Lo que la política de seguridad en Filipinas nos enseña sobre las propuestas de Bolsonaro
Jair Bolsonaro ha evitado hablar con la prensa durante toda la campaña. Aunque se diga que la restricción se debe a cuestiones médicas, Bolsonaro ya asumió que la posición forma parte de su estrategia. Sus propuestas de gobiernos se basan en frases de efecto vacías y no esclarecen muy bien qué es lo que el candidato pretende hacer de hecho, en caso de que asuma el gobierno. Es el caso de la seguridad pública, gran bandera de la candidatura, sobre la cual poco se explica. Ni siquiera su gurú Paulo Guedes, la “gasolinera Ipiranga” de Bolsonaro, trata el asunto.
Por Romerito Pontes
El programa del candidato trae ocho medidas genéricas sobre el tema, entre las cuales se destacan tres: reducción de la mayoridad penal para 16 años; aumento del número de prisiones; y el llamado “excluyente de ilicitud”, la famosa carta blanca para que la policía mate.
Una política de seguridad muy parecida, al estilo “bandido bueno es el bandido muerto”, está siendo aplicada hace dos años en Filipinas. Lo que muestran los números, sin embargo, es que la situación no cambió en el país.
La experiencia de Filipinas
Rodrigo Duterte es el 16º presidente de Filipinas, un país del sudeste asiático con poco más de 100 millones de habitantes. Duterte fue electo en 2016 por el Partido Democrático Filipino con cerca de 16,6 millones de votos (39%), pues el sistema electoral del país no prevé segundo turno.
Antes de ser electo presidente, Duterte fue juez y también alcalde de Davao, una de las mayores ciudades del país. Y es desde esa época una figura controvertida. Conocido por haber insultado a Obama y al Papa Francisco con la frase “hijos de p…”, Duterte fue acusado de estar involucrado con escuadrones de la muerte, hecho que él nunca negó. Además, asume abiertamente que mató personalmente a algunas personas.
Y fue justamente con la promesa de acabar con el tráfico de drogas y con los usuarios que Duterte fue electo. Desde el primer día que asumió, le dio carta blanca a la policía filipina para matar a cualquier persona que fuese sospechosa de estar involucrada con el tráfico o el consumo de drogas. Filipinas es hoy una gran consumidora de metanfetamina.
La guerra contra las drogas de Duterte
Desde que la política de carta blanca se puso en práctica, cerca de 12.000 personas fueron asesinadas por la policía o por los escuadrones de la muerte. Entre ellas están incluídos 54 niños con menos de 1 año. Mientras el gobierno solo reconoce cerca de 4.200 de ellas.
Al mismo tiempo, el sistema prisional filipino no comporta tal política. Se estima que existan cerca de 60% de presos por encima del número de plazas disponibles en el país. En el ranking mundial de cárceles por encima de su capacidad, Filipinas solo está detrás de Irán (Brasil es el quinto colocado). Hay relatos de presos muertos por falta de aire, como resultado del exceso de personas. En algunos presidios, las visitas se marcan en los horarios de las comidas para que los presos sean alimentados por los familiares, pues no hay comida para todos. También hay una denuncia hecha por Amnistía Internacional contra la existencia de una “Rueda de la Tortura” en uno de los presidios (un juego de palabras siniestro con el programa televisivo “Rueda de la Fortuna”).
Desde el inicio de la guerra contra las drogas, cerca de 1,3 millones de adictos se entregaron voluntariamente a las autoridades con la promesa de amnistía y de rehabilitación. Sin embargo, de acuerdo con el centro de derechos humanos iDefend, apenas 600 de las 10.000 plazas anunciadas en el programa de rehabilitación fueron ocupadas. La acusación es de que el gobierno está usando los nombres de los que se entregaron para crear una especie de “lista de la muerte”.
Torturas y ejecuciones sumarias han sido sistemáticamente denunciadas por organizaciones de derechos humanos de todo el mundo. Sin embargo, la premisa de la “carta blanca” ha sido usada como justificación para cualquier asesinato, pues es muy fácil simular pose de drogas o decir que la víctima atacó.
La mayoridad penal en el país es hoy de 18 años. Sin embargo, hay casos específicos en que esa edad se reduce a 15 o 17 años. En el Congreso, sin embargo, existen proyectos que defienden la reducción a 9 años.
En la política “bandido bueno es el bandido muerto”, muchos “ciudadanos de bien” están muriendo también. Familiares y amigos cercanos a sospechosos acaban entrando en la mira de los escuadrones y de la policía, que los torturan y ejecutan en busca de informaciones. Críticos de la política de seguridad y defensores de penas alternativas están entre los inocentes muertos como traficantes. Ese es el caso de Edward Gundayo, consejero del gobierno distrital de Caloocan Norte, en la región metropolitana de Manila. Al no atacar la raíz del problema, la política de guerra contra las drogas de Duterte alimenta una espiral de violencia. Algunos comentaristas afirman que existe una generación de huérfanos, hijos de padres asesinados en esa guerra.
El problema no se resuelve
Irónicamente, la política de Duterte para acabar con El problema de las drogas no torna el país más justo. Al contrario, Filipinas lidera el ranking mundial de impunidad. Por otro lado, a pesar de que el número de traficantes y usuarios de metanfetamina esté reduciéndose – pues el gobierno los está eliminando físicamente -, los números relacionados a la violencia contra la mujer (incluyendo ataques con ácido) o contra periodistas, a la violencia agraria, la prostitución y el tráfico humano continúan altísimos. O sea, la política “bandido bueno es el bandido muerto” no solo no redujo las estadísticas globales de violencia, sino que también ayuda a que se mantenga en índices elevados.
Problemas como la corrupción, incluso, acaban agravándose. Inmunes a los efectos de la ley, policías y miembros de los escuadrones de la muerte están libres para practicar otros crímenes como violaciones y extorsiones.
Obviamente, la gran víctima de la política de seguridad filipina es el pueblo pobre de aquel país. Además de la violencia del estado, enfrentan la privatización de servicios esenciales como salud y educación. Ya los ricos y poderosos salen ilesos de la guerra y se enriquecen con ella. Paolo Duterte, hijo del presidente, fue acusado de estar involucrado en el tráfico de metanfetamina, pero el caso se cerró por “falta de pruebas”. Lo mismo sucedió con un sobrino de uno de los consejeros del presidente.
Carta blanca es un plato lleno para las milicias
La política de seguridad aplicada en Filipinas muestra que la idea de una policía “fuerte y bien equipada, con libertad para matar” no pasa de una ilusión y de una promesa populista de políticos. En realidad, una política como esa en nada ataca la raíz del problema: la producción y distribución de drogas y armas ilegales, manteniendo ileso a ricos y poderosos, que son los verdaderos jefes del crimen organizado.
La idea de aumentar el número de prisiones también es una ilusión. Entre 2002 y 2014, durante los gobiernos del PT, la tasa de encarcelamiento creció 119%, según el Levantamiento nacional de Informaciones Penitenciarias (Infopen) de 2014. En el mismo período, la población carcelaria brasileña creció 160%. O sea, los gobiernos del PT practicaron el encarcelamiento en masa y eso tampoco resolvió el problema de la criminalidad.
Especialistas en seguridad pública, como José Cláudio Souza Alves, de la Universidad Federal de Rio de Janeiro (UFRJ), argumentan que el encarcelamiento en masa beneficia directamente la organización de facciones que, como es sabido, actúan desde dentro de los presidios hacia afuera. Él también argumenta que la idea de “carta blanca” es un mito. En la práctica, los grandes beneficiados son los milicianos, los policías corruptos, que no van a necesitar esconder más sus actos. Vale recordar que hay estimativas que apuntan que las milicias ya controlan más territorios que el tráfico en Rio de Janeiro.
En entrevista a un periódico extranjero sobre el plan de seguridad de Bolsonaro, José Alves declaró: “no es un plan. Es una mistificación”.
Traducción: Davis
