Acuerdos de La Habana: los 6 puntos del acuerdo y los planes reales del gobierno
Para comprender el contenido real de los acuerdos de La Habana, es preciso ver cómo encajan los seis puntos con los planes del gobierno, el imperialismo y los capitalistas, para los próximos años. De lo contrario sucede lo mismo que con la Constitución de 1991, en donde dice que se garantizan los derechos de los trabajadores y la población, pero al mismo tiempo ha sido el instrumento para expropiarnos los derechos con los planes neoliberales.
Por: PST- Colombia
El político socialista francés del siglo XIX, Fernando Lasalle, sustentó que los países tienen dos constituciones: la real, que es la que se aplica, y la de papel, que es la que está escrita. La de papel en general tiene frases muy bonitas, pero es contradictoria. Por ejemplo, la Constitución colombiana dice: “Artículo 25. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas”. Esto es lo que dice en la Constitución de papel, pero en la real ese derecho no existe. De lo contrario no habría desempleo, ni la tercerización laboral. Así sucede con todos los derechos: con la salud, la educación, la vivienda, los servicios públicos, etcétera.
Los acuerdos de La Habana tienen la misma lógica de la Constitución Política. Una cosa es lo que está en el papel y otra muy distinta será lo que se aplique en la realidad. Por eso es importante interpretar cada uno de los puntos teniendo en cuenta el contexto más general de los planes del gobierno para cada uno de los temas que están en los acuerdos y encontrar los límites a quienes benefician.
Acuerdo 1- La Reforma Rural Integral es una ilusión, la Ley Zidres es el plan real
El punto 1 del acuerdo está lleno de palabras y frases bonitas como igualdad, dignidad, amplia participación de las comunidades, asegurar la alimentación y la nutrición, bienestar y buen vivir de la población rural, formalización y distribución equitativa, etcétera. Además se formulan varios planes:
Planes de acción para la transformación regional, Plan Nacional de Vías Terciarias, Plan Nacional de Riego y Drenaje para la economía campesina, familiar y comunitaria, Plan Nacional de Electrificación Rural, Plan Nacional de Conectividad Rural, Plan Nacional de Salud Rural, Plan Especial de Educación Rural, Plan nacional para la promoción de la comercialización de la producción de la economía campesina, familiar y comunitaria, Plan progresivo de protección social y de garantía de derechos de los trabajadores rurales.
Pero si analizamos el plan real de modernización del campo, contenido en la Ley 1776 de 2016, conocido como Zonas de Interés de Desarrollo Rural Integral (Zidres), descubriremos que todo lo prometido en los acuerdos de La Habana quedará en buena medida en el papel, porque el gobierno tiene es a las Zidres como el plan estratégico para resolver el problema de la tierra a favor de las multinacionales, los terratenientes y los empresarios.
La realidad es que el gobierno presenta dos planes: la Reforma Rural Integral (RRI) para ilusionar al campesinado pobre, y la Ley Zidres para resolver el problema de la tierra por la vía de la concentración en unos pocos.
Para la Reforma Rural Integral los acuerdos dicen que se creará un Fondo de Tierras de 3 millones de hectáreas durante los próximos 10 años. Pero muchos analistas sostienen que sólo habrá posibilidades de 1 millón cien mil hectáreas.
También dice que se legalizarán 7 millones de héctareas, pero mucha de esa tierra es la que se han apoderado los empresarios, las multinacionales y los terratenientes mediante el despojo. Sólo veamos un caso. El representante a la Cámara, Wilson Arias, le envió una carta al banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo donde entre otras cosas le manifiesta: «¿Bajo qué consideraciones usted… se cataloga como campesino pobre y por tanto sujeto del derecho a acceder a baldíos de la nación?… he constatado que más de 13 mil hectáreas, la mayoría proveniente de procesos de reforma agraria (entregada a campesinos) en los municipios de Puerto Gaitán y Puerto López en el Meta, son ahora de su propiedad.» También hay denuncias de otros, como Francisco Santos y Álvaro Uribe, que se han apoderado de miles de hectáreas.
En todo caso la Ley Zidres tendrá 7 millones de hectáreas. Es decir, que el plan fundamental sobre el agro es con esta ley.
Si tenemos en cuenta que al campesinado pobre le fueron expropiadas más de 10 millones de hectáreas, con la Reforma Rural Integral, que es el plan del acuerdo de La Habana, sólo le darían la posibilidad de recuperar una pequeña parte. Lo que significa que se consolidaría el despojo de más de 7 millones de hectáreas. La mayor parte de esta tierra es la que despojaron al campesinado pobre los empresarios, los terratenientes, los ganaderos y las multinacionales, utilizando el paramilitarismo.
Por una reforma agraria democrática y radical
El programa de las Farc era por una reforma agraria democrática. Lo que está consignado en el acuerdo de La Habana no tiene nada que ver con ese programa. Las Farc renunciaron a él. Pero el problema de la distribución de la tierra sigue pendiente. La estrategia del gobierno es resolverlo por la vía reaccionaria de la concentración con los proyectos agroindustriales de las Zidres. Allí los campesinos pobres no tendrán tierra. Lo máximo que les ofrecerán será empleo. Se convertirán en trabajadores precarizados bajo la modalidad de la tercerización al servicio de la gran agroindustria y la minería, además con nefastas consecuencias para el medio ambiente.
Contra ese programa del gobierno de concentración de la tierra, los socialistas levantamos como programa una reforma agraria democrática y radical, donde se expropie a los terratenientes, a los empresarios y a las multinacionales, se le entregue tierra gratuita al campesino pobre, a las comunidades indígenas y afro los territorios que reclaman, otra parte que sea explotada mediante cooperativas y el resto que sea estatizada y explotada industrialmente.
Acuerdo 2- Participación política: garantías de papel
El acuerdo número 2 pactado por el gobierno de Santos y las FARC en La Habana tiene como título “Participación política: Apertura democrática para construir la paz”. Sólo veintiocho páginas, de las casi trescientas de los acuerdos, están dedicadas al tema. Es significativo que se hable de “apertura democrática”: es el eufemismo que se utiliza para evitar reconocer que el régimen político colombiano, sus instituciones y la práctica histórica de las clases dominantes, han sido autoritarias, represivas, criminales y genocidas. Así han impedido que las organizaciones sociales y políticas que han enfrentado al régimen puedan ejercer los más elementales derechos a la organización colectiva, la protesta de masas o la participación efectiva en los procesos electorales.
Pero, a pesar de que ese régimen autoritario ha sido una de las principales causas para que diversas organizaciones político-militares se levantaran en armas, los acuerdos Santos-FARC se reducen a promesas de reformas que pasarán por el Congreso de la República, una de las instituciones del régimen más desprestigiada y corrupta, producto del clientelismo y un sistema electoral excluyente, hoy totalmente subordinado al Ejecutivo por la hegemonía de la Unidad Nacional. Las pocas garantías acordadas serán para los comandantes de las FARC y el movimiento político que constituyan al integrarse a la actividad política legal. Los trabajadores y los pobres muy poco podemos esperar de esta parte de los acuerdos.
Votos a cambio de balas
Después de señalar que “es necesario garantizar el pluralismo facilitando la constitución de nuevos partidos y movimientos políticos que contribuyan al debate y al proceso democrático, y tengan suficientes garantías para el ejercicio de la oposición y ser verdaderas alternativas de poder” el acuerdo se limita a vagas promesas de “revisión del sistema electoral”, y a ofrecer que “los territorios más afectados por el conflicto y el abandono, en una fase de transición, tengan una mayor representación en el Congreso de la Republica para asegurar la inclusión política de esos territorios y sus poblaciones, así como la representación de sus intereses”. Léase: las zonas del país donde las FARC han tenido influencia político-militar tendrán una circunscripción especial para elegir un mayor número de parlamentarios.
A cambio de la paz territorial para sus negocios, la burguesía y el imperialismo le ofrecen a las FARC ventajas para que se consolide como opción electoral: votos a cambio de balas.
Estatuto para la oposición
En los acuerdos Santos-FARC vuelve a repetirse una promesa hecha hace un cuarto de siglo cuando se pactó la Constitución del ’91: “Para los partidos y movimientos políticos que se declaren en oposición las garantías estarán consignadas en un estatuto para su ejercicio, mientras que para las organizaciones y movimientos sociales y populares antes mencionados es necesario, no sólo garantizar el pleno ejercicio de derechos y libertades, incluyendo el de hacer oposición, sino también promover y facilitar los espacios para que tramiten sus demandas.” No hay ninguna garantía de que en el Congreso de la República se expida un Estatuto que elimine lo actuales requisitos que obstaculizan la participación electoral a la mayoría de los colombianos. Lo único efectivo serán algunos privilegios electorales para las FARC. Pero se busca asimilar a otros sectores: “Tras la firma del Acuerdo Final, los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, serán convocados en una Comisión para definir los lineamientos del estatuto de garantías para los partidos y movimientos políticos que se declaren en oposición. Adicionalmente, se convocarán a la Comisión las siguientes agrupaciones políticas representativas de oposición: Marcha Patriótica y Congreso de los Pueblos, así como a dos expertos delegados por las FARC-EP. (…) Sobre la base de estos lineamientos el Gobierno Nacional elaborará un proyecto de ley…” Nada nuevo bajo el sol.
Es evidente que para lograr verdaderos cambios es necesaria la movilización obrera y popular. Un primer paso en esa dirección es escribir en la papeleta el día de la votación del plebiscito para refrendar los acuerdos:¡Exijo una Asamblea Constituyente!. Es la única alternativa en ese terreno para no caer en la trampa del SÍ de Santos o el NO de Uribe.
Por plenas libertades de expresión, organización y movilización
Plenas libertades democráticas significa que todas las organizaciones políticas tengamos acceso a Periódicos, radio y televisión en igualdad de condiciones para todas las expresiones políticas. Plena libertad de organización sindical y popular. Consejos estudiantiles con capacidad decisoria y de veto sobre las autoridades académicas en colegios y universidades. Elecciones directas de todas las autoridades académicas en planteles y universidades. Libertad de organización sindical de soldados y policías. Derecho a deliberar, elegir los superiores y a desacatar las órdenes que vayan contra la población. Disolución de los ejércitos profesionales de mercenarios. Servicio militar obligatorio sin excepción para todos los físicamente hábiles, sin distingo de sexo, clase o raza. Posibilidad plena de adiestramiento militar en las fábricas, instituciones educativas, de trabajo y de vivienda. Nuestra lucha no es contra el ejército sino por el ejército. Llamamos a la base popular del ejército a no reprimir las luchas de sus hermanos de clase y a pasarse de su lado en los enfrentamientos decisivos de la lucha de clases. Pleno derecho de los trabajadores, los campesinos y los indígenas a conformar organizaciones de autodefensa cuando se sientan amenazados por las bandas paramilitares o por la represión oficial indiscriminada. Derecho a la intimidad. Cárcel para los funcionarios que ordenen, autoricen o practiquen cualquier forma de violación a la intimidad individual, tales como vigilancia indebida, interceptación de las comunicaciones o violación de domicilio.
Acuerdo 3 – Fin del Conflicto. Cese al fuego y dejación de armas
En el punto 5 se acuerda el llamado “Cese al fuego y hostilidades bilateral y definitivo” que consiste en el fin de los combates y acciones militares, por parte de las FARC, y los ataques y la persecución militar por parte del gobierno a esta guerrilla. Tras el cese al fuego, el acuerdo traza un proceso de concentración de las tropas guerrilleras en las llamadas Zonas Veredales Transitorias de Normalización, en las cuales se dará el proceso de entrega de armas a la ONU y las medidas iniciales de reintegración de los combatientes
Las FARC terminaron aceptando la entrega de su armamento a la ONU sin más condición que destinarlas a la construcción de tres monumentos. Al ingreso en las Zonas Veredales, las armas serán registradas y paulatinamente entregadas a los observadores de la ONU quienes custodiarán el armamento que se guardará en contenedores espaciales dispuestos para tal fin.
Como proceso paralelo a la entrega de armas se acordaron varios mecanismos para la reincorporación de los combatientes de las FARC a la “vida civil”. En ese marco se acordó el tránsito de las FARC a un partido político legal, con garantías extraordinarias para dicha organización. Esta contará con personería jurídica, financiación estatal y la posibilidad de apoyo extranjero por la vía de agencias de cooperación. Además contará con financiación estatal anticipada para participar en los procesos electorales de 2018 y 2022. Este partido contará también con garantías especiales para que en las elecciones a Cámara y Senado, tengan 10 cupos. Adicional, desde la entrada en vigencia de los acuerdos, la nueva organización designará seis voceros (tres para Senado y tres para Cámara de Representantes) que participarán con voz y sin voto en las deliberaciones de toda la legislación relacionada con los acuerdos de paz.
En lo económico cada integrante de las FARC recibirá directamente, al terminarse la concentración en las Zonas Veredales, dos millones de pesos y tendrán derecho a un apoyo de ocho millones de pesos para desarrollar proyectos productivos, una renta mensual por dos años que equivalente al 90% del salario mínimo y el pago de seguridad social a cargo del Estado. Todos estos recursos serán administrados bajo la modalidad de fiducia por un Fondo para la ejecución de programas y proyectos del proceso de reincorporación económica y social llamada Ecomúm.
Para garantizar la seguridad del proceso se acordó el compromiso del gobierno para el desmantelamiento de las organizaciones paramilitares, las llamadas Bacrim, y de cualquier expresión criminal que pongan en peligro la implementación de los acuerdos. En este punto las Farc se comprometen con el gobierno a impulsar un “Pacto Político Nacional” con partidos y organizaciones gremiales, sindicales y sociales, “para que nunca más se utilicen las armas en la política”. Si bien el punto va enfocado al compromiso de prohibición y condena al paramilitarismo, el hecho de que las Farc llamen a toda la población a respetar “el monopolio legítimo de la fuerza y del uso de las armas por parte del Estado en todo el territorio”, termina negando el legítimo derecho de la población, de los campesinos pobres, de los indígenas y de los trabajadores a defenderse, incluso con las armas, contra los que históricamente los han masacrado: los terratenientes y los capitalistas del campo y la ciudad que aún hoy asesinan, desplazan, torturan y amenazan.
El paramilitarismo y la amenaza de asesinatos a los militantes de las Farc, ahora en la legalidad, no se acabarán con promesas de promoción de los derechos humanos y de la reconciliación. En el punto 5 se termina garantizándo la impunidad a los terratenientes, empresarios, militares y paramilitares quienes seguirán actuando violentamente contra quien se interponga en sus planes de explotación y despojo, como lo viene demostrando el asesinato sistemático de quienes intentan retornar a sus tierras y de sindicalistas, activistas de derechos humanos y dirigentes campesinos e indígenas. Por lo anterior, los socialistas propusimos que a cambio de entregar las armas a la ONU fueran entregadas a los palestinos, quienes tienen que enfrentar al Estado sionista de Israel.
Acuerdo 4 – Solución al problema de las drogas ilícitas
Los llamados cultivos ilícitos tienen varias décadas, tanto como el conflicto armado, y en un momento la guerrilla terminó involucrada en ese negocio. Por la demanda de estas sustancias en Estados Unidos, principalmente, y en Europa, el negocio se fue tornando, en el terreno capitalista, como muy lucrativo, por lo cual se fue ampliando el número de personas, sobre todo campesinos, que se dedicaron a su cultivo y producción, generando una amplia colonización de tierras en zonas inhóspitas, pero sobre todo muy pobres y carentes de condiciones de acceso geográfico y de servicios.
Sobre este tema el acuerdo señala que: “Para contribuir al propósito de sentar las bases para la construcción de una paz estable y duradera es necesario, entre otros, encontrar una solución definitiva al problema de las drogas ilícitas, incluyendo los cultivos de uso ilícito y la producción y comercialización de drogas ilícitas”.
En el acuerdo se contempla centralmente tres temas: sustitución de cultivos, el problema del narcotráfico, y la salud pública para el manejo del consumo. Fundamenta su nueva visión en los consensos con las comunidades de los territorios afectados, en planes y programas de reforma rural integral con sustitución voluntaria de cultivos, en el manejo diferenciado entre consumo y producción, en mecanismos de control y combate al narcotráfico como la extinción de dominio y la no aceptación de dineros provenientes del negocio. Además una conferencia internacional para evaluar la política antidrogas.
¿Qué posibilidades de ejecución tiene este acuerdo?
Un productor vende el kilo de Cocaína en 700 dólares, en el siguiente paso, todavía en Colombia, se cotiza entre 1.700 y 2.000 dólares. En Panamá el precio es ya de 2.500 dólares. Al final de la cadena, un kilo de cocaína pura, que en un principio en Colombia se vendió en 700 dólares, se vende a 30.000 dólares en el mercado estadounidense. ¿Qué negociante de lo ilícito se va a negar a esa posibilidad? Por esta razón, si las condiciones sociales de los campesinos no se resuelven favorablemente, la voluntad de sustituir cultivos será mínima.
Por otra parte, la Reforma Rural Integral, acordada en el acuerdo, está atravesada por la política del gobierno de la creación de Zonas de Desarrollo Rural (Zidres), enfocadas en la agroindustria, que además facilita el monopolio de la tierra para los grandes empresarios, los terratenientes y las multinacionales.
Como parte de la política antidrogas, se han creado organismos nacionales y multilaterales para su combate, los cuales reciben millones de dólares de presupuesto y derivan su existencia del problema del narcotráfico. Se requiere más que voluntad en una conferencia internacional para resolver esta situación.
Por supuesto que los problemas de consumo son de manejo de salud pública y el Estado debe garantizar atención efectiva e integral a los adictos. Para ello se requiere de una política pública de atención en salud, pero también de posibilidades de existencia, de trabajo y de desarrollo humano. Hasta ahora la política definida es la de garantizar las ganancias de los empresarios mercaderes de la salud y la de diáspora de los adictos para “recuperar” zonas urbanas con proyección capitalista (como en el “Bronx” en Bogotá).
“El simple hecho de que sea una de las pocas ramas de la economía que, precisamente por su carácter ilegal, aún ofrece la posibilidad de una acumulación originaria suficiente para competir en el mercqado mundial convierte al narcotráfico en una actividad económica atractiva y difícil de reglamentar o erradicar” (Crisis del capitalismo y tareas de la revolución socialista en Colombia, Bogotá, 2009).
Para una solución de fondo es necesaria la legalización del consumo, la producción y el mercadeo de estas sustancias sicotrópicas, así como hoy es legal el consumo, la producción y el mercadeo del alcohol y el tabaco. Eso permitirá que deje de ser un negocio tan rentable para los grandes narcotraficantes, que además deja miles de muertes y masacres por el control del negocio, y mafias que degradan a los consumidores convirtiéndolos en indigentes muertos en vida. Además la legalización dejará de ser un pretexto para la intervención militar y política del imperialismo en los países productores. La legalización debe estar acompañada con una campaña para desestimular el consumo, y el Estado debe hacerse cargo de la rehabilitación de la población adicta.
Acuerdo 5 – Acuerdo sobre las víctimas del conflicto: pacto de impunidad
Reconocemos que el conflicto armado que se convirtió en una guerra de aparatos, tuvo sus orígenes en el conflicto social y la lucha por la tierra. Por ello, estamos en contra de que los insurgentes comparezcan ante el sistema judicial y a favor de la amnistía. Para el caso de los crímenes que cometieron contra la población y el movimiento social, es a este al que deben dar cuentas sobre su accionar.
Sin embargo, la tradición de los grupos armados que se desmovilizan es que se acojan a leyes de indulto y amnistía, para su reincorporación al régimen. Los Acuerdos entre las FARC y el Gobierno no difieren de esta tradición, lo grave es que extienden estas normas de justicia transicional a todos: a paramilitares, militares, agentes estatales y financiadores del paramilitarismo.
El Acuerdo sobre Víctimas permitirá la impunidad para los paramilitares, los empresarios que los financiaron y los agentes estatales que los promovieron. Así, el Acuerdo se convierte en un pacto de impunidad. Este Acuerdo contempla dos componentes: Jurisdicción Especial para la Paz y Derechos Humanos.
Jurisdicción Especial para la Paz
Este espacio de justicia transicional hace parte del llamado Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que tendría una Comisión cuya función será el esclarecimiento de la verdad con el fin de “promover el reconocimiento de las víctimas y de las responsabilidades de quienes participaron directa e indirectamente en el conflicto armado; y promover la convivencia en los territorios para garantizar la no repetición”. El Sistema tendrá además una Unidad Especial para Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Jurisdicción Especial para la Paz.
Recientemente, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá dio a conocer un informe en el que se identifican más de 57 empresas ganaderas, mineras, petroleras, bananeras y palmicultoras, que financiaron grupos paramilitares. En mayo de 2015, el Tribunal Superior de Justicia y Paz de Medellín, en sentencia contra el paramilitar Salvatore Mancuso, ordenó a la Fiscalía investigar al sector ganadero y en la actualidad hay más de 12 mil empresarios que tienen procesos abiertos por financiar el paramilitarismo.
Postobón, Chiquita Brands, Ecopetrol, Drummond, Coca Cola, Argos, Indupalma, Leonisa son algunos de los nombres que hacen parte de la lista de empresas que financiaron el terror sobre la población y agredieron a la clase trabajadora y el movimiento social a los largo de más de tres decenios, dejando como saldo 4.744.746 personas desplazadas, 25.007 desaparecidas y 218.094 asesinadas entre 1958 a 2012, el 81% de ellas civiles, según informes del Centro Nacional de Memoria Histórica.
Derechos humanos y reparación integral
El otro aspecto del Acuerdo es el tema de derechos humanos y la reparación integral a las víctimas, que no va más allá de la Ley 1448, conocida como Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Esta norma creó dos entidades que debían encargarse de estos temas con un balance negativo hasta el momento, pues fueron creadas para hacer esta tarea en diez años y al cumplir la mitad del mandato de la Ley, no ha llegado aún a la décima parte de los objetivos que se propuso.
Para que tengamos una idea del despojo de tierras, el Ministerio de Agricultura reconoce que para 2010 eran 8,3 millones de hectáreas abandonadas forzosamente, faltando por revisar el 80% de los registros de víctimas. Hasta el momento, solo han sido restituidas 100 mil hectáreas por acción de la Unidad de Tierras y de las sentencias de los jueces.
En cuanto a la Unidad de Víctimas, hasta el momento se han indemnizado aproximadamente 560 mil personas de un registro que asciende a 9 millones, con sumas que en promedio son de 11 millones de pesos, que por vía judicial estaría en un promedio de 120 millones de pesos.
No a la impunidad del paramilitarismo
Por todo lo anterior, votar positivamente por estos acuerdos es votar por este pacto de impunidad. Los revolucionarios estamos de acuerdo en el derecho de los insurgentes de tener procesos de indulto y amnistía, pero estamos en contra de que se extienda a militares, paramilitares y empresarios que sembraron el terror en los campos y ciudades.
La impunidad al paramilitarismo es la impunidad de la burguesía y los terratenientes que lo utilizaron como principal estrategia de contención de la lucha social, que desplazaron y asesinaron a trabajadores, campesinos, docentes, estudiantes, comunidades negras e indígenas, organizaciones de mujeres, defensores de derechos humanos y líderes sociales, por más de medio siglo.
Un programa contra el genocidio
Reapertura de todos los casos de masacres y asesinatos individuales de dirigentes y activistas sindicales, campesinos, estudiantiles y populares. Conformación de un tribunal que represente a todos los sectores de las víctimas de la violencia estatal y paramilitar para que juzgue y sentencie a los responsables. Que las victimas acusen, prueben, juzguen y condenen. Por el derecho de los trabajadores, los campesinos y los pobres a organizar y centralizar mecanismos de autodefensa para combatir a las bandas de asesinos que no cesan en su accionar. Abajo el monopolio de las armas por parte de los asesinos estatales y paraestatales. Derecho a conocer la totalidad de la verdad por parte de las víctimas de la violencia militar y paramilitar y reparación integral por los daños sufridos.
Acuerdo 6 – Implementación, verificación y refrendación
Lo bueno, lo malo y lo feo
Lo bueno
-El último acuerdo, conocido como punto 6, fue uno de los recientemente acordados y de los más importantes para aquellos que andan preocupados por si las Farc sí se van a desmovilizar de verdad, o si de veras van a entregar las armas. La respuesta es sí: sí se van a desmovilizar de verdad, y no conservarán las armas; las Farc como guerrilla desaparecen para siempre del espectro de la izquierda colombiana, para convertirse en un grupo o partido legal. Así lo garantizan las comisiones y mecanismos de verificación con delegados nacionales de ambas partes y delegados internacionales.
-También está previsto identificar las necesidades y particularidades de las mujeres, los niños y grupos étnicos, aunque los proyectos o medidas específicas aún son nombres sin contenido.
-Se incluye una unidad de investigación sobre el paramilitarismo que si bien no es garantía es un compromiso público del gobierno.
-Hay un compromiso bilateral de desminado y de restitución de territorios a algunas comunidades indígenas.
Por eso no se puede votar NO
Lo malo y lo feo
-La financiación está sujeta a un plan aprobado por Conpes, en El Socialista, edición 703, ya explicábamos que el Plan del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) incluye más de 1.200 proyectos, la mayoría de construcción de infraestructura (en beneficio de las empresas constructoras que además podrán pagar menos impuestos o no pagarlos), y planes de microcrédito para los pobladores (endeudamiento de los pobres en beneficio de los bancos) que aspira a endeudar a medio millón de campesinos.
-El acuerdo dice textualmente que “Se promoverá la participación del sector empresarial en la implementación de los acuerdos para contribuir a garantizar la productividad”, eso quiere decir, ni más ni menos que la implementación garantizará las ganancias de las empresas privadas y el beneficio a los más ricos, no sólo su parte en el pastel sino la garantía de que no se pondrán en riesgo sus intereses.
-También “estimularán la recepción de fondos procedentes de la cooperación internacional”, con lo cual se incentiva la injerencia imperialista sobre el país, no solo desde el punto de vista económico sino político, porque recordemos que quien pone el presupuesto pone las reglas.
-Si bien el acuerdo repite varias veces que se protegerán los derechos y que “en ningún caso la implementación de los acuerdos irá en detrimento de los derechos de los pueblos étnicos”, varias organizaciones indígenas se han manifestado en contra de la forma como se relacionaría la justicia especial con la justicia indígena, dado que los indígenas podrían comparecer ante la justicia especial para eludir el castigo que les imponen las comunidades, en franca violación a la autonomía de la justicia indígena. También se dice que habrán mecanismos de consulta sobre la implementación de planes sobre los territorios ancestrales, pero en ningún lado dice que las consultas sean vinculantes, es decir, nada obliga al gobierno a respetar sus resultados.
-Mucho de lo que contiene como los mecanismos de participación, sustitución de cultivos, trato diferencial a las mujeres está sujeto a aprobación de leyes y estatutos por el congreso, otros están sujetos a disponibilidad de recursos como los Planes de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial, es decir, que son promesas y no hechos.
-Las Farc y el gobierno manifiestan que “aceptamos el mecanismo de participación popular que la Corte indique y en los términos que este alto tribunal señale”, con lo cual la organización guerrillera abandona la exigencia de la constituyente para solucionar los graves problemas que aquejan al país y así aceptar el tramposo plebiscito. Por eso no se puede votar sí.
El acuerdo 6 es quizá el más técnico y difícil de leer de todo el texto, condensa en sí mismo todo lo acordado entre el gobierno y las Farc, y deja una conclusión contundente: la desmovilización de las Farc es un hecho, con casi nulas posibilidades de reversa aún si el plebiscito no aprobara el acuerdo.
Quienes albergan temores de que Santos le entregue el país a las Farc o que el acuerdo incluya una tendencia castro-chavista, pueden estar tranquilos. Ese no es el problema. El problema es que el gobierno de Santos, con la ayuda del acuerdo, le seguirá entregando el país a las multinacionales, al imperialismo y a los grandes empresarios y propietarios, eso sí que debe preocuparnos a los trabajadores y a los pobres.
Lo que podría ser progresivo o positivo está sujeto a la aprobación de leyes y estatutos que todavía no existen, y los mecanismos de consulta y participación no son decisivos. Todo está en el marco del plan de desarrollo de Santos.
En esta encrucijada, para no votar ni por el Sí ni por el No, lo invitamos a salir a las urnas el 2 de octubre para manifestarse y votar por una Constituyente.
Artículo publicado en El Socialista n.° 704, setiembre de 2016.-
