Dentro de la larga historia antidemocrática y de crímenes de Estado contra quienes cuestionan el poder de la sanguinaria burguesía colombiana, el fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia, CSJ, en el que reconoce que el accionar la fuerza pública contra la protesta social es sistemáticamente arbitrario, desproporcionado y agresivo, poniendo en riesgo los derechos y hasta la vida de los manifestantes es un importante hecho político en medio del resurgimiento de la lucha social en el país.

Por PST-Colombia

Sin embargo, aunque algunos ven en este fallo el destello de un Estado Social de Derecho que garantiza el derecho a manifestarse, lo cierto es que en medio de los laberintos y atajos leguleyos, solo la movilización hará que este fallo no sea letra muerta en el sistema de impunidad que garantizan las mismas Altas Cortes.

El pasado 22 de septiembre, la CSJ emite un fallo que hace un recuento importante de varios hechos probados (que no se pudieron ocultar) y dicta en total 14 órdenes entre las cuales están el retiro inmediato de la escopeta calibre 12 (con la que fue asesinado Dylan Cruz), establecer una reglamentación con base el respeto a los derechos humanos, crear un protocolo de acciones preventivas, ordenar a la procuraduría y defensoría un control estricto de este accionar policial en particular del ESMAD, mantener una postura neutral y no estigmatizar a los manifestantes, entre otras disposiciones tendientes a prevenir nuevas masacres, mutilaciones, y torturas como las que el fallo da cuenta.

Para nosotros este fallo de la CSJ, al igual que el del tribunal de Cundinamarca[1], no son producto de la sapiencia de los magistrados, y menos aún de las bondades de nuestro ordenamiento jurídico. Tales fallos se deben principalmente a que las violaciones a los derechos humanos, su sistematicidad, nivel de violencia y crueldad, son imposibles de ocultar y negar incluso para instituciones del propio régimen como las Altas Cortes. Además, con la existencia de redes sociales y los dispositivos móviles, muchas de estas acciones han quedado en videos y ya no es tan fácil recurrir al viejo argumento de acciones o montajes producto del terrorismo y “agitadores profesionales”.

Frente a la creciente explosividad del descontento y de las luchas, tanto en Colombia como en otras partes del mundo, sectores de la burguesía se preocupan por la forma en que Duque intenta apagar el incendio con gasolina, y tratan de evitar mayores estallidos por la vía de tratar de encausar en marcos legales y “civilizados” la creciente y desbordante lucha de clases.

Pero más importante aún, no se pueden explicar estos fallos sin la presión ejercida por la movilización durante el proceso de ascenso de luchas desde finales de 2019, en las jornadas del Paro Nacional y en las movilizaciones contra la brutalidad policial de este año, que muestran el cambio en la conciencia de importantes franjas de la población, en particular de la juventud, en contra del uribismo y la ultraderecha agrupada en el Centro Democrático.

En ese contexto, el régimen político colombiano tiene la necesidad de mostrar ante la llamada comunidad internacional que desde la institucionalidad se está haciendo algo, es decir, requieren lavarle la cara al aparato estatal aunque eso signifique sacrificar algunos elementos. El nivel de represión y violencia del régimen en Colombia es motivo de investigaciones actuales ante la Corte Penal Internacional y ante la CIDH. También necesitan mostrar a las crecientes masas inconformes, que el Estado Burgués puede reformarse, que si se garantiza la separación de poderes es posible que exista la democracia y la justicia.

No podemos confiar en las Cortes

La clase trabajadora y los pobres no podemos ilusionarnos con los fallos de las Cortes. No podemos olvidad ni por un minuto que el Estado es la junta de negocios de la clase dominante. En ese sentido no creemos que exista la posibilidad de la democracia “para todos” mientras siga vigente la explotación capitalista.

Desde las múltiples variantes de la concepción burguesa y liberal nos dicen que el Estado debe ser un garante neutral de las libertades y derechos para todos, discurso que reproducen las organizaciones llamadas de izquierda que tienen como estrategia la reforma del capitalismo. Todos ellos nos llaman a confiar en las instituciones del Estado, a “votar mejor” para que el parlamento legisle a favor de todos y a creer en la ficción del Estado Social de Derecho y la separación de poderes.

Pero ante la creciente imposibilidad de la sociedad capitalista para resolver las más mínimas necesidades de la población (como lo muestra la actual crisis económica mundial combinada con la pandemia), la tendencia de los regímenes políticos es a abandonar sus ropajes democráticos y humanitarios para vestirse de trajes antimontines y con bolillo y armas en mano, sofocar a quienes ponen en peligro las ganancias de los grandes capitalistas.

Es una completa ilusión pretender que en medio de la agudización de la lucha de clases a nivel mundial, las fuerzas represivas, que son por definición organismos para reprimir a las masas, se van a volver justas y humanitarias con “capacitación” o protocolos. Ni el más democrático de los estados burgueses va a renunciar nunca a la más feroz e inhumana violencia a través de sus ejércitos, policías e incluso (como en Colombia) a fuerzas paramilitares para garantizar sus intereses.

Pero, además, en Colombia la separación de poderes es una formalidad. El Presidente prácticamente tiene poder de veto sobre las decisiones del Congreso y los llamados organismos de control como la Procuraduría y la Defensoría, son elegidos en ese mismo parlamento que es controlado por el ejecutivo. No olvidemos que Duque ha puesto a sus amigos al mando de estas instituciones. Por ejemplo, la Procuraduría ha denunciado que la Policía ha ocultado las pruebas de la Masacre de Bogotá y se niegan a entregarlas para la respectiva investigación, pero más allá de la denuncia no hacen nada.

El desprestigio de la Policía y las Fuerzas Armadas, así como del partido del gobierno, es tal que hay sectores que temen sucumbir junto con ellos, por eso desde orillas como el Partido Liberal y el santismo intentan desmarcarse de sus crímenes más sangrientos, olvidando cínicamente los muertos que llevan a espaldas de cuando han gobernado, pero también haciendo cálculos electorales en los que intentarán aparecer como alternativos.

No son solo manzanas, es el árbol el que está podrido

El Gobierno, que es mucho menos torpe de lo que parece, también hace lo suyo. Mientras excusa los crímenes acudiendo al sofisma de las manzanas podridas, los actos aislados y las responsabilidades individuales, da pasos en el establecimiento de protocolos, no solo para intentar mostrar que hacen algo para recuperar la perdida confianza de la población (tres cuartas partes de la población dicen no confiar en la Policía) sino para seguir en su campaña de persecución, estigmatización y criminalización de la protesta social.

Los protocolos que proponen Duque y su ministro de defensa Carlos Holmes Trujillo no parten del reconocimiento de la sistematicidad de los hechos, ni asumen la responsabilidad. Al contrario, reafirman la total impunidad al respecto y se aprovecha para tratar de introducir medidas antidemocráticas de control sobre la protesta como prohibir el uso de capuchas, insistir que bloquear una vía es un acto violento o que los convocantes deben pagar pólizas por los posibles daños.

Su otra estrategia defensiva ha sido una campaña mediática e ideológica contra la protesta y en defensa de las Fuerzas Armadas, algunas de sus manifestaciones rayan en lo ridículo, como afirmar que los jóvenes se disfrazan de policías para disparar. Pero más serio es que retoma el viejo argumento de la lucha contrainsurgente para acusar de acciones guerrilleras las legítimas protestas del 9 de septiembre.

Cuando se disipó el humo de los CAI incendiados y mientras muchos trataban de encausar las protestas en el pacifismo y la reconciliación, desde el gobierno han desatado una feroz persecución judicial, con nuevos montajes judiciales, acusando como infiltrados a manifestantes y activistas que han participado en las protestas.

Las pruebas son tan ilegales como ridículas. Por ejemplo, una de ellas “incautada” a un hombre de 73 años conocido por su comunidad, es un listado de recomendaciones que ellos llaman “manual del vándalo”, en él se pueden leer mínimas recomendaciones de defensa contra los atropellos de los derechos humanos como hacer triadas, tener puntos de encuentro, gritar el nombre durante una detención y avisar cuando se llegue a casa.

Igualmente, consideran terrorista el dar a conocer a los jóvenes sus derechos y las normas que rigen un posible traslado o intervención de la Policía. Es decir, sus actuaciones van en contravía total del sentido del fallo que ordena al Gobierno y la Fuerza Pública tener una postura neutral frente a las movilizaciones, incluso si estas son en su contra, evitando no solo la agresión sino la estigmatización.

La actitud cínica del Gobierno ha sido criticar la sentencia y decir que debe ser “corregida”, negar la sistematicidad de sus crímenes y continuar cometiéndolos.

El gobierno no acata, ataca el Fallo

De las 14 órdenes del fallo de la CSJ, hasta el momento hay una que ya se venció sin ser acatada, la que exige al ministro de defensa pedir perdón por los hechos de violencia de la policía en el contexto del paro nacional del 2019. Haber visto al Ministro pedir excusas era una importante reivindicación de las víctimas y sus familias, no recibieron más que burla y desprecio por parte del gobierno.

¿Pero qué va a pasar con las otras trece órdenes dadas por la CSJ para proteger la protesta?, Estas obligan a gobernantes, Fiscalía, Procuraduría, Defensoría, entre otras instancias a cumplirlas. ¿Quién va a garantizar que se cumplan y que el gobierno y sus funcionarios sean declarados en desacato por incumplir?

Desde el punto de vista legal e institucional, verificar el acatamiento de la orden corresponde a tantas instancias y tiene tantos plazos diferentes que será toda una batalla que puede durar tiempo indefinido y no sería la primera vez que el gobierno actual se niega a acatar fallos judiciales. Por ejemplo, Duque nunca retiró los trinos referentes a la Virgen de Chiquinquirá hechos desde la cuenta oficial de la Presidencia que violaban el derecho a la libertad de cultos, tampoco ha bajado los trinos de apoyo descarado al actual detenido Uribe Vélez. Por eso, reconociendo la importancia de este fallo, no nos hacemos ilusiones en sus resultados.

Desde el PST no somos parte del comité de aplausos a las Cortes, ni somos de los que ven como acciones heroicas estos fallos. Tampoco podemos confiar en que en sus manos el cumplimiento de las medidas del fallo (insuficientes pero urgentes y necesarias). Ya tenemos el flagrante desacato de la primera orden sin que haya pasado absolutamente nada, quienes inicialmente interpusieron la tutela posiblemente presenten un incidente de desacato, pero lo único que podrá garantizar su aplicación y la sanción por desacato será mantener en las calles con la movilización social.

No podemos tener ninguna confianza en las Cortes y otras instituciones que son parte del mismo sistema, por más democráticas que a veces luzcan, cualquier medida favorable que tomen será siempre limitada y presionada por la fuerza que mostremos en las calles y parte de la disputa política más general.

La verdadera garantía del derecho a la protesta está en nuestras manos

Lo primero que debemos ser conscientes es que el fallo no va a fondo en las más sentidas reivindicaciones de la juventud, los trabajadores, indígenas, mujeres, campesinos que han sido víctimas de la brutalidad policial, los asesinatos y la represión por parte de las fuerzas armadas.

Del mismo modo, los trabajadores, los pobres, los jóvenes que hemos estado en las calles contra la brutalidad policial, no podemos dejar en manos del Congreso corrupto la salida del Ministro Holmes. responsable político de varias decenas de asesinatos y violaciones a los derechos humanos. No podemos sentarnos a esperar que la Moción de Censura sea aprobada por el Congreso. La exigencia de la renuncia del Ministro de Defensa, tiene que estar acompañada de la exigencia de castigo a todos los policías culpables de los asesinatos, la liberación inmediata y el cese de cargos contra manifestantes.

Pero también hay que retomar la consigna de Fuera Duque coreada exigida en las luchas de noviembre del año pasado. Mientras Duque siga en el gobierno, nos seguirán reprimiendo, disparando y masacrando.

Además, cúmplase o no el Fallo, el ESMAD no saldrá de las calles. Es más, en la discusión sobre los protocolos, ya se habla de excluir cualquier control de los alcaldes sobre este escuadrón, para pasar a ser plena y directamente controlados por el gobierno nacional.

La experiencia histórica y actual nos muestra que por más pacífica que sea una lucha, cuando los gobiernos deciden reprimir lo hacen. Por lo tanto, sólo cuando los que luchan adquieren la conciencia de la necesidad de defenderse de la represión y se organizan para hacerlo, es cuando se logra imponer por la fuerza el derecho a la lucha y a protestar.

En las luchas de Hong Kong, Estados Unidos y Francia, se ha visto cómo la necesidad de la organización también se expresa en la necesidad de la defensa de la lucha, logrando incluso en el enfrentamiento callejero hacer retroceder a la policía. Pero es en Chile donde más ha avanzado este proceso, con la Primera Línea que actúan al servicio de defender las masivas movilizaciones. En Colombia, junto con las guardias indígenas y cimarronas que defienden el derecho a la lucha de los pueblos indígenas y negros, desde el año pasado vienen surgiendo primeras líneas en las grandes ciudades.

Esta necesidad de la lucha debe extenderse y organizarse, superando el lastre de los métodos guerrilleros que han distorsionado el legítimo derecho de los obreros y explotados a la autodefensa. No podemos confiar nuestra seguridad y nuestros derechos ni a la policía ni a los estrados judiciales. También ese derecho –como dice la consigna– se arranca a l calor de la lucha organizada.

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[1] El Tribunal de Cundinamarca mediante un auto les ordenó a la Policía Nacional, la Gobernación de Cundinamarca, la alcaldía de Bogotá y los ministerios de la Defensa y del Interior que se sentaran a definir unos protocolos para la intervención de los uniformados en las protestas pacíficas.