Crisis hídrica en Puerto Rico: La corrupción, la privatización y las maniobras políticas amenazan a las comunidades.
Partes del área metropolitana de Puerto Rico han sufrido interrupciones en el suministro de agua potable a hogares y negocios desde junio. La amenaza de racionamiento se cierne sobre los residentes de Loíza y Canóvanas, mientras que las averías anteriores en diversas zonas quedaron en segundo plano. Antes de la rotura del Superacueducto, los residentes de Miraflores y Santurce llevaban meses sin agua, dependiendo de camiones cisterna y agotando sus recursos económicos.
La infraestructura de agua potable del país, obsoleta y descuidada, pierde casi el 60% de su caudal antes de llegar a los hogares, una cifra que revela que la crisis no es accidental, sino estructural. Las respuestas gubernamentales fueron limitadas e insuficientes, lideradas principalmente por los municipios, mientras que a nivel estatal prevaleció una narrativa mediática que culpaba a individuos en puestos clave y utilizaba a la población como rehén en la lucha interna por el poder de la Policía Nacional Filipina (PNP).
En el sector de las pequeñas y medianas empresas, se reportaron pérdidas diarias estimadas de entre 18 y 20 millones, según el United Retailers Center. Sin embargo, no se ha estimado la pérdida de ingresos de los trabajadores de restaurantes y otros sectores cuyos empleadores, al no poder operar con normalidad, cerraron sus negocios durante esos días. Tampoco se ha contabilizado el gasto de los hogares en tanques de agua, filtros, generadores y almacenamiento de agua, ni el impacto en la salud de una población donde más del 20% son personas mayores. El costo económico y emocional de la crisis del agua potable —la carga que supone para nuestras familias— no se incluye en los cálculos del gobierno puertorriqueño.
Los habitantes de este archipiélago siguen equipándose con tanques de agua, paneles solares y suministros básicos para suplir la falta de un gobierno ausente y una infraestructura abandonada. Cada interrupción en el suministro de agua y electricidad pone en riesgo la salud de nuestra creciente población anciana, así como la de la mayoría que lucha a diario para llegar a fin de mes. Los servicios esenciales, la calidad de vida y el derecho a una vida digna son la razón de ser de cualquier institución estatal; y nuestro gobierno no ha cumplido esta promesa fundamental.
Puerto Rico es un país con abundantes recursos hídricos y valiosos acuíferos, capaces de abastecer tanto a la población como a la industria farmacéutica que genera sus ganancias aquí. Sin embargo, los fondos federales destinados al mantenimiento del Superacueducto y del sistema en general se han desviado para mantener a la clase política y sus secuaces. La metáfora es clara: mientras el país se seca, la clase política bebe de una fuente que solo ellos controlan.
Más privatizaciones no solucionarán los problemas de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA). Ya hemos visto las consecuencias con LUMA (la empresa eléctrica privatizada, propiedad de corporaciones estadounidenses y canadienses) y los intentos fallidos de las administraciones del Partido Popular Democrático y del Partido Nuevo Progresista. Lo que se requiere es una auténtica despolitización de la agencia, una inversión sostenida en infraestructura y el compromiso de garantizar que nuestra gente pueda quedarse, vivir y no solo sobrevivir. Esta crisis es una oportunidad para unirnos y construir el país que merecemos; no dejemos que se nos escape de las manos como agua.
Publicado por primera vez aquí por el Movimiento Socialista de los Trabajadores (Puerto Rico)
Foto: Alvin Baez / Reuters
