El 11 de marzo de 2020 la OMS declaró que el brote epidémico de la COVID-19 constituía una pandemia. El 14 de marzo, el gobierno adoptó el Real Decreto 463/2020 por el que se declaró el Estado de Alarma. Un decreto que permitía, entre otras cosas, intervenir la sanidad privada, además de la industria y otros recursos privados como los laboratorios, para ponerlos al servicio de librar una verdadera guerra contra el virus. Pero nada de esto se hizo.

Por: Laura Requena

A un año de la pandemia, toca hacer balance y sacar algunas conclusiones. Y hay dos evidentes: este primer año pandémico se salda con la peor crisis de mortalidad que se recuerda en el Estado español desde que hay registros oficiales y nos deja una salud pública mucho más débil que antes.

Varias huelgas y muchas movilizaciones después, la principal demanda de los sanitarios, ¡Refuerzo inmediato de la sanidad pública! sigue cayendo en saco roto. Nuestro sistema de salud, con una Atención Primaria casi al borde del colapso en muchas CCAA, no parece estar en condiciones de afrontar los tres grandes retos que tiene por delante: prevenir una más que previsible cuarta ola, atender adecuadamente a otros problemas de salud y a los pacientes «no covid», semiabandonados en esta crisis sanitaria, y, en tercer lugar, acelerar el lento y caótico plan de vacunación puesto en marcha que tiene como objetivo alcanzar la inmunidad del 70% de la población en verano.

La peor crisis de mortalidad en el Estado español desde que existen registros oficiales

Según Eurostat, el Estado español es el país de la Unión Europea con mayor exceso de mortalidad en esta pandemia. Un término utilizado en epidemiología y salud pública que se refiere al número de muertes por todas las causas durante una crisis, más allá de lo que se esperaría en condiciones normales.

El MOMO (Sistema de Monitorización de la Mortalidad diaria) ha registrado cuatro períodos con exceso de mortalidad respecto a la estimación esperable. En total, entre marzo de 2020 y febrero de 2021, el exceso de mortalidad ha sido de 81.608 personas.

Solo entre enero y mayo de 2020 hubo 45.684 fallecimientos causados directamente por la Covid-19, según los datos de defunción del INE. Y en los centros sociosanitarios españoles se produjeron una de cada tres muertes.

Mención especial merecen los números de víctimas mortales de las residencias en 2020, ya sean públicas, concertadas o privadas, que se situó en 31.469 personas con Covid-19 o síntomas similares, según datos de las CCAA.

De aquellos barros, estos lodos

Ningún sistema sanitario público del mundo estaba preparado para afrontar esta grave crisis sanitaria, incluido el nuestro. La sanidad pública empezó a desmantelarse y a privatizarse hace mucho tiempo, desde que la Ley 15/97 abrió el camino legal que permitió transformarla en un mercado y en una oportunidad de negocio.

Fue en 2008, tras el rescate bancario con dinero público, cuando tanto los gobiernos centrales como los de sus diferentes autonomías aprobaron recortes sanitarios que debilitaron el sistema y lo dejaron desnudo frente a esta pandemia. Mientras el Producto Interior Bruto (PIB) subió un 8,6% entre 2009 y 2018, el gasto sanitario público se redujo en un 11,21%.

Los recortes y empeoramiento de la calidad del sistema público han ido en paralelo al aumento de la concertación, cada vez en manos de más multinacionales que ponen la rentabilidad por delante del derecho a la salud. Un primer paso para la privatización total. A esto se suma el copago de medicamentos desde 2012, por el que más 1,4 millones de personas no han podido retirar los medicamentos prescritos por problemas económicos.

Las consecuencias de una Salud pública desbordada que, un año después, no se ha visto reforzada

En estos años, la Atención Primaria se ha reducido un 13% y, como consecuencia de ello, se encuentra por debajo de la mayoría de los países de nuestro entorno en la ratio de personal médico y de enfermería por cada 1000 habitantes. La especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria tiene un déficit de profesionales en 15 comunidades autónomas. Ya antes de la pandemia el personal sanitario de Atención Primaria sufría una enorme precariedad laboral y una importante sobrecarga asistencial en muchos lugares. Esto es la causa por la que muchos profesionales deciden emigrar buscando mejores condiciones laborales.

La Covid ha obligado a cerrar centros de salud y consultorios locales, transformando el modelo presencial en uno de atención telefónica para prevenir contagios. Pero esto se ha hecho de forma brusca y sin los adelantos tecnológicos necesarios en un contexto de gran presión asistencial y sin medidas de refuerzo de ningún tipo.Servicios esenciales, como la atención domiciliaria, se han visto reducidos y las listas de espera han aumentado notablemente. Se ha movilizado personal de Atención Primaria en hospitales de emergencia, sin sustituir adecuadamente éstos ni las bajas por contagios.

El “Plan para la transición hacia una nueva normalidad” del Ministerio de Sanidad, que guió el alivio gradual del confinamiento en la primera ola, no incluyó indicadores que permitieran evaluar la capacidad asistencial de la Atención Primaria. Con ello, ésta tuvo que asumir nuevas funciones, “reforzándose” de manera poco adecuada. Incluso en un contexto de pandemia, se han seguido ofreciendo contratos por semanas. La segunda ola llegó con un porcentaje alto de profesionales de vacaciones, cuyas bajas, en su gran mayoría, no fueron cubiertas.

Igualmente, la derivación para el acceso a pruebas diagnósticas hospitalarias se ha visto paralizada o seriamente afectada, lo que ha contribuido a un aumento de la mortalidad por cáncer y otras enfermedades en las que un diagnóstico precoz es esencial. Según las asociaciones de pacientes, las listas de espera han aumentado un 50% y el tiempo para diagnosticar una enfermedad crónica está creciendo un 30%. Las consecuencias van desde patologías que se agravan por falta de atención hasta casos de muertes sin haber conseguido una cita por el colapso del sistema.

Mismo colapso y sobrecarga ha sufrido la atención especializada. Improvisando UCIS, derivando pacientes a la privada con dinero público y, en algunos lugares como Madrid, ni siquiera con un plan para distribuir proporcionalmente a pacientes críticos según número de camas y recursos de cada hospital.

El deterioro de la Salud pública golpea a los más vulnerables y recae sobre el personal sanitario

Quienes más están sufriendo las barreras de acceso a salud son las personas mayores y las personas con enfermedades crónicas o de salud mental, las cuales se han agravado con la pandemia.

También las personas inmigrantes en situación irregular y las cuidadoras informales, las cuales son un 75% mujeres, han asumido una mayor carga de cuidados en situaciones de enorme soledad ante la falta de recursos sanitarios accesibles.

La capacidad de la Atención Primaria para identificar a una parte de las víctimas de violencia de género se ha visto reducida justo cuando con la pandemia las mujeres han sufrido un incremento de la violencia de género. Todos estos colectivos ya venían sufriendo las medidas de austeridad y creciente privatización en estos años de nuestra sanidad pública.

El Estado español es también uno de los países europeos con mayor número de profesionales sanitarios contagiados por el coronavirus. Estos han sufrido la falta de equipos de protección individual (EPI) y de acceso a las pruebas de diagnóstico PCR durante las primeras semanas de la pandemia. Un año después, más de 123.603 profesionales de la salud se han contagiado del virus, según el Ministerio de Sanidad, de los cuales el 78% son mujeres.A esto se le suma un aumento exponencial de los problemas de salud mental dentro del colectivo donde la gran mayoría experimenta un alto grado de desgaste profesional. Pese a ello, los profesionales sanitarios no han dudado nunca en arriesgar su salud y su bienestar.

Para 2021, los Presupuestos Generales del Estado (PGE) contemplan 7.330 millones de euros para Sanidad, 1300 millones menos de lo que recibe la Casa Real y 2300 millones menos que Defensa. Un aumento de 3149 millones respecto a 2020, insuficiente para revertir los recortes y atender las tareas que hay por delante. No olvidemos además que el gasto sanitario en los PGE es una parte pequeña del conjunto del gasto público en sanidad que recae en las autonomías y sobre el cual también se ha metido tijeretazo estos años.

Más que nunca, necesitamos reforzar nuestra Sanidad Pública y acabar con su privatización.

¡Inversión masiva en Sanidad Pública con refuerzo técnico y contratación del personal suficiente en condiciones laborales y salarios dignos!

¡Ni un euro a la privada! ¡Fuera la Ley 15/97 y todas las leyes privatizadoras! ¡Intervención de la sanidad privada!

¡Remunicipalización y vuelta a manos públicas de las residencias y resto de servicios sociosanitarios!

¡Refuerzos públicos para la campaña de vacunación! ¡Expropiación de los laboratorios y recursos farmacéuticos!

¡Liberación de las patentes de vacunas y una rápida producción mundial garantizada por los estados! ¡Porque la salud no puede ser más un negocio y la prioridad hoy es acabar con la pandemia!

DATOS EXTRAÍDOS DE:

  1. Momo (isciii.es)
  2. Radiografía del coronavirus en residencias de ancianos.| RTVE.es
  3. Tercera ola: Los errores que nos han llevado a la tercera ola: de nuevo una rápida desescalada y priorizar la economía (público.es)
  4. El reto de la sanidad española: financiación suficiente y sin peligro de privatización (eldiario.es)
  5. Vacunación en Madrid: Los centros de salud salvan el primer día de vacunación a mayores de 80 años pese a la falta de planificación de Ayuso. (público.es)
  6. Madrid firma la orden para activar la sanidad privada para… (consalud.es)
  7. Una tercera ola explosiva: más de un millón de casos y 19.200 muertos (niusdiario.es)
  8. Informe de Amnistía Internacional:“La otra pandemia»