¿Quién le tiene miedo a la acampada?
La respuesta es sencilla: el gobierno portugués. Mientras los jóvenes instalaban sus carpas en plazas de Lisboa y Oporto para reclamar una vivienda donde vivir, el gobierno de derecha (PSD) enviaba un violento operativo policial para reprimir a los manifestantes. Pero la lucha continúa y los jóvenes están ganando la pulseada.
Vivir en Portugal es cada vez más difícil. Para tener una idea, el 27% de la población queda en riesgo de pobreza después de pagar el alquiler o la cuota de una vivienda.
«Hoy no podría comprar mi departamento», cuenta Albertina. En 1998, compró un departamento de un dormitorio y sala de estar por 60.250 euros, en un edificio de 25 años de antigüedad, sin ninguna remodelación, con un crédito del 100% a 30 años. En aquella época, la cuota representaba un tercio de su salario.
En 2020, el mismo departamento alcanzó un valor de mercado de 80.000 euros; en 2026, su valor se duplicó: 160.000 euros.
«¿Se volvieron todos locos?», pregunta. «¿Un departamento de un dormitorio en un edificio viejo de un suburbio que no tiene nada de especial? ¿Es el mercado funcionando? ¿Para quién? Para los bancos, que prestan el doble para cobrar intereses durante 50 años».
¿Se volvieron todos locos?
No exactamente. Además de los bancos, están los «fondos buitre» (fondos de inversión), las plataformas de alojamiento turístico (Airbnb) y los grandes propietarios, que obtienen ganancias como nunca especulando con el precio de los inmuebles.
Los fondos de inversión llegan a comprar barrios residenciales enteros para vender o alquilar inmuebles a precios imposibles de pagar con los salarios portugueses, en un país donde el salario mínimo es de 920 euros.
La vivienda deja de ser considerada un bien social —la vivienda pública en Portugal representa apenas el 2% del parque habitacional— para transformarse en un activo financiero.
La mayor parte de la juventud y de las familias trabajadoras queda fuera de esa ecuación. Hoy es habitual ver, en las grandes ciudades como Oporto y Lisboa, a personas sin hogar durmiendo en carpas o directamente en el suelo, debajo de viaductos y marquesinas. Algo que hasta hace muy poco tiempo era poco frecuente.
Las acampadas
La lucha por la vivienda comenzó en Madrid, en septiembre, cuando una verdadera rebelión popular se opuso al desalojo de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que terminó falleciendo, debilitada por la presión judicial y policial para obligarla a abandonar su casa.
Menos de un mes después, el movimiento del país vecino se extendió a Portugal.
Al igual que en Madrid, en la Puerta del Sol, se instalaron acampadas en la plaza D. João I, en Oporto, y en la plaza del Rossio, en Lisboa.
El objetivo es exigir al gobierno medidas que puedan resolver el problema de la vivienda, comenzando por la retirada de la nueva ley de alquileres, el establecimiento de límites a los precios de los alquileres y al alojamiento turístico; el aumento de la inversión estatal en vivienda pública y en la recuperación de inmuebles vacíos para generar viviendas a precios accesibles; y el fin de los beneficios fiscales para los fondos de inversión, las inmobiliarias, las constructoras y los propietarios.
En las acampadas se realizan diariamente asambleas populares para debatir y decidir el rumbo del movimiento. Son los propios participantes quienes preparan sus comidas, mantienen la limpieza de los espacios ocupados y organizan actividades culturales, en las que participan artistas solidarios con el movimiento.
Las actuales acampadas se parecen a otra realizada en mayo de 2011, en la plaza del Rossio, en protesta contra la política de austeridad aplicada por el gobierno de Pedro Passos Coelho, de derecha (PSD/CDS), siguiendo las órdenes de la Troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional).
Encabezado por la juventud, como ahora, el movimiento de 2011 se llamó «Geração à Rasca» (Generación en apuros) y organizó gigantescas manifestaciones de protesta. A este le siguió otro movimiento igualmente poderoso, «Que se lixe a troika» (Que se joda la Troika), responsable de llevar a las calles del país a un millón de personas.
La lucha en Portugal forma parte de la ola de movilizaciones que recorre toda Europa, con reivindicaciones semejantes y en solidaridad con el pueblo palestino y de Medio Oriente, y contra el gobierno de Trump y sus aliados imperialistas europeos.
La respuesta del gobierno
Incluso antes de que comenzara la movilización por la vivienda en Portugal, el gobierno de derecha del primer ministro Luís Montenegro (PSD) presentó al Parlamento una propuesta de modificación de la ley de alquileres que, en lugar de solucionar el problema habitacional, solo lo agrava: elimina el límite del 2% al aumento de los alquileres en los nuevos contratos, permite depósitos de garantía más elevados, puede provocar el descongelamiento de alquileres antiguos y facilita los desalojos.
Para el gobierno y el primer ministro, él mismo propietario de 55 inmuebles, un alquiler de 2.300 euros es considerado un «alquiler accesible», lo que otorga al propietario el derecho a exenciones fiscales, en un país donde el salario de la mayoría de los trabajadores es inferior a 1.000 euros.
Con el inicio de las manifestaciones y las acampadas, el gobierno de Montenegro comprendió que podía ser derrotado. Para intentar impedirlo, recurrió a la fuerza bruta contra manifestantes pacíficos y desarmados.
A las tres de la madrugada del 15 de octubre, después de que los periodistas se retiraran, la policía obligó a los jóvenes a desmontar sus carpas en la plaza D. João I, en Oporto, y los atacó a bastonazos.
El saldo fue de 37 heridos, dos de ellos en estado grave y con fracturas, además de carpas, carteles y mochilas confiscados. El día anterior, el alcalde de Oporto, perteneciente al mismo partido que el primer ministro, había prometido ser «absolutamente implacable».
Dos días después de la represión en Oporto, se levantó la acampada de Lisboa. Una vez más, la policía arremetió contra los manifestantes de ambas ciudades.
Una semana después, el 25 de octubre, miles de personas marcharon por la Avenida da Liberdade, en Lisboa, en apoyo a la lucha y, nuevamente durante la madrugada, la policía arremetió contra las acampadas.
Fotografías y videos muestran la violencia policial contra los manifestantes: bastonazos en la cabeza, el rostro, las piernas y los brazos de personas indefensas, que ya estaban caídas en el suelo.
Hubo más de 50 heridos, muchos de ellos atendidos en hospitales, y decenas de detenidos, defendidos por abogados que no cobraron honorarios.
«¡A cada bastonazo responderemos con más organización! ¡A cada amenaza responderemos con más solidaridad!», escribían los activistas en las redes sociales.
Huelga general
Cuando escribíamos este artículo, la lucha continuaba cada vez con más fuerza y rodeada de la solidaridad de la sociedad.
Se realizan movilizaciones en plazas, frente a los tribunales donde los activistas se presentan a declarar y ante la Asamblea de la República, donde se debatiría y votaría el presupuesto del país para el próximo año.
La lucha está enfrentando a un gobierno debilitado y en crisis como consecuencia de varias derrotas, entre las cuales la más importante fue el rechazo, en el Parlamento, del paquete laboral, un proyecto que proponía más de 100 modificaciones al Código del Trabajo y que representaba un enorme retroceso en las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores.
El rechazo del paquete fue resultado de dos huelgas generales en menos de un año, realizadas el 11 de diciembre de 2025 y el 3 de junio de este año.
Se trata de un gobierno minoritario que depende de la extrema derecha para aprobar sus proyectos y de la inacción del Partido Socialista (PS). Por eso, en lugar de dar una respuesta política a la lucha social, reprime al movimiento con violencia.
La lucha todavía está en curso, pero ya consiguió importantes victorias: obligar al gobierno a retomar el debate sobre la vivienda en el Parlamento, bajo la amenaza de que sus propuestas de modificación de la ley de alquileres sean derrotadas; y unir a la juventud trabajadora y estudiantil no solo por la vivienda, sino también por el aumento de la inversión en educación, la reducción de los aranceles universitarios (tasas que deben pagar los estudiantes de las universidades públicas) y la transición energética.
Para que la lucha pueda resultar victoriosa, es necesaria una nueva huelga general, esta vez centrada en la cuestión de la vivienda, como ya están organizando los trabajadores del Estado español para el 11 de noviembre.
Como dijo nuestro compañero António Tonga en la asamblea de la acampada de Chelas, una gran zona de viviendas sociales de Lisboa:
«Cuando hablamos de los problemas de acceso a la vivienda, muchas veces olvidamos que este problema tiene color, que este problema tiene clase social y que este problema también tiene género».
