El narcotráfico es un negocio capitalista, conveniente para la intervención imperialista
Fernando Graco (PST Colombia)
Que Trump y la extrema derecha colombiana, el uribismo, coincidan en la política antidrogas de represión militar, erradicación forzada de cultivos ilícitos y defensa de la “cooperación” entre Estados Unidos y Colombia no es casual; los une la defensa, no declarada, del carácter ilegal del negocio del narcotráfico, por lo que significan las ganancias de una economía que representan el 7% del PIB mundial.
¿Qué es el narcotráfico?
Más allá de sus efectos adversos en la salud, los narcóticos son mercancías, valores de cambio; es decir, algo producido para el mercado. Así como unas zapatillas son mercancías porque se producen para el mercado, para cambiarlas por otra mercancía: el dinero. Entonces, el narcotráfico es un negocio capitalista, pero ilegal, lo que permite que sea de los más rentables, porque produce ganancias extraordinarias; además, sirve como pretexto para la intervención imperialista en países productores como Colombia. Eso no sucede, por ejemplo, con el tabaco y el alcohol, que son mercancías legales, a pesar de que también tienen efectos dañinos en la salud humana.
Varios sectores de la burguesía se benefician de este negocio; en el caso de Colombia, la propia burguesía narcotraficante, ganadera y terrateniente. Además de los bancos y empresas que lavan el dinero del negocio, la burguesía de la industria militar que produce armas para la guerra que origina esa economía, los “respetados” capitalistas que se encargan de los insumos, incluyendo las fábricas de glifosato para fumigar la hoja de coca, supuestamente para erradicarla. En México, país productor de fentanilo, ganan los capitalistas de los cárteles; mientras que en China ganan los capitalistas de ese país por la producción de insumos, tanto para el fentanilo como para la cocaína.
Como todo negocio capitalista, el narcotráfico cuenta con la protección del Estado, aunque sea de forma ilegal. Agentes de instituciones como las fuerzas armadas, la policía y los funcionarios de aduanas y aviación (Aerocivil en Colombia), entre otras, garantizan el negocio. Un ejemplo muy conocido es el relacionado con las acusaciones contra Álvaro Uribe Vélez cuando fue director de la Aerocivil (1980-1982), quien aprobó licencias para rutas aéreas del narcotráfico del Cartel de Medellín, licencias que después fueron revocadas por el ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, asesinado precisamente por ese cártel del narcotráfico, por haber desafiado a los empresarios que lo conformaban, cuyo gerente y dueño era Pablo Escobar.
No hay crimen al que no se le mida el capital
Quarterly Reviewer, autor anónimo de un artículo publicado en julio de 1826, en la revista británica The Quarterly Review, afirma que el capital es capaz de cometer el crimen que sea, con tal de obtener ganancia.
Es verdad: el capital se arriesga a cometer un crimen, pequeño o grande, según la tasa de ganancia que prometa la producción de una determinada mercancía. Si la tasa de ganancia es de un 10% explotará a los trabajadores hasta quitarles su salud; pero, si es mayor, por ejemplo, un 3.000%, que es más o menos la tasa de ganancia con la cocaína, cometerá crímenes de “lesa humanidad” como organizar grupos paramilitares para ejecutar masacres; es el caso por el cual fue acusado Santiago Uribe, el hermano del expresidente Álvaro Uribe, condenado recientemente a 28 años de cárcel. También su primo, Mario Uribe, fue condenado a 7 años de cárcel por concierto para delinquir agravado, por hacer pactos y alianzas con grupos paramilitares de ultraderecha, concretamente con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Se puede decir que los Uribe han sido empresarios muy arriesgados, no simples emprendedores.
Otros crímenes del capital son el contrabando, la trata de personas, la especulación financiera, las quiebras fraudulentas y la corrupción del presupuesto de los estados, entre otros.
Veamos la cita de Quarterly Reviewer sobre el tema:
“El capital huye de los tumultos y las riñas, y es tímido por naturaleza. Esto es verdad, pero no toda la verdad. El capital tiene horror a la ausencia de ganancia o a una ganancia demasiado pequeña, como la naturaleza tiene horror al vacío. Conforme aumenta la ganancia, el capital se envalentona. Asegúresele un 10% y acudirá adonde sea; un 20% y se sentirá ya animado; con un 50%, positivamente temerario; al 100%, es capaz de saltar por encima de todas las leyes humanas; al 300%, y no hay crimen a que no se arriesgue, aunque sufra el patíbulo. Si el tumulto y las riñas suponen ganancia, allí estará el capital encizañándolas. Prueba: el contrabando y la trata de esclavos”. (P. J. Dunning, Trade Unions, etc., p. 36. Citado por Karl Marx en El Capital, capítulo XXIV.
Para el capitalismo, que los negocios sean legales o ilegales es irrelevante. Este sistema solo tiene una moral: la que rige la ganancia. Vale todo si es útil para obtener ganancia.
Producción social y apropiación privada
En el capitalismo existe la siguiente contradicción: producción social, por un lado, y, por otro, apropiación privada de la riqueza.
La producción de bienes y servicios es social porque involucra la cooperación a gran escala entre trabajadores de todo el mundo y el conocimiento científico y la tecnología, que son productos del desarrollo social e histórico colectivo de la humanidad.
A pesar de que la producción es un esfuerzo colectivo y social, los medios de producción (fábricas, máquinas y capital) son propiedad de una clase social minoritaria: la clase capitalista, con sus empresas privadas. Por lo tanto, la plusvalía generada por la fuerza de trabajo de los trabajadores, convertida en ganancia, es apropiada por los propietarios privados; no por la colectividad de trabajadores que la produjo. En el caso de los narcóticos no es distinto, porque, como ya se ha dicho, estos productos son simples mercancías, solo que tienen un carácter ilegal que potencia su nivel de ganancia.
El mercado de la cocaína
La producción mundial de cocaína, que en 2024 fue de 3.708 toneladas, se sustenta en materias primas como la hoja de coca cultivada por Colombia con 230.000 hectáreas sembradas, Perú con 95.000 hectáreas y Bolivia con 30.000 hectáreas, además de insumos químicos como permanganato de potasio (usado para purificar la pasta de coca), acetona, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico y éter, producidos, en primer lugar, por China; le siguen India, Alemania y Estados Unidos. Eso es producción social.
El precio del kilo de hoja de coca que le pagan a un campesino en Colombia es de 50 centavos de dólar; el kilo de pasta base de cocaína vale alrededor de 500 dólares; el kilo de cocaína en Colombia vale cerca de 5.000 dólares, pero ese kilo en Estados Unidos o Europa puede alcanzar hasta 39.000 dólares. Esa rentabilidad es el secreto de todos los crímenes en Colombia y en el mundo, en el mercado de la cocaína. Ahora, la ganancia del fentanilo es, de lejos, mucho mayor. La apropiación de esa ganancia es privada.
El mercado del fentanilo
El mayor productor de fentanilo para venderlo como narcótico es México, cuyos empresarios están organizados en el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y en el Cártel de Sinaloa, de los hijos del Chapo Guzmán, destacado empresario mexicano de diversas drogas psicoactivas, quien actualmente cumple una condena de cadena perpetua en la prisión federal ADX Florence, en Colorado, Estados Unidos, por exportar su “valiosa” mercancía a ese país. Hoy la mayor parte del fentanilo que llega a los Estados Unidos ingresa por la frontera norte de México, dejando en Estados Unidos alrededor de 100 mil muertos al año por sobredosis. En cuanto a la materia prima (precursores), el país productor es China.
Heroína y opio
La producción se centra en dos zonas: el “Triángulo de Oro”, en el sudeste asiático, y la Creciente de Oro, o Media Luna Dorada, en Asia Central. Los principales países productores son: Birmania (Myanmar), Afganistán y México. Como en el caso de la cocaína y el fentanilo, el principal país productor de precursores es China.
“La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) estima que el total de ingresos provenientes del comercio de opio y heroína se sitúa entre 2.800 y 3.400 millones de dólares anuales, con base en datos de hace algunos años. Es importante tener en cuenta que las cifras pueden variar considerablemente y que las estimaciones recientes son difíciles de determinar con certeza.
En Europa, el valor anual del mercado minorista de heroína se estimó en al menos 5.200 millones de euros en 2021” (Google.com, modo IA).
La prohibición es útil para los capitalistas, no para la población
“La discusión sobre la legalidad o ilegalidad de las drogas es tan vieja como la existencia de las mismas.
En este terreno, los hechos económicos y sociales, como siempre, han ido ganando terreno a la ley y al derecho. A lo largo de la historia, distintos tipos de sustancias han sido consideradas medicinas o consumidas socialmente, para luego ser prohibidas e ilegalizadas; y viceversa, sustancias “ilegales” pasan a ser legales y aceptadas socialmente. Lo que ayer se consideraba drogas o sustancias ilegales o dañinas para el cuerpo humano y para la sociedad se ha impuesto de facto y luego se han ido legalizando: el tabaco, el alcohol, los estimulantes, los calmantes, etc. Antes que un problema moral o legal, lo que hay es una disputa por imponer un “nuevo” producto y controlar su producción, distribución y consumo. El capitalista no distingue entre lo que es moral o inmoral, legal o ilegal, dañino o no dañino; él solo sabe distinguir con mucha precisión entre lo que da poca ganancia y lo que da mucha ganancia.
En el terreno de las expresiones políticas y militares de este fenómeno, también se expresa la “moral” imperialista.
Para el imperialismo norteamericano solo está permitido lo que favorezca su seguridad nacional y, por lo tanto, el saqueo económico y la dominación política de los países semicoloniales. Les exige a países como Colombia, Perú, México y Bolivia que ilegalicen el cultivo de marihuana y de hojas de coca, y que repriman a sangre y fuego al narcotráfico. Pero en otras regiones y países dejan correr esas actividades y hasta las utilizan en beneficio de sus objetivos estratégicos”. (Luis Herrera, Narcotráfico, lucrativo negocio capitalista, pretexto para la intervención imperialista).
La prohibición del consumo de alcohol cuenta con la Ley Seca en Estados Unidos (1920-1933) como una de sus referencias más conocidas, que se replicó en otros países. Esa ley prohibió la fabricación, la venta y el transporte de bebidas alcohólicas. En 1933 se derogó precisamente porque no funcionó, lo que originó un auge del crimen organizado, con Al Capone como uno de sus jefes más destacados.
En Colombia, donde la burguesía nacional tiene como modelo ideal el capitalismo norteamericano, hizo algo parecido con la chicha, una bebida ancestral indígena fermentada cuya materia prima es el maíz. Se prohibió su producción y venta mediante el Decreto 1839 de 1948 y la Ley 34 de 1949.
Su prohibición fue orquestada para que no compitiera con la cerveza producida por la fábrica Bavaria, propiedad del capitalista Julio Mario Santodomingo, quien quería el monopolio de las bebidas alcohólicas. Pero la chicha no, por prohibirla, se dejó de producir y consumir. Ahora no solo es permitida, sino que en Bogotá se celebra cada año un festival de la chicha en el tradicional barrio La Perseverancia, en el centro de la ciudad, bajo el auspicio del gobierno local.
Con la cocaína en Colombia y en otros países ha sucedido lo mismo que con la prohibición del alcohol en Estados Unidos: se potenció el crimen organizado y surgieron muchos Al Capone, como Pablo Escobar, los hermanos Rodríguez Orejuela, los Ochoa, Carlos Ledher y Gonzalo Rodríguez Gacha, para no hablar de los legales, porque se denuncia que la mafia de la cocaína ha tenido senadores, representantes a la cámara (entre ellos el propio Pablo Escobar) y el expresidente Álvaro Uribe Vélez, con múltiples denuncias de relaciones con el narcotráfico.
Una prueba más de que la política antidrogas del imperialismo norteamericano es solo un pretexto para intervenir militarmente es el indulto y la excarcelación que Trump le concedió el 2 de diciembre al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, de una cárcel de Estados Unidos. Hernández había sido condenado a 45 años de prisión en 2024 por cargos de narcotráfico y posesión de armas, y por haber sido culpable de importar cientos de toneladas de cocaína a Estados Unidos. A este narcotraficante lo indulta porque tiene afinidades políticas con él y, en el pasado gobierno de Trump, fue lacayo suyo; sin embargo, acusa a Maduro y a Petro de ser narcotraficantes, sabiendo que no lo son, solo como pretexto para la intervención en estos dos países.
El narcotráfico y el conflicto armado en Colombia
Históricamente, sectores de la burguesía en Colombia han escogido atajos para enriquecerse, usufructuando de múltiples negocios ilegales, como el contrabando y luego el narcotráfico. El peso de estos negocios ilegales ha actuado como colchón para la economía colombiana, permitiéndole sortear situaciones de recesión y crisis económica. Las rentas ilegales han permeado todas las ramas de la economía y de la sociedad, generando violencia crónica en Colombia.
Por un lado, burgueses contrabandistas o narcotraficantes, recurren a las armas para proteger y defender su negocio, y por otro, los aparatos militares protagonistas de la violencia en Colombia, han sido permeados por las rentas de los negocios ilegales, ya sea por la vía de “vacunas” o impuestos a los negocios, el control de los territorios y rutas, o directamente la participación del negocio en la producción y distribución de narcóticos. El poder del narcotráfico ha sido tan fuerte que ha penetrado profundamente en el ejército y la policía, y, en el caso de las guerrillas, las ha transformado de organizaciones con programa pequeñoburgués reformista en ejércitos al servicio del negocio del narcotráfico.
Tras el boom marimbero en los años 70 y el auge de la cocaína en la década de los 80, la burguesía narcotraficante organizó grupos armados de paramilitares para monopolizar el negocio, expropiarle a los campesinos su tierra y deforestar, con el argumento de que esos grupos servían para enfrentar a la insurgencia guerrillera. Álvaro Uribe Vélez es uno de los auspiciadores de esos grupos armados. Cuando fue gobernador del departamento de Antioquia, legalizó grupos paramilitares bajo el nombre de Asociaciones Comunitarias de Vigilancia Rural y Urbana (Convivir) en los gobiernos de César Gaviria y Ernesto Samper, mediante el Decreto Ley 356 de 1994.
Por esa misma época, un sector de la guerrilla maoísta, el Ejército Popular de Liberación (EPL), que se desmovilizó en 1991, se pasó a las filas del paramilitarismo para incorporarse al negocio del narcotráfico y apoyar a los terratenientes y ganaderos. Varios de los principales comandantes de esa guerrilla pasaron a ser capos del narcotráfico; uno de ellos, Dairo Antonio Úsuga (alias Otoniel), se convirtió en el capo del grupo paramilitar y narcotraficante “Los Urabeños”, que luego cambió de nombre a Clan del Golfo y hoy es uno de los grupos armados de derecha más grandes, con entre 7.000 y 14.000 paramilitares en sus filas. Actualmente, a las disidencias de las Farc y al ELN se les acusa de estar también en el negocio del narcotráfico, pero esas guerrillas lo han negado.
Es en ese contexto en el que el gobierno de Petro ha impulsado su política de paz total, que incluye tanto a las organizaciones que se reivindican guerrilleras como a las que se reivindican paramilitares, y en el marco de la cual se han realizado bombardeos en los que han caído menores de edad reclutados por los grupos armados. Las muertes de esos niños han generado rechazo tanto de la izquierda como, de manera oportunista, de la derecha.
El paramilitarismo ha sido utilizado no solo por la burguesía narcotraficante, sino también por la burguesía terrateniente y ganadera para desplazar al campesinado pobre y expropiarle sus tierras, en una superficie que supera los siete millones de hectáreas. Así, se puede decir que hoy existe una burguesía narcotraficante, terrateniente y ganadera.
Por su parte, la burguesía industrial y las multinacionales también han utilizado el paramilitarismo para asesinar dirigentes sindicales, debilitar los sindicatos y la lucha de los trabajadores, y así defender sus intereses, financiando a los grupos paramilitares. Solo dos ejemplos: la multinacional bananera Chiquita Brands ha sido sancionada y declarada responsable de financiar a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), organización hipócritamente señalada por el gobierno norteamericano como organización terrorista. Además, Chiquita Brands fue multada por 38.3 millones de dólares para indemnizar a 16 familiares de víctimas asesinadas.
El otro caso es Coca-Cola, que, aunque no ha sido sancionada porque la justicia norteamericana dice que no hay pruebas que demuestren que su sede matriz en Atlanta esté involucrada; sin embargo, los directivos de esa empresa en Colombia sí han sido acusados de financiar a grupos paramilitares para asesinar dirigentes sindicales en las décadas de 1990 y 2000. Pero en este caso, la justicia colombiana tampoco juzga ni castiga porque, ya se sabe, defiende los intereses de los empresarios, no los de los trabajadores.
Legalizar el negocio y asumir la adicción como un problema de salud pública
Hay algunos sectores de la misma burguesía que defienden la legalización de las drogas porque se ha demostrado que la represión y el prohibicionismo han fracasado.
Es que con la legalización se elimina el carácter ilegal y, por lo tanto, las inmensas ganancias que se reparten entre la burguesía narcotraficante, los bancos lavadores del dinero y los funcionarios corruptos, además de quitarle el pretexto al imperialismo para su intervención en los países productores y en la periferia, como está haciendo actualmente el gobierno de Trump con su maquinaria de guerra en el Caribe y en las costas de Venezuela.
Desde un punto de vista obrero, el problema del narcotráfico debe resolverse entendiendo la producción y distribución de narcóticos como una rama de la economía, que, como el alcohol, es un problema de salud pública, ya que sus efectos son utilizados por millones como una vía de escape de la alienación capitalista y de la decadencia de la sociedad. Por lo tanto, una solución de fondo no está en la prohibición y persecución de las sustancias, las plantas, las plantaciones o de los campesinos y trabajadores que sobreviven de su producción, sino en el combate a los burgueses dueños del negocio, al carácter ilegal que multiplica sus ganancias y al problema social del consumo.
La lucha contra el fenómeno del narcotráfico está íntimamente ligada a la lucha contra el capitalismo y a la lucha por la revolución socialista. En el marco de esa lucha estratégica, incluso dentro de la decadente sociedad actual, es necesario y posible luchar por medidas urgentes que eliminen la distorsión que el narcotráfico representa para la economía y la lucha de clases.
Legalización bajo control estatal. La primera medida debe ser eliminar la fuente que hace rentable el negocio, es decir, su carácter ilegal, y que pasen a ser legales, como el alcohol y el tabaco. En un proceso de legalización está la marihuana. Uruguay fue el primer país en legalizarla completamente en 2013; Canadá la legalizó en 2018, Malta en 2021 y Luxemburgo en 2023; en Alemania hay legalización parcial para consumo recreativo y autocultivo desde abril de 2024, permitiendo la posesión y el cultivo limitado, con venta a través de clubes de cannabis prevista para más adelante; en México se despenalizó el uso recreativo para consumo personal, aunque existen restricciones para la venta comercial a gran escala, y en Estados Unidos, a nivel federal es ilegal, pero en varios estados se ha legalizado.
Todas las drogas deben ser legales, bajo control estatal y social, y así eliminar el monopolio del narco. Por lo tanto, en el caso de la cocaína y la marihuana en Colombia, se debe legalizar su producción, distribución y consumo.
Legalizar las drogas no significa que recomendemos su consumo; por el contrario, estamos a favor de que se desarrollen campañas contra el consumo adictivo, con la sustentación de que, como con todas las drogas, si el consumidor se vuelve adicto, le hace daño a su salud. Por eso la legalización implica varias medidas:
Lucha contra la intervención y la militarización “antidrogas” del imperialismo norteamericano.
Control obrero de laboratorios farmacéuticos, puertos, zonas francas y el sistema financiero.
Expropiación sin indemnización de los bienes del narcotráfico y de las empresas involucradas en el lavado de dinero.
Despenalizar el consumo. La criminalización se centra en atacar a los consumidores y a los pequeños distribuidores, mientras los grandes capos cuentan con impunidad y la colaboración de agentes de las instituciones del Estado. Esto permitirá reducir la violencia, la corrupción y los homicidios relacionados con este negocio ilícito.
Campañas de salud pública para enfrentar la adicción, garantizando atención y planes de rehabilitación a la población adicta a todas las drogas, incluido el alcohol. Con un mercado regulado que permita establecer controles de calidad, pureza y dosificación, reduciendo el riesgo de sobredosis por adulteración o por desconocimiento de la potencia de la sustancia.
Recursos para inversión social. Los destinados hoy a la “guerra contra las drogas” pueden destinarse a la inversión social mediante programas de prevención y tratamiento para la población adicta.
Acceso a tratamiento médico sin estigma, valorando el consumo de drogas como un asunto de salud y no de justicia penal.