A un año del crimen de lesa humanidad cometido en Iguala; las masas trabajadoras, estudiantiles y la población en general refrendan la exigencia al gobierno de Peña Nieto por saber toda la verdad y por el castigo a los culpables.

Por: GSO – México

Esta exigencia se reforzó luego del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), patrocinado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con lo que la verdad histórica del ex Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, sobre la suerte de los 43 estudiantes desaparecidos, se desplomó.

Como respuesta desesperada para sostener el castillo de naipes, la Procuradora General de la República, Arely Gómez, informó el 16 de setiembre, que el laboratorio de la Universidad de Innsbruck identificó los restos de Jhosivani Guerrero, uno de los 43, con lo que el gobierno se aferraba a la “verdad histórica”.

Sin embargo, la versión de la Procuradora no resiste la menor prueba científica, como afirmó el Equipo Argentino de Antropología Forense que declaró que “la coincidencia entre la muestra ósea y la madre del joven no es considerada como un resultado identificatorio definitivo”.

Lo que Arely Gómez y Enrique Peña Nieto pretenden es garantizar la impunidad para los autores materiales y para sí mismos. Tratan que el crimen vaya desapareciendo de la conciencia del pueblo y desarticular el movimiento que renace a favor de saber toda la verdad sobre lo sucedido.

Cabe preguntarse también ¿por qué el gobierno ha ocultado, desde el primer momento, la verdad?

Quizá una explicación sea que como el cerco se viene cerrando alrededor del cuartel del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala, la desesperación por disolver la verdad tenga por objetivo salvar la reputación de los mandos del ejército –porque está desnudándose que no son defensores de la patria sino asesinos del pueblo– y salvar al gobierno federal, en especial a Peña Nieto, por ser el comandante en jefe de las fuerzas armadas. Además de comprobarse que los jóvenes fueron llevados a ese lugar la noche del 26-27 de setiembre, el desastre político para el gobierno será mayúsculo. En ese sentido el GIEI de la CIDH ha dicho que tienen pruebas de que el ejército y la policía federal estaban en todo momento al tanto de lo que ocurría con los normalistas.

Por estas razones debemos exigir toda la vedad: ¿Qué hicieron con los 43, quiénes son los responsables?

Para conseguirlo debemos continuar y desarrollar la movilización. No caer en el escepticismo ni dejarnos intimidar por la represión, y agruparnos en una amplia coordinadora o algún organismo similar que apruebe un solo plan de acción a nivel nacional y apele al apoyo internacional, que exija a los que se dicen opositores políticos del PAN, PRD y Morena que se unan a la movilización para obligar al gobierno a no seguir ocultando y negando la información. Para poder develar toda la verdad y castigar a los culpables.

AYOTZINAPA VIVE, LA LUCHA SIGUE

Lea este y otros artículos en el periódico del Grupo Socialista Obrero, La Resistencia n.° 10, setiembre-octubre de 2015.-