Gobierno Lula decreta recorte de R$ 1,5 mil millones, mitad en Salud y Educación
Solo este año, ya fueron bloqueados R$ 3,2 mil millones del Presupuesto. La aprobación del nuevo marco fiscal mantiene la política de recortes y rebajas.
08/02/2023
El pasado 28 de julio, el gobierno de Lula publicó un decreto con una nueva ronda de recortes presupuestarios. La “contingencia”, eufemismo para el “tijeretazo”, fue de R$ 1,5 mil millones, afectando principalmente al Ministerio de Salud, en R$ 452 millones, y al Ministerio de Educación, que perdió R$ 332 millones. Otros sectores como el transporte, la asistencia social, la cultura y el desarrollo agrícola también se vieron afectados.
Esta fue la segunda batería de recortes anunciada por el gobierno, que ya había bloqueado R$ 1,7 mil millones en mayo, pero, a diferencia de ahora, salvando Salud y Educación. En total, el gobierno de Lula ya recortó R$ 3,2 mil millones del Presupuesto desde que asumió el mandato. En este período, el gobierno aumentó la expectativa de déficit primario (recaudación menos gastos, excluidos los intereses de la deuda pública) de R$ 136 mil millones para R$ 145 mil millones, o el equivalente a 1,4% del PIB (Producto Interno Bruto).
Los cortes en cada área
- Salud: R$ 452 millones
- Educación: R$ 332 millones
- Transporte: R$ 217 millones
- Desarrollo y Asistencia Social, Familia y Combate al Hambre: R$ 144 millones
- Ciudades: R$ 144 millones
- Medio ambiente: R$ 97,5 millones
- Integración y Desarrollo Regional: R$ 60 millones
- Defensa: R$ 35 millones
- Cultura: R$ 27 millones
- Desarrollo Agrario: R$ 24 millones
La justificación para el nuevo bloqueo fue el techo de gastos que impide el crecimiento de los gastos más allá de la inflación (incluso con la PEC de Transición aprobado a finales de 2022, que liberaba R$ 169 mil millones fuera de la regla). Sin embargo, la aprobación del nuevo marco fiscal, a la espera de una votación definitiva en la Cámara, no representará un alivio en la estrechez de las cuentas públicas. Esto se debe a que el marco sustituyó el techo, aprobado por el gobierno de Temer, por otro un poco más flexible, pero que sigue siendo un techo.
Uno de los principales parámetros del nuevo techo del gobierno Lula es, justamente, la búsqueda de superávit primario (es decir, poner en cero y hacer positiva la diferencia entre ingresos y gastos) para garantizar el pago de la deuda a los banqueros. En ese sentido, el marco impone una serie de “gatillos” en caso de incumplimiento de la meta: aún más represamiento de gastos, prohibición de concursos públicas e incluso reposición de la inflación a los empleados públicos. El ministro de Hacienda, Fernando Haddad, tenía previsto reducir el déficit actual a 1% en 2023, y dejarlo en cero ya el próximo año, lo que demandaría, además del aumento de la recaudación, aún más recortes.
El nuevo marco, además de afectar el gasto público como un todo, incidirá sobre la Salud y la Educación. Haddad y su Ministerio ya anunciaron que, una vez concluida la aprobación del nuevo techo en el Congreso Nacional, elaboraría una PEC desvinculando los gastos constitucionales de esas áreas (que se restablecerán con el fin del techo de Temer, con un mínimo de 15% para la Salud y de 18% para la Educación). Desvincular el gasto público, especialmente en estas áreas, era una de las principales obsesiones de Paulo Guedes.
La nueva ronda de recortes y este golpe sobre la Salud y la Educación reafirman una política económica dirigida exclusivamente a los intereses de los banqueros, las multinacionales y el agronegocio, siguiendo el ejemplo del propio marco fiscal y la reforma tributaria.
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Artículo publicado en www.pstu.org.br
Traducción: Natalia Estrada.
