Qué pueden esperar las mujeres y las minorías sociales del nuevo gobierno Trump y cómo esto impactará al Brasil (Parte I)
Por Érika Andreassy
La toma de posesión de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos el 20 de enero último puso de relieve el debate sobre el futuro de las mujeres y de las minorías sociales en el país norteamericano. Su discurso, marcado por una retórica nacionalista y conservadora, señaló no sólo la falta de compromiso con la promoción de la igualdad y la protección de los derechos, sino ek retorno a una agenda que tendrá efectos muy perjudiciales para estos grupos.
Trump hizo referencia a la familia tradicional, lo que a menudo se utiliza para justificar la marginación de los grupos LGBTQIA+, y manifestó su intención de poner fin a las políticas de igualdad de género y racial: “Esta semana, también pondré fin a la política gubernamental de intentar hacer una ingeniería social de raza y de género en todos los aspectos de la vida pública y privada. (…). A partir de hoy, será política oficial del gobierno de Estados Unidos que existan sólo dos géneros, masculino y femenino”, afirmó.
Entre los decretos y órdenes ejecutivas emitidos por el recién investido presidente se encuentran la derogación de políticas que promueven la igualdad de género y la valoración de la diversidad en ambientes de trabajo; la suspensión de los programas federales de apoyo a las mujeres víctimas de violencia; y el recorte de la financiación a las organizaciones que prestan servicios de salud reproductiva.
En un texto difundido por la Casa Blanca, la nueva administración justificó el fin de los programas para promover la igualdad y la inclusión: “La inyección de ‘diversidad, equidad e inclusión’ (DEI) en nuestras instituciones las ha corrompido al reemplazar el trabajo duro, el mérito y la igualdad por una jerarquía de preferencias divisiva y peligrosa”.
El viernes (24), el Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció el regreso del país como signatario de la Declaración de Consenso de Ginebra, alianza internacional que tiene como objetivo limitar el acceso al aborto a millones de mujeres y niñas en todo el mundo.
A continuación, analizaremos cómo las nuevas directrices gubernamentales impactarán en las mujeres y en las minorías sociales, especialmente en las más vulnerables, y cómo esto puede repercutir en el Brasil.
Para facilitar su lectura hemos optado por dividir el artículo en tres partes. En el primero abordaremos específicamente el fin de las políticas de diversidad e inclusión. En el segundo, discutiremos medidas sobre justicia reproductiva y violencia. En el último, trataremos sobre los efectos de estos ataques en las mujeres y otros sectores oprimidos en el Brasil.
Políticas de diversidad e inclusión en la mira del gobierno
Uno de los principales decretos emitidos por el nuevo gobierno sobre este tema fue el que determina el fin de los programas federales de diversidad e inclusión. Además de derogarlos, Trump también puso en licencia paga a todos los empleados públicos que trabajaban en dichos programas. Se teme que esto pueda suponer pérdida de empleos en el servicio público, ya que todos los departamentos y agencias federales tendrán que definir un plan para realizar recortes en estas áreas antes del 31 de enero.
Las políticas de inclusión, representadas por tres letras: “D”, por diversidad; “E”, por equidad; y “I”, de inclusión, tienen como objetivo ampliar las oportunidades para que sectores que tradicionalmente enfrentan barreras para acceder al mercado de trabajo puedan hacerlo. En los últimos años, estas políticas han ganado protagonismo en el ambiente corporativo y gubernamental, impulsadas por una mayor presión pública y por una serie de estudios que apuntan al vínculo entre ellas y el desempeño financiero de las empresas.
En Estados Unidos, las iniciativas de DEI han crecido particularmente desde 2020, tras las protestas por la muerte de George Floyd. Las empresas, que ya venían admitiendo la falta de diversidad en sus plantillas, comenzaron a intensificar las políticas de inclusión abriendo/ampliando departamentos para supervisar estos procesos. Según datos de la plataforma Indeed, en los meses posteriores al asesinato de George Floyd, las ofertas de empleo con este perfil crecieron 123% en Estados Unidos, lo que pone de manifiesto el impacto social de las protestas sobre las empresas.
En 2021, después de ganar las elecciones presidenciales y bajo la presión de los movimientos de mujeres y de otros sectores oprimidos, Biden firmó una serie de órdenes ejecutivas que privilegiaban políticas de inclusión en la esfera pública, incluido el establecimiento/fortalecimiento de programas DEI en grandes agencias estatales, como el Departamento de Salud y Servicios Humanos y el Departamento de Defensa. Con el ascenso de Trump, estas y otras medidas se cortarán.
Cruzada conservadora y pragmatismo capitalista
Pero las medidas no se limitan al sector público. Trump ha ordenado a las agencias federales que también examinen las prácticas de diversidad en grandes organizaciones sin fines de lucro y fundaciones, así como en universidades con fondos patrimoniales superiores a mil millones de dólares, para posibles investigaciones de conformidad civil, además de tomar medidas para poner fin a los programas de diversidad en el sector privado. El decreto no detalla cómo se llevará a cabo esto, pero parece que la nueva política del gobierno no enfrentará resistencia por parte de los capitalistas.
En los últimos meses, al menos una decena de grandes empresas, como Meta (propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp); Amazonas; Walmart; McDonald’s; Ford; John Deere;; Harley-Davidson, Boeing, Molson Coors, Lowes, Jack Daniels y Microsoft han abandonado o relajado sus programas de diversidad e inclusión en medio de la presión conservadora. Los seis bancos más grandes del mundo –JP Morgan, Citigroup, Bank of America, Morgan Stanley, Wells Fargo y Goldman Sachs– también han señalado que están dejando estas cuestiones de lado.
Este mismo comportamiento se ha observado entre los inversores minoristas estadounidenses, según un estudio realizado por la Universidad de Stanford sobre el apoyo a las políticas de ESG (sigla en inglés de Environmental, Social and Governance, que significa Ambiental, Social y y Gubernamental), lo que mostró que para estos inversores, las cuestiones de ESG son mucho más un artículo de lujo en el que pueden gastar dinero siempre que no comprometa su patrimonio, que una preocupación real.
Desde 2022, investigadores de la Stanford Graduate School of Business han estado investigando la actitud de este sector en relación con las políticas de ESG. Mientras en la primera encuesta los inversores de las generaciones Y y Z estaban mucho más dispuestos a sacrificar retornos personales con cuestiones ambientales y sociales, incluso en relación con sus colegas de la generación X y de los baby boomers, esta tendencia disminuyó en la segunda encuesta y se desplomó en la última, realizada en 2024.
El porcentaje de jóvenes inversores que abogan por utilizar el prestigio y el poder de voto de las corporaciones de inversión para influenciar prácticas sociales en las empresas de su portfolio, así como los que estaban dispuestos a perder más de 1/10 de sus activos para promover medidas destinadas a eliminar la desigualdad salarial entre géneros y conceder beneficios como la licencia por maternidad y la guardería en el lugar de trabajo, cayó de 47% y 33%, respectivamente, en 2022, a apenas 10% en 2024. Una confirmación inequívoca del pragmatismo burgués.
Impacto sobre las mujeres
Pero ¿cómo afectan estas medidas de la nueva administración Trump a las mujeres? Antes de responder a esta pregunta, una breve explicación.
Las últimas décadas han estado marcadas por una expansión del mercado laboral femenino. Entre 1970 y 2020, aumentó progresivamente, y entre 2015 y 2020, la tasa de crecimiento de la participación femenina en edad activa en la fuerza laboral estadounidense fue tres veces superior que la tasa de crecimiento de la participación masculina.
Cuando el Covid-19 golpeó al mundo, el empleo femenino se vio duramente afectado y muchos pensaron que esta sería una tendencia a largo plazo. Pero con la recuperación económica, el empleo femenino en EE. UU. no sólo ha superado los niveles prepandémicos, sino que la tasa de participación de esta fuerza laboral en el grupo de edad de 25 a 54 años ha alcanzado un máximo histórico de 77,8%.
Pero esto no significa que las condiciones de trabajo para las mujeres sean favorables o iguales a las de los hombres. Ellas están mucho más sujetas a trabajar a tiempo parcial y en empleos precarios y sufren con la falta de derechos, como licencia por maternidad y asedio en el lugar de trabajo. La brecha salarial entre mujeres y hombres es de 17,3%, siendo el salario promedio de las mujeres negras un 30% menor. Las mujeres ganan menos incluso cuando realizan el mismo trabajo, y aunque superan en número a los hombres en términos de escolaridad, siguen estando subrepresentadas en las carreras y puestos mejor pagados.
Junto con la expansión de la fuerza laboral femenina, el país también vive un aumento de la participación de las mujeres en las luchas por mejores condiciones de trabajo y salarios y un compromiso más activo en sindicatos y movimientos laborales, especialmente entre las mujeres negras y latinas. Esto ha generado una mayor preocupación por incorporar en la mesa de negociaciones con las empresas las demandas como licencia por maternidad, cobertura de asistencia médica familiar y protecciones contra el asedio sexual.
Según datos del departamento de estadística del Ministerio de Trabajo de Estados Unidos, dos tercios de los trabajadores cubiertos por un contrato sindical son mujeres y/o negros, y aproximadamente la mitad de los afiliados del sindicato son mujeres. Muchas de estos trabajadoras están comenzando a conseguir puestos de destaque en algunos de los sindicatos más grandes, y el ímpetu de las trabajadoras negras y latinas ascendiendo en el liderazgo sindical dio un salto en los últimos cinco años.
En 2021, Liz Shuler (54), se convirtió en la primera mujer en la historia en dirigir la AFL-CIO, una federación de 61 sindicatos nacionales e internacionales que representan a casi 15 millones de trabajadores. En setiembre pasado, más de 12.000 trabajadores de hoteles, casinos y servicios de comida, en su mayoría compuestos por mujeres y personas de color, en seis Estados, entraron en huelga para exigir aumentos salariales, cargas de trabajo justas y atención médica más asequible, bajo la dirección de Gwen Mills (39), quien en junio se convirtió en la primera mujer en presidir el sindicato de su gremio en sus 130 años de historia.
Las mujeres negras y latinas, especialmente las mujeres jóvenes, están impulsando el crecimiento de los sindicatos en Estados Unidos en medio de una disminución de la afiliación que ya lleva décadas. En 2023, la tasa de afiliación sindical de mujeres negras experimentó un ligero aumento de 10,3% a 10,5%, mientras que la de las latinas aumentó de 8,5% a 8,8%. Puede parecer una cantidad pequeña, pero no lo es, comparada con la tasa de sindicalización de hombres y mujeres blancos y de mujeres asiáticas, que disminuyó en el mismo período.
Sin embargo, como las políticas de promoción de la igualdad y las oportunidades para las mujeres y las minorías sociales tendrán menos espacio en las agendas públicas y privadas con la interrupción de los programas de diversidad e inclusión, la tendencia es que esta dinámica y las luchas que de ella se derivan se interrumpan. La restricción de derechos ya consolidados contribuirá a un mercado laboral y ambientes laborales más hostiles y a la ampliación de la desigualdad para las mujeres trabajadoras, especialmente las jóvenes y no blancas.
Conclusión
Más que un simple cambio en las directrices gubernamentales respecto de las políticas para los sectores oprimidos, las medidas presentadas por Trump son parte de la ofensiva de los capitalistas contra el sector más dinámico de la clase trabajadora estadounidense, que es femenina, joven y no blanca. Una reacción a las luchas por mejores condiciones de vida y de trabajo, en las que las mujeres y otros sectores oprimidos han sido vanguardia.
La virulencia y los ataques a los derechos democráticos de estos sectores pretenden disputar ideológicamente a una porción de los trabajadores –nativos, blancos y mejor pagados– y profundizar la división existente al interior de la clase, para así derrotar a la clase en su conjunto, desmoralizando a sus oprimidos y colocándolos en peores condiciones de existencia.
La única manera de detener este proceso y derrotar a este gobierno es por medio de la lucha de clases, lo que a su vez requiere de la clase y sus sectores oprimidos, además de la capacidad de organización, independencia política y la solidaridad internacional; saber articular las diferentes luchas sociales, por reivindicaciones económicas o democráticas, bajo un único programa de superación del capitalismo y la construcción del socialismo.
Resta saber si los trabajadores estadounidenses están a la altura de llevar adelante esta tarea, forjando una nueva dirección que pueda conducirlos por ese camino, ya que las viejas direcciones y sus políticas capituladoras ya han demostrado que la colaboración de clases y el apoyo a sectores burgueses “progresistas” solo sirven para allanar el camino para el ascenso de la ultraderecha y de gobiernos, como el de Trump, dispuestos a todo para derrotarnos.
Artículo publicado en www.opiniaoscialista.com.br, 27/1/2025.-
Traducción: Natalia Estrada.
