Por: Júlio Anselmo
La huelga de los trabajadores del Metro, la CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) y la Sabesp (Saneamiento Básico del Estado de São Paulo) contra las privatizaciones anunciadas por el gobierno de São Paulo, el día 28 de noviembre, fue un éxito, a pesar de todas la campaña llevada a cabo por los grandes medios de comunicación y por el gobierno para tratar de reducir el apoyo de la población.
El gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), fue más allá y utilizó dos argumentos principales para intentar enfrentar la huelga. Primero, reiteró varias veces que se trataba de una huelga política y que, por lo tanto, no tendría legitimidad y sería inútil, porque él no daría marcha atrás en su plan de privatización. En segundo lugar, dijo que luchar contra la privatización sería antidemocrático, ya que significaría no aceptar los resultados de las urnas que lo eligieron.
Es obvio que la huelga es política. Después de todo, son los políticos quienes deciden servir una vez más a los intereses de los grandes empresarios, proponiendo entregar el agua, los trenes y el metro de São Paulo, para que estén al servicio de las ganancias de las grandes empresas capitalistas. No en vano Tarcísio, en su rueda de prensa, utilizó el hecho de que las acciones de la Sabesp subieran en bolsa como prueba de lo bueno que es su proyecto. El problema es que el dominio del mercado de acciones, o de las ganancias del capital financiero, significa cosas buenas sólo para los ricos, mientras para los trabajadores significa reducción de empleos, de salarios, aumento en el precio de los servicios y disminución de su calidad. ¿Quiere una prueba? Basta mirar la situación de la ENEL y del sistema eléctrico de São Paulo.
Es curioso que para estos señores sólo los políticos burgueses profesionales de los grandes partidos y los grandes empresarios pueden hacer política. Cuando un alto ejecutivo de una CCR de la vida hace lobby, invierte en campañas de los políticos, emite opiniones sobre la necesidad de privatizar, ¿no está haciendo política? Pero nadie de la gran prensa ni del gobierno reclama que el multimillonario esté haciendo política. Ahora, cuando los trabajadores se reúnen en asamblea y deciden luchar contra lo que entienden es un ataque, no sólo a los derechos de los gremios involucrados sino a todos los trabajadores de São Paulo, no puede. Los multimillonarios y las grandes empresas tienen acuerdos de gabinete con gobiernos y diputados. Los trabajadores tienen su lucha.
Lo tragicómico es ver a un ex ministro de Bolsonaro, que nunca respetó ninguna elección (solo la que ganó, obviamente), queriendo dar aulas de democracia. Pero lo peor es pensar que, sólo porque ganó la elección, puedes hacer lo que quiera sin satisfacer a nadie. El mandato es el de gobernador, no el de emperador.
El argumento de que el programa defendido en la campaña era de privatización y debe ser respetado tampoco es sostenible. Después de todo, la gente vota por una variedad de candidatos por las más diversas razones. El pueblo podría haber elegido al privatista Tarcísio y, al mismo tiempo, estar en contra de la privatización. Además, el pueblo también tiene derecho a cambiar de idea. Sin mencionar que, en la capital de São Paulo, donde se encuentran el metro y gran parte de los trenes, por ejemplo, Tarcísio ni siquiera ganó. Entonces, ¿de qué parte de las urnas está hablando?
El debate sobre la privatización está en las calles y cada día más gente llega a la conclusión de que sólo beneficiará a las grandes empresas, a los multimillonarios, y será perjudicial para todos los trabajadores. Esto es lo que teme y de lo que se esconde el gobernador. Más aún después del escándalo del apagón de la ENEL, la mayoría de la población de São Paulo está en contra de las privatizaciones que se proponen, según los institutos de investigación y el plebiscito popular realizado por el movimiento social.
Es surreal que una persona sea elegida para un mandato de cuatro años y se sienta con derecho a aprobar una concesión para que una empresa privada se beneficie de un servicio público por más de 30 años. Sin consultar o sin que el pueblo debata o decida. Un plebiscito es lo mínimo para, al menos, escuchar a la población. Pero ni siquiera eso propone.
Esa es la lógica de esta democracia de los ricos. Que un político sea elegido y haga lo que quiera, sin que el pueblo decida ni opine sobre nada más, es una democracia muy limitada. Cuando entra en la ecuación el predominio del poder económico en las elecciones, en el Estado y en la propia democracia, resulta aún más claro que, además de ser poco democrático, el régimen político pertenece a los ricos.
Tarcísio también parece olvidar, o nunca supo, que los sindicatos, las manifestaciones, las asambleas de trabajadores y la opinión del pueblo son elementos fundamentales de las libertades democráticas que deben ser defendidas y ampliadas. Por el contrario, reprimir manifestaciones, despedir a trabajadores y dirigentes sindicales por luchar, perseguir y asediar a gremios enteros para que no se movilicen, son actitudes de quienes ignoran las libertades democráticas.
Decir que es una democracia, que tenemos que respetar los resultados de las urnas pase lo que pase, y que no podemos protestar, manifestarnos, es entender que los ricos tienen todos los derechos y medios para hacer valer su voluntad, mientras a los trabajadores y el pueblo solo les cabe votar cada 2 años. Pero, por supuesto, con ellos controlando incluso quién tiene posibilidades de ganar, controlando las elecciones con ríos de dinero fluyendo para las campañas. Y así siguen dominando a toda la sociedad y garantizando sus intereses capitalistas contra todo el pueblo.
Pero, incluso en esta democracia de los ricos, limitada, el pueblo puede expresar su opinión a través de plebiscitos. Y también tienen el derecho de derrocar a sus gobernantes. Lamentablemente de forma muy difícil e indirecta. Un régimen político con mandatos revocables sería mucho más democrático que el que tenemos hoy.
Todo esto, viniendo de un bolsonarista, es de esperarse. El problema empeora cuando vemos que, incluso aquellos que se dicen de izquierda, cuando asumen la máquina, los gobiernos, actúan para mantener el capitalismo y este régimen político de los ricos que se retroalimenta. El gobierno Lula, ahora frente a la lucha contra las privatizaciones, no sólo no ayuda a los trabajadores, sino que también se asocia con Tarcísio en las privatizaciones, con financiamiento del BNDES. También promueven Alianzas [Parcerías] Público Privadas (PPP) en todo el país y acuerdos de transferencia de recursos públicos hacia el sector privado.
Lea también:
Lula debería reestatizar las empresas privatizadas como la Eletrobras. Cancelar la concesión de la ENEL. Revertir la privatización del metro de Belo Horizonte. E impedir las privatizaciones de Tarcísio en São Paulo. Pero, dado lo que ha hecho hasta ahora, es poco probable que esto se haga. Lula ni siquiera enfrenta a quienes atentaron contra el resultado electoral. Si la democracia de los ricos ya es ruin, siendo en la práctica una dictadura de los ricos, una dictadura abierta como la que defienden sectores de la ultraderecha es aún peor, y significaría la destrucción de las pocas libertades democráticas que los trabajadores aún tienen.
Necesitamos construir otro régimen político basado en la organización de los propios trabajadores, y que sea de hecho una democracia de los trabajadores. Donde sea posible que el pueblo decida todo. En lugar de un salario de R$ 40.000 para los políticos y un salario mínimo de R$ 1.320 [para el trabajador], propondremos que el pueblo decida el valor de cada uno. En lugar de aumentar las tarifas, veamos si la gente no prefiere quitarles parte de las ganancias a estas empresas. Entonces sí, ¡quiero ver a Tarcísio responder quién le teme a la democracia de los trabajadores!
Lea también:
El gobierno Lula, las privatizaciones y la ultraderecha
Artículo publicado en www.opiniaosocialista.com.br, 28/11/2023.-
Traducción: Natalia Estrada.
