28 de septiembre: Legalizar el aborto salva vidas y garantiza la autonomía
Por Partido Socialista de los Trabajadores Unificado – Brasil
El 28 de septiembre, Día Latinoamericano y del Caribe por la Legalización del Aborto, es un momento fundamental para reafirmar: la lucha por la legalización del aborto no es un tema secundario ni una cuestión de moralidad individual, sino una cuestión vital de salud pública, de justicia social y de autonomía de las mujeres y de las personas que gestan hijos sobre sus propios cuerpos.
Salud pública y autonomía
Los abortos ilegales se encuentran entre las principales causas de muerte materna en Brasil y en todo el mundo. Miles de mujeres, especialmente las más pobres, se ven obligadas a recurrir a procedimientos inseguros, poniendo en riesgo su vida y su salud. La legalización salva vidas al garantizar que el procedimiento se realice en condiciones adecuadas, con asistencia profesional y dentro del sistema público de salud.
Sin embargo, no se trata solo de supervivencia. La criminalización niega a las mujeres, y a las embarazadas, el derecho fundamental a la autonomía sobre sus cuerpos, sus vidas y su futuro. Defender la legalización implica reconocer que la maternidad debe ser una opción, y que las mujeres deben decidir si ser madres y cuándo, rompiendo con siglos de imposición patriarcal, religiosa y estatal.
Avances y retrocesos en el mundo
En 2020, Argentina aprobó la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo hasta la decimocuarta semana. En 2022, Colombia despenalizó el aborto hasta las 24 semanas. Estas victorias demuestran que la organización y la lucha pueden lograr derechos.
Al mismo tiempo, enfrentamos reveses. En Estados Unidos, la Corte Suprema anuló el fallo Roe v. Wade, lo que permitió a varios estados prohibir el aborto. En Argentina, el gobierno de Milei intenta debilitar la aplicación de la ley, recortando recursos y alimentando una ofensiva reaccionaria contra las mujeres.
Esta disputa demuestra que ningún derecho se garantiza sin lucha bajo el capitalismo. Donde las mujeres se organizan, avanzan; pero una vez logradas, estas leyes no son eternas y pueden ser revocadas en cualquier momento, dependiendo de la lucha de clases.
Brasil: La brutal realidad del país y la hipocresía oficial
En este caso, las cifras son impactantes. En 2023, Brasil registró 13.932 nacimientos de niñas de entre 10 y 14 años, según el Ministerio de Salud. Estudios indican que más de 11.000 nacimientos al año en este grupo de edad son resultado de violencia sexual. En promedio, 26 niñas menores de 14 años dan a luz cada día en el país. La mayoría de los abusadores son allegados: padres, padrastros, familiares o amigos cercanos.
Estas niñas deberían haber tenido acceso inmediato al derecho al aborto legal, ya previsto en casos de violación. Sin embargo, se enfrentan a obstáculos penales: exigencias de informes policiales, jueces que intentan impedir el procedimiento y hospitales que se niegan a brindarles atención. Muchas terminan obligadas a una maternidad prematura y violenta o a abortos ilegales inseguros.
Una cuestión de clase
Mientras tanto, las mujeres adineradas viajan al extranjero o pagan clínicas privadas. La desigualdad de clases es flagrante: las mujeres de clase trabajadora y pobres se enfrentan a la ilegalidad y al riesgo; las mujeres privilegiadas gozan de libertad de elección y acceso a un aborto seguro.
Congreso reaccionario y gobierno cómplice
El Congreso Nacional está dominado por sectores ultraconservadores que, en nombre de la «defensa de la familia y la vida», atacan el derecho al aborto, incluso en los pocos casos previstos por la ley. Este tema se utiliza con hipocresía: no les importa la vida de las mujeres, sino controlar sus cuerpos y reforzar su opresión.
El gobierno de Lula, en nombre de la gobernabilidad, utiliza los derechos de las mujeres como moneda de cambio. Llegó incluso a intentar bloquear una resolución del Consejo Nacional de los Derechos del Niño y del Adolescente (Conanda) que recomendaba el aborto legal para niñas y niños víctimas de violencia sexual. En estados y municipios, gobernadores, alcaldes, diputados y concejales de extrema derecha están aprobando medidas para restringir aún más el acceso. Mientras tanto, el Supremo Tribunal Federal (STF) bloquea la votación de la ADPF 442 (Acción por Incumplimiento de Precepto Fundamental), que despenaliza el aborto hasta la duodécima semana de gestación.
Aborto legal:Una lucha de la clase trabajadora
La lucha por la legalización del aborto es una lucha de clases. Las mujeres trabajadoras son las que más sufren la criminalización: carecen de guarderías, vivienda, empleo estable o condiciones adecuadas para la maternidad. Cuando deciden interrumpir un embarazo, se ven obligadas a someterse a procedimientos inseguros.
Defender el aborto legal significa luchar por el derecho de todas las personas a elegir, con seguridad y dignidad. Significa luchar contra la explotación y la opresión que azotan a la clase trabajadora, especialmente a las mujeres negras y pobres.
Este 28 de septiembre reafirmamos que legalizar el aborto:
- es salvar vidas;
- es garantizar la autonomía;
- es justicia social.
La tarea es organizar y fortalecer esta lucha en cada centro de trabajo, escuela, universidad, sindicato y movimiento de base. El 28 de septiembre debe ser un día de denuncia, pero también de movilización y unidad para que las mujeres de nuestra clase puedan conquistar el derecho a decidir sobre sus cuerpos y sus vidas.
