A tres años de la sentencia Causa Justa, la lucha por el aborto legal debe continuar
M. Houghton – Médica ginecóloga y obstetra por el derecho a decidir
Hace tres años, el 22 de febrero de 2022, el movimiento de mujeres celebró un hito en la historia de los derechos sexuales y reproductivos en Colombia y el mundo. La Corte Constitucional colombiana despenalizó totalmente el aborto hasta las 24 semanas y mantuvo el modelo de causales (violencia sexual, salud y malformación) hasta el final del embarazo. Si bien no se logró el objetivo central del Movimiento Causa Justa, que es sacar el aborto completamente del Código Penal, con esta legislación Colombia pasó a tener uno de los marcos legales más liberales del mundo.
Este fallo, además, fue retroactivo, lo que implicó la revocación de todos los procesos y condenas de mujeres procesadas por este delito desde 1991. Se trata de una reivindicación histórica por la dignidad de las mujeres, extensiva a todas las personas con capacidad de gestar, sean nacionales o extranjeras.
Más allá de su peso simbólico, el derecho al aborto consagrado por la Corte y posteriormente regulado por disposiciones del Ministerio de Salud y la Superintendencia de Salud es un derecho que salva vidas. Evita las complicaciones del aborto inseguro, garantiza el acceso a la anticoncepción y reivindica otros derechos, como el libre desarrollo de la personalidad.
Esto es fundamental, especialmente para las mujeres de la clase trabajadora, las niñas, las migrantes irregulares, las negras, las indígenas y las campesinas, quienes siempre han sido las más afectadas tanto por las complicaciones y muertes como por la judicialización del aborto.
En Colombia, la justicia y el delito de aborto, como ningún otro, tienen un sesgo de clase, género y color de piel. Nunca las mujeres burguesas ni las hijas de los grandes empresarios fueron presas por el delito de aborto; ellas siempre pudieron costear abortos ilegales pero seguros. Tras la sentencia C-055 de 2006, con la despenalización parcial por causales, se salvó la vida y la dignidad de muchas mujeres, pero la mayoría de los abortos siguieron realizándose de manera ilegal y fuera del sistema de salud. Por eso, era necesario avanzar hacia el aborto sin condiciones.
¿Sabías que…?
- En Colombia, antes de la sentencia Causa Justa, una de cada tres mujeres procesadas por el delito de aborto estaba vinculada a otro proceso en la Fiscalía, pero en calidad de víctima de violencia sexual o intrafamiliar. Es decir, se procesaba a las víctimas.
- Incluso niñas de 10 a 14 años, evidentemente víctimas de violencia sexual, fueron procesadas por el delito de aborto.
- El aborto inducido en condiciones óptimas es un procedimiento de bajísimo riesgo, incluso con menos riesgos que cualquier parto o cesárea.
- Mientras la tasa general de mortalidad materna en Colombia en 2024 fue de 44 por cada 100 mil nacidos vivos, para las mujeres indígenas fue de 174 y para las mujeres negras, de 120.
¿Qué nos dicen estos datos? Los retos del movimiento
Pero no todo está ganado. El sistema de salud en Colombia enfrenta las consecuencias de más de 30 años de privatización e intermediación financiera. Las mujeres, al igual que todas las personas que habitan en territorios alejados de las grandes capitales, enfrentan serias barreras para acceder a los servicios de salud. Esto es aún más crítico en el caso del aborto. En muchas regiones, donde hay un solo médico o médica, se niega el derecho mediante el mal uso de la objeción de conciencia, se dilata el proceso o se obliga a las mujeres a viajar largas distancias para acceder al servicio.
Además, a pesar de varias disposiciones e indicaciones de los entes de control, las mujeres siguen enfrentando malos tratos por parte del personal de salud que no comprende o juzga su decisión, barreras administrativas y negación de servicios. Muchas veces, se realizan procedimientos obsoletos como el legrado, cuando existen técnicas más modernas y seguras, como los medicamentos y la aspiración.
Aún muchas niñas, mujeres y adolescentes desconocen sus derechos y se enfrentan a discursos que desinforman y estigmatizan. Un ejemplo reciente ocurrió en un colegio de Bogotá, cuando se encontró un feto en un baño. Los titulares amarillistas difundieron discursos de odio contra las mujeres, sugiriendo erróneamente que quien abortó había cometido un delito y debía ser encontrada. La realidad es que no había delito alguno que investigar, y la persona era libre de consultar al sistema de salud o no.
Por otro lado, persiste la batalla jurídica. Aunque técnicamente ningún aborto en Colombia es ilegal (pues, después de la semana 24, todas las mujeres que requieren abortar tienen causales), el delito sigue en el Código Penal. Diariamente, este derecho se ve amenazado por iniciativas anti-derechos como referendos, proyectos de ley y otras propuestas que buscan revertir la sentencia o limitar su alcance.
Estos intentos, hasta ahora infructuosos, suelen ser impulsados por partidos de la burguesía de derecha como el Centro Democrático y Cambio Radical, aunque en ocasiones han contado con el apoyo de congresistas del Pacto Histórico. Por eso, es crucial mantener a raya a los anti-derechos con organización y movilización permanente.
El 8M es un momento para conmemorar y defender este derecho, para seguir luchando por la eliminación definitiva del delito de aborto y por la protección de las maternidades deseadas. Esta lucha debe articularse con la lucha de toda la clase trabajadora por el derecho a la salud.
