En octubre, la ministra de Igualdad Irene Montero compareció en la comisión de igualdad para  afirmar que esta legislatura finalizará con cinco grandes “proyectos feministas” como son: “la legislación contra todas las violencias machistas, incluyendo la trata y la explotación sexual; el blindaje y permanencia del Pacto de Estado; la garantía del derecho al aborto; los derechos de las personas trans y LGTBI; y el derecho al cuidado reconocido por ley».

Por Corriente Roja – Estado Español

Para ello anunció medidas como un aumento en el presupuesto del Ministerio hasta los 525 millones en los nuevos PGE. 76 millones de euros de los Fondos europeos  para la   Centros de Atención Integral 24 horas para víctimas de violencia sexual o el primer Plan de Inserción socio laboral para víctimas de trata, explotación sexual y mujeres en contextos de prostitución, de las que casi el 80% están en situación administrativa irregular

Saludamos todas estas medidas anunciadas aunque sean insuficientes y algunas, de momento tan solo promesas. Un ejemplo de ello es la ley del solo sí es sí o la ley trans que responden a la presión de la lucha feminista y del movimiento LGTBI, y que representan una conquista parcial, máxime cuando no sabemos con qué recursos se va a   garantizar su aplicación. Desde que finalizó el estado de Alarma, hemos visto un repunte atroz de las agresiones sexuales, los delitos de odio y los crímenes machistas, ante los que sigue sin haber suficientes recursos.

El problema es que este gobierno que se dice feminista, con una mano legisla o reforma leyes en favor de las mujeres y con la otra sigue aprobando medidas que agravan nuestras condiciones materiales y nos impiden salir de la violencia machista que tiene muchas caras y es multicausal.

En estos días supimos que el gobierno no sólo no va a derogar la reforma laboral de Rajoy como prometieron, sino que preparan una contrareforma laboral profunda. Con ella las mujeres seguiremos a la cabeza del paro, los contratos a tiempo parcial y la precariedad, después que la brecha salarial y nuestra situación laboral se agravase tras la pandemia.

Igualmente, ha aceptado la imposición de Bruselas de alargar el periodo que se emplea para calcular las pensiones, como condición para recibir los fondos europeos. Esto significa que nuestras pensiones, ya de por sí más bajas por la discriminación laboral que sufrimos, seguirán siendo de miseria.

Este gobierno abandonó en plena pandemia a las más oprimidas y explotadas como son las empleadas de hogar, trabajadoras de ayuda a domicilio o en residencias, que llevan años reclamando sus derechos laborales. Pero el grueso de esos fondos europeos “para la recuperación”, irán a parar a los magnates del Ibex 35 y multinacionales y no para reforzar unos Servicios públicos  muy deteriorados y recortados y volver a manos públicas los que están privatizados.

Las  más “esenciales” seguirán siendo por tanto las más precarias y las más olvidadas, como nos recuerdan las auxiliares  de ayuda a domicilio, acampadas frente al Ministerio de trabajo estos días. El gobierno ha vuelto a dejar a miles de estas trabajadoras en manos de las llamadas empresas multiservicios, que emplean mano de obra superexplotada y mayoritariamente femenina. Mientras, los recortes y privatización de lo público, condenan a millones de nosotras a la doble jornada laboral y a la opresión de un trabajo doméstico y de cuidados gratuito en el hogar, que siguen recayendo en nosotras.

Este 25N denunciamos que  sin  empleo, salario o pensiones dignas y con doble jornada laboral, no hay forma de escapar de la violencia machista.

  • ¡No a la contrareforma laboral ni al ataque a las pensiones públicas que prepara el gobierno 
  • ¡Mas recursos para protegernos de la violencia machista y NO para pagar la deuda!
  • ¡Fondo europeos para reforzar los Servicios publicos y NO para las empresas del IBEX 35

La violencia sexual es una verdadera  pandemia mundial

En octubre se produjo la brutal violación de una menor en el municipio de Igualada. Pese a la especial gravedad de este caso, las agresiones sexuales a mujeres en nuestro país no son un caso aislado. El balance de criminalidad hasta Septiembre de 2021 del Ministerio del Interior, arroja que los delitos sexuales están a cabeza de la estadísticas. Han crecido en este año un 27% que alcanza el 30 % si  se tienen en cuenta las violaciones o agresiones con penetración Esto supone que entre enero y septiembre se denunciaron en España 1.601 violaciones, una cada cuatro horas. Aun así, se calcula que  tan solo salen a la luz  en torno al 11 por ciento de los delitos contra la libertad sexual

Según  datos de la Macroencuesta de Violencia Contra la Mujer 2019, prácticamente una de cada cinco mujeres ha sido acosada sexualmente en el ámbito laboral. El 72% de las víctimas no ha puesto el caso en conocimiento de su empresa y, de ellas, el 61,9% no lo ha hecho por temor a represalias. La falta de protocolos hace que la mayoría de las   oculten este tipo de agresiones.

Que la violencia sexual contra mujeres y niñas es una pandemia mundial del que el Estado Español tampoco se libra es verdad. Que ningún gobierno, incluyendo el  gobierno PSOE-UP siguen sin destinar los recursos necesarios para atajar esta violencia, también lo es.

En Marzo de este año, un informe de Amnistia Internacional denunciaba que solo Asturias y Madrid capital contaban con centros crisis para víctimas de agresiones sexuales, aunque no cumplen siquiera los requisitos fijados por el Convenio de Estambul que recomienda un centro por cada 200.000 mujeres. En el caso de Madrid, el informe señala además graves deficiencias en sus protocolos de funcionamiento

Hay que señalar también que la nueva Ley de Educación de este gobierno; la llamada Ley Celá, sigue sin garantizar una verdadera Educación sexual en valores de igualdad como asignatura curricular.

Faltan campañas de sensibilización y las que hay, siguen poniendo el foco en las víctimas y no en los agresores, mientras asistimos a una cosificación diaria de las mujeres, a la prostitución disfrazada o encubierta y la trata, que generan miles de beneficios económicos en este sistema capitalista.

Si la violencia sexual es una pandemia necesitamos recursos YA. No podemos esperar más para garantizar que no haya ni una agresión sin respuesta y ni una mujer agredida sin recursos para  la atención y  protección que se necesiten para atenderla

  • ¡Protocolos obligatorios de prevención y actuación  en centros de estudio y trabajo!
  • ¡No a la cosificación y mercantilización del cuerpo de las mujeres!
  • ¡Centros Crisis 24H suficientes, para todas las victimas de violencia sexual!
  • ¡Educación sexual como asignatura curricular! ¡Fuera la Iglesia católica de nuestras aulas!
  • ¡Alternativas habitacionales y socio laborales dignas, para mujeres en situación de prostitución!     
  • ¡Regularización administrativa YA!

¡Basta de maltrato institucional!

El consejo de ministros aprobó el pasado 16 de Noviembre el indulto parcial a Juana Rivas, condenada a dos años y seis meses por un delito de sustracción de menores, después que el Tribunal Supremo rechazara concederle el indulto total. Esto pese a que existen informes en los que uno de los menores relata golpes e insultos de su padre y su deseo de vivir con Rivas y no con él. Y a que Juana Rivas había denunciado al padre y este ya había sido condenado en 2009 por maltrato, lo que con la legislación actual, le hubiera supuesto incluso la suspensión de las visitas.

En el  caso de Juana Rivas, la justicia y las instituciones, no sólo no le han brindado la protección a ella y sus hijos que necesitaba, sino que se le ha castigado por atreverse a desobedecer una sentencia judicial injusta, castigando con ello también a los dos menores al impedirles ver a su madre.

Por desgracia, el maltrato institucional al que se ha visto sometida, tampoco es un caso aislado. Hay miles de mujeres con sus hijas e hijos en situaciones similares que están invisibilizadas por el sistema. Como denuncian muchas organizaciones de mujeres, el Sistema Judicial sigue usando el falso Síndrome de alienación parental, aunque según los expertos este no tiene ninguna evidencia científica. Tampoco se investigan a fondo los abusos sexuales a menores que son muy difíciles de probar e incluso se castiga a las madres que se atreven a denunciarlos

Este 25N también denunciamos ¡Libertad Juana Rivas. Porque un maltratador nunca puede ser buen padre y proteger a los menores de ellos, no puede ser un delito.

  • ¡Basta de maltrato institucional!
  • ¡Depuracion del  Sistema Judicial, que es heredero del franquismo!
  • ¡Fuera jueces/zas machistas!

La salida no es institucional

A pesar de todos los discursos a favor de la mujer e incluso de algunas leyes y medidas progresistas que tomó este gobierno, vemos que la violencia machista sigue e incluso aumentaron las agresiones sexuales, homófobas y la LGTBIfobia.

Vemos como hay un resurgimiento de la ideología y el discurso sexista. Y esto es así porque esta ideología, que justifica la opresión de la mujer, sirve a los intereses burgueses. Sirve para dividir y enfrentar a nuestra clase y que esta siga que nos pagando los platos rotos de esta nueva crisis.Sirve para mantener a las mujeres como ejército de reserva que entra y sale del mercado de trabajo cuando a la burguesia le conviene, y sirve para «naturalizar» que las tareas del hogar y el cuidado son «cosas de mujeres», algo que fue muy evidente en la pandemia.

Aunque luchamos por mantener y ampliar todos nuestros derechos democráticos, desde Corriente Roja pensamos que la salida a esta situacion NO es institucional. No pasa por poner más mujeres en el Parlamento o en el gobierno. La única salida que tenemos las mujeres trabajadoras es  organizarnosos junto a nuestra clase, llamando a nuestros compañeros a romper con su propio machismo y a venir con nosotras a luchar por nuestros derechos. Por organizarnos  para defendernos y enfrentar los ataques de la derecha en las calles y arrancar a este gobierno las medidas reales que necesitamos.

Tomado de: corrienteroja.net