Desde el inicio de la revolución que estalló el 18 de Octubre diversas organizaciones sociales, territoriales y políticas (entre ellas el MIT) denuncian que el Estado de Chile ha utilizado la prisión política como un método para reprimir las protestas y para castigar a los manifestantes. Por su parte el gobierno de Sebastián Piñera niega rotundamente que esto sea así. ¿Quién tendrá la razón? Veamos…

Por Jose Villarroel

Por un lado

Durante este mes fue puesto en libertad Mauricio Cheuque, obrero de la construcción que estuvo en prisión preventiva durante 14 meses luego de ser detenido en una protesta en Noviembre del 2019. Se le acusaba de portar una bomba molotov, sin embargo, su familia defendía que fue un montaje por parte de carabineros. Finalmente, el tribunal lo absolvió de los cargos que se le imputaban. Imagínese estar casi un año y medio preso por una acusación que hizo carabineros y que ni ellos mismos pudieron comprobar. Casos así como el de Mauricio hay varios, hay cientos.

Por el otro

Recientemente se comunicó que rebajaron la sentencia de 11 años a 6 para John Cobin, ultraderechista que durante las protestas del 18 de Octubre le disparó a manifestantes. O el caso de Ponce Lerou, yerno de Pinochet, quién se le sancionó con una multa de 70 millones de dólares por el “Caso Cascada” (colusión financiera), sin embargo, posteriormente se le rebajó a sólo 3 millones. Esto le permitió ser actualmente la segunda más grande fortuna del país. O también el caso del carabinero que asesino a un malabarista hace unas semanas, quién no está en prisión sino que se encuentra con arresto domiciliario.

Cárceles para la juventud trabajadora y los pobres, impunidad para los ricos

Como se puede ver a través de estos casos, las leyes y la justicia en Chile no es imparcial, actúa de manera totalmente distinta a si el involucrado es un manifestante o un ultraderechista, si es un obrero o un empresario. En concreto, producto del 18 de Octubre hubieron 25.567 detenciones (cifra hasta el 31 de Marzo del 2020) en contextos de protestas, cerca de 500 victimas de trauma ocular y más de 40 personas asesinas por agentes del Estado.

El gobierno, el parlamento y los empresarios recurrieron a distintas vías para reprimir las protestas, una de esas fue la prisión preventiva. Por ejemplo, en su minuto se calculaba que habían alrededor de 2.500 manifestantes en prisión preventiva, de los cuales muchos se mantienen hasta el día de hoy y los que no, siguen con sus procesos abiertos con otras medidas cautelares (arresto domiciliario, arraigo nacional, etc.). Lo que hizo el Estado de Chile fue utilizar la herramienta legal de la prisión preventiva para recluir por motivos políticos a manifestantes, de hecho, en todo el país la población carcelaria en prisión preventiva aumento del 22% en 2007 al 36% pos estallido.

En resumen, dichas personas son presos políticos por qué el Estado de Chile los envío a prisión producto de sus posiciones políticas. Fueron detenidos y luego presos debido a que participaron en protestas en contra del gobierno, por rechazar el sistema de AFPs, salud y educación. Es más, los delitos por los cuales se le acusan son acciones legítimas que se dan en un contexto de  movilizaciones fuertemente reprimidas por la policía o las FFAA, como también se vieron también en Estados Unidos, Perú o Francia durante el 2020.

¿Por qué esto es así?

¿Por qué el ir a una protesta se corre el riesgo de perder un ojo, de ir detenido e incluso caer preso? ¿Por qué los carabineros pueden utilizar la violencia para reprimir las justas protestas? ¿Por qué si el pueblo recurre a la violencia para defenderse de la represión del Estado y Carabineros es considerado un crimen?¿Por qué los empresarios pueden cometer delitos sin arriesgar penas carcelarias?

Preguntas como estas y varias más surgen al ver la situación en Chile, pero estas tienen una respuesta, y ésta se encuentra al ver de quién es propiedad el país. En Chile (y en todo el mundo) vivimos en una sociedad capitalista: un modelo económico y político en donde existe una propiedad privada de los medios de producción, es decir, que un pequeño grupo de empresarios (por ejemplo, Luksic, Ponce Lerou, Matte o el mismo Piñera) son dueños o propietarios de las industrias, recursos naturales (como el cobre, agua, o bosques), bancos, AFPs, etc. Entonces ellos al ser propietarios del país, de su riqueza y recursos, tienen así el control del Estado, de las leyes y justicia, de las Fuerzas Armadas y Carabineros, de la salud y educación.

Esta es la raíz del problema, es por este motivo que la corrupción empresarial, el robo de las AFPs, salud y educación, la corrupción parlamentaria son prácticas “aceptadas” por el Estado chileno, mientras que el salir a protestar se convierte en un delito, ya que en el fondo salimos a protestar en contra de los negocios de los propietarios de la riqueza del país.

Es muy importante el tener claro este tema, ya que nos muestra el origen del por qué hay prisión política en el país: hay posibilidad de pena de cárcel para todo aquel que se manifiesta en contra de las brutalidades del sistema capitalista. Es por eso que desde el MIT defendemos acabar con la propiedad privada de los grandes empresarios, como la de los dueños de las mineras, bancos, AFPs. Es decir, recuperar lo que está en las manos de las 10 familias más poderosas y que sea la clase trabajadora la que tenga el control económico y político del país, y no los empresarios millonarios.

Por la libertad de los presos políticos

Por estos motivos que desde el MIT planteamos que en Chile hay presos políticos y que estos deben ser liberados inmediatamente. Creemos que salir a protestar por mejorar nuestras condiciones de vida no es un delito, no es un crimen exigir otro país con otra educación, con otro sistema de salud o pensiones. En ese marco, como se pudo observar a partir del 18 de Octubre, cuando se cuestionan los privilegios de los poderosos los altos mandos de las Fuerzas Armadas y Carabineros se cuadran con los parlamentarios, el Gobierno, e incluso con los empresarios para salir a reprimir las protestas, lo cual significo decenas de jóvenes, hombres y mujeres asesinados, cientos de traumas oculares y miles de detenciones y personas encarceladas. En ese sentido, creemos que los métodos de lucha utilizados (como las barricadas o la primera línea) son totalmente legítimos, ya que son mecanismos utilizados por la mayoría del pueblo para defenderse de la represión ejecutada por una minoría de la población. Por eso defendemos la libertad de todas las personas encarceladas por recurrir a métodos violentos durante las protestas, ya que son formas para autodefenderse de la brutal violencia del Estado.

¿La salida es el “indulto”?

Hoy por hoy, distintos parlamentarios (entre ellos del Frente Amplio y el PC) están impulsando un proyecto de ley de indulto a los presos. Sin embargo, esto es totalmente insuficiente ya que el indulto solo contempla a quienes ya están condenados por los cargos que se le imputan, y como se demostró con el caso de Mauricio Cheuque, él estuvo 14 meses preso sin juicio, es decir, sin estar condenado. La mayoría de los presos políticos hoy están sin condenas, por tanto, con este proyecto quedarían libres sólo una minoría. Además, con el indulto se libran de la condena, aunque no del delito, por lo que aún podrían tener problemas con la ley. Finalmente, la perspectiva de estos partidos es negociar este proyecto de ley con otros parlamentarios, lo cual quiere decir que le van a hacer unas modificaciones para promulgar un proyecto más “moderado”, en otras palabras, no será un indulto general, eso si el proyecto llega a ser aprobado, lo que es muy difícil que suceda.

No es casual que el Partido Comunista defienda como su estrategia para la situación de los presos políticos un proyecto que sólo libera a un sector minoritario de quienes están en esta situación, ni que deposite la confianza en el cuestionado Parlamento como la institución que vaya a lograr semejante tarea. Su candidato presidencial Daniel Jadue afirmó hace unos días que “condeno este y cualquier acto de violencia” haciendo referencia hacia las acciones de algunos manifestantes en enfrentamientos con carabineros. ¿Acaso Jadue no se da cuenta que el Estado reprime con extrema violencia las protestas? ¿Acaso no ve que la policía reprime porque el pueblo chileno salió a luchar contra el Gobierno? ¿No será más violento el mantener por la fuerza el gobierno de Piñera? ¿o el que nos obliguen a vivir con este sistema de AFPs, salud y educación?

Jadue y la dirección del PC se dan cuenta de todo esto, sin embargo, de fondo no tienen un proyecto para enfrentar la represión ni la violencia estatal. Y no es que no lo tengan porque les falta elaborarlo, sino porque esto no está en sus proyecciones políticas. Hace un tiempo, el mismo Jadue mencionaba que no está por acabar con la propiedad privada, es decir, que bajo su eventual gobierno permitiría que los grandes empresarios millonarios lo sigan siendo, por lo que su proyecto se limitaría a colocarles ciertas regulaciones. Siguiendo esta lógica, mientras los dueños del país sigan siendo un pequeño grupo de empresarios, seguirá existiendo (más temprano que tarde) la prisión política, porque se encarcelará a aquellas personas que salgan a protestar en contra de las situaciones de miseria que nos imponen a vivir el gobierno, el parlamento y los empresarios. Es por estos motivos que si seguimos la línea de la dirección PC es caminar hacia el fracaso. El PC cada vez más va hacia la derecha para que un posible gobierno de Jadue sea aceptado por los sectores más reaccionarios de la burguesía.

Entonces… ¿cómo liberarlos?

Se viene la Convención Constituyente, creemos que el primer día se debe votar una amnistía general, es decir, que se libere a todos los presos políticos del estallido social y de antes de él, e incluso a los presos políticos mapuches. Defendemos una Amnistía ya que incluye a todos los procesados, incluso sin necesidad que estén condenados, por tanto, incluiría a quienes están en prisión preventiva u otras medidas cautelares, y también eliminaría el delito por el cual se les imputa.

Sin embargo, somo claros y sabemos que la mejor herramienta que tenemos para liberar a los presos políticos es la fuerza del pueblo manifestada en las protestas. Por ejemplo, el retiro del 10% de las AFPs o la misma Convención Constituyente fue producto de la presión ejercida por la fuerza de la movilización. Tenemos que fortalecer el movimiento que existe por la liberación de los presos políticos, llevar esta discusión a todos los territorios y lugares de trabajo. Debemos exigir de las Centrales Sindicales, Federaciones y sindicatos que discutan este tema en las asambleas de trabajadores, huelgas y negociaciones colectivas. Debemos emplazar a todos los candidatos constituyentes a que se pronuncien sobre el tema. ¿Tienen acuerdo en fortalecer la movilización por la liberación de los presos políticos? ¿Se comprometen a aprobar un proyecto de Amnistía General el primer día de la Convención Constituyente? Desde el MIT y nuestra candidatura por el Distrito 8, de la compañera María Rivera, estamos comprometidos más que nunca con esta lucha.