El Nuevo Pacto europeo de inmigración y asilo (PEMA) de la UE, que a partir de ahora será vinculante para los Estados miembros, es una reforma integral de su política común migratoria, que prevé un sistema permanente de ‘solidaridad obligatoria’ para asegurar que la carga de la presión migratoria se comparte entre los 27 países. Por supuesto, no hablamos de solidaridad con las personas migrantes que huyen a Europa huyendo de la guerra, la miseria o las catástrofes climáticas provocadas por las políticas de la UE y los países imperialistas, sino de la solidaridad entre los gobiernos europeos con un objetivo común: seguir construyendo la Europa fortaleza con criterios clasistas y racistas, dividiendo a las personas migrantes según su color, lugar de origen y condición socioeconómica
Un pacto racista que blinda las fronteras, pisotea los derechos humanos y externaliza la represión de las personas migrantes
El PEMA, un complejo paquete legislativo que llevaba negociándose desde 2020 y era una de las prioridades de la Comisión Europea, establece la obligatoriedad de realizar los procedimientos de asilo en frontera de forma acelerada en contra de lo que dice la Ley internacional de asilo. Si desde la Segunda Guerra Mundial toda persona tenía derecho a pedir asilo, con el nuevo Pacto este derecho, al igual que el de la reagrupación familiar para menores, deja de ser universal en territorio europeo.
Afianza los rechazos en frontera, por lo que las devoluciones en caliente serán ahora legales y financiadas por la UE. Apunta a una ampliación del uso de la detención abocando al encierro a hombres, mujeres y menores en macro cárceles, extrapolando el modelo de campo de Lesbos, a todos los países del territorio europeo.
Con este pacto, el país receptor que no quiera estudiar la solicitud de asilo pagará 20.000 euros por persona para derivarla a otro país miembro de la UE. Supone además un salto adelante en la criminalización de las personas migrantes.
Profundiza el modelo de externalización de las fronteras a terceros países, en menores garantías. Además de varios países africanos, los países candidatos a adherirse a la UE, deberán seguir aplicando las políticas de detención y control de migrantes que dicta Europa, si desean que se considere su candidatura. El PEMA prevé un recrudecimiento de estas políticas, a través del establecimiento de procedimientos de control previos al ingreso fuera de las fronteras externas de Europa[1].
Para dar un barniz humanitario a este pacto, los gobiernos construyen mitos en torno a las mafias que trafican con personas. Tratan de convencernos de que la suya es la única manera de acabar con estos delincuentes sin escrúpulos, que son responsables de la muerte de migrantes vulnerables. En nombre de este supuesto combate, criminalizan cada vez más a las personas migrantes.
La estricta política europea de visados, la imposibilidad de llevar a cabo tramitaciones de asilo en los consulados y embajadas de sus países de origen y la política migratoria de la UE, es lo que cierra el paso a la migración legal. En su desesperación, las personas migrantes busca rutas, cada vez más peligrosas, en las que ponen en riesgo sus vidas y a veces son víctimas de redes de trata. Se calcula que desde 2014 ha habido más de 28.000 muertes de migrantes en el Mediterráneo, que no son muertes, sino asesinatos que se perpetúan año tras año.
El PEMA es complemento de las políticas racistas aplicadas por todos los gobiernos en sus propios países
Varios parlamentarios europeos dicen que había de aprobar este Pacto para que la ultraderecha no utilice la crisis migratoria como arma arrojadiza en las próximas elecciones europeas. Pero lo cierto es que las políticas migratorias de todos los gobiernos europeos, tanto de derecha como de los autodenominados progresistas, han traspasado todas las líneas rojas en materia de humanidad y la misma mano dura, utilizan con quienes pese a todo, logran entrar en Europa
RecientementeItalia aprobó un nuevo delito de disturbios en los centros de permanencia para la repatriación (CPR) donde migrantes que llegan a Italia sin haber cometido ningún delito son encerrados hasta 18 meses en condiciones inhumanas. De hecho,están recortando los fondos para gestionar y financiar la acogida e integración de los migrantes y como única solución alientan la porra y la represión.
En Francia los controles policiales a los migrantes son permanentes y cada año aumenta el número de personas asesinadas por la policía. La nueva ley de inmigración adoptada con los votos de la derecha y la extrema derecha, supone el proyecto más restrictivo en los últimos 40 años en lo que respecta a los derechos y condiciones de vida de las personas migrantes, incluyendo a las que llevan mucho tiempo en Francia. Otro ejemplo de racismo e islamofobia del Estado francés, es la decisión del Ministro de Educación de prohibir el abaya en la escuela.
En el Estado Español donde residen más de 500.000 migrantes en situación irregular que son sistemáticamente discriminados, el nuevo gobierno progresista de Sánchez y Yolanda Díaz, continúa ignorando el trabajo realizado a pie de calle por más de 14.000 personas y 900 organizaciones migrantes en todo el territorio, para regularizar a este colectivo mediante una ILP presentada al Parlamento.Sanchez volvió a nombrar como ministro de interior del nuevo gobierno de coalición a Fernando Grande Marlaska, responsable de la masacre en Melilla en 2022, en la que las fuerzas de seguridad españolas y marroquíes asesinaron al menos a 30 migrantes que intentaron saltar la valla.
Al tiempo que Alemania busca atraer trabajadores cualificados de fuera de la Unión Europea para paliar su acuciante necesidad de mano de obra en su mercado laboral, también ha aprobado un proyecto de ley con normas más estrictas para deportar en mayor cantidad y más rápido a quienes permanecen en situación irregular en el país. El Ministerio del Interior calcula que ahora mismo hay al menos 50.000 personas a las que se les podría aplicar la nueva ley que concede más atribuciones a la policía para determinar la identidad de una persona y prevé inspecciones sin previo aviso en sus domicilios.
Bélgica es condenada regularmente por sus propios tribunales así como por tribunales europeos, por el encarcelamiento de niños y su trato inhumano a los migrantes. Este país colabora con regímenes represivos para identificar a refugiados políticos, como fue el caso de la dictadura sudanesa de el-Bechir. En diciembre se divulgo en la prensa que una circular de la oficina de Extranjería pide que se despoje a los migrantes palestinos de su nacionalidad, para impedir que ser reúnan con sus familias.
El endurecimiento de las medidas represivas y la criminalización basada en el lugar de nacimiento, permiten a las burguesías de cada uno de estos países, sobrexplotar a los migrantes,-dispuestos a aceptar cualquier trabajo- como mano de obra barata y de paso dividir a la clase trabajadora entre nativa y «extranjera». Si nuestra clase permanece pasiva ante estos ataques, es por la complicidad y omisión de las direcciones sindicales que consienten estas medidas contra el sector más explotado de nuestra clase. Incluso hemos visto sindicatos que defienden la mano de obra local[2].
Hay avalanchas migratorias porque hay explotación y saqueo.
Según Unicef, unas 129.495 personas migrantes han llegado a Grecia, Italia, Bulgaria, Serbia y Bosnia Herzegovina por tierra y mar sólo en el primer semestre de 2023, procedentes de países como Siria, Afganistán, Pakistán o el norte de África. De estas, 34.362 son niños y niñas. Esta cifra supone un incremento del 81% respecto del mismo periodo de 2022. Más de 18.000 menores migrantes han llegado sin sus progenitores. Los defensores del pacto alegan la imperiosa necesidad de endurecer las condiciones para acabar con las avalanchas migratorias y “dar soluciones” a las consecuencias de una inmigración masiva. Pero ¿por qué no empiezan por explicar las causas de esta?.
Los gobiernos de la UE no pueden hacerse esa pregunta sin desnudar su absoluta responsabilidad. La UE que cierra sus puertas a estos migrantes, es la misma cuyas multinacionales expolian los recursos de sus países y sobreexplotan a sus gentes. Son los mismos que condenan a los pueblos a la miseria, los que luego levantan muros a los que huyen de ella.
Si nos centramos únicamente en África, expoliaron y esclavizaron este continente durante siglos y una vez lograda la independencia de muchos de los países africanos, todos los acuerdos económicos de la UE con África desde 1963, son acuerdos que reproducen en uno u otro grado la dominación colonial anterior.
Durante años han ido firmando con África “Convenciones” (la Convención de Yaoundé (1963; Yaundé II (1969-1975), Lomé I-IV (1975-2000), Cotonú (2000-2020) y post- Cotonú (2020-2040) y acuerdos (Túnez, 1998; Marruecos, 2000; Egipto, 2004; Argelia, 2005), que han mantenido, en general, las especializaciones económicas establecidas por las antiguas administraciones coloniales[3]. Este expolio colonial incluye la tierra, pues se hace generalmente a costa de los cultivos alimentarios, atentando contra la autosuficiencia alimentaria de estos países. Y no solo eso, la materia prima enviada a las metrópolis regresa como productos procesados a la colonia desde la UE, para ser vendidos por las multinacionales.Esta relación de explotación y expolio de los países africanos exige de la UE buscar entre sus “socios africanos”, explotadores nativos que con ayuda de gobiernos sumisos garanticen el circuito del negocio.
Las multinacionales y sus representantes políticos imponen en esos países políticas fiscales, que permiten facilitar las fugas de capitales, determinar los déficits presupuestarios de los Estados, saquear los recursos públicos locales o colocar préstamos externos. La UE ha convertido tambiénÁfrica en el mayor paradero mundial de basura electrónica. En países como Ghana, extensiones gigantescas de basura electrónica son el sustento de decenas de miles de personas que malviven en las cercanías de vertederos que destruyen la tierra y quiebran la salud de miles de personas. Igualmente a través de los Estados de la UE miembros en el Banco Africano de Desarrollo, se impone a estos países el agronegocio que acapara tierras, en detrimento de los pequeños campesinos autóctonos.
Añádase a este cuadro la crisis de la pandemia, que aceleró en África la contracción de la economía, la depreciación de la mayoría de las monedas, la llamada “inseguridad alimentaria y un vertiginoso aumento de la deuda externa quesolo en el África subsahariana fue del 322% en los últimos 10 años (World Bank, 2022). En 2022, el 60% de los países africanos gastaron más en el pago de la deuda que en la atención sanitaria.
También el imperialismo chino, el de EEUU y en menor medida el ruso, llevan años expoliando Africa, convirtiendo al continente africano en un importante campo de batalla entre los distintos imperialismos. La riqueza africana en forma de recursos naturales fluye hacia estos países con la explotación de la mano de obra africana, mientras África sigue empobrecida y luchando por sobrevivir.
Los apóstoles de la democracia, los gobernantes de la Europa del progreso y sus propagandistas, no podrán jamás explicar las causas de las avalanchas migratorias porque hacerlo lleva inexorablemente a desnudar el sistema capitalista mismo. Un sistema social que como decía Marx “el capital viene al mundo chorreando sangre y lodo por todos los poros, desde los pies hasta la cabeza”
¡Organicémonos para luchar por una salida obrera a la degeneración capitalista!
Poner fin a las avalanchas migratorias exige medidas de choque comenzando por la condonación inmediata de la Deuda externa. La derogación de todos los tratados, convenciones yacuerdoscoloniales. Por el derecho irrestricto de los Estados africanos a la expropiación unilateral de las empresas, bancos, compañías de seguros y agronegocios en manos hoy de las multinacionales extranjeras. En defensa del medioambiente y la vida, ruptura de los tratados que han convertido Áfricaen un vertedero de residuos tóxicos o compradores de emisiones de CO2; Suspensión de las patentes privadas, eliminación del secreto comercial y expropiación de las farmacéuticas para garantizar así el acceso universal y gratuito a la vacunación y tratamiento, por una sanidad pública y universal.
¡El pacto que está faltando, es entre los trabajador@s y los pueblos!
Y exige igualmente luchar en cada uno de los países europeos por la derogación de todas las leyes de extranjería y la legalización de las personas migrantes; cierre de los Centros de Internamiento; reconocimiento de los derechos de nacionalidad a los nacidos en suelo europeo y del derecho al refugio a los que huyen de las guerras y la muerte. Disolución de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex). ¡Nativa o extranjera, la misma clase obrera!.
Desde las secciones europeas de la LITci llamamos a todas las organizaciones políticas, sindicales y sociales de clase a rechazar este Pacto vergonzoso, que es la continuidad de las políticas imperialistas de la Europa Fortaleza y a rechazar las campañas xenófobas y racistas forjando así el único pacto que está faltando: el de la unidad de los trabajadores nativos y migrantes, contra la burguesía y sus gobiernos.
En este mundo donde lo que progresa es la barbarie a la que nos llevan estos gobiernos capitalistas, la batalla para derrotar los planes del capital es una lucha conjunta contra los gobiernos propios y contra la UE, porque ambos forman un pack inseparable, imperialista, antiobrero y antipopular
¡Fuera la UE. Por una Europa socialista de las/os trabajadores/as y los pueblos!
[1] “Externalizar la opresión. Como Europa externaliza la detención de migrantes fuera de sus fronteras”. Transnational Institute y Stop Wapenhandel. Abril 2021
[2] En la huelga de Lindsey Oil en 2009, en Gran Bretaña, la consigna de la burocracia sindical era «Brish jobs for British workers»).
[3] África: la trama de la deuda y como salir de ella. (https://vientosur.info/africa-la-trampa-de-la-deuda-y-como-salir-de-ella/)