¿Quién tiene derecho al aborto en Estados Unidos?
Nada está garantizado en el capitalismo y nada mejor, para comprobar esa tesis, que el país más capitalista del mundo: Estados Unidos.
Hace mucho tiempo, la burguesía americana y todos sus partidos, más conservadores o más “democráticos”, con el apoyo incondicional de la Iglesia, vienen violando descaradamente la Constitución americana, de la cual los estadounidenses siempre tuvieron un gran orgullo, por ser considerada “la más democrática del mundo”. La legalización del aborto, en 1973, fue una gran victoria de las mujeres estadunidenses y, también, de aquellas millones de inmigrantes que viven en Estados Unidos, sobre todo oriundas de Sudamérica, América Central y México, que van para allá en busca de trabajo.
Pero, en los últimos años, los republicanos y la derecha americana iniciaron un bombardeo de los medios y del legislativo, para dificultar el acceso al aborto. Hicieron aprobar, en el Congreso, cientos de leyes y reglamentos, que restringen e inviabilizan el aborto legal para las mujeres, incluso aquellas con tres meses de gestación, cuando el aborto es considerado menos complicado. Con eso, la ley que convirtió al aborto en constitucional está resultando letra muerta. Las informaciones son que más de la mitad de las clínicas de Texas cerraron las puertas desde el 2013; de las 18 restantes, 10 podrán dejar de funcionar este año. En Mississipi existe apenas una (O Estado de Sao Paulo, 8/2).
Estas restricciones están atacando sobre todo a las mujeres más pobres e inmigrantes, que son obligadas a viajar cientos de kilómetros para llegar a una clínica. Las mujeres más ricas recurren a sus médicos particulares, pero las mujeres pobres necesitan recurrir al servicio público, o no tan público pero que las clínicas son más baratas, pues cobran menos por el procedimiento. Cuenta Linze Sheible, fundadora de la Organización en Apoyo al Aborto en Texas que, muchas veces, los obstáculos y dificultades logísticas acaban empujándolas al aborto después del primer trimestre de gravidez, lo que coloca en riesgo la salud de la mujer. En enero, cuenta Linze, una mujer tuvo que viajar 24 horas en ómnibus, desde Houston(Texas) hasta Albuquerque (Nuevo México), para realizar un aborto. Inmigrante ilegal, ella no podía ir en avión y estaba imposibilitada de hacer el aborto en Texas, porque había traspasado las 20 semanas de gravidez, límite máximo permitido por la legislación estadual.
La trayectoria de una batalla
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En Estados Unidos, la primera ley que permitió el aborto fue aprobada en Colorado, en 1967 y, desde entonces hasta 1970, cerca de la mitad de los Estados del país siguieron el mismo camino. Era una ley muy restrictiva, que permitía el aborto solamente hasta el primer trimestre de gravidez pero, incluso así, fue considerada una victoria por las mujeres y las organizaciones feministas, y un avance para aminorar la situación de opresión de las mujeres. En Nueva York, a partir de 1970, la ley pasó a permitir el aborto en caso de “riesgo de vida” para la madre, en cualquier época de la gestación, y a pedido de la gestante, hasta el quinto mes de gravidez, sin exigírsele siquiera el certificado domiciliario, lo que facilitó mucho el acceso al aborto por parte de las mujeres más pobres, que no tenían condiciones de viajar y, también, de las mujeres inmigrantes que, en general, no tienen documentos para poder viajar por el país. La derecha americana y la Iglesia quedaron con los “pelos de punta” y desataron una furibunda campaña de odio contra las mujeres, acusándolas de “asesinas”. La campaña fue in crescendo, con la derecha presionando a los políticos y amenazando de muerte a los que hiciesen o practicasen el aborto. Un hito execrable en ese proceso fue la exposición organizada por los movimientos contra el aborto, a las puertas del Congreso nacional: fueron expuestas fotos escalofriantes de fetos abortados, goteando sangre, para presionar a la población y a los políticos, pasando la idea de que las mujeres que habían hecho aquello eran “asesinas sanguinarias” que habían matado a sus hijos, pobres criaturas indefensas. Las fotos eran engañosas porque exponían solamente abortos hechos en el segundo y tercer trimestres de gestación. Eran casos raros, de madres que abortaron espontáneamente y no tenían nada que ver con los casos normales de aborto dentro de la legalización vigente, que restringe el aborto al primer mes de gravidez y no da, ni siquiera, margen a ese tipo de imagen sangrienta que aparecía en las fotos. La exposición fue hecha con el sentido explícito de escandalizar a la opinión pública y hacer que los políticos tirasen para atrás la legalización. Supuestamente, el objetivo de la derecha era impedir que la ley fuese ampliada para atender a las mujeres con más de un mes de gestación, pero su campaña se mostraba contra el aborto en general, independiente del tiempo de gestación. La campaña causó tanto efecto que, en Nueva York, incluso el personal de los servicios médicos y profesores de medicina, defensores del aborto legal, pasaron a decir que no se sentían bien ante un aborto de cinco meses, que eso “asustaba”; y los políticos de la Legislatura de Nueva York, que sólo ocasionalmente habían entrado en algún hospital y jamás para asistir a un aborto, adhirieron al discurso retrógrado. La campaña dio en el blanco. Pocas semanas después de la exposición de fetos tardíos, la Legislatura de Nueva York derogó por unanimidad la ley del aborto. De allí en adelante, hasta 1973, con excepción de Florida, todos los otros treinta y tres estados, que aún discutían el tema en sus legislaturas, acabaron votando contra el aborto, permitiéndolo sólo en caso de ser necesario para salvar la vida de la madre. Em enero de 1973, una joven de Texas, Jane Roe, a quien le habían negado el aborto por causa de su tiempo gestacional y de haber pasado el límite fijado en la ley estadual, recurrió a la Suprema Corte de Justicia, alegando inconstitucionalidad de la ley. La sorpresa fue general: cuando fue dada la sentencia favorable a Jane Roe, el 23 de enero de 1973, la Suprema Corte de Justicia, con base en la décima cuarta enmienda de la Constitución Federal, declaró que «la personalidad legal no existe en los Estados Unidos antes del nacimiento». La décima cuarta enmienda, base de esa sentencia, había sido votada en 1868, luego de la finalización de la Guerra Civil, para complementar la décima tercera enmienda de 1865, que declaraba extinta la esclavitud en los Estados Unidos. Para hacer la décima tercera enmienda más clara, la décima cuarta tenía, como uno de sus principales propósitos, declarar que los negros eran ciudadanos estadounidenses, y se expresaba en este sentido de la siguiente manera: «Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos son ciudadanos de los Estados Unidos. Ningún Estado podrá aprobar ninguna ley que restrinja los privilegios de los ciudadanos de los Estados Unidos». Un siglo más tarde, la Suprema Corte de Justicia concluyó que el feto, antes de nacer, no podría ser considerado ciudadano estadounidense y, por eso, el aborto debería ser permitido, porque no alcanzaba a ningún ciudadano del país. Así, a la causa de los negros se juntó a la causa de las mujeres, y el texto de la décima cuarta enmienda, ideado para consolidar la liberación de los esclavos, sirvió de base para declarar la inconstitucionalidad de cualquier ley estadual que prohibiese el aborto hasta el momento del nacimiento del bebé. En la cuerda floja Esa victoria tan importante de las mujeres americanas no se consolidó. Siempre el aborto estuvo amenazado. Después de intentar por décadas revertir la decisión de legalizar el aborto en todo el territorio norteamericano, los políticos conservadores y la Iglesia pasaron a imponer, cada vez más, medidas restrictivas en los Estados. El movimiento anti-aborto ganó más fuerza a partir de 2010, cuando los republicanos ganaron la mayoría en muchos Estados; sin embargo, eso no significa que con los demócratas en el poder el aborto no estuviese también en riesgo permanente. En adelante, la tendencia fue el aumento de las restricciones, hasta que, en la práctica, acabe por quedar totalmente inviable hacer un aborto legal en los Estados Unidos. Comenzando por los médicos, que no son obligados, y tampoco nada obliga a una clínica a aceptar una paciente. Las clínicas que las aceptan cobran lo que quieren; no existe una legislación para controlar la extorsión. Por otro lado, existe la prohibición de uso de recursos federales para la práctica del aborto, incluso para las mujeres que dependen del sistema público de salud. Esas restricciones, claro, alcanzan sobre todo a las mujeres que no tienen recursos económicos. Según el periódico O Estado de Sao Paulo (8/2), el costo promedio del aborto en Estados Unidos es de 500 dólares, valor que muchas veces representa la mitad del salario mensual de las mujeres más pobres. Además, el cierre de clínicas y la carencia de atención en la red pública, viene obligando a las mujeres a viajar por todo el país en busca de auxilio, viajes caros y cansadores, que ponen su vida en peligro. Además, ha aumentado el número de mujeres que cruzan la frontera con México en busca de píldoras abortivas. Según Nan Kirkpatrick, directora de una entidad de salud de Texas “no hay control sobre la calidad de esos medicamentos, ni supervisión calificada de su prescripción” (O Estado de Sao Paulo, 8/2), lo que ha generado preocupación entre los médicos estadounidenses. Así, el aborto, que es uno de los procedimientos más seguros (en todos los Estados Unidos, apenas el 0.5% de los casos presentan algún tipo de complicación), va transformándose en un drama para la mayoría de las mujeres, en uno de los países más ricos del mundo. El uso político de la cuestión del aborto Jugando con la vida de millones de mujeres, los políticos estadounidenses acostumbran usar la cuestión del aborto como arma de disputa política. A ellos, poco les importa si las mujeres están muriendo o no, quedando mutiladas o no, sufriendo daños psicológicos o no; sólo les interesa el número de votos que puedan obtener, sea a favor del aborto, sea contra el aborto, conforme el interés de la ocasión. Otro obstáculo enorme al derecho al aborto está representado por la Iglesia Católica. A pesar de haber sido fundado por protestantes, Estados Unidos es hoy uno de los países más católicos del mundo. LaIglesia Católicaes la segunda mayor religión cristiana del país, con más de 68 millones de miembros, sólo atrás apenas delprotestantismo. Y la religiosidad de las personas es fuertemente utilizada como elemento de maniobra política en todas las elecciones. |
Hasta 1964, los católicos siempre estuvieron ligados alPartido Demócrata, llegando al 80% de apoyo. Sin embargo, eso comienza a cambiar a partir de 1968, con el voto de los católicos dividiéndose entre demócratas y republicanos. En el 2004, por ejemplo, el republicano conservadorGeorge W. Bushganó más votos de católicos que el demócrata liberalJohn Kerry, a pesar de este último ser católico.
La Iglesia Católicaorienta a sus fieles a votar contra “políticospro-elección” (defensores del derecho al aborto)y contra aquellos que defienden el casamiento homosexual. Pero esa orientación no es seguida al pie de la letra, sobre todo después de la crisis de la Iglesia, con los escándalos de corrupción y pedofilia comprometiendo al Vaticano. La llegada del Papa Francisco viene cambiando esa situación a favor de la Iglesia.
No son raras, mientras tanto, las coaliciones formadas entre católicos conservadores y evangélicos de derecha para oponerse a las propuestas de legalización del aborto y del casamiento entre personas del mismo sexo. La separación entre Iglesia y Estado se mantiene, pero los políticos y los electores acostumbran usar a la religión como arma de maniobra en todos los procesos electorales. Sin contar que la derecha americana, formada tanto por católicos como por protestantes y evangélicos, es una de las más radicales del mundo, y ejerce gran influencia en el Congreso estadounidense. Es como si la opción religiosa de un político formase parte de su currículum y de su visión sobre puntos que tengan alguna relación con preceptos religiosos -como el derecho al aborto, el casamiento homosexual y la pena de muerte- fuesen a influir los rumbos políticos y económicos del país.
El “Obamacare”
En un plano más terrenal, en 2009 fue aprobado, con innumerables restricciones, el plan de reforma para el área de salud, propuesto por Barack Obama. La Cámara de Diputados aprobó la ley que promete asistencia médica a casi la totalidad de los norteamericanos pero que, en realidad, obliga a todos los estadounidenses a tener un plan de salud, con alguna subvención gubernamental. La nueva ley convierte al seguro de salud en obligatorio para todos, a través de un sistema de multas y subsidios para individuos y empresas.
Los republicanos bombardearon el plan diciendo que representaría una fuga en los cofres públicos de más de 900 mil millones de dólares, en los próximos diez años, pero su preocupación central era, de hecho, la intervención federal en el sistema privado de salud. Junto con el paquete, fue incluso adoptada una propuesta de los demócratas anti-aborto que prohibía el uso de fondos públicos para la realización de abortos, lo que en la práctica significa dejar el procedimiento en las manos del sector privado.
En rigor, el llamado Obamacare es una forma de evitar la aprobación de un sistema estatal de salud y de mantener el servicio en manos privadas; a pesar de las críticas por parte dos republicanos, el hecho de obligar a todos los estadounidenses a tener un plan de salud, favorece al sector privado. El derecho al aborto, incluso formando parte de la Constitución como derecho público está, de hecho, en las manos del capital privado que, por su parte, es profundamente influenciado por las iglesias católica, protestante y evangélica.
Entonces, sólo tienen derecho al aborto, en Estados Unidos, las mujeres ricas, que pueden recurrir a sus médicos particulares sin exponerse a las demostraciones de odio por parte de la población religiosa y, mucho menos, tener sus entrañas invadidas por fotógrafos, acusándolas de “asesinas”. Las “asesinas” son sólo las mujeres pobres que, muchas veces, son forzadas a apelar al aborto en caso de necesidad por haber sido violadas, o son adolescentes sin acceso a anticonceptivos, sin ningún tipo de educación sexual o mujeres que viven de la prostitución, muchas de ellas en los hoteles de lujo de la burguesía americana, que las emplea como “acompañantes” de millonarios o señuelos para atraer a la clientela. Mucho menos existe la “opción”. En el país más “democrático” del mundo, ninguna mujer tiene derecho a hacer un aborto cuando así lo decida. A no ser, claro, las que tienen mucho dinero. Es, por lo tanto, la democracia de los ricos, donde los derechos democráticos son restringidos a una pequeña parte de la población. Entonces, no son democráticos.
Con el avance de las restricciones al aborto legal, Estados Unidos está ganando la carrera para ver quién no respeta más los derechos humanos en el mundo. Y ya conquistaron el primer lugar en la disputa para probar que nada, absolutamente nada, es garantizado en el capitalismo.
Traducción Laura Sánchez
