Vie Mar 29, 2024
29 marzo, 2024

Delincuencia y violencia fuera de control en el Ecuador 

Temor, incertidumbre, depresión y ausencia de esperanza son algunos de los sentimientos que observamos entre los ecuatorianos, como consecuencia de la crisis social y la escalada de inseguridad y violencia que azota al país. Se ha generado un clima de miedo, amplificado por los grandes medios de comunicación, muchas veces con tintes morbosos, hecho que resulta muy peligroso, pues constituye el mejor caldo de cultivo para legitimar los autoritarismos, el irrespeto a los derechos humanos, el aparecimiento de bandas paramilitares y reacciones violentas en ciertos sectores de la población que deciden tomar la justicia por su propia mano ante la inoperancia de la policía y otras instituciones del Estado.

Por: Miguel Merino / ART – Ecuador

Cifras alarmantes

Ecuador cerró el 2022 con sus peores índices de violencia criminal. En el país se registraron 4.603 muertes violentas, lo que significó una tasa de 25 casos por cada 100.000 habitantes. El crecimiento es exponencial, puesto que, en el 2021, la tasa oficial fue de 13,7 muertos, es decir, en un año el incremento fue del 82,5%. Eso coloca al Ecuador como el sexto país más violento de la región por encima de México y el país con mayor crecimiento de la violencia criminal en Latinoamérica.

En el primer trimestre del 2023 la situación ha empeorado con 1.356 muertes violentas registradas y un promedio diario de 17,4 casos, mientras en el 2022 el promedio fue de 10,4 casos.

Otro aspecto de la violencia que ha complicado la situación es la crisis carcelaria. Desde febrero del 2021 en el país hubo 11 masacres penitenciarias que dejaron 413 internos asesinados. Solo en el 2022 hubo 120 muertes en siete masacres. También han aumentado delitos como robos, asaltos, extorsiones, secuestros, femicidios, desaparición de personas, etc. Es muy preocupante el desarrollo de nuevas modalidades del delito, como las llamadas “vacunas” que consiste en la exigencia de  pagos a cambio de una supuesta protección. Este hecho causa un perjuicio económico muy grande a los pequeños negocios y empresas y se ha extendido a sectores tan delicados como el educativo.

El problema es complejo y está fuera de control por parte del Estado

El fenómeno de la inseguridad es muy complejo y presenta múltiples aristas. El gobierno de Lasso ignora esta realidad y trata de circunscribir la problemática al tema del narcotráfico y al enfrentamiento entre las bandas del crimen organizado. Lo grave es que el Estado ha perdido el control de la situación y da palos de ciego. El régimen ha mostrado su total incapacidad para abordar el tema de la inseguridad desde una perspectiva integral y no cuenta con un plan adecuado para enfrentarla. Su único eje discursivo es combatir a la delincuencia con “mano dura”, involucrando a los militares mediante estados de excepción y encargándoles los ministerios e instituciones vinculadas a la seguridad. Sin embargo, este pomposo discurso no corresponde a la realidad, puesto que el gobierno no ha asignado los recursos presupuestarios suficientes para dotar a la policía y las fuerzas del orden de los equipos e insumos para combatir una delincuencia cada vez más armada y organizada.

Ha decretado también el libre porte de armas para los civiles, reconociendo que el Estado no tiene capacidad para actuar frente a la situación y favoreciendo más bien a la delincuencia y a los vendedores de armas. Recientemente ha decretado (730) declarar terroristas a las bandas del crimen organizado, sin especificar cuales son dichos grupos. Lo que más preocupa a organizaciones de derechos humanos y organizaciones sociales como la CONAIE, es que dicho decreto esconda más bien la intención aplicar esta ambigua definición de “terroristas” a los movimientos sociales y grupos contestatarios que se movilicen, justificando de esta manera la represión y la criminalización de las luchas y la protesta social.

Sin embargo, la trama de violencia e inseguridad no atañe únicamente al poder ejecutivo sino también a las otras funciones del Estado como son la legislativa y judicial. No existe una coordinación entre ellas y más bien se hacen acusaciones mutuas. El gobierno acusa a la Asamblea de no haber dado paso a sus propuestas jurídico-legales y sobre todo a los jueces de un ejercicio incorrecto y deshonesto al liberar a los delincuentes. El legislativo, donde la mayoría pertenece a grupos políticos de oposición a Lasso, responde que ya se han aprobado al menos tres reformas legales y que el ejecutivo cuenta con las herramientas necesarias para actuar frente la delincuencia. La justicia está muy deslegitimada ante la ciudadanía por su lentitud, su falta de imparcialidad y su manipulación política por los gobiernos de turno. En conclusión, existe un caos en el conjunto de la institucionalidad estatal que exige cambios de fondo y no simples parches y medidas coyunturales.

El contexto social y político de la violencia y la inseguridad

El contexto de esta grave situación es la crisis socioeconómica y política que vive el país  y forma parte a su vez de la crisis del sistema capitalista mundial. Problemas como el desempleo, el subempleo, el trabajo precarizado, la pobreza y extrema pobreza, la desnutrición infantil, el deterioro de servicios públicos en materia de salud, educación, vivienda, vialidad y otros, son el telón de fondo que permite entender el desborde de la delincuencia y el aumento de la violencia social.

En lo político, el gobierno de Lasso, muy debilitado por su inoperancia, sus políticas neoliberales y denuncias fundamentadas de corrupción (incluida la vinculación de su cuñado Danilo Carrera y altos funcionarios con las mafias del narcotráfico), afronta un juicio político que podría concluir en su destitución por la Asamblea Nacional, tema que se definiría a mediados de mayo. El juicio es por el delito de peculado en la Flota Petrolera Ecuatoriana (FLOPEC), única causal jurídica reconocida por la Corte Constitucional para el enjuiciamiento del presidente, aunque hay varias causales que no fueron tomadas en cuenta. El gobierno se ha dedicado a la turbia tarea de captar votos de los grupos políticos de la oposición a cambio de concesiones de tipo político o económico. Se han producido varias deserciones en asambleístas de Pachakútik, la Izquierda Democrática y el PSC, lo cual hace muy difícil que existan los votos suficientes en la Asamblea Nacional para destituir a Lasso.

¿Existen alternativas para el desborde de la inseguridad y la violencia?

La derecha ha propuesto siempre la política de mano dura, represión sin limitaciones y aumento de las penas a los delincuentes. El resultado está a la vista: incremento de la violencia social, aumento de la población carcelaria, hacinamiento e imposibilidad de rehabilitación. Ocurre todo lo contrario de la supuesta rehabilitación social: las cárceles se han convertido en escuelas de perfeccionamiento del delito.

Actualmente se ha puesto de moda invocar como modelo a seguir el aplicado por el gobierno de Nayib Bukele en El Salvador, ya que ha logrado reducir de manera significativa las tasas de criminalidad. Sin embargo, no se habla de que estos logros tienen un alto costo económico (megacárcel que alberga a 60 mil reclusos) y sobre todo político, pues ha dado lugar a graves violaciones contra los derechos humanos (Ej. muchos inocentes han sido detenidos y condenados), autoritarismo del gobierno que ha logrado controlar a los otros poderes del Estado y por lo tanto ha debilitado la democracia. Por esta y otras razones este modelo no parece ser sustentable.

Frente al fenómeno del creciente narcotráfico los gobiernos en general se han alineado con las políticas de la DEA norteamericana: “guerra sin cuartel contra las mafias del narcotráfico”. Son 40 años de esta supuesta guerra y lo que observamos es que este negocio ilegal sigue creciendo de manera imparable y proporciona enormes ganancias a las poderosas mafias que lo controlan a nivel internacional. Según la CELAC solamente en la zona del Putumayo en Colombia se han lavado 3.500 millones de dólares en los últimos años. En el Ecuador, aunque no existe un estudio que arroje una cifra comprobada sobre la cantidad de dinero que se lava por el narcotráfico en la economía formal, Plan V señala que en el 2020 se calculó en 3.458 millones de dólares. Esta enorme masa monetaria se filtra a través del capital financiero internacional, es decir los bancos y otras instituciones financieras, habiéndose convertido en un elemento constitutivo del sistema capitalista.

La izquierda socialista no ha tenido una línea clara frente a la problemática cada vez más aguda de la inseguridad y la violencia. Ha sostenido de manera general el discurso del respeto a los derechos humanos, pero ahora sufre una arremetida de la derecha que alega que nos condolemos por los delincuentes, pero no del ciudadano común que es víctima de la delincuencia.

Recogiendo algunas discusiones, como el aporte de los compañeros del MIT de Chile, planteamos las siguientes propuestas para el debate:

– Necesidad de legalizar y regularizar el uso de algunas drogas menos letales como la marihuana y la cocaína, a fin de quitarle al negocio del narcotráfico el gran incentivo de las enormes ganancias que genera por su carácter ilegal, como ocurrió en los años 20 del siglo pasado con el negocio del alcohol.

– Impulsar la organización barrial y comunitaria para realizar actividades colectivas decididas de manera democrática y participativa por los pobladores, a fin de enfrentar el problema de la inseguridad y la violencia criminal, evitando caer en prácticas violentas contrarias a los derechos humanos. En el Ecuador tenemos el ejemplo de la autodefensa y las guardias conformadas en algunas comunidades indígenas que corresponden a sus costumbres y prácticas ancestrales.

– Exigir a los empresarios que lleguen a acuerdos con sus trabajadores, en especial sobre los horarios de trabajo y previendo la disponibilidad de transporte, a fin de precautelar su seguridad.

– Dotar a los barrios y las comunidades de una infraestructura adecuada, como iluminación, transporte y vías de acceso seguras para limitar la acción delictiva.

Sin embargo, pensamos que la única alternativa de fondo para acabar con la creciente inseguridad y violencia social que azota al país, es un cambio del modelo económico neoliberal y, en definitiva, del sistema capitalista injusto, opresor y excluyente, y su sustitución por un sistema socialista que garantice el acceso de todos los ciudadanos un empleo digno. Este hecho permitirá a los trabajadores contar con los ingresos necesarios para satisfacer las necesidades fundamentales de toda su familia, así como el acceso a educación y salud gratuitas y de calidad suministradas por el Estado.

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