Panamá Papers: la evidencia de un sistema intrínsecamente corrupto
Hace unos días salió a la luz, a través de los ya famosos Panamá Papers (una filtración de información de la firma panameña de abogados, Mossack Fonseca), la existencia de sociedades offshore que involucran gobiernos, políticos, empresarios, deportistas, artistas, etc., de más de 40 países, en los cinco continentes. ¿Qué significa esto? ¿Por qué es tan grave? ¿Qué es lo que evidencian estos documentos filtrados, y qué trasfondo hay por detrás de este mecanismo conocido como sociedad offshore?
Por: Ari Russo
Las sociedades offshore y los paraísos fiscales a la sombra de la ley
Offshore es un término anglosajón que significa “a la deriva”, “alejado de la costa”, y se utiliza en el ámbito empresarial y financiero para hacer referencia al traslado de capitales hacia paraísos fiscales. El término refiere al hecho de que en altamar no aplica la regulación de ningún país, pues se está por fuera de las fronteras; es decir, se está libre de reglas. Básicamente, un paraíso fiscal [tax heaven] es eso: un territorio o Estado que se caracteriza por ser sede de empresas “fantasma” para diversos tipos de maniobras, como evasión de impuestos, lavado de dinero, ‘auto-préstamos’ de deuda, salteo o triangulación de leyes, restricciones y prohibiciones, etc.[1]
Las sociedades offshore son empresas registradas en países en los que no realizan ninguna actividad (paraísos fiscales). De ahí la definición de “empresas fantasma”. Los paraísos fiscales en sí, al igual que las sociedades offshore, no son necesariamente ilegales: son mecanismos legales del propio sistema para que empresas, políticos, grandes figuras, etc., puedan saltear cualquier tipo de regulación de los estados, salvando sus ganancias ocultándolas o disimulándolas.
El mecanismo central de los paraísos fiscales consiste en permitir la compra y registro de bienes privados de forma anónima, respaldándose en la “protección de la privacidad”.
Esto en sí ya es extremadamente cuestionable, desde que permite que empresas, sociedades y figuras burguesas acumulen capital de forma oculta. Por ejemplo, si el día de mañana una empresa automotriz decide cerrar una planta alegando quiebra y dejando en la calle a 500 empleados, puede hacerlo; si los dueños tienen propiedades y negocios millonarios que permitirían evitar el cierre de producción y echar cientos de trabajadores, no importa; no nos enteramos, pues si esos negocios y bienes tienen base en un paraíso fiscal son legalmente secretos.
Existe otro concepto relacionado, que es el de Zona Franca. La Zona Franca, como su nombre lo indica, es una zona de “libre comercio”; es decir, de leyes “suaves” en relación a la importación-exportación, con bajos impuestos o directamente libre de ellos, con leyes autónomas en relación con otros estados (lo que permite “saltear” regulaciones nacionales por el simple hecho de estar localizado en otro territorio), con leyes laborales mínimas o nulas, y un largo etcétera de mecanismos que favorecen al capital. A diferencia de los paraísos fiscales, las zonas francas tienden a ser base de empresas productivas y no de empresas fantasmas; sin embargo, en muchos casos podemos encontrar territorios que son ambas cosas. Es el caso de Panamá, y la famosa Zona de Colón.
Un capitalista que decida trasladar sus capitales hacia una zona franca, es decir un territorio en donde la materia prima importada no tiene impuestos, en donde puede comprar recursos mucho más baratos que en su propio país, y emplear mano de obra barata y calificada sin tener que ofrecer beneficios laborales básicos (como días de enfermedad, trámites o estudio; aguinaldo, vacaciones pagas, derecho de sindicalización, regulación jubilatoria, etc.), está aumentando enormemente sus ganancias a costa de una superexplotación legalmente permitida. Para evitar cuestionamientos, impuestos, problemas judiciales y cualquier otro tipo de consecuencias de su fraudulenta acumulación de capital (sea en una zona franca o en su propio país), existe el paraíso fiscal: un territorio en donde puede “disimular” su verdadero volumen de capital (y, claro, la forma en que lo obtuvo).
La justicia burguesa, la evasión de impuestos y el robo de dinero público
Imaginemos los problemas, incluso legales, que un trabajador tendría si al hacer declaración de renta e impuestos mintiera, ocultara por ejemplo que tiene una segunda propiedad que aumenta su capital total. Bueno, esto mismo es lo que sucede con grandes empresas multimillonarias que ocultan propiedades en todo el mundo. Esto es lo que evidenció Panamá Papers. La gran diferencia es que los trabajadores sufriríamos graves consecuencias por esto, mientras que en la justicia burguesa, como ya dijimos, la existencia de paraísos fiscales (y por tanto su aprovechamiento) es legal.
Pero, ¿por qué es tan grave? ¿Qué es lo que implica realmente que se oculten propiedades y bienes o que se creen empresas sin base productiva?
El ocultamiento de propiedades y la creación de empresas fantasmas, y a través de ello la evasión de impuestos, permitida a través de la existencia de los paraísos fiscales, implica que enormes sumas de dinero provenientes de millonarios impuestos que estas empresas deberían pagar y que tendrían que ser destinados, a través de los estados, a la inversión pública, están siendo acumulados en bolsillos privados de banqueros, empresarios, políticos, etc.
Si los impuestos que pagamos son en función de los bienes y/o del capital que tenemos, no declarar bienes significa básicamente el robo de dinero público: no solo se oculta el capital sino que, a través de eso, se evita el pago de los correspondientes impuestos que deben ser destinados a educación, salud, trabajo, vivienda, etc.
Algunos piensan que este fenómeno es marginal, que es la excepción a la regla. Nada más lejos de la realidad: investigadores independientes calculan que la evasión fiscal “ronda entre el 4 y el 10% de la recaudación global por impuestos a las sociedades, que en monto significa entre 100 y 240 000 millones de dólares”.[2] Infobae calcula que “cerca de un tercio de los depósitos bancarios del mundo podrían estar en entidades radicadas en paraísos fiscales”.[3] Si nos centramos en los EEUU apenas, Oxfam calcula que las 50 principales multinacionales tienen $1.4 trillones de dólares en paraísos fiscales, logrando reducir su tasa impositiva de 35% a 26.5%.[4] Otros estudios argumentan que las compañías norteamericanas han logrado ocultar hasta 40% de sus beneficios.[5]
Es decir, mientras los trabajadores peleamos contra los planes de ajuste y recorte de derechos, y nos enfrentamos a una crisis económica y social que reduce nuestra calidad de vida a niveles barbáricos; mientras morimos esperando atención en los pasillos de los hospitales, mientras nos cierran las escuelas y reducen el salario de los profesores, mientras son cada vez más las ocupaciones de tierra por falta de vivienda, mientras los trabajadores sufren despidos, suspensiones, reducción de salario; mientras los gobiernos dan discurso tras discurso explicando que la crisis económica mundial está golpeando fuerte y por eso nosotros, los trabajadores, tenemos que hacer un esfuerzo y vivir peor, ellos, los mismos gobernantes, las mismas compañías que cierran, los mismos bancos que funden, se embolsan millones y millones de dólares nuestros, en secreto.
Mossack Fonseca y los Panamá Papers
Mossack Fonseca, con sede en Panamá y más de 40 sucursales repartidas por el mundo, surge en la década del ’70, y trabaja con algunas de las mayores instituciones mundiales. Pero, ¿cuál es exactamente el rol de esta firma? ¿Qué es lo que hace? Básicamente, garantiza la legalidad de negocios multimillonarios corruptos, para que estos mecanismos de superexplotación y protección de ganancias privadas no sea, de acuerdo con la ley, una actividad criminal.
En otras palabras, se trata de una gran red criminal legal y organizada, de la que participan entidades como el HSBC Bank o el Credit Suisse Group, el Deutsche Bank, la compañía Siemens AG; y personas como Vladimir Putin [presidente ruso]; Mauricio Macri [presidente de Argentina]; Alaa Mubarak [hijo del ex presidente egipcio, Hosni Mubarak]; Keiko Fujimori [hija del ex presidente peruano Alberto Fujimori]; Xi Jinping [presidente chino]; Dov Weisglass [jefe de gabinete de Ariel Sharon, de Israel]; Tarek Abás [hijo del presidente palestino Mahmud Abás]; Bashar Al-Assad y varios de sus familiares y amigos; Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, primer ministro islandés, forzado a renunciar el 5 de abril después del escándalo; Silvio Berlusconi, ex primer ministro italiano; David Cameron, primer ministro del Reino Unido; Petró Poroshenko, actual presidente ucraniano; entre cientos de otras figuras y compañías/entidades, financieras, privadas, gubernamentales, etc.
Panamá Papers es el nombre que se le dio a la investigación realizada por más de 400 periodistas alrededor del mundo, después de que se filtraran (mejor dicho, de que fueran entregados) 11,5 millones de documentos (e-mails, copias de pasaportes, acciones, transacciones, títulos, etc.) comprobando la gran red de fraude y crimen organizado que involucra a gran parte de la elite mundial.
Si bien los mecanismos de estas sociedades son legales, el concepto de “legalidad” es extremadamente cuestionable y nos lleva necesariamente a preguntar: ¿a qué intereses responden las leyes burguesas?
Se mire por donde se mire, a través del lente de la democracia burguesa o fuera de él, las zonas francas, los paraísos fiscales y las sociedades offshore son un robo a manos llenas, ya sea porque reducen impuestos o costos de producción, sea porque roban dinero de los trabajadores o directamente a través de la evasión de impuestos, robando dinero del conjunto de la sociedad. Y firmas como Mossack Fonseca se enriquecen a costa de legalizar estos mecanismos de robo, corrupción y financiamiento del crimen organizado cuando las leyes lo permiten, y ocultarlos cuando no lo hacen.
Lavado de dinero y escándalos de corrupción
Hay un tercer aspecto de este tipo de sociedades en relación con los paraísos fiscales, que es el lavado de dinero: la utilización de capital legal para fines ilegales, o bien la introducción de capital con origen ilegal dentro del mercado legal. De esta forma, grupos terroristas, redes de prostitución y narcotráfico, entre otros, son financiados a través de ganancias generadas en la producción pero que no vuelven al mercado legal; convertido en capital no declarado, es decir, oculto, supuestamente inexistente, ese dinero de impuestos millonarios que debería estar destinado a trabajo, salud, educación, etc., queda en parte en manos privadas y en parte es reinvertido con fines ilegales e incluso criminales, desde el financiamiento de partidos[6] hasta el financiamiento de redes de trata, prostitución, narcotráfico y terrorismo (se sabe que varios grupos mafiosos conocidos, por ejemplo, son parte de la base de clientes de la firma), pasando por la evasión de impuestos y la impunidad de sanciones económicas y políticas frente a diferentes tipos de crímenes.
Así, por ejemplo, se descubrió que Bashar Al Assad fundó empresas con capital de Mossack Fonseca, evitando así sanciones internacionales al petróleo sirio, bajo las manos y el capital del régimen que actualmente lleva a cabo una de las mayores guerras contrarrevolucionarias del último siglo, en “democracia”.
Es decir, no se trata solo de un robo de dinero del conjunto de la sociedad y de los trabajadores sino que, además, ese dinero es utilizado para financiar los mayores males que afectan a nuestra sociedad, como la guerra, la prostitución, el desempleo, la destrucción de recursos, etc.
Algunas conclusiones
Los Panamá Papers dejan en evidencia lo intrínseco de la corrupción del sistema capitalista. Se trata de un negocio, económica, política y judicialmente creado para financiar actividades ilegales con capitales robados.
Más allá de los personajes y entidades directamente involucrados, el conjunto de la farsa que representa la libertad de mercado y la democracia burguesa del sistema capitalista quedan en evidencia.
El círculo comienza en el momento en que la ganancia de la producción social no vuelve a la sociedad sino que queda en manos privadas. Continúa en el momento en que se oculta que dicho capital siquiera existe, y se invierte en lugares en donde la propia ley burguesa es aún más flexible para permitir esta estafa. Por si no fuera suficiente el hecho de robar capital de la sociedad para fines privados, y de forma oculta, este mismo capital es utilizado para financiar negocios ilegales que destruyen la propia sociedad: drogas, prostitución, terrorismo, etc. Y, como frutilla del postre, esos mismos capitales, en paraísos fiscales, son utilizados para evadir las sanciones que los propios organismos del sistema, como Naciones Unidas, se ven obligados a otorgar frente a este tipo de crímenes.
El conjunto del sistema, desde la producción y mercado capitalistas hasta las leyes que lo regulan, están pensados en función de la apropiación individual y privada de capitales sociales como algo legal, y más: común, de todos los días. Como si fuera normal.
De la misma forma, queda en evidencia que la democracia burguesa es precisamente la democracia de los dueños de la sociedad en contra de la real democracia de la mayoría. Mientras creemos que tenemos algún poder de influencia o decisión a través del voto de nuestros representantes, esos representantes nunca son trabajadores sino grandes millonarios, políticos y empresarios, que adaptan el propio sistema a sus intereses privados. Se trata de partidos y políticos cuyas campañas están financiadas con dinero ilegalmente robado de la sociedad.
Queda cada vez más en evidencia que la democracia burguesa es en realidad la democracia de unos pocos a costa del engaño y la explotación y la opresión de la mayoría. La democracia burguesa es el mecanismo a través del cual los estados permiten que la clase burguesa explote y oprima a los trabajadores y pueblos de mundo ‘de forma legal’, y también es el mecanismo a través del cual saltean cualquier tipo real de responsabilidad y/o sanción cuando ni siquiera sus propias leyes les permiten justificarse. Bancos, multinacionales, gobiernos, justicia, prensa, todos están involucrados en este sistema en donde la corrupción no es un caso aislado sino que es una de las bases económicas y políticas de la sociedad capitalista.
Desde la Liga Internacional de los Trabajadores, Cuarta Internacional, decimos que no va a ser a través de reformas al régimen democrático-burgués, no va a ser dentro del parlamento que logremos ‘justicia’ frente a realidades como las que expone Panamá Papers, que son mucho más cotidianas y estructurales de lo que podemos imaginar, o de lo que la prensa nos cuenta. Es necesario que los trabajadores y pueblos explotados y oprimidos del mundo nos organicemos, internacionalmente, de forma consciente, para cambiar las bases de esta sociedad que no solo no es la nuestra sino que existe en detrimento nuestro.
Mientras nos organizamos y luchamos en las calles contra la hipocresía de los planes de ajuste de los gobiernos, mientras denunciamos la corrupción y exigimos la inmediata cancelación del pago de la deuda externa; mientras construimos una alternativa de dirección para el conjunto de los trabajadores, en defensa de los puestos de trabajo, a favor de la inversión pública, etc., exigimos la inmediata apertura de libros de todas las compañías involucradas en el escándalo de Panamá Papers, así como la destitución y prisión de todos los corruptos ligados a Mossack Fonseca y las sociedades offshore. Exigimos también la apertura de sumario para todos los cargos en sospecha, y la apertura de una investigación aún más a fondo para que no quede ningún involucrado libre de responsabilidad.
Ya renunció el primer ministro de Islandia, y en el Reino Unido el pueblo exige la renuncia de Cameron. Exigimos también la renuncia de Macri, presidente de Argentina, y de todos los políticos involucrados en el escándalo.
Exigimos la expropiación de bienes de las compañías fundadas con capitales ilegales, y que esos bienes sean destinados para satisfacer necesidades básicas de la población del país a que correspondan.
¡Cárcel a todos los corruptos! ¡Sanciones a todos los involucrados! ¡Expropiación de bienes secretos y empresas de capitales ilegales! ¡Que nadie quede impune!
[1] Actualmente, existen 49 paraísos fiscales, la mayoría ubicados en la zona del Caribe (Bahamas, Barbados, Panamá), en las islas del Pacífico (Islas Marshall y Cook, Samoa), y en Europa (Luxemburgo, Suiza, Mónaco, Andorra, entre otros).
[2] http://www.infobae.com/2016/04/10/1802937-cuanto-dinero-se-fuga-los-paraisos-fiscales
[3] http://www.infobae.com/2016/04/10/1802937-cuanto-dinero-se-fuga-los-paraisos-fiscales
[4] http://www.huffingtonpost.com/entry/biggest-corporations-hiding-over-trillion-overseas_us_57100f97e4b0060ccda2c625
[5] Scott Thurm; Kate Linebaugh (March 10, 2013). «More U.S. Profits Parked Abroad, Saving on Taxes». Wall Street Journals. Retrieved 19 March 2013.
[6] Solo en Brasil, más de 130 políticos se vieron involucrados en el escándalo de financiamiento electoral, además de 107 empresas offshore vinculadas a empresas o políticos envueltos en la investigación de la Operación Lava Jato, entre ellos Eduardo Cunha, presidente de la Cámara de Diputados que acaba de implementar el impeachment contra Dilma, precisamente por investigaciones por corrupción. http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2016/04/160405_panama_papers_america_latina_lab
