La situación nacional en el último periodo ha puesto en evidencia el ataque impulsado por el gobierno de Laura Chinchilla en complicidad con las iglesias en contra de los sectores más oprimidos.
En el marco del Día por la Despenalización del Aborto, queremos hacer referencia a algunas cuestiones que nos parecen fundamentales para poder avanzar en el tema de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Costa Rica.
¡Educación sexual para decidir!
Alrededor de 14.000 embarazos de adolescentes ocurren por año en el país. Frente a esta situación, el Ministerio de Educación Pública presentó este año un programa de estudio para ser implementado en los colegios denominado “Educación para la afectividad y la sexualidad integral”.
Estas guías de educación sexual encontraron sin embargo gran oposición en los sectores religiosos que optaron por recurrir a una fuerte campaña de desprestigio. Haciendo uso de los medios de comunicación y los podios de las iglesias, pastores evangélicos incitaron a padres y madres de adolescentes a presentar recursos de amparo ante la Sala Constitucional. Más de 3 mil de recursos fueron presentados, argumentando que el brindar esta información a los adolescentes provocarían un “alboroto hormonal”.
La respuesta de la iglesia católica fue también de oposición a las guías sexuales, ya que según ellos estos programas crearían una “confusión a nivel conceptual y moral” y promueven “un enfoque descaradamente hedonista” al hacer demasiada referencia al tema del placer.
En un intento mal logrado de salida salomónica, la Sala Constitucional resolvió que los padres tendrán la opción de escoger si sus hijos recibirán clases de sexualidad, y que ellos podrían exceptuar su participación “en los casos en que afecte sus creencias religiosas o los valores que desean inculcar a sus hijos”. Es decir, se deja a elección de los padres el hecho de que sus hijos tengan acceso a material educativo cuando este debería ser un derecho y no un aspecto de carácter optativo.
Esa situación pone en evidencia el gran peso de las religiones sobre la determinación de las políticas públicas, que encuentra su asidero en el hecho de que Costa Rica sigue siendo el único país de América Latina declarado en su Constitución Política como un Estado confesional y con ello se intenta justificar aún más el peso de la iglesia sobre las decisiones del gobierno. De esta forma, políticas públicas como la educación sexual siguen siendo discutidas como un asunto de fe y no de salud pública.
¡Anticonceptivos para no abortar!
El acceso a anticonceptivos seguros y de calidad, es un elemento central para el efectivo control de nuestros cuerpos y la planificación de nuestra maternidad. Sin embargo, con el aumento del costo de la vida, los precios de los anticonceptivos se vuelven cada vez más inaccesibles para muchas mujeres pobres y trabajadoras, quienes dependerán de aquellos que son proporcionados por clínicas o Ebais (centros de salud), los cuales muchas veces son de baja calidad y traen como consecuencia una mayor cantidad de efectos secundarios.
Aun bajo estas condiciones el acceso a los anticonceptivos no es tan fácil. Para esto, es necesario sacar en horas de la madrugada una cita médica en el centro de salud, para que posteriormente en la consulta médica se proporcione la receta necesaria. La vergüenza y las dificultades para el acceso a las citas, son parte de las limitaciones que encuentran principalmente adolescentes y jóvenes para acceder a métodos anticonceptivos gratuitos.
Adicionalmente, con el desmantelamiento de la Caja Costarricense del Seguro Social, los primeros servicios que han sido atacados son los de la atención a la salud sexual y reproductiva de las mujeres. En el Hospital San Francisco de Asís por ejemplo, el primer servicio recortado fue el de la atención ginecológica y recientemente la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA) denunció que 53.800 mujeres al menos están haciendo fila en espera de una mamografía en los hospitales.
¡Aborto legal, seguro y gratuito para no morir!
De acuerdo con datos de la Asociación Demográfica Costarricense, en Costa Rica ocurren 27.000 abortos inducidos por año, es decir, un aborto por cada tres nacidos vivos. Debido a la prohibición legal que existe, se está condenando a miles de mujeres a condiciones peligrosas, donde son las mujeres trabajadoras y pobres las que llevan la peor parte, forzandolas cada vez más a brutales métodos de abortos clandestinos.
El Código Penal de Costa Rica, en su sección sobre el aborto establece que a quien cause la muerte de un feto será reprimido con prisión de 1 a 10 años según sea el caso. Solmante es permitido el aborto cuando es practicado por un médico u obstreta con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre. Sin embargo el concepto de salud ha sido aplicado restrictivamente, dejando por fuera inclusive aquellas malformaciones incompatibles con la vida extrauterina.
Con condiciones como estas, ni siquiera es permitido el aborto en aquellos casos en los que el embarazo es consecuencia de actos de violencia sexual. Si una niña, adolescente o mujer enfrenta un embarazo forzado como producto de una violación y decide abortar, ¿se le debería denunciar por la vía judicial para que enfrente una pena de varios años de cárcel? De acuerdo con lo que establece el Codigo Penal, ella actualmente es tratada como una delincuente.
Las contradicciones en este tema son bastante evidentes, mientras los datos siguen alertando por el incremento de embarazos en adolescentes, se les niega el acceso a educación sexual, a métodos anticonceptivos y servicios de salud de calidad. Mientras continua la violencia sexual y la explotación sexual comercial, es a las mujeres que buscan alternativas de aborto a las que se les castiga. Y aún más, en contra de toda su argumentación de defensa de la vida y la maternidad, Costa Rica sigue siendo el único país en América que se rehusa a permitir la Fertilización In Vitro y que actualmente esta a la espera de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos resuelva una demanda en su contra.
Por eso, así como defendemos el derecho de las mujeres a optar por educación sexual, por el uso de anticonceptivos y por el acceso al aborto como alternativa para evitar un embarazo no deseado, también defendemos que las mujeres tengan acceso a los mecanismos necesarios para ser madres si así lo eligen. La discusión sigue siendo sobre el control de nuestros cuerpos y sobre si se nos proporcionan o no mecanismos seguros para elegir.
¡Educación sexual para decidir!
¡Anticonceptivos para no abortar!
¡Aborto legal, seguro y gratuito para no morir!
¡Por un Estado laico sin concordato!
