precio del diésel. Estudiantes, comunidades rurales, grupos ambientalistas y sindicatos marcharon por el centro histórico con pancartas denunciando la amenaza de los proyectos mineros a las fuentes de agua de la ciudad, al tiempo que rechazaban el nuevo precio del diésel. La movilización se alineó con el creciente descontento nacional, dejando claro que la lucha por el agua y contra las medidas de austeridad neoliberales de Noboa forman parte de la misma batalla por la vida y la dignidad de las personas.
El Poder Ejecutivo respondió reprimiendo las protestas estudiantiles, declarando el estado de emergencia en siete provincias y militarizando calles y carreteras. Esta medida confirma la estrategia del gobierno de criminalizar la protesta social.
CONAIE convoca a paro nacional
El 18 de septiembre, la CONAIE, tras deliberaciones en una asamblea, anunció un paro nacional indefinido, extendiendo la protesta a nivel nacional. La organización indígena delineó una agenda con varios puntos centrales:
1. Derogación inmediata del Decreto 126.
2. Revocación de licencias ambientales para proyectos mineros en territorios de recarga hídrica.
3. Poner fin al modelo extractivo que destruye comunidades y ecosistemas.
4. Inversión real en salud, educación y programas sociales.
5. Respeto a los derechos de los pueblos indígenas y campesinos.
Mientras tanto, el gobierno ha endurecido su retórica, definiendo a los combatientes como terroristas y prometiendo penas de prisión de hasta 30 años contra aquellos que “alteren la vida”.
Pleno apoyo a la lucha indígena y popular del Ecuador
La lucha que hoy toma las calles de Ecuador es una expresión viva de la resistencia de un pueblo que se niega a cargar con el peso de la crisis generada por los ricos. El fin del subsidio al diésel, los recortes al sector público, la precariedad de la atención médica y la militarización del país forman parte de un mismo proyecto neoliberal que busca garantizar las ganancias del capital financiero y las multinacionales, mientras condena a los trabajadores, campesinos e indígenas a la pobreza. En este sentido, la movilización popular, que resalta la fuerza histórica de la CONAIE, sienta las bases para una lucha que debe extenderse a los pueblos pobres de América Latina. Es deber de todos los luchadores y sus organizaciones de clase apoyar incondicionalmente esta batalla del pueblo ecuatoriano, porque su victoria también será un paso adelante en la lucha de todos los pueblos de América Latina contra el saqueo de nuestros recursos, las medidas de austeridad y la represión.
