Ecuador, imperialismo y soberanía: la ofensiva geopolítica de Estados Unidos en el contexto de la seguridad hemisférica

Lena Souza (PSTU B)

Militarización, extracción de recursos y control geopolítico

La política exterior de Estados Unidos en América Latina entró en una fase abierta de agresividad militar y de imposición política forzada. Bajo el pretexto de la “lucha contra el narcotráfico”, Trump profundiza la militarización del continente y busca reinstalar una lógica colonial de control territorial, económico y político en varios países. Bajo la presidencia de Daniel Noboa, un títere de Trump, Ecuador se convirtió en una de las plataformas de ese proyecto.

El gobierno de Noboa justifica su entrega con la narrativa del combate al crimen y al narcotráfico, que en los últimos años transformó a Ecuador en el país con la mayor tasa de homicidios de América Latina. Esta narrativa coincide con la retórica estadounidense de que el país se volvió un importante punto de tránsito de drogas y de que la cooperación militar y la presencia de bases extranjeras serían “esenciales” para desmantelar redes criminales de alcance regional.

Ninguna iniciativa del gobierno estadounidense es “coincidencia” ni “cooperación desinteresada”. La seguridad de los pueblos latinoamericanos no es la prioridad: la prioridad es garantizar rutas militares, influencia política y control de los recursos naturales con la ayuda de gobiernos dóciles y entreguistas.

Sumisión al imperialismo

Desde el inicio de su mandato, Daniel Noboa pasó a gobernar con una agenda centrada en la retórica de la “seguridad”, la militarización del país y el alineamiento explícito con Estados Unidos, tratando a la Constitución de 2008 como un obstáculo para ese objetivo. En los primeros meses de gobierno, el Ejecutivo intensificó el uso de decretos de estado de excepción y el envío de proyectos de ley que ampliaban el papel de las Fuerzas Armadas y restringían derechos fundamentales, de manera tan explícita que la Corte Constitucional se vio obligada a cuestionarlos, generando un conflicto con el gobierno.

Ese conflicto institucional se profundizó a lo largo de 2025, cuando Noboa pasó a atacar públicamente a la Corte, acusándola de “favorecer al crimen” y de actuar contra la “voluntad popular”. En paralelo, el gobierno comenzó a defender abiertamente cambios constitucionales estructurales, incluida la flexibilización de la prohibición de bases militares extranjeras, abriendo un enfrentamiento directo con los movimientos sociales organizados, que se posicionaron contra una nueva Constitución, ya que el objetivo de quitar soberanía al país y derechos conquistados en la Constitución de 2008 estaba claramente detrás de la intención del gobierno.

En junio de 2025, la Asamblea Nacional, con mayoría alineada al gobierno, llegó a aprobar una propuesta de reforma constitucional que permitiría la instalación de bases militares extranjeras en el país con el argumento de que el narcotráfico se habría intensificado tras el cierre de la base militar de Estados Unidos en Manta en 2009.

El alineamiento con Washington tuvo un hito simbólico el 4 de septiembre de 2025, cuando el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, visitó Quito y declaró públicamente que, si Ecuador “lo necesitaba”, Estados Unidos “evaluaría” el regreso de bases militares al país. El objetivo explícito era avanzar en acuerdos de seguridad que permitieran operaciones conjuntas por aire, mar y tierra, incluso con garantías de inmunidad jurídica para militares estadounidenses, profundizando la sumisión estratégica del país.

Frente a las resistencias institucionales impuestas por la Corte Constitucional y a la creciente presión del movimiento social, que se movilizó contra cualquier cambio en la Constitución de 2008 y levantó la bandera de la defensa de la soberanía nacional, el gobierno optó por llevar el conflicto al terreno del plebiscito, convocando un referéndum nacional.

El pueblo dijo NO al protectorado militar

El intento de consolidar la sumisión ocurrió en el referéndum del 16 de noviembre de 2025, cuando el gobierno de Noboa incluyó una pregunta central sobre la derogación del artículo 5º de la Constitución del Ecuador, que desde 2008 prohíbe expresamente la instalación de bases militares extranjeras en el territorio nacional. La respuesta popular fue contundente: más del 60% del electorado votó NO.

En el mismo plebiscito, la población también rechazó otras propuestas del Ejecutivo. El resultado representó una derrota política significativa para el gobierno y una victoria histórica de la soberanía popular.

Ese “no” fue más que un resultado electoral: fue una afirmación de memoria, dignidad y resistencia antiimperialista. Fue la negativa del pueblo ecuatoriano al proyecto de transformar el país en una plataforma militar de Estados Unidos y al intento de imponer, mediante fuerza institucional y represiva, un modelo de sumisión ya rechazado en luchas recientes.

Manta: el regreso encubierto de la presencia militar

Aunque derrotado en el papel, el plan no retrocedió. En diciembre de 2025 se anunció una operación conjunta en la Base Aérea de Manta, con presencia directa de tropas de EE. UU. Esa misma base fue utilizada entre 1999 y 2009 por Washington y hoy vuelve a escena con otro nombre y otra narrativa, pero con el mismo objetivo: garantizar la posición estratégica de Estados Unidos en el Pacífico Sur.

El contexto geopolítico es central para entender esta ofensiva. El intento de reintroducir bases militares en Ecuador se inscribe en la estrategia de control hemisférico de Estados Unidos, marcada por la disputa con China, el interés en rutas estratégicas del Pacífico Sur y la consolidación de puntos de apoyo militar en América Latina.

Noboa abre las puertas para que el imperialismo saque los recursos naturales

En el mismo camino de alineamiento con los intereses del imperialismo, el gobierno de Daniel Noboa mantuvo una postura de silencio e inacción frente al arbitraje internacional favorable a Chevron, que volvió a beneficiar a la petrolera estadounidense en el histórico conflicto judicial contra el Estado ecuatoriano y las comunidades amazónicas. La decisión arbitral, emitida en instancias internacionales de protección al capital transnacional, reafirmó la anulación de la condena ambiental impuesta a la empresa en Ecuador, ignorando décadas de contaminación, violaciones de derechos humanos y daños irreversibles en territorios indígenas. Al no reaccionar —ni siquiera cuestionar política, diplomática o jurídicamente esa decisión—, Noboa se somete a los mecanismos internacionales que blindan a las corporaciones y debilitan la soberanía nacional, abandonando a las víctimas de la devastación ambiental y reforzando la lógica de que los intereses de las multinacionales están por encima de la justicia social y ambiental.

Depósito de migrantes

Para completar la sumisión de Noboa, en septiembre de 2025 se negoció con Washington —según confirmó la Cancillería ecuatoriana— un plan para recibir personas deportadas desde terceros países, como parte de un acuerdo discutido durante la visita del secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, a Ecuador. La disposición del gobierno de Daniel Noboa a negociar con Estados Unidos la aceptación de migrantes deportados o solicitantes de asilo revela otra faceta de la sumisión de Ecuador a la agenda imperial. Al convertir al país en una pieza auxiliar de la política migratoria estadounidense, Noboa acepta la lógica de la externalización de fronteras, en la que las naciones dependientes asumen los costos humanos, sociales y económicos de una crisis creada por el propio imperialismo. En un contexto de profunda crisis social, desempleo y precarización, esta posibilidad no responde a ninguna necesidad del pueblo ecuatoriano, sino a los intereses de Washington, convirtiendo a Ecuador en un “depósito humano” y reforzando su posición subordinada en la jerarquía geopolítica regional.

Mientras se somete al imperialismo, Noboa utiliza la fuerza, la represión y los asesinatos contra la resistencia social

La sumisión del gobierno de Daniel Noboa a los intereses estratégicos de Estados Unidos va de la mano con el endurecimiento autoritario en el plano interno. La intensificación de la cooperación en seguridad con Washington —expresada en acuerdos militares, presencia de asesorías extranjeras, entrenamiento de fuerzas de seguridad y adopción de la doctrina del “narcoterrorismo”— creó el marco político e ideológico que legitimó la represión contra el movimiento social. Aunque no existen pruebas públicas de participación operativa directa de agentes estadounidenses en la represión de las protestas, medios comunitarios, organizaciones indígenas y colectivos de derechos humanos denuncian que ese alineamiento brindó respaldo político, discursivo y estratégico a la militarización del país.

Durante el Paro Nacional de 2025, esta lógica se hizo explícita. El gobierno respondió a las movilizaciones populares con el despliegue del Ejército, operaciones militares en territorios indígenas y urbanos, estados de excepción encubiertos y el uso sistemático de la fuerza policial. Protestas masivas y mayoritariamente pacíficas fueron encuadradas como amenazas a la “seguridad nacional”, mientras que dirigentes indígenas, sindicales y estudiantiles pasaron a ser acusados de terrorismo, en un claro intento de asociar la lucha social con el narcotráfico y con organizaciones criminales. Esta estrategia de criminalización, ampliamente denunciada por medios comunitarios y organizaciones internacionales, violó garantías constitucionales y derechos humanos.

La represión no se limitó a la judicialización y la estigmatización: hubo detenciones arbitrarias, persecución judicial, congelamiento de cuentas bancarias de dirigentes, ataques a la prensa comunitaria y asesinatos de luchadores sociales, revelando un patrón de violencia política orientado a desarticular la resistencia popular mediante el miedo y la fuerza.

Esta escalada represiva no es un desvío, sino una parte estructural del proyecto de gobierno. Mientras Noboa profundiza la entrega de la soberanía nacional —ya sea en la apertura al capital transnacional, en la aceptación de arbitrajes internacionales favorables a las corporaciones o en la disposición a convertir a Ecuador en plataforma militar y migratoria de Estados Unidos—, refuerza internamente un Estado represor, con sumisión externa al imperialismo y en guerra contra los sectores populares, indígenas, la juventud y los trabajadores y trabajadoras que resisten el saqueo, la militarización y la pérdida de derechos.

Unir a América Latina contra el imperialismo: soberanía, unidad y resistencia popular

La ofensiva imperialista en curso en Ecuador no es un fenómeno aislado, sino parte de una estrategia regional que busca transformar a América Latina en un territorio subordinado, militarizado y funcional a los intereses del capital transnacional y de Estados Unidos. La experiencia ecuatoriana —marcada por la resistencia popular al protectorado militar, el rechazo en las urnas a la entrega de la soberanía y la movilización permanente de pueblos indígenas, trabajadores/as y juventudes— demuestra que los pueblos no están derrotados. Incluso bajo represión, criminalización y violencia estatal, los movimientos sociales siguen siendo la principal trinchera de defensa de la autodeterminación, de los bienes comunes y de la dignidad colectiva.

Sin embargo, la correlación de fuerzas impuesta por el imperialismo exige más que resistencias nacionales aisladas. Frente a gobiernos títeres que administran la dependencia y gobiernan contra sus propios pueblos, se vuelve urgente construir unidad latinoamericana desde abajo, articulando luchas, organizaciones y proyectos políticos capaces de enfrentar al imperialismo en todas sus dimensiones —militar, económica, jurídica e ideológica—. Defender hoy a Ecuador es defender a toda América Latina: es afirmar que nuestros pueblos tienen el derecho de decidir sus destinos sin tutela externa, sin bases militares extranjeras, sin tribunales del capital y sin Estados que apunten sus armas contra su propia población. La historia del continente muestra que solo la organización, la solidaridad internacionalista y la lucha colectiva podrán romper el ciclo de sumisión y abrir camino hacia una América Latina soberana, socialista y libre del imperialismo.

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Referencias

• Reuters — El Parlamento de Ecuador respalda una reforma que permitiría bases militares extranjeras (sobre la aprobación de la reforma que habilitaría la instalación de bases extranjeras en Ecuador). UOL Noticias
• Reuters — Ecuador votará en noviembre sobre si permitir bases militares extranjeras (referendo programado para noviembre de 2025). Reuters
• Agence France-Presse / UOL — Ecuador negocia recibir refugiados de EE. UU. (negociaciones migratorias con Estados Unidos). UOL Noticias
• Reuters / AP — Fracasa en la votación la medida para permitir bases militares extranjeras en Ecuador (resultado del referendo que rechazó permitir bases extranjeras). Reuters
• Euronews / Reuters — Los votantes ecuatorianos rechazan propuestas de bases militares extranjeras (resultados detallados del referendo). Euronews

• Amnistía Internacional — Ecuador: alerta por la represión de las protestas (informe sobre uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y acusaciones de terrorismo contra dirigentes sociales).
• Human Rights Watch — Respuesta abusiva a las protestas en Ecuador (documentación sobre restricciones al derecho de reunión, uso excesivo de la fuerza, congelamiento de cuentas y ataques a medios comunitarios).
• ESCR-Net — Llamado urgente de la comunidad internacional para el fin inmediato de la represión… (datos sobre heridos, muertos, desaparecidos y criminalización de organizaciones sociales).
• CIMI — Organizaciones latinoamericanas repudian la persecución a Guardias Indígenas en Ecuador (repudio a la criminalización de las Guardias Indígenas y acusaciones de terrorismo).

• Wambra Medio Comunitario — Militarización, criminalización y protesta social en el gobierno de Noboa (coberturas y análisis sobre represión, estado de excepción y criminalización de los movimientos sociales).
• Radio Pichincha — Gobierno de Noboa, seguridad y militarización: impactos en derechos humanos (análisis críticos sobre la política de seguridad y la represión).
• Primicias (sección de análisis crítico) — Referéndum, bases militares y soberanía nacional (contexto político del referendo y debates sobre soberanía).
• CONAIE — Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador: pronunciamientos y denuncias sobre el Paro Nacional y la represión estatal (comunicados oficiales).
• Revista Crisis (Argentina) — Ecuador: seguridad, militarización y disciplinamiento social (editoriales y análisis regionales).
• Página/12 — Noboa, militarización y alineamiento con Estados Unidos (cobertura crítica de la política exterior y la represión).
• CLACSO — Militarización, extractivismo y criminalización de la protesta en América Latina (artículos y dossiers regionales).
• ALAI – América Latina en Movimiento — Ecuador: entre el autoritarismo y la resistencia popular (análisis políticos y sociales).
• CIDH/OEA — Comunicados sobre protestas sociales y uso de la fuerza en Ecuador (observaciones regionales).
• RSF – Reporteros Sin Fronteras — Agresiones contra periodistas durante protestas en Ecuador.
• CELAG — Estados Unidos, la seguridad hemisférica y el control político en Ecuador.
• Observatorio Latinoamericano de Geopolítica — Bases militares, cooperación securitaria y dependencia.