La política de Piñera y otros gobiernos es una política asesina focalizada contra los luchadores y contra la revolución abierta el año pasado. Si mantienen encarcelados a nuestros compañeros presos políticos entregándolos a la muerte por coronavirus, será un triunfo de la contrarrevolución y un duro golpe a nuestra revolución con la cual quieren acabar.

Por MIT-Chile

Ese escándalo queda demostrado al ver que en Chile antes del 18 de Octubre los presos políticos sumaban unos 45 entre mapuche y no mapuche, y luego del 18 de Octubre esa cifra aumentó a más de 2500 jóvenes y trabajadores. Por eso decimos que es una política consciente del gobierno y parlamentarios para querer acabar con las luchas que amenazan a este sistema de hambre y muerte, en particular para querer acabar con la revolución. Son presos políticos porque son encarcelados por sus ideas y por ser parte de una lucha que sería una amenaza para este sistema capitalista de muerte y hambre.

La situación de los presos políticos en medio de la pandemia no deja de ser una crisis, la misma Fiscal de la Corte Suprema dijo que las cárceles eran una bomba de tiempo frente al coronavirus porque con el hacinamiento y las condiciones carcelarias es imposible garantizar protocolos mínimos para detener la propagación del virus. Los internos han sacado múltiples videos pidiendo condiciones mínimas para evitar morir, pero las autoridades han hecho bien poco o nada, teniendo una política genocida, por eso ya hay presos políticos que están asumiendo la derrota de quizás morir encarcelados. Esto, mientras el gobierno de Piñera libera a violadores de DDHH y discute proyectos en la materia que en ningún caso beneficia a los presos políticos.

Por esta situación, los presos políticos mapuche recluidos en las cárceles de Angol y Temuco le comunicaron a Gendarmería que iniciaban una huelga de hambre con carácter de indefinida hasta que se cambien sus condiciones al interior de los penales y se les otorgue el beneficio de cumplir sus condenas al interior de sus territorios.

Es que a nivel mundial se ha evidenciado que las prisiones presentan mayores riesgos de contagio y tasa de incidencia de enfermedades infecciosas tales como influenza, tuberculosis, VIH, hepatitis B y C, entre otras (OMS, 2014). En Sudamérica el hacinamiento registra en algunos casos un 700% de sobrepoblación, lo que genera un ambiente propenso a riñas y motines que se saldan con varios muertos y heridos.

En nuestro país, la realidad carcelaria nacional genera óptimas condiciones para la expansión interna del coronavirus. Contamos con excesivas tasas de sobrepoblación como el CDP Limache, que excede casi el doble de su capacidad (189%). Asimismo, hay cárceles con instalaciones eléctricas deficientes, sin baños limpios, y una generalizada falta de atención médica especializada, o incluso enfermería. En la actualidad, solo un recinto penitenciario cuenta con hospital ( LEASUR, 2018). Además, el Tercer Estudio de las Condiciones Carcelarias en Chile del INDH de 2019, estableció que en 24 de las 40 unidades penales se aprecia algún nivel de privación de acceso al agua durante las 24 horas del día, o de insuficiencia en acceso a servicios higiénicos de forma permanente.

Por último, de acuerdo a un estudio realizado en cárceles chilenas en 2012, un 45% de la población penal presenta a lo menos una patología diagnosticada formalmente, siendo la segunda patología más común las que afectan el sistema respiratorio, predominando el asma (Osses-Paredes y Riquelme-Pereira., 2013), una enfermedad que ya ubica a la persona con factor de riesgo frente al coronavirus.

Es por eso, que además de los intentos de motines y de videos de internos pidiendo medidas básicas sanitarias, diversas organizaciones extienden una campaña internacional por la libertad de los presos políticos. Unas 70 organizaciones de derechos humanos y sitios de memoria enviaron una carta Piñera; al Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín; al Ministro de Salud, Jaime Mañalich; entre otras autoridades; solicitando que se deje en libertad a todas las personas que fueron detenidas en el contexto de la protesta social, ante el peligro, para sus vidas, del COVID19 y “teniendo en cuenta que la mayoría de ellos no cuenta con antecedentes penales y todos/as gozan del principio de inocencia”.

Propuestas del Gobierno en la materia

Piñera promulgó el indulto a la población de riesgo (mayores de edad, embarazadas, madres de bebés de no más de dos años, etc) que estén condenados (es decir excluye a la prisión preventiva) por delitos no violentos, excarcelando y dejando así con arresto domiciliario a unas 1300 personas, algo totalmente insuficiente si consideramos que la población carcelaria chilena es de unas 42 mil personas.

Por otra parte, está en discusión y se le puso urgencia a la Ley Humanitaria, que dejaría en libertad a los condenados por violaciones a DDHH durante la dictadura de Pinochet. Y ya han dejado a más de 17 violadores de DDHH liberados.

Por su parte, varios Juzgados de Garantía han decretado el cambio de cautelar a algunos presos políticos, ordenando el “Arresto Domiciliario Total” que también es una forma de privación de libertad, pero las diversas Cortes de Apelaciones, revocan muchas veces esas resoluciones continuando la prisión preventiva.

Como una medida mínima, en algunas cárceles se están haciendo test de detección temprana e impulsando algunos protocolos pero que poco o nada de efectividad tienen. Ya vimos que la restricción de las visitas no sirve de nada si tampoco hay control ni cuidado sobre los funcionarios de las cárceles que son posibles vectores de contagio.

Así, nada real que garantice justicia para los presos políticos que en su gran mayoría no están condenados siquiera porque se carece de pruebas, ni tampoco hay medidas básicas sanitarias para la población carcelaria en general.

No está demás recordar que Sebastián Piñera puede tener a tantos luchadores en prisión preventiva debido a que durante el gobierno de la hoy “Alta Comisionada de DDHH de Naciones Unidas” Michelle Bachelet, en el año 2015 reformó la Ley ordenando cumplimiento efectivo para el caso de las “bombas molotov, entre otras leyes represivas y en contra del pueblo.

¿Por qué se produce esto?

Podríamos decir que este es un problema particular del odiado Presidente Piñera, pero si bien en Chile la situación es más crítica, no deja de ser menos alarmante en distintos países, ya sea con la persecución a través de presos políticos o con la crisis carcelaria. Según reportó France 24, el sistema penitenciario brasileño tiene un déficit de 350.000 camas, lo que ha ido haciendo más crítica la situación de hacinamiento, y la atención sanitaria es precaria, según coinciden varios organismos de DD.HH. No solo en Chile los prisioneros políticos están siendo dejados en la cárcel, en Nicaragua el Gobierno de Daniel Ortega excarceló el 8 de abril a 1.700 presos comunes del Sistema Penitenciario (SPN), sin embargo “no incluyó a unas 70 personas que permanecen detenidas por protestar contra el Gobierno de Daniel Ortega”, como reportó DW en castellano.

Esto es así porque las cárceles son una institución más para mantener en funcionamiento el régimen de un Estado capitalista, así como lo son las fuerzas armadas, el parlamento, los gobiernos, etc. La clase dominante, los empresarios o burguesía, utilizan el conjunto de sus instituciones para contener la revuelta social, principalmente a través de la coerción y de la represión. Es una cárcel que como el conjunto de las instituciones, se enfoca en garantizar el principal derecho que defiende la burguesía: la propiedad privada, pero no centralmente la propiedad individual de los trabajadores que conocemos como una casa, un televisor, etc, sino la propiedad privada de las fábricas, minas, etc, con el fin de defender el negocio de los ricos. Por eso hay cárcel para los pobres pero los ricos tienen clases de éticas cuando sus robos son infinitamente mayores. Así, para garantizar esa propiedad inculcan una cultura de la necesidad de “seguridad contra el delito” cuando los principales delincuentes son los empresarios con sus colusiones y robos, cuando la delincuencia común en los barrios es fruto de una sociedad capitalista putrefacta, con esa necesidad de “seguridad” justifican su aparato represivo y dentro de ello nos inculcan que todo se resuelve con castigo mediante cárceles: Las leyes nacionales e internacionales, burguesas, dicen que las cárceles deberían servir para recuperar y no para castigar, cuando la verdad es que el real objetivo es sí castigar y punir a personas que son consecuencias de una sociedad capitalista descompuesta, hay casi nula posibilidad de re-inserción bajo este sistema, por ejemplo según el informe “Sistema carcelario en Chile: propuestas para avanzar hacia una mayor efectividad y reinserción” del Centro de Políticas Públicas de la UC, indica que el 91% del presupuesto de Gendarmería se invierte en vigilancia y custodia, y sólo el 9% restante se invierte en (re) inserción social.

Con todo lo anterior no queremos eludir el debate de qué hacer con la delincuencia común en los barrios, por ejemplo reivindicamos y creemos que es necesario que hoy algunas asambleas territoriales u organizaciones vecinales estén avanzando en autoorganización para una defensa necesaria para la delincuencia común o los llamados “domésticos” que atacan a su propia clase, ya que el aparato represor burgués obviamente para eso no ha respondido bien. Sin embargo, debemos tener claro que es necesario acabar con el capitalismo para sentar bases sociales de una sociedad que garantice salud, alimento, vivienda, educación, etc y así evitar delitos comunes, sabemos que de todas formas habrá, pero debiera ser la justicia de la clase trabajadora, con democracia obrera quien defina los rumbos a seguir, y no una justicia burguesa corrupta hasta la médula. Necesitamos dar esos debates porque hoy toda estas instituciones empresariales (como Tribunales de Justicia, las cortes, el parlamento, etc) que fueron tan cuestionadas en Chile desde el 18 de octubre y “salvada por la campana” mientras dure la pandemia, aplica toda su rabia de clase a quienes se alzaron contra ella manteniendo a miles de obreros, estudiantes, artistas, trabajadores, profesionales, cesantes, hombres y mujeres que además de vivir el peor castigo por luchar, hoy se encuentran en grave riesgo de contagio y no cuentan con mínimas medidas de salubridad para enfrentar la pandemia.

Medidas de emergencia y generales

Claramente frente a esta emergencia sanitaria se necesitan medidas extraordinarias para evitar que hayan muertes masivas, sabemos que algunos piensan que los presos por haber cometido algún delito merecen morir, sin embargo creemos que no es así, primero porque como se vio muchos presos están a consecuencia de un sistema de hambre y miseria que es injusto -otros no-, pero luego, incluso si se infecta un preso, no solo será él el afectado, pues con la pandemia puede contagiar a funcionarios de las cárceles y ellos a otras personas y así sucesivamente. En este tipo de crisis que afectan a toda la humanidad, las salidas individualistas son las que menos sirven, por eso urge un plan general.

Como medidas extraordinarias debemos exigir:

  • Libertad inmediata a los presos políticos. Como medida mínima un cambio de cautelar a arresto domiciliario para no morir.
  • Deben ser revocadas todas las prisiones preventivas de todos los presos acusados de crímenes no violentos. Estos presos deben aguardar sus juicios en libertad y bajo medidas de vigilancia extra carcelarias.
  • El indulto de Piñera que liberó a 1300 personas en factor de riesgo y condenados a delitos no violentos es insuficiente para evitar las muertes, en Latinoamérica también han muerto jóvenes, la edad no es el único elemento para ser factor de riesgo. Por eso, también deben ser puestos en libertad provisoria, libertad vigilada o prisión domiciliaria todos los condenados por crímenes no violentos con penas pequeñas, lo que significaría defraudadores, pequeños asaltantes (hurtos), y pequeños traficantes. La mayoría de ellos pobres, negros, inmigrantes y habitantes de la periferia. Un ejemplo de este tipo de medidas se vio en Irán, en donde en marzo, dejó en libertad a 54.000 prisioneros para intentar frenar la expansión de la epidemia en las cárceles del país, la medida, fue una liberación temporal que no consideró a los reos condenados a más de cinco años de cárcel o a los que están en recintos de alta seguridad, sin embargo la decisión en este país se produjo debido a la rápida propagación del virus con más de 1.685 muertos ¿Cuántos muertos en Chile quieren tener para tomar medidas por la vida?
  • Todo lo anterior excluye a los fueron condenados por crímenes donde se utilizó la violencia, como robo seguido de muerte, secuestros y asesinatos; y violencia contra la mujer, así como los asesinos militares, profesionales o agentes del Estado, torturadores, o que cometieron crímenes de lesa humanidad.
  • Test de detección masivos en las cárceles y a los funcionarios de ellas sistemáticamente.
  • Reposición inmediata de servicios básicos como agua, para combatir la propagación del virus.
  • Implementos de higiene para los funcionarios e internos, ya sea mascarilla, jabón, etc.
  • Mantener sistema de vacunas a personas privadas de libertad, funcionarios(as) y sus familias. A su vez, en caso de sospecha o contagio, aplicar protocolos de aislamiento, resguardando un trato digno a las personas. Esto debiese ser aplicado también a funcionarios(as) de la cárcel.
  • Por un plan de contención de la epidemia en el sistema carcelario, supervisado por las organizaciones estatales y las organizaciones de derechos humanos y de familiares de los presos.

Desde el Movimiento Internacional de Trabajadores, ante esta situación hacemos un urgente llamado a todas las personalidades y organizaciones sociales y políticas, a todos los Defensores de los presos políticos, a las familias y organismos creados por esta situación a unir fuerzas y levantar una sola voz: Porque la pandemia mata: ¡Libertad inmediata a los presos, medidas sanitarias en todas las cárceles!

Sabemos que todo ésto lo debemos hacer desde ya a través de una presión gigantesca a las autoridades ya sea mediante cartas, vídeos u otros como estamos haciendo desde la LIT-CI, pero la garantía más fuerte es la movilización organizada, que el pueblo trabajador chileno retome la revolución y que ésta como una de sus tareas principales luche por recuperar a sus soldados de primera línea encerrados tras la lucha.

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