¡Cese a la represión! ¡No a la criminalización de la protesta! ¡Abajo la dictadura madurista!

La rebelión popular del pasado lunes 29 de julio de 2024, fue respondida por el dictatorial gobierno de Maduro con una brutal represión, que hasta ahora no cesa.

Por Leonardo Arantes – Unidad Socialista de los Trabajadores

Así pues, ante el conjunto de masivas movilizaciones, donde, sin esperar ninguna convocatoria de la dirigencia política de la oposición burguesa, el pueblo trabajador, los habitantes de los sectores populares y la juventud, salieron a manifestar su indignación y rechazo contra el fraude anunciado por el pro oficialista Consejo Nacional Electoral (CNE). Maduro y su gobierno han desatado una brutal escalada represiva que, según cifras de la organización Foro Penal, ha dejado un saldo de más de 1400 detenidos por protestar y más de 25 fallecidos. Mientras que el mismo gobierno alardea de más de 2400 detenidos, con la clara finalidad de sembrar terror entre la población trabajadora y humilde.

¿La escalada represiva, contra quien va dirigida y cuáles son sus objetivos?

Una característica resaltante de esta ofensiva represiva, es el hecho de estar dirigida principalmente contra los sectores populares, más del 95% de los detenidos provienen de los barrios y sectores populares del país, que espontáneamente se movilizaron durante el día lunes 29 de julio y parte del martes 30 de julio de 2024; y donde el gobierno, haciendo uso de la llamada Guardia Nacional Bolivariana (GNB), la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y sus aparatos parapoliciales conocidos como “colectivos”, irrumpió con crueldad inusitada, asesinando, hiriendo, disparando a diestra y siniestra, deteniendo personas e incluso allanando viviendas sin ningún tipo de orden judicial.

Esto deja claro, en primer lugar, el carácter de clase del gobierno y de su represión, pero además también el objetivo de sembrar pánico y terror entre la clase trabajadora y los habitantes de los sectores populares, a fin de evitar cualquier atisbo de protesta proveniente desde estos sectores, tanto contra el descarado fraude electoral, como por salario, otras condiciones laborales, servicios públicos y condiciones sociales de vida.

Desde la Unidad Socialista de los Trabajadores (UST), defensores como somos del derecho a la protesta y de las libertades democráticas de conjunto, denunciamos esta escalada represiva del gobierno, sus pretensiones de criminalizar la protesta popular, así como las miles de detenciones arbitrarias acometidas. Señalamos categóricamente que los heridos, lesionados y los asesinatos; perpetrados por la Guardia Nacional, la Policía Nacional y los cuerpos parapoliciales, son responsabilidad absoluta del gobierno dictatorial de Maduro.

Exigimos el cese inmediato de la represión, de la criminalización de la protesta popular, laboral y social, la libertad de los miles de manifestantes presos por protestar, así como el cese de los abusos, atropellos y el terror contra las comunidades, por parte de los cuerpos militares (GNB), policiales y parapoliciales.

la razzia represiva no cesa

Pasadas poco más de dos semanas de las protestas populares del 29 de junio, la razzia represiva del gobierno no cesa, adquiriendo ahora características más selectivas. Sin cesar el terror impuesto por cuerpos policiales y parapoliciales en las calles de las principales ciudades del país, pero principalmente en los barrios populares; la grosera actuación represiva, incluye, además, la anulación y/o cancelación de pasaportes a personas defensoras de derechos humanos, periodistas y activistas, tanto dentro como fuera de Venezuela, así como también la detención y desaparición de estos.  

Igualmente, detenciones, secuestros y desapariciones de dirigentes políticos, sindicales y sociales opositores; cabiendo señalar que posteriormente se le aperturan y llevan procesos judiciales, en los cuales carecen de derecho a la defensa y donde además se les priva a los familiares del derecho de verlos e incluso de saber dónde se encuentran recluidos los detenidos; a esto se añaden, amenazas y amedrentamientos contra ciudadanos civiles quienes se ven obligados a resguardarse o a pensar en el exilio forzado para preservar su vida y libertad.

De igual manera, comprende violaciones a la libertad de expresión y el derecho a la información, contra manifestantes, usuarios de redes sociales (RRSS) y la prensa independiente, anuncios (y concreción) de medidas de bloqueos a redes sociales como X (en primera instancia durante 10 días), sistemas de mensajería digital como Signal, aunado a anuncios y llamados por parte de Maduro de boicot a Whatsapp, como un posible paso previo para su bloqueo, entre otros. Además de la implementación de la odiosa y macabra “operación tun tun”; consistente en la práctica de delación y posterior captura de personas que expresen su oposición al gobierno, bajo el argumento de “instigación al odio”.

A todo esto, se agregan, los anuncios de aprobación de nuevas leyes represivas, para “regular”, limitar y/o directamente cercenar el uso de determinadas aplicaciones web y redes sociales. Leyes que vendría a sumarse a toda una legislación autoritaria y represiva ya existente, como los son las denominadas “Ley contra el odio”, Ley antibloqueo” y “Ley contra el fascismo, neofascismo y otras expresiones similares”.

Otro anuncio del gobierno, en esta deriva represiva, ha sido de la reinstauración de la antigua práctica de los trabajos forzosos, principalmente para la construcción de cárceles, más exactamente de nuevas instalaciones, en los conocidos penales de Tocuyito y Tocorón (en los estados Carabobo y Aragua respectivamente), en un lapso de tiempo brevísimo, para lo cual además están trasladando trabajadores (bajo el ofrecimiento de remuneraciones de hasta 500$), con la finalidad de recluir en ellas a los manifestantes, detenidos por protestar, y activistas opositores, bajo las acusaciones de terrorismo, conspiración, instigación al odio e igualmente cualquier otro delito (incluso delitos comunes), que el gobierno tenga a bien imputarles.

Además, hay que agregar la coacción, el chantaje, las amenazas de despidos y la materialización de estos en empresas estatales y organismos públicos, contra trabajadores por “deslealtad”, entendida esta como la acción de no haber ido a votar por el gobierno, haber votado en contra del mismo, o recibir, difundir y mantener en sus celulares u otro dispositivo electrónico contenido no favorable al gobierno.

Se conoce de más de cien trabajadores despedidos en el canal de televisión estatal Venezolana de Televisión (VTV) y al menos, 32 trabajadores (de los que se tiene conocimiento), en las distintas áreas de la estatal petrolera Petróleos de Venezuela (PDVSA). Estos despidos se ordenan luego de abusivas revisiones a las computadoras, tablets y celulares de los trabajadores, sus estados y grupos de Whatsapp, Telegram y publicaciones en cualquier red social.    

La UST, repudia la implementación de todas estas prácticas arbitrarias, autoritarias y violatorias de los más elementales derechos democráticos, políticos y humanos.

La inconsecuencia de la oposición burguesa ante la represión

Acá consideramos preciso denunciar la inconsecuencia de la oposición burguesa, encabezada por María Corina Machado (MCM) y Edmundo González Urrutia (EGU), para denunciar y enfrentar la represión desatada contra los sectores populares por la dictadura madurista. Siendo que, mientras esta última, lleva adelante toda una ola de abusos y atropellos con inusitada violencia contra los sectores populares, la juventud y la población trabajadora habitante en los mismos; la dirigencia opositora sólo se limita a hacer llamados generales a que “no siempre hay que estar en la calle” a “cuidarnos unos a otros” a “actuar con inteligencia”, así como a hablar de “tener confianza” y de “pausas operativas”. Ningún llamado a movilizar de conjunto para enfrentar la represión contra los sectores populares.

A la vez que sólo denuncian, hacen declaraciones y visibilizan el caso, durante las primeras horas o días cuando es detenido alguno de sus dirigentes, mientras que la represión contra los sectores populares solo se limita a mencionarla cuando son instados a ello o demagógicamente durante las movilizaciones que, como las de este 17/08/2024, convocan para presionar en favor de su táctica de negociación y presión internacional.

En una de sus declaraciones, MCM, hizo un tibio llamado a las fuerzas armadas a no reprimir, sin ninguna denuncia contundente contra la actuación represiva de este estamento, cuya cúpula privilegiada, devenida en boliburguesía a partir de su vinculación en negocios legales e ilegales amparados por el Estado, constituye el punto más fuerte del apoyo a Maduro. Esto, se explica por el interés de la dirigencia opositora de evitar entrar en conflicto con una institución que al final de cuentas, constituye el sostén fundamental del Estado, y que un eventual gobierno suyo, planea dirigir con la misma lógica que hoy lo hace el gobierno de Maduro. 

Organización obrera y popular, democrática y unidad de acción para defendernos y derrotar la represión

Es por esto que, desde la UST, consideramos que, es necesario o mejor dicho urgente, que los sindicatos y organizaciones independientes; barriales, vecinales, populares, democráticas, estudiantiles, políticas, entre otras nos juntemos y organicemos de manera amplia, unitaria, autónoma y democrática para preparar la defensa contra la represión y derrotarla.

Creemos pertinente construir la más amplia unidad de acción de todos los sectores democráticos, luchadores, populares, estudiantiles y obreros, para desde los barrios discutir y emprender las acciones para, principalmente defendernos de la represión, protegernos y enfrentar los abusos policiales y parapoliciales, así como construir amplias movilizaciones que sean capaces de derrotar la razzia represiva. Por último, exhortamos a la tropa, a organizarse para impedir los abusos de la oficialidad y para no reprimir al pueblo pobre y trabajador manifestante, del cual ellos mismos provienen, a la vez que llamamos a esos trabajadores, sectores oprimidos y habitantes de los sectores populares, a establecer un diálogo con sus familiares en la tropa de las FF.AA. y la policía, para sensibilizarlos, y así contribuir a que se organicen contra los abusos de los oficiales (medios y altos mandos principalmente) y contra la represión.