Alguien que no conociera nada de la historia de Centroamérica en estos últimos 30 años, y tuviera la oportunidad de viajar a Managua en estos días, difícilmente podría darse cuenta de que a finales de los ’70 se dio un proceso revolucionario de tal profundidad, que amenazó de muerte al sistema capitalista. La Nicaragua de hoy día, aunque estén de nuevo en el poder los Ortega, exhibe las mismas lacras de cualquier otro país capitalista atrasado y explotado por las transnacionales. Como veremos en este artículo: la dirección sandinista se empeñó en reconstituir el Estado burgués, herido de muerte con la destrucción de la Guardia Nacional de Anastasio Somoza fruto de la insurrección popular que culmina el 19 de julio de 1979, y terminó transformándose en una ala de la burguesía nicaragüense, mediante el robo de las propiedades expropiadas a Somoza y su camarilla y todo tipo de negociados al amparo del aparato del Estado.
Hoy toca extraer las lecciones de esta experiencia histórica, para que el sacrificio y el heroísmo revolucionario de los pueblos centroamericanos en ese momento no haya sido en vano. En medio de la crisis económica internacional, apostamos a que los pueblos centroamericanos volverán de nuevo a luchar por el poder y esta vez de lo que se trata es de construir una dirección obrera, socialista e internacionalista, que no vacile en expropiar a la burguesía y unificar la lucha revolucionaria en Centroamérica.
La caída de la dictadura somocista
En enero de 1978, con el asesinato del burgués opositor Pedro Joaquín Chamorro, se detona una poderosa movilización de masas en protesta, con incendios de empresas ligadas al somocismo en Managua, bajo el impulso de la Tendencia Proletaria del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Este asesinato se enmarca dentro de una crisis que ya vivía la dictadura somocista, al comenzar a incrementarse el accionar militar del Frente Sandinista y enfrentarse a un creciente repudio dentro de la burguesía.
La barriada indígena de Monimbó en Masaya, la segunda ciudad del país, se insurrecciona en febrero, dando una lección al conjunto de las masas populares de Nicaragua sobre los métodos para realizar una insurrección de masas a nivel urbano. Con la toma del Palacio Nacional en agosto, en una operación comando dirigida por el Comandante Cero, Edén Pastora, de la tendencia Tercerista del FSLN, la crisis de la dictadura comienza a hacerse palpable. La burguesía opositora llama a un paro nacional en setiembre, coincidiendo con una ofensiva concertada de las diferentes tendencias sandinistas.
Para este momento, la burguesía opositora, la Iglesia católica, la socialdemocracia europea y varios gobiernos latinoamericanos, tratan de comprometer al sandinismo a compartir el poder con la burguesía ante una eventual caída de la dictadura. La ayuda en armas, recursos financieros y logística queda así comprometida al surgimiento de un gobierno de unidad nacional, que se concretará finalmente con la incorporación de Violeta Barrios de Chamorro (viuda de Pedro Joaquín Chamorro) y Alfonso Robelo (presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada- COSEP) a la futura Junta de Reconstrucción Nacional.
La caída de la dictadura somocista, en medio de un proceso insurreccional que provoca la desbandada de la Guardia Nacional, destruye los cimientos del Estado burgués en Nicaragua. En la fase final de la lucha, en junio-julio de 1979, cuando las columnas guerrilleras avanzan hacia los centros de población en el Norte, Managua y la franja del Pacífico, se produce una incorporación masiva de los sectores populares, que se arman y forman milicias, ejecutan a miembros de los aparatos represivos que no logran huir, y comienzan a ocupar fábricas y haciendas de los Somoza y su camarilla. Surge así una situación de doble poder, donde embrionariamente el poder de las masas se expresa en las milicias, la organización barrial y los sindicatos que comienzan a surgir a partir del 19 de julio.
El FSLN en el poder: frenar la revolución, para reconstituir el Estado burgués
Al igual que en Rusia en febrero de 1917, cuando la burguesía tiene que recurrir a la ficción de un gobierno de unidad nacional con social-revolucionarios y mencheviques, las direcciones colaboracionistas de clases al frente de los soviets, el poder real reside en los órganos de poder que están creando las masas movilizadas. En la Nicaragua de ese momento, la única posibilidad que tiene la débil burguesía opositora es refugiarse detrás de la Junta de Reconstrucción Nacional (organismo que solo cobra vida por la autoridad del FSLN) y tratar de aglutinarse por medio del COSEP para presionar al sandinismo a cumplir con el programa del Gobierno de Reconstrucción Nacional (GRN), que limita la revolución al establecimiento de un régimen democrático-burgués.
La dirección sandinista, que no tenía una experiencia histórica en frenar al movimiento de masas, como la de los aparatos estalinistas, se encuentra presionada desde el primer momento por la política de colaboración de clases que ha definido. Esta la obliga a contener la revolución para que no vaya más allá de la conquista democrática que representa la caída de Somoza, y no entre de lleno en un curso anticapitalista, como el que se anuncia con el armamento de las masas y el proceso abierto de tomas de fábricas y tierras. La huida de la camarilla de los Somoza significa de hecho la expropiación de la fracción burguesa más poderosa del país, generando una dinámica anticapitalista en medio de la movilización de masas. Por esta razón, el sandinismo tiene que comenzar a predicar que las expropiaciones son contra los burgueses “vendepatrias”, no contra los que son patrióticos.
La situación ha tomado por sorpresa al sandinismo, que no contaba con la posibilidad de que se diera un proceso de organización independiente de las masas. Sin embargo, rápidamente, logra definir un proyecto de control político y militar del movimiento de masas para reconstituir el Estado burgués, transformando la guerrilla en un aparato militar profesional.
Esta escalada represiva era parte de un operativo contrarrevolucionario bien calculado para controlar el movimiento de masas. Como se pondrá en evidencia con la llegada de Fidel Castro a Managua [para] celebrar el primer aniversario del triunfo de la revolución, la dirección castrista aconsejaba al sandinismo que se mantuviera aferrado a una política de colaboración de clases con la burguesía, con la expectativa de que el imperialismo yanqui, a cambio de esta colaboración, abriera un proceso de negociación con Cuba que terminara con las sanciones y el aislamiento. El aparato represivo que va a establecer el sandinismo va a ser creado con la asesoría del G-2 cubano.
Sin partidos fuertes de la burguesía, con todas las instituciones claves del Estado burgués profundamente debilitadas (hay una purga de los somocistas dentro del aparato judicial y [de] todos los ministerios), y con un gran sector de la economía que era propiedad anteriormente de Somoza y sus secuaces y ahora lo controlan los “administradores” sandinistas, el régimen político que comienza a conformar el sandinismo para poder controlar al movimiento de masas es desde el primer momento profundamente autoritario y bonapartista.
Aunque el sandinismo establece este régimen para tratar de sostener el sistema capitalista en Nicaragua, las confiscaciones de la propiedad somocista y la articulación de la institucionalidad burguesa en torno al mando militar guerrillero, provoca las primeras fricciones con la burguesía opositora, llevando a la salida de Robelo y Violeta Chamorro de la Junta de Reconstrucción Nacional a mediados de los ’80 y a la muerte del dirigente del COSEP, Jorge Salazar Argüello, en contacto con sectores del somocismo, en un enfrentamiento con la seguridad del Estado.
El imperialismo le da “aire” a la economía mixta del sandinismo
La derrota militar en Vietnam, en 1975, como resultado de la combinación de la resistencia vietnamita, la solidaridad internacional a nivel mundial y la movilización contra la guerra dentro de los propios Estados Unidos, va a provocar una profunda crisis de dirección del imperialismo yanqui para enfrentarse a los procesos revolucionarios más allá de sus fronteras. 1979 es un año crucial, porque caen dos peones en regiones claves para el imperialismo: Somoza en Centroamérica y el sha en Irán. Estamos así a las puertas de un salto, de una profundización del ascenso revolucionario en nivel mundial, que ha comenzado a darse desde finales de los ’60. Lo grave en este marco es que Washington se enfrenta al “síndrome de Vietnam”: la oposición del pueblo norteamericano a las guerras contrarrevolucionarias con intervención directa del ejército yanqui.
El fracaso del intento para liberar por la fuerza mediante una operación comando a los rehenes en la Embajada norteamericana en Teherán, puso en jaque al imperialismo yanqui y lo deja paralizado por el momento, frente a un proceso revolucionario de masas ante el cual se comprometió hasta el último momento apoyando a la odiada dictadura del Sha. Irán se convierte en una amenaza muy seria, porque la dirección burguesa que se pone al frente del proceso (el clero chiita encabezado por el imán Khomeini) pretende asumir un desarrollo capitalista autónomo, con base en los recursos petroleros del país. Quizás este desconcierto inicial contribuye a convertir el problema iraní en un verdadero trauma hasta el día de hoy en la definición de la estrategia de dominación global del imperialismo yanqui.
Frente al caso de Nicaragua y el ascenso de masas que se abre en toda Centroamérica a finales de los ’70, la Administración Carter, tomando conciencia de la imposibilidad de una intervención militar directa para impedir la caída de Somoza, empieza a ensayar otra estrategia contrarrevolucionaria, pactando con el sandinismo el congelamiento del proceso revolucionario en los marcos del capitalismo, una vez que caiga la dictadura. A diferencia de Irán –donde no existe a nivel internacional ningún intermediario para entablar una negociación con el clero chiita, que dé seguridad a los intereses petroleros de Washington y un compromiso de que la revolución no se extendería entre las masas chiitas del Medio Oriente–, en relación con el sandinismo ha habido un trabajo previo por parte de la burguesía opositora, la socialdemocracia internacional y algunos gobiernos burgueses de América Latina, para “moderarlo”.
Washington se juega así a fondo la carta de permitir que el FSLN tome el poder… y va más allá: otorga una inyección de más de 2.000 millones de dólares en créditos y ayudas, que le permite al sandinismo hacer importantes concesiones al movimiento de masas en los dos primeros años de gobierno. El proyecto de economía mixta del sandinismo, articular la propiedad estatal con el sector capitalista de la economía, recibe un oxígeno vital.
El rostro bonachón que intentó proyectar el ex presidente Carter en años recientes, denunciando violaciones a los derechos humanos en varios países de la periferia y clamando por ayuda al “tercer mundo”, no debe hacer olvidar, sin embargo, que la contraofensiva contrarrevolucionaria del imperialismo, tanto en los propios Estados Unidos, como en nivel internacional, se inicia en el último año de su gobierno. En casa, nombró al frente de la Reserva Federal (FED) al ahora octogenario Volcker (uno de los principales asesores económicos de Obama), para disparar las tasas de interés y hacer entrar la economía yanqui en un curso recesivo, que aumentara el desempleo y se trajera a pique los salarios. En Centroamérica, la política “amable” hacia el sandinismo, dio paso a lo que en nuestra corriente internacional denominamos desde entonces la política de reacción democrática (desviar los procesos revolucionarios al terreno de las instituciones burguesas con convocatorias a elecciones o en casos extremos a Constituyentes), más adelante reemplazada por la “zanahoria y el garrote”, es decir, presión política y luego militar (con el impuso de la contrarrevolución armada) para obligar al sandinismo a otorgar cada vez más concesiones a la burguesía local y al imperialismo. Con bandas dispersas de guardias somocistas que no huyeron a Honduras y se refugiaron en las montañas de Nicaragua, la CIA y el Pentágono comienzan a montar las guerrillas contrarrevolucionarias, conocidas como “Contras” (en un proceso coincidente con el de Afganistán), en una estrategia de “guerra de baja intensidad”.
El ascenso de Reagan a la Casa Blanca en 1981 le va a dar impulso a esta política, generando un curso de confrontación muy fuerte, destinado a arrancarle concesiones sustantivas al sandinismo. El cambio en la estrategia del imperialismo yanqui se produce como resultado de dos procesos: a diferencia del sandinismo, que no aborda la revolución nicaragüense como parte de un proceso revolucionario de conjunto en Centroamérica, el imperialismo yanqui toma conciencia rápidamente de que para derrotar el ascenso que se está produciendo en el resto de Centroamérica al calor del triunfo revolucionario en Nicaragua, tiene que desgastar el movimiento de masas en este país y sacar del poder al sandinismo. El triunfo revolucionario sobre la dictadura somocista ha sido un ejemplo muy peligroso para su dominación, en una región que tiende históricamente a su integración y mantiene por eso profundos vasos comunicantes en la lucha de clases.
Mientras impulsa el accionar de la “Contra” para desgastar al sandinismo y refuerza los ejércitos de Guatemala, Honduras y El Salvador, realiza una operación de maquillaje “democrático” de las viejas dictaduras militares de esos países y apuntala económicamente la “democracia” costarricense para que se convierta en el ideal al que pueden aspirar, pacíficamente, las masas centroamericanas.
La segunda razón es que, aunque el sandinismo está fuertemente comprometido a defender el sistema capitalista, se trata de una dirección independiente, con fuertes vínculos con Cuba, en la que el imperialismo no puede confiar plenamente. El desplazamiento de la burguesía opositora del aparato del Estado, porque no tiene mayor cabida dentro de un régimen bonapartista que se estructura en torno a la oficialidad sandinista, provoca finalmente la ruptura de Arturo Cruz y Rafael Córdoba Rivas, que sustituyeron dentro del Gobierno de Reconstrucción Nacional a Robelo y la Chamorro.
La sagacidad contrarrevolucionaria del imperialismo yanqui, contrasta al mismo tiempo con la ceguera nacionalista de la cúpula del FSLN. Fiel a un pacto implícito de no permitir que los guerrilleros sandinistas se trasladen a pelear a El Salvador y Honduras, persigue, desarma y encarcela a los militantes que intentan hacerlo por su cuenta. Junto a la dirección cubana, contiene además a la guerrilla salvadoreña, para que no se lance con el movimiento de masas a un asalto insurreccional, en medio del fuerte ascenso obrero y de masas que sacude El Salvador en el 80-81, y más bien inicie un “diálogo” con “los militares patrióticos y honestos” de la Junta Militar que ha sustituido a la vieja dictadura, para constituir “un gobierno de amplia participación”. Esta política deja pasar el momento más propicio para la insurrección, y una vez que el movimiento de masas comienza a ser golpeado por los escuadrones de la muerte y la represión del ejército (el clímax del terror contrarrevolucionario viene con el asesinato de Monseñor Romero), la guerrilla retrocede y se atrinchera en algunas zonas montañosas, para mantener una guerra de posiciones con el ejército, bajo la óptica de negociar una democratización del régimen político salvadoreño.
Es en este marco de retroceso del proceso revolucionario en El Salvador que se intensifica la ofensiva militar del imperialismo por medio de las guerrillas de la Contra, situación que obligará cada vez más al sandinismo a golpear las conquistas que alcanzó el movimiento de masas al día siguiente de la caída de la dictadura, para poder mantener la orientación utópica de la economía mixta.
Economía mixta y concesiones al movimiento de masas
El comandante Jaime Weelock Román, otrora de la Tendencia Proletaria, se va a transformar en el teórico del proyecto económico sandinista. Es interesante, por eso, recordar cómo lo define. En una entrevista a Martha Harnecker en diciembre del ’83, nos dice: “Aquí lo que hay que plantearse teóricamente es si existe la posibilidad de que la burguesía produzca cola, sin poder, que pueda limitarse como clase a un poder productivo, es decir, que se limite a explotar sus medios de producción y que utilice esos medios para vivir, no como instrumentos de poder, imposición.
Yo creo que eso es posible en Nicaragua (…) No se trata, por lo tanto, de sustituirlos sino de buscar fórmulas de vinculación, de integración”.
La ideología de colaboración de clases que se expresa en estas líneas no es muy diferente de la ideología del “Socialismo del Siglo XXI” que hoy pregona Chávez. Es el programa de los mencheviques durante la revolución rusa, que retomará después el estalinismo para justificar su política de aliarse con algunas burguesías de los países capitalistas atrasados para resistir la presión imperialista e intentar mantener un status quo internacional. Se trata de la posibilidad de suprimir los antagonismos sociales para promover desde el Estado un desarrollo capitalista nacional que permita que la clase obrera se fortalezca y pueda, en una segunda etapa, plantearse la lucha por el socialismo.
Para suprimir los antagonismos sociales, el sandinismo “disciplinó” fuertemente al movimiento de masas mediante la represión, e intentó al mismo tiempo dar algunas concesiones importantes: la creación de un sistema único de salud, donde tanto los contribuyentes al seguro social como los no contribuyentes tenían acceso a todos los servicios médicos; una recuperación del salario y comedores con alimentación subsidiada en todos los centros de trabajo; centros de atención infantil en los barrios populares; una campaña de alfabetización gigantesca a nivel nacional y extender la cobertura del sistema educativo; tierras para barriadas populares; legislación progresiva en materia de protección social; precios agrarios subsidiados para controlar la inflación, y la nacionalización del comercio exterior.
Para ganar el favor de la burguesía, pagó generosamente por la nacionalización de bancos quebrados, intentó quedar bien con el imperialismo asumiendo el pago de los intereses de la deuda externa, y mantuvo la ofensiva para convencer al movimiento de masas de no afectar la propiedad de la burguesía “patriótica”. Ya hemos visto [en el apartado anterior] que a nadie convenció. Amenazada siempre por el ascenso del movimiento de masas y un régimen que la margina del poder político en todas las esferas del Estado, la burguesía opositora va a recibir las dádivas del sandinismo y se va a dedicar a descapitalizar las empresas, y hasta financiar a la Contra, alentada por el giro de confrontación que va tomando el imperialismo.
Si la economía empieza a recuperarse en relación con la caída del 78-79 (una tercera parte del PIB) y todavía en 1984, en medio del clímax de la ofensiva militar de la Contra, logra crecer un 4,4%, es gracias al sacrificio del movimiento de masas, que aplica la consigna del sandinismo: “levantar la producción”, y porque todavía está afluyendo dinero de empréstitos internacionales. Este año, sin embargo, la situación se comienza a volver insostenible, al devorar el gasto de la guerra la mitad del presupuesto nacional. La dirección sandinista comienza a descargar la crisis sobre los trabajadores y el pueblo: se eliminan los subsidios a los granos básicos, desaparecen los comisariatos o estancos populares para garantizar el abastecimiento de productos básicos a precios accesibles a los sectores populares, se permite que se dispare la inflación, se congelan los convenios colectivos, y se impone el Sistema Nacional de Organización del Trabajo y el Salario (SNOTS) para asfixiar dentro de una camisa de fuerza las reivindicaciones salariales. El sandinismo empieza a eliminar las conquistas que ha logrado el movimiento de masas, para poder desarrollar una política de concesiones a la burguesía opositora.
La “Contra” logró penetrar en el campesinado
En estos primeros años, es en el campo donde el proyecto de economía mixta del sandinismo va a ser más desastroso. Para impulsar el sector agroexportador y la gran producción, el sandinismo va a intentar mantener en el Área Propiedad del Pueblo (administrada por los sandinistas) la mayor parte de las grandes haciendas confiscadas y congelar el proceso en relación a las grandes propiedades de la burguesía opositora. En algunas zonas fronterizas donde comenzaron a operar las bandas contrarrevolucionarias (Chontales, Matagalpa, Nueva Guinea, Madriz) no hubo ninguna reforma agraria. Es así como el descontento campesino comenzó a nutrir las filas de la contrarrevolución, dándole una base social de apoyo.
El pequeño productor campesino se vio afectado porque los precios de los productos agropecuarios se establecían caprichosamente por debajo del costo de producción y estaban obligados a venderlos al ENABAS para abastecer a los estancos barriales. Desde los Comités de Defensa Sandinista se confiscaban los productos a quienes intentaran venderlos por su cuenta.
Esta política, contradictoriamente, no significó que hubiera un abastecimiento adecuado de las ciudades, porque la población afrontaba grandes dificultades para abastecerse, al dejar manos libres a los capitalistas para que especularan. Los salarios comenzaron a erosionarse rápidamente, al dispararse el costo de la vida.
Permitirles a los burgueses que descapitalicen
Mientras tanto, la política económica en relación con la burguesía agroexportadora estaba llena de estímulos en certificados para los que obtenían una alta productividad. A los productores cafetaleros y a los algodoneros se les ponía de gratis el transporte para sacar su producción o movilizar la mano de obra, haciendo un llamado a la juventud a participar en brigadas para la zafra o la recolección del algodón en los latifundios de la burguesía. “¿Y ahora qué? A cortar café. Y con un poco de maña, cortaremos también la caña”, cantaban los brigadistas en muchas fincas de los burgueses “patrióticos”, aunque estos lo que hacían era descapitalizar y sacar del país las ganancias. El ingenio San Antonio, en Chinandega, propiedad de los Pellas, es prueba de ello. Cuando el sandinismo finalmente lo expropia, es casi chatarra.
La guerra contra la “Contra”: una guerra perdida, sin expropiar a la burguesía
La “Contra” terminó siendo nutrida por el descontento de todos estos sectores campesinos y de las comunidades indígenas del Atlántico: los miskitos, sumos y ramas, que chocaron con el sandinismo al reivindicar su autonomía. Los comandos contrarrevolucionarios lograron así un salto cualitativo en su estructura organizativa, pasando a constituir fuerzas de tareas que obligaron al Ejército Popular Sandinista (EPS) a movilizar contingentes cada vez mayores para frenarlas.
1984 marca el clímax del enfrentamiento militar y da paso al hundimiento económico del país. El sandinismo se ve obligado a responder políticamente, pasando a repartir grandes extensiones de tierra del Área Propiedad del Pueblo (APP) en las zonas donde opera la Contra, y a negociar con los caciques miskitos, sumos y ramas.
La “Contra” es contenida, pero la negativa del sandinismo a expropiar a la burguesía y apoyarse en las masas centroamericanas para defender la revolución de la embestida imperialista, le permite al imperialismo golpear todavía más a las masas nicaragüenses.
El imperialismo está siguiendo una estrategia fríamente calculada para desgastar el apoyo popular al sandinismo. Desde antes de que la Administración Reagan decretara un embargo comercial y financiero contra Nicaragua en mayo de 1985, la constitución del grupo de Contadora por varios gobiernos latinoamericanos (México, Venezuela, Panamá y Colombia) servía para iniciar un proceso destinado a arrancarle concesiones al sandinismo, que lo llevaran poco a poco a una rendición en la mesa de negociaciones, explotando a favor de Washington el cansancio de las masas con los sacrificios que provoca la guerra y la destrucción del aparato productivo del país. (Se calcula que la “Contra” provocó pérdidas por más de 2.000 millones de dólares, tres o cuatro veces el PIB de entonces).
A medida que la guerra se prolonga y somete a terribles privaciones a los sectores populares (para 1986 la canasta básica de 80.000 córdobas representa ocho veces el salario nominal de 10.650 córdobas; se calcula que el salario real se ha reducido a un 34% de su valor en 1977), el costo en vidas humanas de las muchachas y muchachos asesinados por la “Contra” mientras cumplían con el Servicio Militar Obligatorio comienza a provocar la deserción de los jóvenes de sectores medios de las ciudades, que emigran masivamente hacia Costa Rica. El marasmo económico lleva casi al aniquilamiento del proletariado agrícola y fabril, que empieza desde estos años a cruzar en masa la frontera hacia Costa Rica (la población costarricense ronda los 4,8 millones de habitantes, y probablemente 1/5 sigue siendo de inmigrantes nicaragüenses). Incapaz de profundizar la revolución, el sandinismo emprende la ruta de la rendición.
La rendición en Esquipulas y Sapoá
El imperialismo buscó desde el principio una negociación global con el sandinismo, tendiente al desarme de todas las guerrillas centroamericanas y la integración de la burguesía opositora en el régimen político nicaragüense. Desde el Documento de Objetivos de Contadora y las tres Actas de Contadora, el sandinismo fue comprometiéndose a no ayudar a la guerrilla del FMLN, a instaurar un régimen democrático burgués con elecciones periódicas, a respetar a los vecinos y aceptar el control y verificación del armamento en la región.
Con el apoyo de la dirección castrista, desde 1983 la cúpula del FSLN ha realizado un operativo para suprimir el ala más beligerante de la guerrilla salvadoreña y cuadrarla con la política de la negociación. Estamos hablando del asesinato de Cayetano Carpio (Marcial) en Managua, el principal comandante de las Fuerzas Populares de Liberación (FPL) Farabundo Martí, la guerrilla más poderosa, que propugnaba por una estrategia de destrucción de la Guardia Nacional y [la] toma del poder en El Salvador. Se presentan las cosas como si Marcial hubiera asesinado a la Comandante Ana María por diferencias políticas y, arrepentido, se habría suicidado. Es un operativo en el peor estilo estalinista, destinado a desprestigiar y aislar a los seguidores de las posiciones de Marcial y, si es el caso, como efectivamente sucedió en algunos frentes, a exterminarlos.
El FMLN pasa al mismo tiempo a constituirse como un aparato guerrillero unificado, catapultando al Partido Comunista estalinista, que no había tenido mayor protagonismo hasta entonces, y lleva a que domine su dirección el secretario general del PC, Shafik Handal, hasta hace dos años cuando muere de un infarto.
La cúpula sandinista da el paso final en este curso capitulador, en agosto de 1987, al firmar el Acuerdo de Esquipulas, que establecía el cese de la lucha armada y la reintegración de las guerrillas en los regímenes burgueses de los países centroamericanos, a cambio de amnistías, garantías electorales y libertades democráticas.
Al año siguiente, la negociación de Sapoá concreta pasos para la reincorporación de la “Contra” en Nicaragua: el despeje de una zona de 21.000 km2 para sus integrantes, la liberación de guardias somocistas presos, y permitir la ayuda “humanitaria” del imperialismo para sus mercenarios; abriéndose finalmente un proceso hacia las elecciones del ’90, cuando se concede la ley de autonomía municipal que reclamaba la Contra.
Es interesante llamar la atención sobre el hecho de que desde 1987 el apoyo del imperialismo a la Contra comienza a languidecer. Para decirlo un poco burdamente, con sus concesiones y la política económica contra las masas populares que seguía, el sandinismo logró convencer a Reagan de sus verdaderas intenciones.
Hambreando al pueblo para sostener los incentivos a la burguesía agro-exportadora
El sandinismo profundiza una orientación económica funesta para el movimiento de masas: tratar de recuperar la economía sosteniendo al sector exportador. Se liberan los precios de los productos agrícolas, se aprueba una ley de inversiones extranjeras que permite la repatriación total o parcial de las ganancias y el capital invertido, se desmantela el monopolio del comercio exterior. De dólares a precios irrisorios para los grandes importadores (que hicieron un negociazo mientras la inflación se disparaba y el cambio llegaba a principios de 1988 a 40.000 córdobas por dólar), se pasa a dos devaluaciones sucesivas que favorecerán abiertamente a los exportadores (al aumentar el cambio oficial), y [a] verse premiados con un incentivo en dólares.
El ataque a los trabajadores es brutal: 10.000 despedidos con la compactación del Estado; indexación de los créditos de acuerdo con la inflación, disparando de forma indiscriminada las tasas de interés, que pasan de 12% anual el año anterior a 42% mensual; y aunque la eliminación del Sistema Nacional de Organización del Trabajo y el Salario (SNOTS) rompe con la camisa de fuerza de las categorías salariales inamovibles que establecía este sistema, el aumento de los salarios queda supeditado a mayor productividad, es decir, al aumento de la explotación.
El empobrecimiento es tan brutal que deben comenzar a repartir paquetes de ayuda: el llamado “gallo pinto azucarado” (arroz, frijoles y azúcar). Sin embargo, después del huracán Juana en octubre de 1988, que devastó la costa Atlántica, el sandinismo decide limitar esta ayuda a los afectados por la catástrofe. Mientras se mantienen, claro está, los incentivos a los exportadores (que llegarán a alcanzar los US$ 20 millones, algo así como 10% del valor de las exportaciones).
El sandinismo tiene una política económica que apunta a coherentizar el funcionamiento del capitalismo en Nicaragua, eliminando los mecanismos de protección de la clase trabajadora y de control de la anarquía del mercado que había intentado introducir en la primera fase de la revolución. El resultado es un empobrecimiento brutal de las masas populares, de su base social de apoyo. Buen favor le hizo a la oposición burguesa al facilitarle ganar las elecciones, y haberle economizado el costo de implementar el grueso del “ajuste”.
1990: Un cambio de régimen burgués pactado con el imperialismo
La implementación de los acuerdos de paz de Esquipulas y Sapoá puso a la orden del día la apertura del proceso electoral de 1990 para favorecer a la coalición burguesa, que el imperialismo promovió con el fin de intentar desplazar al sandinismo del poder por la vía electoral. Prácticamente todos los grupos burgueses de oposición se ponen de acuerdo para levantar la candidatura de Violeta Chamorro, a través de la Unión Nacional Opositora (UNO).
El sandinismo ha[bía] pactado con el imperialismo la garantía de que entregaría el poder si perdía las elecciones, recibiendo a cambio la seguridad de que las propiedades y privilegios adquiridos por la cúpula sandinista no serían tocados. Esto es un aspecto clave, porque los administradores y la casta militar sandinista han venido adquiriendo privilegios a través de una gestión cada vez más corrupta en el sector económico del Estado (APP) y [en] la administración pública. La cúpula sandinista se hacía de la vista gorda, porque venía en un proceso de simbiosis con el sector burgués agroexportador, a través de algunos negocios de los Ortega y otros Comandantes con terratenientes de la “burguesía patriótica”.
Las instancias de dirección del sandinismo habían comenzado a hacer ideología en los comités de base, en el sentido de que se había llegado a una coyuntura de equilibrio militar con la contrarrevolución, donde ninguna de los dos fuerzas enfrentadas estaban en capacidad de derrotar al adversario y determinar el control total del poder político. En medio de la crisis económica, esto obligaba a la apertura y negociación con el imperialismo, y a permitir un gobierno transicional de la derecha, mientras se fortalecían de nuevo.
Con el triunfo electoral de Violeta Chamorro, el proceso de la “piñata”, en los tres meses siguientes antes de entregar el gobierno, puso en evidencia la voluntad de la cúpula sandinista de conformarse como una fracción burguesa, apropiándose de buena parte de la propiedad confiscada al somocismo y [de] los bienes del Estado, y a modo clientelista, repartiendo entre sus bases más fieles algunas migajas, desde vehículos hasta casas. Aprovechando el control del poder judicial, los cuadros sandinistas corrieron a legalizar mansiones, fábricas y fincas que se habían arreglado, para retener[las] en sus manos.
Se produce así un cambio cualitativo en la naturaleza social del Frente Sandinista, que pasa a ser el principal partido burgués de Nicaragua y a entrar de lleno luego en un juego de alianzas y componendas con los otros partidos burgueses (particularmente con el partido Liberal Constitucionalista de Arnoldo Alemán) para retener importantes cuotas de poder en el aparato del Estado, aunque se viera obligado a salir del Ejecutivo en el ’90.
Ortega, desde las primeras horas del triunfo de la Chamorro, se encargó de frenar los choques que se produjeron cuando sus partidarios comenzaron a salir a las calles a pedir que no se entregara el poder. Demagógicamente, planteó que gobernarían desde abajo.
A otro nivel, esta transformación del sandinismo se dio también con la separación formal entre el ejército y la cúpula sandinista. Proceso que empezó el mismo día de las elecciones, al aceptarse que los miembros del ejército y la policía no votaran, lo que perjudicaba electoralmente a los sandinistas. Al comenzar a desarmarse la “Contra” después de la negociación de Sapoá, el ejército venía siendo desmovilizado y se había creado una Academia para la profesionalización de los oficiales. El gobierno de la Chamorro se va a limitar a deshacerse del sector más plebeyo de la oficialidad, conservando los mandos de apellidos oligárquicos, como el jefe del ejército Joaquín Cuadra Lacayo. Es muy importante tener presente que estos mandos militares provenientes del sandinismo han garantizado desde entonces, bajo los gobiernos de la Chamorro, Alemán y Bolaños, la seguridad de la “democracia” en Nicaragua. Sin ninguna resistencia de la oficialidad, el gobierno de la Chamorro compactó significativamente el ejército, tal y como lo exigía el imperialismo, y finalmente será el propio Daniel Ortega, recientemente, el que se deshaga de los cohetes tierra-aire entregados por los soviéticos en los ’80.
La herencia del sandinismo: un régimen democrático-burgués inestable y corrupto
El sandinismo dejó de ser una formación nacionalista pequeñoburguesa y con ello mudó también su relación con el movimiento de masas. El enriquecimiento ilícito a través de la piñata le enajenó el apoyo de una parte de los trabajadores y el pueblo, que se orientará electoralmente hacia los partidos burgueses, ante la falta de alternativas de izquierda. Esto explica que haya tenido que esperar casi dos décadas para poder retornar al poder por la vía electoral. La base y los cuadros intermedios del Frente Sandinista, profundamente desmoralizados, no fueron capaces de producir ningún agrupamiento hacia la izquierda.
Para retornar al poder en las últimas elecciones, el sandinismo ha tenido que retroceder aún más, destruyendo las últimas conquistas que quedaban de la revolución (como el derecho al aborto terapéutico) para que los curas llamaran a votar por Ortega. Para no tener ninguna duda del carácter burgués y contrarrevolucionario de su cúpula, no solo es útil traer a colación que la Revista Forbes considera a Humberto Ortega el principal millonario en Centroamérica, con inversiones muy importantes en Costa Rica y Honduras. Más importante es tener presente que el sandinismo regresó al poder después de permitir que fuera aprobado en 2005 el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y los Estados Unidos. Aunque pudieron haber bloqueado su aprobación en la Asamblea Nacional, después de un poco de alharaca, dejaron que se votara. Los Ortega apostaban a que la mano de obra miserable de Nicaragua les iba a permitir ganar la competencia con Costa Rica en la atracción de inversión extranjera (tal y como estaba sucediendo en tiempos de Somoza, una de las razones para que la burguesía tica le diera apoyo al sandinismo en aquella época).
Regateando protección al corrupto ex presidente Alemán, el sandinismo se las ha arreglado para conservar una importante cuota de poder en la Asamblea Nacional, el aparato judicial y las municipalidades. Ahora que está en el gobierno, recurriendo a las peores tácticas (desde la anulación de algunos partidos opositores hasta los ataques con turbas durante las campañas electorales) defiende un régimen que trata de descargar la crisis sobre las ya empobrecidas y sufridas masas nicaragüenses.
En el próximo ascenso revolucionario, las masas obreras y populares de Nicaragua tendrán que romper definitivamente con la dirección sandinista y no vacilar a la hora de plantearse la expropiación de los burgueses sandinistas. Los marxistas revolucionarios de la Liga Internacional de los Trabajadores (LIT-CI) trabajamos para construir el partido revolucionario que dirija este proceso.
Artículo de Guillermo Huembes y Manuel Sandoval, del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) de Costa Rica, publicado en la Revista Marxismo Vivo n.° 21, julio de 2009, pp. 48-61. Disponible en: www.archivoleontrotsky.org
