La inseguridad y la violencia se agravan en el Ecuador
El tema de la inseguridad y la violencia se ha convertido en la principal preocupación de los ecuatorianos. Los medios de comunicación están de llenos de noticias e imágenes sobre robos, asaltos, asesinatos, secuestros, enfrentamientos violentos entre bandas delincuenciales y brutales masacres al interior de las cárceles. En el 2022 el índice de muertes violentas por cada 100 mil habitantes llegó a 21, lo que ubica al Ecuador como uno de los países más violentos de América Latina y además el tercer país del continente donde más crecieron las muertes violentas en los últimos años. Esta alarmante situación alarmante afecta sobretodo a los barrios periféricos y marginales de la ciudad de Guayaquil, pero también está presente en Esmeraldas, Babahoyo, Manta, Quito, Cuenca y en general en todo el territorio nacional. La mayor parte de las víctimas son jóvenes de las periferias más pobres, mujeres e inclusive niños que han caído como producto de diversos episodios de violencia.
Miguel Merino (ART – Ecuador)
Radiografía de la violencia y la inseguridad
Existen tres aspectos diferentes de esta problemática, aunque se encuentran relacionados entre sí:
1) La delincuencia común referida sobretodo a delitos menores como robos, hurtos, el microtráfico, etc. que han crecido como resultado del desempleo, la pobreza y la desigualdad. Son problemas estructurales del capitalismo global que se incrementaron con la pandemia del COVID 19 y como resultado de la aplicación de las políticas neoliberales, especialmente en los últimos gobiernos de Moreno y Lasso.
2) La violencia generada por los mercados ilegales, principalmente el narcotráfico, pero además otros como el tráfico de armas, el de personas con diversos fines (la trata), el contrabando, el tráfico de órganos, actos ilícitos que muchas veces se hallan vinculados entre sí.
Este problema se agravó desde el Plan Colombia, (que hoy pretende ser reeditado por Lasso en el Ecuador) acuerdo entre los gobiernos de Clinton y Pastrana en 1999 y luego implementado por Uribe, que desplazó el narcotráfico hacia las fronteras. Ecuador comenzó a ser no solamente zona de tránsito de los estupefacientes, sino también de producción de cocaína. Además han ingresado al país poderosos carteles mexicanos. No debemos olvidar sin embargo que los mayores consumidores de las drogas están en los Estados Unidos y los países europeos.
3) La violencia discriminatoria contra sectores oprimidos. En esta perspectiva el problema más visible es la violencia de género contra las mujeres y los GLBTI, pero está también la violencia racista contra indígenas y negros, la violencia clasista contra los trabajadores, la xenofobia y la violencia contra los migrantes (principalmente los venezolanos en el caso ecuatoriano). La violencia intrafamiliar es otro aspecto de esta problemática y la violencia contra los trabajadores informales en las ciudades son otras aristas de esta realidad.
El tema del femicidio presenta cifras alarmantes: 216 mujeres han sido asesinadas por ser mujeres en el transcurso del 2022. El caso de María Belén Bernal, asesinada recientemente por su esposo, un oficial instructor de la Escuela de Formación de la Policía, al interior de la misma, ha servido para desvelar no solamente que la violencia machista se encuentra enquistada en todos los estamentos sociales, sino la corrupción y el encubrimiento existente al interior de esta institución, en teoría la principal entidad encargada de la seguridad ciudadana. Siguen apareciendo nuevos hechos que demuestran el encubrimiento del agresor y la existencia del “espíritu de cuerpo” para que todo quede en la impunidad y el olvido.
Un gobierno ineficaz e indolente frente al problema de la inseguridad y la violencia.
¿Cuál ha sido la respuesta del actual gobierno de Guillermo Lasso frente al grave panorama descrito?
Lo primero que salta a la vista es que el actual gobierno no ha tratado de enfrentar el problema de la inseguridad y la violencia en su contexto social y de manera integral, es decir atendiendo sus causas estructurales y sociales, sino desde una óptica represiva, de “mano dura” contra los delincuentes, ejercida por los fuerzas militares y policiales al servicio del Estado. En esta perspectiva, los más afectados por las acciones de los aparatos represivos, han sido los sectores empobrecidos por la crisis y no los poderosos personajes y grupos que manejan los hilos de los negocios ilícitos que se hallan infiltrados en los más altos niveles de poder económico y político. La prioridad y principal preocupación del gobierno es prepararse para los estallidos y protestas sociales mediante el incremento en el número de policías y su tecnificación y equipamiento para la represión de la protesta social. En este sentido el gobierno anunció que invertirá 1.200 millones de dólares en la Policía, pero hasta el momento no existe evidencia que esos recurso hayan servido para un mejoramiento en los destacamentos y los espacios destinados a los barrios populares de las ciudades más asediados por la delincuencia.
En el régimen político actual no se aprecia una institucionalidad coordinada que responda a una estrategia y un plan integral de lucha contra la delincuencia organizada. El ejemplo más claro de esta realidad, es lo que ha sucedido en las cárceles, donde han ocurrido ocho masacres al interior de los principales centros del país, con un saldo de aproximadamente 400 víctimas. El tema se ha visto agravado desde que se entregó su manejo a la Policía, institución que se ha visto empañada por numerosos actos y denuncias de corrupción, tales como el escándalo de los narcogenerales revelado por la embajada norteamericana, numerosos casos de agentes policiales que han sido aprehendidos de manera flagrante en actividades delictivas, la existencia de armas, celulares, drogas al interior de los centros carcelarios, entre otros.
Algunas iniciativas del gobierno para enfrentar la crisis han sido la creación, nuevamente, del Ministerio del Interior para que se encargue del tema de la seguridad y, de una Secretaría de Seguridad cercana al Ejecutivo. En el primero, Lasso nombró como Ministro al ex General Patricio Carrillo, quien fue el ejecutor principal de la brutal represión policial contra el levantamiento popular de Octubre del 2019 ordenado por el gobierno de Moreno y su ministra María Paula Romo, y luego el principal mentor de la represión del último levantamiento de Junio del 2022. Dicho funcionario tuvo que dejar su cargo por el escándalo del feminicidio de María Belén Bernal. En el caso de la Secretaría de Seguridad la misma ha sido asignada a Diego Ordóñez, muy cercano al ejecutivo y quien dejó un mal predicamento en la Asamblea Nacional cuando fue asambleísta, por sus declaraciones misóginas y su intolerancia y agresividad frente a la oposición.
Además el gobierno ha anunciado que realizará una consulta popular en la cual las tres primeras preguntas se refieren al tema de la inseguridad. La primera pregunta, que ha sido negada por el Tribunal de Garantías Constitucionales, plantea la intervención directa de las Fuerzas Armadas para colaborar con la Policía y enfrentar así la ola delictiva que azota al país. Lo que pretendía el gobierno con esta pregunta es institucionalizar de manera definitiva el “estado de excepción” que utilizó varias veces durante el paro nacional de junio en contra de los manifestantes, lo cual no solo es inconstitucional, sino que atenta contra el legítimo derecho a la protesta y utiliza a las Fuerzas Armadas en funciones que no le competen.
La segunda pregunta de la consulta es la extradicción de los delincuentes de alta peligrosidad, en especial los narcotraficantes, a los Estados Unidos para que sean juzgados en dicho país, lo cual es reconocer la incapacidad de la justicia ecuatoriana y una muestra de sumisión al imperialismo norteamericano.
En conclusión, el actual gobierno no cuenta con una estrategia y un plan integral para enfrentar la grave problemática de la inseguridad y la violencia que afligen al Ecuador. Su única propuesta es de carácter policial y represivo, desconociendo las causas estructurales del fenómeno.
Nuestra propuesta como ART para enfrentar la inseguridad y la violencia
Frente a una situación tan grave como la descrita, sobre un tema fundamental para la vida de toda la población, como es la necesidad y el derecho a la seguridad y la paz, ART considera que es urgente la elaboración de un plan integral de los trabajadores contra la violencia, la inseguridad, la represión estatal y la criminalización de la protesta social.
Los hechos evidencian que la policía está estructuralmente conectada a los negocios del crimen organizado y su rol fundamental es la represión de los trabajadores y el pueblo pobre de la nación. No es posible acabar con la violencia a través de una policía, unas cárceles y unos aparatos represivos que son justamente los que está generando la violencia social.
Para nosotros, “la raíz del problema son las injusticias sociales inherentes al decadente sistema capitalista. La explicación de la ascendente violencia que experimentan nuestras sociedades a nivel mundial está asentada en la exclusión social, la miseria, el creciente desempleo, los bajos salarios, la falta de educación, de salud, de vivienda y desarrollo cultural. El combate a la injusticia social que se ve agravada por la inseguridad y la violencia, debe significar una política económica enfocada a los trabajadores y no a la burguesía y los grandes empresarios como ocurre actualmente” (“PSTU- SP culpa Geraldo Alckmin (PSDB) pelo aumento da violencia en Sao Paulo, por Diego Cruz”)
Por consiguiente, una verdadera política que de salida al problema estructural de la inseguridad y la violencia cada vez más grave que se experimenta a nivel nacional y mundial, debe partir de un programa de la clase trabajadora y las organizaciones sociales y populares que luche por los derechos fundamentales de las clases y los grupos sociales oprimidos, entre ellos la seguridad, y logre un cambio radical que ponga fin al Estado burgués capitalista y siente las bases de una nueva sociedad socialista.
En la presente coyuntura planteamos una reforma radical de la Policía que sea dirigida por elementos calificados de la sociedad civil y uno de cuyos lineamientos fundamentales sea la democratización de dicha institución, para que en estrecha colaboración con la sociedad civil y sus organizaciones populares más representativas, se elabore un plan nacional que garantice la seguridad y enfrente la creciente violencia social en todas sus manifestaciones.
