Chile | Sobre el Reglamento de la Convención, el quórum y el Plebiscito Dirimente
Esta semana comienzan las votaciones más importantes para definir el Reglamento permanente de la Convención Constitucional, el cual determina los objetivos y funcionamiento de ella. Muchos artículos ya fueron aprobados y otros serán aprobados en los próximos días, como el quórum y el tema del Plebiscito Dirimente.
Por MIT-Chile
El mayor problema que vemos en el Reglamento de conjunto es que no hay propuestas que vayan en el sentido de dar poder soberano a la Convención para que solucione los problemas de la clase trabajadora y la juventud. Según los artículos aprobados, la Convención no tiene incumbencia para tomar medidas inmediatas ante ninguna demanda social: no puede mandatar el juicio y castigo a Piñera, no puede liberar a los presos políticos, no puede acabar de inmediato con las AFPs, ni evitar la expulsión de los extranjeros, etc. Es decir, puede crear leyes, pero ninguna que pueda agilizar la respuesta a nuestras exigencias.
Todos los partidos y la gran mayoría de los independientes concuerdan en lo anterior. Así, la mayor limitación impuesta por el Acuerdo por la Paz – que la CC no puede inmiscuirse en las atribuciones de otros poderes del Estado, a pesar de que debe legislar sobre ellos-, será una garantía para aplazar a un futuro incierto los cambios exigidos desde las calles.
Si bien muchos constituyentes independientes firmaron el “Manifiesto de los 34” previo al inicio de la Convención, en el que exigían una serie de medidas democráticas para el buen funcionamiento de ella, tal manifiesto quedó en el olvido y ninguna de sus medidas fue implementada. Es más, los independientes que firmaron esa declaración hasta ahora no supieron canalizar la fuerza de las más de 600 organizaciones sociales que adhirieron en apoyo para presionar a la Convención Constitucional y organizar la movilización. De la misma forma, el Partido Comunista, que prometió “rodear la Convención” para lograr romper los límites del Acuerdo por la Paz hasta ahora se ha contentado con ser una tranquila oposición institucional, sin que se vean sus banderas afuera de la Convención. Mucho discurso, poca acción.
Nuestra compañera María Rivera presentó una serie de indicaciones al Reglamento, sobre la soberanía de la Convención y la necesidad que la instancia tomara medidas inmediatas para solucionar los problemas del país, de los presos políticos y también para garantizar la Participación Popular. Sin embargo, ninguna de esas medidas podrá ser siquiera conocida por el pleno, dada la norma votada previamente de que toda moción debe contar con 30 firmas de constituyentes para llegar a votación. Tal medida es totalmente antidemocrática. ¿Por qué un constituyente respaldado por miles de votos (19 mil en el caso de nuestra compañera) no puede presentar una propuesta por sí solo? Nuestras propuestas sólo obtuvieron 14 firmas de constituyentes, lo significa que ninguna de ellas llegará al pleno de la Convención para ser discutida y votada.
Queremos ser muy claros: de continuar así, el Reglamento que finalmente se apruebe terminará por imponer las limitaciones contenidas en el Acuerdo por la Paz. Ante la imposibilidad de discutir sobre cómo dar solución a los problemas presentes en el país, la Convención sólo podrá legislar para un futuro incierto, aplazando la solución de ellos. El pueblo mapuche seguirá siendo perseguido y asesinado, las AFPs seguirán lucrando con nuestros ahorros, los inmigrantes seguirán siendo expulsados, los jóvenes de la Primera Línea seguirán encarcelados, mientras se escribe una Constitución para el futuro, sin ninguna garantía que después será respetada por los demás poderes del Estado. Y más, durante todo el proceso Constituyente, el gobierno y los dueños del país intentarán impedir el trabajo de la Convención utilizando las otras trampas del Acuerdo por la Paz, como las solicitudes a la Corte Suprema o al Parlamento.
Dicho esto, queremos discutir 2 propuestas de entre las más importantes que serán votadas en los próximos días: el quórum necesario para la aprobación de las normas constitucionales y la propuesta de Plebiscito Dirimente. Aunque son importantes, ninguna de esas propuestas cambia sustancialmente lo que expuesto antes.
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El quórum de ⅔
El Acuerdo por la Paz estipula que la Convención Constitucional debe legislar en base al quórum de ⅔, al igual que la Constitución del ’80 que se quiere derogar. O sea, que todas las normas constitucionales deberán ser aprobadas por una muy amplia mayoría de los constituyentes (103 de los 155). Aquella imposición limita la redacción de la nueva Constitución a los temas que sean aprobados por esa muy amplia mayoría. Con esa regla, los partidos que firmaron el Acuerdo (derecha, ex Concertación y Frente Amplio) pretenden dar gran poder de veto a los constituyentes que están en minoría, esos que representan a la gran burguesía del país y a los intereses de las empresas extranjeras. Si tal quórum es aprobado, queda estipulado que esa minoría de 53 constituyentes, cuyas campañas fueron financiadas por los grandes empresarios, podrá definir lo que entra y lo que no entra en la Nueva Constitución. Esos constituyentes son de la ex Concertación y la derecha (aproximadamente 60), que han gobernado el país durante los últimos 30 años y son responsables de mantener el modelo económico capitalista neoliberal que queremos destruir.
El Frente Amplio impulsa ese quórum para mostrar a los grandes empresarios que puede dar “gobernabilidad” al país y cerrar el proceso revolucionario que se inició el 18 de octubre, respetando la misma institucionalidad cuestionada por la mayoría de la población. Su propuesta de cambio es llegar a la presidencia con Boric, tener una importante representación en el próximo Congreso y controlar la Convención Constitucional para aprobar una Constitución con algunas reformas, pero que no cuestione el centro del modelo económico -la propiedad privada de los grandes capitalistas sobre el conjunto de la economía nacional-.
Nuestra propuesta
Nuestra compañera María Rivera propuso que la Convención funcionara con quórum de mayoría absoluta, o sea, 50+1% de los constituyentes. De aprobar leyes por mayoría no se solucionarán los problemas, pero sería un avance democrático para la Convención. ¿Por qué entonces dar poder de veto a la minoría representada en ella? Es simple. Porque en la Convención se privilegia la lógica del acuerdo entre las organizaciones políticas, en particular con los dueños del país, que están representados directamente por la derecha y ex Concertación. La nueva Constitución será escrita usando los mismos mecanismos de negociación y lobby que por 30 años se han usado en el parlamento, para legislar en favor de las familias que saquean el país. Sin embargo, como escribimos antes, nuestra propuesta lamentablemente no llegará a votación, lo que demuestra que sólo las propuestas más moderadas y negociadas entre los grupos políticos serán votadas.
La propuesta de los 3/5
La mayoría de los independientes de izquierda (movimiento sociales, pueblo constituyente, pueblos originarios) y el Partido Comunista propusieron una alternativa de quórum, la de 3/5. Esa propuesta ya consiguió el patrocinio de más de 30 constituyentes. Nosotros no creemos que esa sea una propuesta democrática, porque si bien disminuye el quórum de aprobación de 103 a 93 constituyentes, sigue la misma lógica de los ⅔. En vez de que 53 convencionales puedan vetar una propuesta, con los 3/5 serían 63 los votos necesarios para ejercer ese veto. Es decir, si la derecha y la ex Concertación votan como un bloque (sumando casi 60 convencionales), les bastaría “convencer” a 2 o 3 convencionales indecisos para imponer su veto. Tal propuesta usa el mismo criterio de los ⅔ para determinar los rumbos de la futura Constitución: la de buscar acuerdos con aquellos convencionales, que siendo minoría en la Convención, representan al gran empresariado y al pinochetismo. Por la vía de los acuerdos, y con la lógica de “peor es nada”, habrá que ver cómo actuarán los convencionales de otras corrientes, como los ambientalistas, las feministas y de los escaños reservados. Muchos independientes podrán ser arrastrados por la lógica del PC, que si bien no firmó el Acuerdo por la Paz, al día siguiente salió a reconocerlo y bajó las movilizaciones en las calles para entrar de lleno al Proceso Constituyente, abandonando la lucha por sacar a Piñera, garantizar el juicio y castigo, liberar a los presos políticos, etc.
El PC quiere aparecer en la Convención como un aliado de los independientes de izquierda, a pesar de haber sido parte del último gobierno capitalista de la ex Concertación. No olvidemos que el constituyente del PC Marcos Barraza fue ministro de Bachelet. Hoy, como en el gobierno de la Nueva Mayoría, el PC mantiene una alianza con el Frente Amplio, que en la Convención vota con la derecha y busca sin cesar acuerdos con la ex Concertación.
¿Estaría el PC dispuesto a romper su alianza con el FA y llevar hasta el final la lucha por una Convención que no se someta a los términos del Acuerdo por la Paz? En nuestra opinión, no. La aparente disputa entre FA y PC en la Convención cumple un objetivo. Mientras el Frente Amplio busca aliados en la derecha, el PS y la DC; el PC busca aliados en los independientes de izquierda. Así, el PC y el FA comparten una misma estrategia: canalizar el descontento popular hacia el respeto a la institucionalidad, sin romper la relación con el gran empresariado que domina el país.
Muchos creen que el quórum de 3/5 es mejor porque así solo dependería de la “izquierda” para aprobar las normas constitucionales. Pero, ¿de qué sirve eso si la tal “izquierda” está más interesada en pactar con los que gobernaron los 30 años que en escuchar las demandas del pueblo trabajador y la juventud que salieron a las calles?
Los independientes de izquierda que apoyaron la propuesta de los 3/5 deben reflexionar profundamente sobre el camino que están tomando.
Sobre el Plebiscito Dirimente
La segunda propuesta importante que será votada es la del Plebiscito Dirimente. Esa propuesta plantea que cuando una norma no sea aprobada por ⅔, ella deberá ser plebiscitada, o sea, que el pueblo decida en un plebiscito lo que es aprobado o no. La propuesta de Plebiscito Dirimente se desglosa en dos votaciones. La primera, si se aprueba o no la alternativa del Plebiscito Dirimente. La segunda, cómo se determinarían las normas a ser plebiscitadas: las que sobrepasen la mayoría absoluta pero no lleguen a los ⅔, o las que sobrepasen los 3/5 pero no lleguen a los ⅔. Vamos a dar un ejemplo.
Si el quórum de ⅔ es aprobado (lo que es muy probable, ya que la derecha, ex Concertación, Frente Amplio y algunos independientes lo apoyan), entonces el Plebiscito Dirimente se usaría para las normas votadas por mayoría pero que no lleguen a los ⅔.
Entonces, si se busca aprobar una norma que modifique sustancialmente el sistema previsional eliminando las AFPs, y esa propuesta llegara por ejemplo a una mayoría absoluta de 90 votos (lo que no alcanza a los ⅔, es decir 103 votos) aquella norma tendría que ir a plebiscito para que el pueblo decida si se acaba o no con las AFPs. En el segundo caso, si el quórum para que una norma sea plebiscitada es de 3/5, la propuesta de acabar con las AFPs deberían ser votada por a lo menos 93 constituyentes para poder ir a Plebiscito.
Un plebiscito tiene relevancia si es vinculante, o sea, si su resultado es automáticamente acatado por las instituciones. En nuestra opinión, la Convención debería convocar plebiscitos vinculantes para todos los temas más importantes, como por ejemplo la propiedad privada del agua, sin necesidad de limitación alguna de quórum.
Además de lo anterior, la propuesta de Plebiscito Dirimente tiene otro problema muy grave. La Convención hoy no tiene la facultad legal para convocar un Plebiscito. Por eso, si dicho mecanismo plebiscitario es aprobado, la Convención tendrá que exigir al Congreso y al Presidente, las reformas legales que a ella le permitan convocar un Plebiscito. Al final, aun cuando la Convención aprobase el Plebiscito, existe la posibilidad de que este mandato no sea aprobado por el Congreso; y el Plebiscito no se realizaría. Esto demuestra claramente los límites fijados con el Acuerdo por la Paz, que no reconoce ningún poder real a la Convención. La semana pasada la Convención votó que es un poder constituyente y autónomo, lo que no pasa, hasta ahora, de ser palabras escritas en un papel.
Con todos estos argumentos, opinamos que ni la propuesta de los 3/5 ni la del Plebiscito Dirimente son los mecanismos democráticos que el pueblo necesita para que la Convención solucione los problemas originados por más de 50 años de explotación y saqueo sin límites a los trabajadores y a las riquezas nacionales.
Nuestra posición en las próximas votaciones
Hay expectativa entre los activistas territoriales, sindicatos y pobladores/as en relación con los 3/5 y al plebiscito dirimente. Nosotros respetamos su opinión, aunque no creemos que esas sean las mejores propuestas.
Nosotros votaremos a favor de los 3/5 y del Plebiscito Dirimente simplemente porque esas medidas son un poco más democráticas que las trabas impuestas por el Acuerdo por la Paz defendido por la derecha, ex Concertación y el FA. Además, porque queremos acompañar al activismo en su experiencia con la Convención Constitucional, que cada vez más irá mostrando sus límites mientras el proceso vaya avanzando. Incluso si los ⅔ fueran rechazados en la Convención, decimos la verdad a la clase trabajadora: ninguna fórmula de quórum, por más democrática que parezca, cambiará la vida de los trabajadores y el pueblo si no arrebatamos el poder político y económico a quienes nos dividen y explotan.
Hacemos un llamado a los trabajadores/as, a la juventud popular y a los pueblos originarios a seguir organizándose y luchando para recuperar lo que nos han saqueado en las últimas 5 décadas. A los constituyentes independientes de izquierda y al Partido Comunista hacemos un llamado a llevar hasta el final la lucha contra el Acuerdo por la Paz y por una Constituyente que defienda los intereses de los millones que salimos a las calles. Eso pasa por convocar iniciativas conjuntas a nivel nacional que nos permitan discutir y preparar las futuras luchas. Si la “oposición de izquierda” se limita a hacer la disputa dentro de la Convención sin apoyarse en el enorme movimiento social que despertó después del 18 de octubre, veremos nuevas derrotas.
La lucha por una Constitución que represente los intereses de la enorme mayoría de la población debe ser solamente un paso en el sentido de crear las condiciones para que la clase trabajadora tome todo el poder político y económico en sus manos para poner la economía del país al servicio de las necesidades de la mayoría de la población y frenar la destrucción de la naturaleza.
