Durante el 2020, el país alcanzó la terrible cifra de 25 femicidios y de acuerdo con datos del Observatorio de Violencia de género, al 19 de octubre de este año se han registrado 10 femicidios. Sin embargo aún hay 26 muertes violentas de mujeres que están pendientes de ser clasificadas, a la espera de informes policiales o de revisión y este proceso de declaración puede tardar casi un año.

Por PT Costa Rica 

Aunque durante la pandemia no se reportó formalmente un aumento significativo en el número de denuncias presentadas, el comportamiento de las situaciones de violencia podría no haberse reflejado necesariamente en las estadísticas, precisamente porque ante el cambio de las condiciones en los hogares, con el aumento de pobreza y desempleo, las condiciones se dificultaron aún más para que las mujeres pudieran denunciar y salir de sus casas.

Los datos del desempleo evidencian que estamos en una mayor vulnerabilidad, ya que más de la mitad de la población desempleada en el país siguen siendo mujeres. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), en el país hay 402.000 personas desempleadas, de las cuales 214.000 son mujeres. Esta situación hace que económicamente seamos dependientes y tiene una repercusión directa en las posibilidades de salir de relaciones violentas, ya que no se cuenta con medios económicos para poder garantizarse sus necesidades básicas.

Cambios a la legislación no garantizan reconocimiento de la gravedad de los femicidios.  

Durante este año se amplió el concepto de femicidio en la Ley de Penalización de la Violencia contra las mujeres, ampliando el concepto de femicidio ampliado y el ámbito de castigo del delito, lo cual constituía una deuda histórica con las mujeres.

Sin embargo, aunque esta es una herramienta que debe ser utilizada para juzgar los casos de femicidio, no garantiza que en los Tribunales se reconozca la gravedad de los femicidios, y recientes sentencias de este año han sido ejemplo de ello.

En el mes de agosto se resolvieron las causas por las muertes de Luany Salazar y Allison Bonilla. En ambos casos, a pesar de la evidente violencia machista y de que la Fiscalía solicitó que se trataron como homicidios calificados, por el enseñamiento y la atrocidad de los crímenes, los tribunales consideraron que se trataba de homicidios simples y las condenas fueron significativamente menores.

Por eso no podemos colocar nuestra confianza en estas instituciones que reproducen la misoginia y el machismo del Estado al que representan, y no será suficiente con los avances en materia legal, si no combatimos la violencia estructural contra las mujeres.

Luchar por un programa que combata la violencia machista.

Ante la violencia y el peligro que nos amenaza, solo nos queda confiar en nuestras propias fuerzas para terminar definitivamente con la violencia machista y la opresión en este sistema que nos explota y oprime. Mientras luchamos por acabar con la raíz del problema, proponemos también un programa de combate a la violencia contra las mujeres:

  • Declaratoria de emergencia nacional ante la violencia machista, para que se puedan destinar los recursos económicos necesarios para garantizar brindar servicios de atención ante las situaciones de violencia y garantizar a las víctimas el acceso a trabajo digno, educación y vivienda.
  • Ampliación de los programas de respuesta ante situaciones de violencia, para que se garantice la atención médica, jurídica y psicológica a las mujeres víctimas de violencia.
  • Aumento de albergues y mejora de condiciones de los existentes.
  • Otorgamiento de licencias ante situaciones de violencia de género, para que ninguna mujer víctima de agresión sea despedida de su trabajo por hacer frente a las denuncias.
  • Prioridad en programas de empleo y vivienda para las víctimas de violencia.
  • Organización de grupos de autodefensa en lugares de trabajo, sindicatos, organizaciones obreras, estudiantiles y populares.
  • Realización de campañas educativas y de formación que promuevan la participación de mujeres y hombres para luchar en contra de la violencia machista.
  • Implementación de dispositivos de seguimiento para verificar el cumplimiento de las medidas de alejamiento de las víctimas.
  • Elección popular de los jueces y revocabilidad de sus puestos.