Ecuador | El Paro no para
Por: Lena Souza y Vero Chulde
“El Paro no para.” Esta es la consigna que resuena en todo el Ecuador. Entre los atropellos desde arriba y las rebeliones desde abajo, continúa la lucha del pueblo ecuatoriano. Las tensiones y contradicciones se profundizan en medio de una resistencia valiente que enfrenta la represión estatal, la manipulación mediática y la criminalización de la protesta social.
Atropellos desde arriba
Aunque el gobierno de Daniel Noboa se sostiene, por un lado, en la fuerza bruta de la represión, y por otro, en la desinformación sistemática difundida por los grandes medios aliados al poder económico y político, las contradicciones internas del régimen ya no pueden ocultarse.
En los últimos días, mientras se desataba una violenta represión en la provincia de Imbabura, particularmente en la ciudad de Otavalo, el aparato mediático del gobierno intentó vincular la resistencia popular con la minería ilegal y con los atentados de narcotraficantes, como el coche bomba en Guayaquil y otros hechos violentos. Sin embargo, las mentiras no se sostienen: los propios medios que repitieron las versiones oficiales se vieron obligados a rectificar.
El ministro del Interior, John Reimberg, terminó admitiendo que el atentado fue obra del grupo delictivo organizado “Los Lobos”, desmintiendo así las declaraciones anteriores del ministro de Transporte, Roberto Luque, y del gobernador del Guayas, Humberto Plaza, quienes habían insinuado que los manifestantes estaban detrás de esos actos.
Esta contradicción deja al desnudo la doble moral del gobierno, que moviliza más de 5.000 efectivos de la fuerza pública para atacar brutalmente a los manifestantes en Otavalo y otras ciudades, mientras en las regiones más golpeadas por el narcotráfico los criminales continúan actuando impunemente, asesinando autoridades locales, extorsionando comerciantes y sembrando el terror sin que haya una respuesta real del Estado.
Además esta última semana, los medios hegemónicos que repiten el discurso oficial —según el cual los manifestantes serían “terroristas” y “violentos”— se vieron obligados a reconocer hechos que contradicen su propia narrativa. En uno de los casos más emblemáticos, un periodista de una de las principales cadenas televisivas del país fue agredido por la propia fuerza pública mientras cubría las movilizaciones.
A la par, se han registrado decenas de agresiones contra la prensa comunitaria e independiente, cuyos reportes sobre la represión, los allanamientos ilegales y la detención arbitraria de líderes sociales son sistemáticamente silenciados o invisibilizados por los grandes medios.
Asesinatos y criminalización
Hasta el momento, las organizaciones de derechos humanos han denunciado cientos de detenciones arbitrarias, desapariciones y al menos tres personas asesinadas por la fuerza pública durante las protestas. La tercera víctima fue José Alberto Guamán Izama, comunero kichwa de 30 años, padre de dos hijos y agricultor de la comunidad de Chachibiro, en San Rafael de Otavalo, murió tras recibir un disparo en el pecho por las fuerzas de seguridad el jueves pasado en el 24º del paro.
Con el fallecimiento de Guamán, ya son tres las muertes confirmadas durante el paro nacional iniciado el 22 de septiembre en rechazo al decreto que eliminó el subsidio al diésel. Las otras víctimas son Efraín Fuérez, comunero de Imbabura, tras recibir tres tiros en la espalda, y Rosa Elena Paqui, mujer kichwa Saraguro de 61 años, quien murió tras sufrir un paro cardiorrespiratorio provocado por la inhalación de gases lacrimógenos lanzados por las fuerzas represivas durante una protesta en Loja.
Estas muertes no son hechos aislados: son el resultado directo de la brutal represión del gobierno contra un pueblo que exige justicia, dignidad y el derecho a vivir sin hambre ni exclusión.
Por abajo: rebeliones en las bases y justicia indígena frente a los dirigentes que negocian sin consultar
Mientras Daniel Noboa mantiene su retórica “valiente”, asegurando que no cederá ante las presiones sociales, las bases indígenas y campesinas continúan en pie de lucha. Este jueves, en medio de una aparente tregua, se desarrollaron negociaciones con algunos dirigentes. Tras más de tres semanas de paro y enfrentamientos en la provincia de Imbabura, una delegación del gobierno encabezada por el ministro del Interior, John Reimberg, se reunió en Otavalo con representantes de la Federación Indígena y Campesina de Imbabura (FICI) y de la Unión de Organizaciones Campesinas de Cotacachi (UNORCAC), entre ellos Mesías Flores, Martha Túquerres y Manuel Catucuago. La CONAIE no estuvo representada en la mesa.
El encuentro, que duró alrededor de cinco horas, culminó con un acuerdo parcial que el gobierno presentó como el fin del paro en la provincia, aunque muchas comunidades no lo reconocieron.
Principales puntos del acuerdo:
- Instalación de mesas técnicas entre el gobierno y las organizaciones locales para revisar las demandas territoriales.
- Analizar el congelamiento del precio del diésel.
- Revisión de los procesos judiciales y liberación de algunos detenidos durante las protestas.
- Atención médica a los heridos y asistencia a las familias de las víctimas.
- Retiro progresivo de las fuerzas policiales y militares de las comunidades movilizadas.
Mientras tales dirigentes aceptaron iniciar conversaciones con representantes del Estado, la mayoría de las bases ha rechazado cualquier negociación sin consulta previa, exigiendo que se mantenga el paro hasta que se cumplan las demandas centrales: la restitución del subsidio al diésel, la libertad de los detenidos, el esclarecimiento de los asesinatos cometidos por la fuerza pública y el respeto a los territorios comunitarios frente a la minería y la militarización. El gobierno ha anunciado la liberación de doce detenidos —que se encontraban en cárceles de alta peligrosidad—. Sin embargo, las comunidades han recibido la noticia con cautela, ya que muchos de los detenidos permanecen procesados y sin garantías judiciales.
“No se negocia con sangre derramada”
Entre las comunidades persiste un profundo malestar hacia los dirigentes que han decidido sentarse a negociar sin el consentimiento de las asambleas. En varios territorios se han aplicado mecanismos de justicia indígena contra aquellos que, según las bases, “han actuado a espaldas del pueblo”. Líderes comunitarios han expresado que “no se puede negociar mientras hay compañeros asesinados, desaparecidos y encarcelados”.
Pese a los intentos del gobierno por proyectar una imagen de calma, la lucha sigue activa. Mientras en Imbabura se mantienen los focos de resistencia, en otras provincias del país las movilizaciones continúan. En Quito, estudiantes de la Universidad Central del Ecuador salieron nuevamente a las calles en respaldo al paro, denunciando la represión y exigiendo justicia por los manifestantes asesinados. En el sur, el pueblo Saraguro ha mantenido bloqueos en la vía Loja–Cuenca, reafirmando su rechazo al incremento del diésel y a la militarización de sus territorios. De igual manera, el pueblo Kitu Kara y organizaciones urbanas han realizado cierres intermitentes en los accesos a la capital, mientras en provincias como Cotopaxi, Chimborazo y Pastaza persisten los cortes de carretera y las concentraciones populares, mostrando que la lucha se extiende más allá de las dirigencias y que el país profundo sigue movilizado desde abajo.
Una tregua frágil y un lunes incierto
Por ahora, se respira una tensa calma, pero la tregua podría romperse en cualquier momento. Las organizaciones locales advierten que, si no hay respuestas concretas y respeto a las decisiones colectivas, las movilizaciones se retomarán con más fuerza el próximo lunes.
Continuidad histórica de una resistencia desde abajo
Los pueblos no esperan órdenes ni intermediarios, sino que actúan colectivamente, con sus propias formas de decisión, justicia y organización. Esta nueva fase de resistencia, que combina la memoria de otros levantamientos con la experiencia cotidiana de la represión y la pobreza, pone en cuestión no solo al gobierno de Noboa, sino también a un modelo político que intenta domesticar la rebeldía popular.
Mientras el gobierno intenta imponer un estado de excepción permanente, el pueblo ecuatoriano demuestra que la dignidad no se rinde. El paro no para, porque la lucha del pueblo ecuatoriano es por la vida, la justicia y la soberanía frente a un modelo que solo ofrece violencia y miseria.
