Para Lula, el sistema penitenciario privado y racista estadounidense es un modelo a ser seguido
Como informamos en el artículo “Gobierno Lula avanza en la privatización de cárceles y convierte a jóvenes negros en mercadería” , el presidente petista, en alianza con el gobernador de Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), promoverá, el 6 de octubre , la subasta para la privatización del Complejo Penitenciario de Erechim.
Por: Wilson Honório da Silva, de la Secretaría Nacional de Formación del PSTU Brasil
La iniciativa es la primera desde la publicación, en abril, de un decreto presidencial en el que el gobierno de Frente Amplio se propone financiar proyectos, a través de Parcerias [Asociaciones] Público-Privadas (PPP), en áreas que van desde la educación hasta el sistema penitenciario. En el caso de las cárceles, además de poder captar recursos públicos y en el mercado financiero, las empresas recibirán pagos “por cabeza” y también podrán explotar la mano de obra de los encarcelados.
En definitiva, la propuesta de Lula es aumentar aún más la participación privada en el sistema penitenciario, que hoy ya funciona en 30 unidades (en forma de cogestión o concesiones) y cuya barbarie, como también denunciamos en ese artículo, puede ejemplificarse por la violencia, pésimas condiciones, malos tratos y torturas registrados en los últimos años en unidades penitenciarias privadas del Amazonas, Maranhão y Santa Catarina.
Sin embargo, para comprender la gravedad criminal de la medida adoptada por el gobierno petista, vale la pena conocer un poco la situación de Estados Unidos, país que, además de tener la segunda mayor población carcelaria del mundo, también sirve de “modelo” para Lula en su propuesta de privatización de las prisiones.
Un “modelo” que, como bien saben Lula y el PT, fue hecho a medida para llenar las cárceles de gente joven, negra y periférica; algo que, incluso, ya es una realidad, tanto aquí como allá. Basta recordar que, según el Anuario de Seguridad Pública 2023, el año pasado Brasil tenía 832.295 personas encarceladas, de las cuales 43,1% eran jóvenes de hasta 29 años y 68,2% son negros.
Con un detalle que seguramente el gobierno de Frente Amplio aprovechará para vender “la carne más barata del mercado” para el sector privado: aquí hay nada menos que 230.578 personas más en prisión de las que el sistema puede soportar. Un déficit penitenciario que ahora quieren transformar en ganancia.
En la “democracia más grande del mundo”, prevalece la “ley y el orden” de un Estado racista y policial
Estados Unidos se jacta de ser el máximo ejemplo de democracia y, como parte de su fortísimo aparato de propaganda ideológica, incluso ha transformado las películas y series sobre “tribunales” y “ley y orden” en un género que vende en el mundo las ideas de un sistema justo, de una policía honesta y de un sistema penitenciario “complejo”, pero “humano”.
Sin embargo, como la vida no siempre imita al arte (o viceversa), la realidad es bien distinta. Hoy en día, Estados Unidos alberga el segundo mayor número de presos del mundo, con alrededor de 1,68 millones de personas encarceladas (de una población de 340 millones), sólo superado por China (1,69 millones, de una población de 1.400 millones). Brasil es el tercer país en este vergonzoso ranking.
El hecho es que, en términos absolutos, Estados Unidos tiene la mayor población carcelaria del mundo. Una cifra muy elevada que, para ser comprendida, hay que considerar algo aún mucho mayor en Estados Unidos: el racismo.
Considerando la población en general, según el Censo de 2020, los blancos(as) representan 59,3% de los estadounidenses; latinos(as), 18,9%; y negros(as), 12,6%. Sin embargo, dentro de las prisiones estaduales la situación es la contraria. También en 2020, la mayoría de los presos eran negros(as): 345.500, contra 327.300 blancos(as).
Como denunció “The Sentencing Project” (algo así como “Proyecto Sentencia”, una ONG especializada en el sistema penitenciario), en un informe titulado “El color de la justicia: disparidad étnica y racial en las prisiones estaduales”), publicado en 2021, los negros y las negras son encarcelados en las prisiones estaduales de EE. UU. a una tasa casi cinco veces mayor que los blancos. Entre la población latina, la tasa es 1,3 veces mayor.
En números redondos, la tasa de negros encarcelados es de 1.240 personas por cada 100.000 habitantes; la de latinos es 349/100 mil; y el de blancos, 261/100 mil. Y eso no es todo. En 12 (de los 51) estados norteamericanos, no por casualidad casi todos ellos en el sur del país (Alabama, Delaware, Georgia, Illinois, Luisiana, Maryland, Michigan, Mississippi, Nueva Jersey, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Virginia), más de la mitad de los prisioneros son negros.
Para que no queden dudas sobre el carácter extremadamente racista de los sistemas judicial y penitenciario norteamericanos, cabe mencionar otras estadísticas del Departamento de Justicia de ese país (equivalente a nuestro Ministerio). Por ejemplo, entre los que cumplen cadena perpetua sin derecho a libertad condicional, los hombres y mujeres negros representan 48% y la tasa de arrestos de negros, en comparación con la de blancos, es de 6.109 por 100.000 habitantes, frente a 2.795/100 mil.
Finalmente, tomando como ejemplo Filadelfia, ciudad del Estado de Pensilvania, que ostenta la “Campana de la Libertad” y alberga los mayores símbolos de la independencia norteamericana y la firma de su Constitución, es fácil constatar que la idea de que “todo hombre es igual ante la ley” es una farsa.
Allí, un informe publicado por la Fiscalía de Distrito en 2023 titulado “Disparidades en los tribunales penales de Filadelfia 2015-2022” constató que “los negros representan 69% de las personas paradas por la policía y 62% de los individuos presos; los blancos representan sólo 18% de las batidas policiales y 21% de las prisiones, a pesar de que los negros y los blancos representan porciones similares de la población de la ciudad” [los negros, 44% de la población, y los blancos, 36%].
El sistema penitenciario privado de Estados Unidos surgió con la liberación de los esclavos y creció con la “guerra a las drogas”
En Estados Unidos existe un sistema penitenciario privado desde hace mucho tiempo. Para ser exactos, y no por casualidad, la llamada “industria penitenciaria” surgió poco después del final de la Guerra Civil estadounidense (1861-1865), que resultó en la liberación de los esclavizados.
Sin embargo, el sistema privado despegó en la década de 1980, cuando la llamada “guerra contra las drogas” promovida por el infame presidente Ronald Reagan resultó en un aumento gigantesco del encarcelamiento, principalmente de la juventud negra y latina.
De hecho, cualquier similitud con los resultados de la Ley Antidrogas aprobada por Lula en 2006 no es mera coincidencia. Por eso, conviene recordar algunos datos. Según el Anuario de Seguridad Pública 2023, entre 2000 y 2022 el número de personas encarceladas en Brasil creció 257,6% y el gran salto se produjo exactamente después de la proclamación de esta ley: de alrededor de 340.000, en 2006, a los 832.000 actuales.
Un salto que estuvo acompañado por un escandaloso perfilamiento racial. En 2006, los hombres y mujeres negros representaban 56,7% de los presos. En 2022, ya eran 68,2% de la población carcelaria. Mientras tanto, el porcentaje de blancos(as) encarcelados cayó: de 40,8% (2006) a 30,4% (2022).
En Estados Unidos la historia es bastante parecida, pero, antes de continuar, es necesario saber que allá existen diferentes sistemas penitenciarios. Además de las prisiones administradas por ciudades y Estados, existen otros sistemas directamente vinculados al gobierno federal, como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y los “US Marshal Services” (similares a nuestra Policía Federal), que generalmente utiliza su propio sistema penitenciario, la “Agencia Nacional de Prisiones” (BOP, su sigla en inglés).
Según datos oficiales, en el inicio de la Era Reagan, en 1980, el número de personas privadas de libertad era de 501.886. Dos décadas después –que incluyen 12 años de gobiernos conservadores republicanos, con Reagan (1981/89) y Bush padre (1989/93), y ocho años de gestión del Partido Demócrata, con Bill Clinton, de 1993 a 2001–, el número de presos prácticamente se había cuadruplicado, llegando a 1.800.300 personas, de las cuales 803.400 eran hombres negros y 69.500 mujeres negras. Y vale la pena recordarlo: a pesar de representar alrededor de 12% de la población general, los hombres y mujeres negros constituían casi 50% de los presos.
Para atender esta “demanda”, entre 1984 y 2000, el número de prisiones estaduales, por ejemplo, saltó de 694 a 1.073. Y fue en este proceso que las “empresas correccionales” rápidamente se convirtieron en negocios ultra lucrativos y se expandieron por todo el país, tanto en los sistemas penitenciarios estaduales como en las prisiones federales, a través de empresas multinacionales como la GEO Group, la LaSalle Corrections, la MTC y la CoreCivic, la más grande de ellas.
Un crecimiento que ha continuado durante las últimas dos décadas, pasando por las administraciones de Bush hijo (2001/09), Obama (2009/17) y Trump (2017/21), a pesar de las crecientes denuncias sobre las fallas del sistema y los múltiples problemas derivados de la lógica inherente a cualquier negocio de la burguesía: la ganancia por encima de todo y a cualquier costo. Incluyendo el de vidas humanas.
Y las ganancias fueron más que considerables. Basta citar el ejemplo de la CoreCivic, que sólo en 2021 tuvo un rendimiento de 1.800 millones de dólares y que, así como las demás, también creó ramificaciones en el mercado, controlando empresas responsables desde la fabricación desde monitores electrónicos de tobillo hasta servicios de alimentación y de salud dirigidos a encarcelados.
Según la profesora universitaria y fiscal pública Lauren-Brooke Eisen, autora del libro “Inside Private Prisons” [Por dentro de las prisiones privadas], publicado en 2017, las empresas penitenciarias juntas recaudaban, en la época, alrededor de 5.000 millones de dólares por año.
Personas, principalmente no blancas, transformadas en moneda de cambio y engranajes de una industria corrupta y corruptora
En un artículo (“El primer paso para impedir que las empresas lucren con el encarcelamiento en Estados Unidos”) publicado por el portal de la “Transnational Institute” (TNI, Instituto Transnacional) el 30/03/2021, se hace una síntesis de cómo la “la industria de las prisiones” obtiene sus ganancias y cómo esto afecta todo el sistema judicial, las políticas públicas y a la sociedad en su conjunto. Un proceso cuyo punto de partida es exactamente el mismo de la propuesta presentada por el gobierno Lula.
“El principal objetivo de estas cárceles privadas es ser rentables y generar valor para las partes interesadas [los inversores] (…). Las cárceles privadas dependen de que estén llenas para ser económicamente viables (…). El gobierno paga a la empresa privada un costo anual por preso, en un monto previamente establecido. A cambio, la instalación privada proporciona una ración obligatoria de alimentos, ropa, atención médica y otras necesidades, a menudo de baja calidad y restringidas al mínimo necesario para mantener los márgenes de ganancia lo más altos posible”, escribieron los autores.
Sin embargo, el problema no se limita sólo a la bajísima calidad de los servicios prestados y ni siquiera a la contratación de mano de obra no calificada, lo que también es inherente al objetivo de mantener el margen de ganancia. Por si esto fuera poco, estas instituciones también juegan un papel importante en el aumento del encarcelamiento, no sólo porque les pagan “por cabeza”, sino también porque muchos de los contratos garantizan que sus instalaciones estarán siempre con la “carga máxima”.
“Para mantener una alta tasa de ocupación, muchos operadores de prisiones privadas exigen que el gobierno estadual garantice que las instalaciones privadas estén siempre llenas con una determinada tasa de ocupación, que generalmente ronda el 90%”, concluye el artículo.
No hace falta decir cómo esto acaba resultando en “metas” de prisión, corrupción del sistema judicial (tanto por condenas indebidas como por aumento de penas) y de parlamentarios, cuyas campañas electorales son financiadas por estas empresas o, cuando ya están en el cargo, participan en esquemas de soborno para alterar la legislación y facilitar el encarcelamiento.
Algo que se hizo evidente en el papel nefasto que las principales empresas carcelarias, como la CoreCivic y la GEO Grup, jugaron en la campaña por la aprobación en prácticamente la mitad de los Estados norteamericanos, entre mediados de los años 90 y principios de los 2000, de la “ley de los tres strikes o infracciones” (“three strikes law”), que significa que cualquier persona detenida por tercera vez, por cualquier delito, es automáticamente condenada a prisión perpetua o sentencias próximas a esto.
Como veremos a continuación, durante la última década las denuncias contra la industria penitenciaria han llevado a una reducción relativa en el sistema. En California, por ejemplo, el Estado con mayor población carcelaria del país, la presión llevó a la aprobación de una ley, en 2019, que prohíbe al Estado renovar contratos con empresas carcelarias, lo que significa que, en principio, la última de ellas dejará de funcionar en 2028.
En cualquier caso, esto significó que, en los Estados, en 2021, según “The Sentencing Project”, alrededor de 8% (unas 100.000 personas) de todos los presos norteamericanos estuviesen en presidios privados instalados en 27 Estados (mientras que en otros 23 , el sistema es completamente controlado por las instituciones públicas o está en un proceso similar al de California).
No obstante, la situación en los Estados es bastante diferente. En algunos de ellos, como Montana, 48% de los presos están en el sistema privado. En Estados como Arizona, Hawaii, Nuevo México, Oklahoma y Tennessee, el porcentaje varía de 15% a 45%.
Y, incluso con la reducción de las prisiones privadas, el número de presos en estas instituciones sigue creciendo. Entre 2000 y 2021, el encarcelamiento privado aumentó 10%, lo que no sorprende, impulsado por Estados más conservadores y/o donde se concentran las poblaciones negras y latinas.
Durante este período, en Florida, por ejemplo, hubo un aumento de 199% en el número de reclusos en instituciones privadas, que saltó de 3.912 (2000) a 11.712 (2021). En Georgia, el salto fue de 96% (de 3.746 a 7.344); en Indiana, 288% (de 991 a 3.848); en Ohio, 239% (de 1.918 a 6.506); en Tennessee, 116% (de 3.510 a 7.593).
El juego de escena de los demócratas para mantener la industria de las prisiones
Si en los sistemas penitenciarios estaduales las denuncias, en la práctica, tuvieron un impacto menor, en el sistema federal la situación es aún más compleja, gracias tanto al apoyo indisimulado que Trump dio a la industria de las prisiones (que contribuyó con mucho dinero a su campaña), como a la hipocresía que caracteriza al Partido Demócrata.
En enero de 2021, el presidente Biden publicó una Orden Ejecutiva para “eliminar gradualmente” el uso del sistema privado por parte del gobierno federal, retomando una resolución similar que había sido adoptada por Barack Obama en 2016, impidiendo al gobierno renovar contratos con las empresas cuando estos expirasen.
Y si es cierto que la propuesta de Obama apenas tuvo tiempo de entrar en vigencia, siendo revocada por Trump en 2017, también lo es que la reanudación de la misma por parte de Biden es reveladora de que, al fin y al cabo, los Demócratas sólo están jugando un juego de escena, principalmente para intentar agradar a sus votantes negros y latinos, sin llegar realmente a tocar el sistema.
Así opina, por ejemplo, John Pfaff, profesor de Derecho de la Universidad Fordham, en una entrevista publicada en el portal de la agencia de noticias NBC, el 27 de enero de 2021.
“En lo que respecta a las prisiones privadas, el impacto de esta orden será mínimo o nulo. No se trata de reducir el sistema penitenciario federal, sólo se trata de trasladar personas para instalaciones públicas (…). En la práctica, el resultado será más simbólico y tendrá poco impacto en cualquier cuestión de justicia racial y del sistema. El simbolismo conlleva el riesgo muy real de volvernos ciegos ante los incentivos casi idénticos dados al sector penitenciario público, que es bastante grande”, declaró el profesor.
Para tener una idea de a qué se refiere el profesor, hoy las prisiones federales albergan alrededor de 152.000 personas, de las cuales 14.000 están encarceladas en prisiones privadas. Y el poco impacto al que se refiere Pfaff tiene que ver con una serie de cuestiones.
La primera es que, debido a la pandemia, el propio gobierno federal se vio obligado a reducir la población carcelaria, que, en la época de Obama, era de 195.000 personas. Es decir, el fin de los contratos también interesa a las empresas, ya que muchas de sus unidades están operando con “exceso de vacantes”, afectando su rentabilidad.
Además, se estima que, si no se revierte (lo que siempre es una posibilidad en la democracia burguesa) la orden ejecutiva de Biden afectará, en el transcurso de los próximos cinco años (período de expiración de los contratos), como máximo, 25 % de los ingresos de las empresas carcelarias más grandes, como le GEO Group y la CoreCivic, que aún tienen libertad para seguir ofreciendo sus servicios a los sistemas penitenciarios municipales y estaduales.
Sin embargo, no es esto lo que revela el carácter meramente simbólico de la maniobra de Biden. Según “The Sentencing Project”, entre 2000 y 2021 el sistema penitenciario federal que más utilizó instituciones privadas fue el “Bureau of Prisons” (BOP, o “agencia nacional de las prisiones”), cuyo uso de las empresas carcelarias aumentó en 39 %, es decir, en 2021, alrededor de 21.500 personas bajo custodia federal estuvieron encarceladas en una institución privada.
Con la Orden Ejecutiva, en noviembre de 2022 el BOP anunció que ya no tenía ningún preso en el sistema. Sin embargo, para entender por qué las industrias penitenciarias han hecho poco alarde sobre el tema, a pesar de que sus acciones, al principio, se desplomaron en las Bolsas de Valores, es necesario saber que, en verdad, Biden sólo reorganizó las vacantes abiertas en las prisiones privadas. llenándolas de inmigrantes.
Según la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), en un artículo titulado “Más de lo mismo: las empresas penitenciarias privadas y la detención de inmigrantes durante la administración Biden”, publicado el 5 de octubre de 2021, ahora, “el gobierno Biden está llenando las camas de las prisiones privadas, vaciadas por su propio decreto, con inmigrantes detenidos” , contradiciendo incluso una promesa de campaña repetida exhaustivamente por el actual presidente, junto con su vicepresidente negra Kamala Harris.
Recordando que durante la infame administración Trump, el departamento de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) incrementó el sistema de detención de inmigrantes en 50%, firmando 40 nuevos contratos con unidades carcelarias, lo que benefició enormemente al sistema privado, la ACLU constató que la gran mayoría de los detenidos terminó en este tipo de institución. Una situación que, en la práctica, no cambió con la llegada de Biden al poder y ni siquiera con su decreto.
“Bajo la administración Trump, 81% de las personas detenidas por día, en enero de 2020, estaban recluidas en instalaciones propiedad de corporaciones penitenciarias privadas o operadas por ellas. Esta cifra se mantiene prácticamente inalterada durante la administración Biden. En setiembre de 2021, 79% de las personas detenidas cada día bajo custodia del ICE están retenidas en centros de detención privados ”, constató el informe de la ACLU.
¿Resumen de la historia? Las empresas carcelarias mantuvieron sus amplios márgenes de ganancia. “Estas empresas obtuvieron aproximadamente la misma cantidad de ingresos con los contratos de detención de ICE que los que obtuvieron de los contratos del Departamento de Justicia (BOP y Policía Federal), juntos”, concluye el informe de la entidad.
Valores nada despreciables, como demuestran los propios informes financieros de las empresas, publicados por la agencia Reuters el 27 de enero de 2021. En 2019, los contratos con el BOP y la Policía Federal representaron 23% de los ingresos del GEO Grup, es decir, alrededor de 570 millones de dólares. En el caso de la CoreCivic, las dos agencias rindieron alrededor de US$ 440 millones.
Tanto allí como aquí, la privatización fomenta el encarcelamiento en masa, el racismo y el trabajo semiesclavo
La propuesta del gobierno petista de avanzar en el encarcelamiento privado, además de beneficiar a un sector de la burguesía para el cual ni siquiera es válido el término “parasitario”, no sólo va en contra de lo que ellos mismos defienden como Estado Democrático de Derecho, sino que viola los propios Derechos Humanos. Y, en este sentido, el ejemplo norteamericano también es válido.
Allá, el creciente rechazo al sistema, además de los argumentos ya presentados, también tiene que ver con el uso de la mano de obra carcelaria, también previsto en el proyecto petista. En 2021, por ejemplo, el GEO Grup se vio obligado a pagar una multa de 23 millones de dólares, tras perder un proceso, acusado de explotación de mano de obra semiesclava por pagar menos de un dólar diario a los reclusos que realizaban trabajos forzados en su unidad para inmigrantes detenidos, en una prisión federal del Estado de Washington, donde el salario mínimo por día trabajado es de 13,69 dólares.
Además, un informe realizado por el Departamento de Justicia en 2016 demostró que las prisiones federales privadas, debido al hacinamiento, la baja cualificación y la subcontratación de empleados, entre otras cosas, presentan más problemas de seguridad (entre reclusos y empleados) que sus homólogas públicas, con más casos de tráfico, contrabando, agresiones sexuales, rebeliones y motines.
También se constató que en estos centros penitenciarios son frecuentes las denuncias de baja calidad de la alimentación, de los cuidados con la higiene y de los servicios de salud; al mismo tiempo que eran constantes los casos de malos tratos y castigos crueles, como largos períodos de aislamiento y restricción de circulación, o el internamiento de presos comunes o que cometieron delitos menores en unidades de máxima seguridad.
Y de la misma forma que las empresas presionan (es decir, sobornan) a los órganos judiciales y legislativos para que aumenten las causas para arrestar y las penas impuestas, las administraciones de las unidades penitenciarias crean esquemas fraudulentos para aumentar el tiempo del encarcelamiento.
Y como vimos antes, todo ello envuelto en un pestilente paquete racista que, según los datos de 2021, el primer año del mandato de Biden y Kamala Harris, sigue intacto, principalmente en lo que respecta a la juventud no blanca.
Según un informe del propio Departamento de Justicia, la mayor brecha entre presos blancos y no blancos se encuentra entre los jóvenes de entre 18 y 19 años, particularmente la minoría negra, cuya tasa de encarcelamiento es 11,6 veces mayor que la de los blancos, seguida por un grupo aún más pequeño, los pueblos originarios, que son encarcelados en una tasa 5,1 veces mayor que los blancos.
En números redondos, en esta franja etaria, en 2021 había 33 personas blancas arrestadas por cada 100.000 habitantes. Entre los negros, la relación es de 381/100.000; entre los nativos norteamericanos 169/100.000 y entre los hispanos o latinos 84/100.000.
Frente a esto, no nos queda más que reafirmar nuestro acuerdo con la nota emitida por 84 entidades, incluida la Pastoral Carcelaria, en repudio a la resolución adoptada por el gobierno petista, máxime cuando esta afirma que “los contratos firmados con el sector privado parecen querer favorecer el encarcelamiento en masa, con la fijación de cláusulas contractuales que exigen tasas mínimas de capacidad de las unidades penitenciarias, aliadas a la remuneración de la empresa por cada persona encarcelada, con la sumisión de los cuerpos negros a trabajos forzados y aumento de los márgenes de ganancia con la precarización aún mayor del sistema penitenciario”.
No es posible permitir que el Frente Amplio avance más en este proyecto que apunta contra la clase trabajadora y la juventud negra y periférica. Si no bastaban ataques como el Marco Fiscal, el mantenimiento de las reformas Laboral, Previsional y de Educación Secundaria, que sólo favorecen a banqueros y empresarios, ahora quieren ofrecerles más posibilidades de ganancia a costa de la libertad y de las vidas de negros y pobres.
Un motivo más para que los movimientos negros, los movimientos sociales y los sectores que, de hecho, defienden el socialismo, rompan con este gobierno y construyan, con nosotros, una oposición de izquierda y una alternativa revolucionaria para el país.
Artículo publicado en www.pstuorg.br, 26/9/2023.-
Traducción: Natalia Estrada.
