¿Cómo enfrentar la violencia e inseguridad que vive la clase trabajadora salvadoreña?
La inseguridad, problema que se ha convertido en el pan de cada día para todas y todos los salvadoreños (especialmente para la clase trabajadora), ha cobrado matices inéditos en los últimos meses, hasta el punto de que algunos medios ya hablan de una nueva guerra civil.
Marzo fue el mes más violento de los últimos 15 años, con 481 asesinatos, un promedio de 16 diarios. Abril también experimentó una escalada importante de masacres de pandilleros por parte de los cuerpos de seguridad, a lo que respondieron las organizaciones delincuenciales con otra dosis de homicidios.
Políticos, medios de comunicación y gobierno se dan golpes de pecho por la situación y plantean sus propuestas; hasta los empresarios agrupados en la ANEP[1] contrataron al derechista exalcalde de Nueva York, Rudolph Guliani, para realizar un diagnóstico y brindar salidas al respecto.
Mientras las soluciones se debaten sin frutos en las altas esferas, la población pobre pobre vive todos los días una realidad cruenta: en 2014 la violencia cobró la vida de 3.942 salvadoreños, es decir, un promedio de 11 asesinatos todos los días, siendo uno de los países más violentos del mundo.
Al lado de este genocidio cotidiano, los asaltos siguen creciendo y las extorsiones afectan a 85% de los micro y pequeños [comercios] del país. Además, vemos cómo crece la corrupción en las instituciones de gobierno y la policía; mientras que la seguridad privada nunca había sido un negocio tan rentable como en estos años. Ante la crisis económica que azota a los trabajadores, los empresarios nacionales e imperialistas no han dejado de incrementar sus ganancias.
¿Son estas las únicas formas de violencia que se dan en nuestro país? ¿Qué relación existe entre el incremento de la criminalidad, de la desigualdady el fortalecimiento del aparato represivo del Estado? ¿De qué hablamos cuando nos referimos a buscar una solución “estructural” a este flagelo? El siguiente artículo expone algunas consideraciones y propuestas para resolver dicha problemática, así como se marcan las diferencias con respecto a los remedios de la derecha oligárquica y el gobierno del FMLN.
La solución cargada de demagogia y represión
Ya es un lugar común escuchar a políticos, funcionarios de gobierno y empresarios rasgarse las vestiduras cuando emiten su diagnóstico sobre la delincuencia y prometen el cielo y la tierra para resolverla.
Hay respuestas de todo tipo: desde la instauración de la pena de muerte (así opina el partido burgués GANA[2], el mejor amigo del FMLN en la Asamblea) o el retorno a la política de mano dura, tal como expresan sectores de ARENA.
Por su parte, el FMLN aboga por una solución “integral”, y al asumir Sánchez Cerén se jactaban de que elaborarían planes “diferentes” producto de un acuerdo de nación. La materialización de esta política es el famoso Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, que lanzó su plan San Salvador Seguro, una instancia donde convergen desde sindicatos y líderes religiosos, hasta partidos políticos y gremiales empresariales.
Pero ahora, cuando los asesinatos han aumentado, su respuesta ha sido diametralmente opuesta. En primer lugar, van a aplicar el modelo brasileño utilizado para “pacificar” las favelas de Río de Janeiro. Pero lo más preocupante es la creación de fuerzas de élite: se trata de 1.500 elementos, entre miembros de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada para “reaccionar de forma rápida y dar el impacto que se necesita”, según dijo el vicepresidente Óscar Ortiz. El comisionado presidencial para la Seguridad y exministro de Educación, Hato Hasbún, dijo que serán “batallones de limpieza”.
Resulta evidente que entre las políticas de mano dura y súper mano dura que impusieron los gobiernos de ARENA y la creación de fuerzas especiales no hay mucha diferencia, por eso vemos a todos los sectores de derecha aplaudir las nuevas medidas que ha propuesto el FMLN ahora en el poder. La distintas fracciones de la burguesía se pusieron de acuerdo para seguir militarizando el país, tal y como se han puesto de acuerdo para asegurar los intereses del imperialismo con proyectos como el FOMILENIO II, los asocio público privados o el TLC con la Unión Europea.
Volver a estas políticas de militarización es retornar a los años sangrientos de la guerra civil, que con la creación de los escuadrones de la muerte se asesinaba sin piedad y con total impunidad a las fuerzas opositoras al régimen militar. Fortalecer el aparato represivo implica dejar intacta la estructura de seguridad creada después de los Acuerdos de Paz, donde la nueva PNC nació corrupta y vinculada con el narcotráfico.
El FMLN presenta como salvadora la política brasileña de pacificación, cuyo rol sería llevar a cabo una labor “focalizada” de combate al narcotráfico y de protección a la población que vive en las colonias de alto riesgo. Se le olvida al gobierno que las Unidades de Policía Pacificadora (UPP’s), además de militarizar los morros en Brasil, han ocasionado desalojos, torturas, desapariciones y muertes de miles de trabajadores.
Esta forma de encarar la violencia, junto con la aplicación de las políticas neoliberales, fue lo que duplicó la migración ilegal a Estados Unidos, desmembró a miles de familias salvadoreñas, al tiempo que cerraba la oportunidad a una educación de calidad y empleo digno a la juventud. La desigualdad y la explotación de la clase trabajadora salvadoreña, ya sea aquí o en EEUU, fue lo que generó el surgimiento de las pandillas.
¿Qué se oculta detrás de la tregua entre pandillas?
Otra de las famosas políticas auspiciadas por el gobierno (en ese caso el primero del FMLN cuya presidencia asumió Mauricio Funes), y que también fracasó, fue la llamada tregua entre pandillas. Esta inició extraoficialmente cuando se dio a conocer que el 14 de marzo de 2012 el gobierno había negociado con las pandillas la reducción de homicidios a cambio de beneficios penitenciarios, tales como trasladar a sus líderes de los penales de máxima seguridad hacia zonas con menos controles y promover la reinserción a aquellos pandilleros que ya no quieran pertenecer a dichas estructuras.
Durante los casi dos años que duró esta iniciativa, las autoridades se vanagloriaban porque los homicidios se habían reducido a la mitad, aunque cada vez que algún hecho violento sacudía el país buscaban desmarcarse diciendo que el gobierno nunca apoyó tal pacto.
Fuera de los tres mil homicidios, las condiciones sociales que mantienen la miseria y la pobreza no se solucionaron. Las extorsiones, en su mayoría contra el pueblo trabajador, no cesaron, la tan aclamada reinserción nunca llegó y los grupos pandilleriles incrementaron su influencia en la vida nacional y política, mediante comunicados que firmaban de manera conjunta y que todo el país seguía atentamente. Creemos además que la tregua supuso un periodo de reacomodo interno de dichas organizaciones, y un viraje, todavía incipiente, hacia un contacto más sólido con las estructuras del narcotráfico que ya se adueñaron de Guatemala, Honduras y México.
Consideramos que el reciente traslado de líderes de las pandillas a las cárceles de máxima seguridad, el endurecimiento del aparato represor y la respuesta que estamos viviendo por parte de los grupos delincuenciales va a generar mucha más violencia en el corto plazo y claro está, más represión hacia la juventud y el movimiento social; pero a su vez es la fase previa a un nuevo proceso de negociación a futuro.
Recordemos que buena parte de la base social del FMLN se encuentra en barrios donde operan las pandillas, que suman aproximadamente 60.000 en todo el país, y existen casi medio millón de personas vinculadas a sus estructuras[3]. El partido que alguna vez fue de izquierda hoy realiza campañas electoreras como cualquier otro partido tradicional basado en el clientelismo, por eso para mantenerse en el gobierno y administrar los intereses de los poderosos, no le sirve que este conflicto se prolongue. Por eso mismo no está planteada una nueva guerra civil, como irresponsablemente agitan muchos medios de comunicación y sectores de la burguesía. Toda la ofensiva mediática que han desatado los periódicos y noticieros buscan crear un estado generalizado de pánico que le dé luz verde al gobierno para aumentar el gasto en seguridad y fortalecer el aparato represivo.
La violencia más allá de los asesinatos y las extorsiones
Coincidimos en las preocupaciones de la clase trabajadora en torno a la gravedad de la situación actual; resulta alarmante que en 2014 los asesinatos hayan aumentado en 50% en relación con 2013, lo que da como resultado 61,6 homicidios por cada 100.000 habitantes. Esto afecta centralmente a la niñez, ya que según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), El Salvador registra el nivel más alto del mundo de violencia contra menores, con una tasa de 27 homicidios de niños y adolescentes por cada 100.000 habitantes.
Otra de las modalidades más comunes de delincuencia son los asaltos y las extorsiones. De ese 85% de los comercios que son extorsionados, 45% está al borde de la quiebra. Estamos hablando de las familias más humildes que, ante la falta de empleos dignos, integran el sector informal. Este, como ya sabemos, trabaja 10 o 12 horas diarias sin recibir pago de horas extra, pensión ni seguro social.
Además, vemos el infaltable caso del narcotráfico, donde El Salvador se va convirtiendo en una importante zona de paso hacia Estados Unidos, y el narcomenudeo se ha vuelto costumbre. En esto han contribuido notablemente miembros del gobierno, la policía y la Fuerza Armada, a quienes se les ha comprobado en múltiples ocasiones su ligamen con la narcoactividad.
Este es el tipo de delincuencia que los medios de comunicación visibilizan con mayor fuerza, pero la violencia más trágica, humillante y determinante es la que proviene de la explotación y la opresión, y es la que más se oculta.
A la violencia contra la mujer no se le da la misma importancia, pese a que de junio de 2013 a junio de 2014 fueron asesinadas 638. Además, en el mismo periodo se registraron 7,703 agresiones sexuales, de las cuales 4,833 ocurrieron por violencia intrafamiliar. Es decir, cada día 21 mujeres sufrieron agresiones sexuales en el país durante el año pasado.
Similar situación sucede con los sectores de diversidad sexual, ya que en los países del triángulo norte (Honduras, El Salvador y Guatemala) han sido asesinados, desde el año 2009, 282 homosexuales que se manifestaban en favor de sus derechos.
No olvidemos que mientras miles de trabajadores son perseguidos y encarcelados por defender sus derechos, los delitos de cuello blanco permanecen en la impunidad. Si no que lo diga el expresidente Francisco Flores, a quien le dieron casa por cárcel luego de haber recibido $15 millones del gobierno de Taiwán. Así se comprueba toda la virulencia del sistema judicial salvadoreño, que contiene todo tipo de salidas legales para que los corruptos no vayan a la cárcel.
Tampoco la justicia aplica para los miembros del Ejército y los cuerpos paramilitares que fungieron como autores intelectuales y ejecutores de masacres contra el pueblo durante la guerra. Prueba de ello es que Mauricio Vargas, general en retiro y recién electo diputado por el partido ARENA, haya estado involucrado en la masacre de los jesuitas en 1989 sin que hasta hoy haya sido condenado.
Pero la forma de violencia predominante y que desencadena todas las demás, es la generada por la desigualdad y la miseria a la que somete el capitalismo a las familias trabajadoras, que acuden a laborar hasta 14 horas diarias con un salario que no alcanza para satisfacer sus necesidades básicas.
La base de la ola de crímenes e inseguridad que carcome al pueblo salvadoreño, y de la cual callan partidos políticos y el mismo gobierno, son estas condiciones de explotación hacia la clase trabajadora, de la que se valen los empresarios y banqueros para enriquecerse cada vez más.
El verdadero cambio vendrá si se desmilitariza el país y se acaba con la miseria y la explotación
Esta escalada de violencia refleja el fracaso de las distintas políticas de seguridad implementadas tanto por los gobiernos oligárquicos de ARENA como por el FMLN, ya cerca de cumplir su sexto año en el gobierno. Las propuestas que defendían ambos bandos durante cada campaña electoral coinciden en un elemento fundamental: incrementar la presencia policial o la intervención directa de las Fuerzas Armadas, sin plantear en ningún momento la ruptura con el modelo económico actual ni atacar la corrupción en las esferas estatales, policiales o judiciales. Tampoco proponen acabar con la impunidad de genocidas y escuadroneros que durante el conflicto armado masacraron al pueblo movilizado.
En ese sentido, sería irresponsable seguir los pasos de los partidos burgueses que le mienten a los trabajadores: es imposible una solución al problema de la violencia e inseguridad que venga del fortalecimiento del aparato represivo porque, simple y sencillamente, este es uno de los cimientos de la violencia misma. Si no existieran cada vez más policías y jueces corruptos sería impensable que desde los centros penales se tenga acceso a teléfonos celulares y por ende se ordenen cada vez más asesinatos y extorsiones. El escenario es claro: con el aumento de más policías dispuestos a “realizar labores de limpieza”, la violencia también irá en aumento.
Es preciso exigir la desmilitarización del país y clausurar el Organismo de Inteligencia del Estado (OIE), que sirven como instrumentos de represión contra el pueblo pobre. No dudamos que, ante un ascenso futuro de las luchas, el peso del aparato policial y militar caerá sobre las organizaciones populares, como ya ocurre y ocurrió en el pasado. En ese marco se vuelve imperioso erradicar esa policía al servicio de los intereses de los burgueses y corruptos, y transformarla en una fuerza de seguridad controlada por los trabajadores y el pueblo pobre.
Hay que saldar cuentas con los represores del pasado y exigir juicio y castigo a los que desde el Ejército y los grupos paramilitares perpetraron y ordenaron asesinatos contra la clase trabajadora durante el conflicto armado, de ahí la exigencia a derogar la Ley de Amnistía[4].
Pero la única forma de combatir la inseguridad es atacar sus causas de raíz, eso es: acabar con el desempleo y la miseria derivada de la explotación capitalista hacia la clase trabajadora. Solo de esta manera, en franca lucha por una transformación radical de la sociedad, podremos generar condiciones de vida dignas para esa juventud que hoy se debate entre emigrar a EEUU e integrar las organizaciones delincuenciales. Si no se revierten estas profundas desigualdades, ni la inseguridad ni ningún otro problema será solucionado.
Por eso es necesario dejar de pagar la deuda, nacionalizar las instituciones privatizadas desde los años noventa, traerse abajo los TLC y la dolarización. Urge una reforma fiscal que haga que los ricos paguen como ricos. Para que se acabe la violencia es necesario romper los acuerdos con el imperialismo y la burguesía nacional.
Este sería el punto de partida para una inversión en salud y educación de calidad, para acabar con la política criminal de cinco salarios mínimos y lograr un único salario mínimo de $400 que pueda subir a $600 acorde con el aumento en la canasta básica; solo de esta manera podremos acabar con el empleo informal; se podrán asegurar pensiones y jornadas laborales dignas para todos, así como se acabarían las condiciones objetivas que generaron la situación apremiante de violencia que se vive hoy.
Un verdadero plan obrero contra la crisis, que pueda solventar las condiciones sociales que generan la inseguridad, vendrá de la mano de la movilización popular e independiente, así como de la construcción de una alternativa política que defienda una salida clasista y socialista.
[1] Asociación Nacional de la Empresa Privada, principal gremial empresarial del país.
[2] Gran Alianza Por la Unidad Nacional: partido de derecha que surge en 2010 como una ruptura de ARENA y que desde su fundación ha votado de forma conjunta con el FMLN en la Asamblea Legislativa.
[3] http://www.prensa.com/mundo/mil-pandilleros-vinculados-maras-Salvador_0_3670132969.html
[4] Esta ley, firmada en el marco de los Acuerdos de Paz que pusieron fin a más de 12 años de conflicto armado, otorgó protección tanto a miembros del Ejército como de la guerrilla salvadoreña que combatieron y cometieron crímenes de lesa humanidad.
