Una multitudinaria movilización juvenil y popular que remeció Lima y todo el territorio nacional terminó por derribar al gobierno Merino al quinto día de haber asumido tras la vacancia de Vizcarra. Un gobierno que nació en medio de un repudio generalizado que lo privó de legitimidad, con el único y flaco respaldo de 105 votos de un Congreso desprestigiado, trató de mantenerse ejerciendo una criminal represión que dejó dos jóvenes asesinados, decenas de heridos y otros activistas temporalmente desaparecidos, pero finalmente fue derrotado.
Por PST-Perú
La asunción del nuevo gobierno Sagasti puede que cierre este nuevo episodio de la crisis, pero no la resuelve pues surge del mismo Congreso y, al continuar el mismo plan económico al servicio del empresariado, no ofrece ninguna posibilidad de solución a las demandas populares, principalmente un plan de emergencia contra el coronavirus, el dramático desempleo y la corrupción. Por lo pronto ya expresó su negativa a viabilizar la demanda por una nueva constituyente. Todo indica que la lucha de fondo no ha hecho más que comenzar.
Los acontecimientos recientes, así como su perspectiva pueden apreciarse mejor en el contexto en que se dan, el proceso en el que están inscritos.
El estallido de un descontento acumulado de años
Desde los últimos cuatro años el sistema político peruano viene de crisis en crisis con caídas de gobiernos, cierre del Congreso y la elección de un remplazo que no acabó con la crisis. La descomposición se aceleró por nuevos destapes de una profunda corrupción que alcanzó a presidentes, principales bancadas del Congreso y altas autoridades del sistema judicial. En este país todos los presidentes se encuentran o en prisión o procesados o fugados, y un presidente se suicidó huyendo de la justicia.
Junto con eso, desde marzo del presente año el Perú es uno de los países más golpeados por la pandemia y por la crisis económica. La política de Vizcarra llevó al Perú a presentar los números más altos de muertos por covid-19 del mundo, y la recesión económica más grave del continente. Todavía permanecen frescas en la mente las impactantes imágenes de hospitales colapsados y enfermos suplicando ser atendidos, largas colas de personas clamando por oxígeno para sus parientes que agonizan y mueren sin atención, cadáveres apilados en las morgues también colapsadas, doctores y médicos clamando por mascarillas y equipos de protección personal. Todo por obra de esta “democracia” corrupta que hundió al país y perjudicó a los que menos tienen, y un gobierno que hizo muy poco para revertir la situación y sí mucho para proteger los intereses empresariales.
Por otro lado, millones de trabajadores fueron privados de sus empleos por las medidas de emergencia sin recibir compensaciones, y otros trabajadores fueron víctimas de despidos, ceses colectivos y suspensión perfecta de labores por parte de las empresas con el aval del gobierno.
Vizcarra enfrentaba una creciente movilización en su contra antes de la vacancia. Sin embargo, él conservaba una significativa aprobación por su enfrentamiento el 2018 al bloque parlamentario fujiaprista que blindó a la mafia judicial de los “cuellos blancos”, y luego por haber cerrado el Congreso en el 2019.
Este bloque, o su recreación en el nuevo parlamento junto con las mafias de la educación universitaria, terminó convirtiéndose a ojos de la población en la principal amenaza, al punto que los destapes de corrupción de Vizcarra no fueron suficientes para desde esa óptica justificar su vacancia.
Lo que tienen en común todos los gobiernos aparte de la corrupción
Hay causas aún más profundas. Todos los gobiernos que se sucedieron desde la caída de la dictadura tuvieron en común que traicionaron el voto popular y priorizaron a la gran empresa por encima de las urgencias nacionales y populares. En esa línea convalidaron los ataques a la clase trabajadora y profundizaron el desastre de la salud pública y el surgimiento de las mafias de la educación privada.
Y al mismo tiempo que imponían draconianas medidas de explotación del trabajo y expoliación de la riqueza nacional, se levantaron en peso las arcas del Estado año tras año, tal como lo hicieron, después de Fujimori, Toledo, García, Humala, PPK y el propio Vizcarra.
Este país tuvo una bonanza económica pero hoy tiene un sistema de salud destartalado que condena a muerte a enfermos curables.
Por todo eso, de tanto en tanto este país se ve sacudido por luchas contra la corrupción, contra transnacionales mineras y petroleras que se imponen contra la voluntad de las poblaciones aledañas; luchas contra la privatización de la salud, de la educación, del agua, y luchas de la clase trabajadora en defensa del empleo, tratando de escapar de la pobreza. Desde hace mucho en este país hay un profundo descontento en constante amenaza de estallar.
Esta vez el estallido se dio contra la imposición de un gobierno ilegítimo y que además exacerbó el rechazo popular seleccionando un gabinete entre lo más rancio de la reacción.
Un poderoso movimiento juvenil y popular luchó hasta derrotar lo que consideró un gobierno usurpador.
Un gobierno nuevo sin nada nuevo que ofrecer
No solo fue una derrota del gobierno, sino una derrota de las principales fuerzas del Congreso que impusieron ese gobierno, y que no tuvieron más remedio que allanarse a una salida colocando a la cabeza al sector minoritario que no aprobó la vacancia.
El gobierno de Sagasti trata de conseguir la legitimidad que no tuvo su predecesor; gestos conciliadores ha mostrado; sin embargo, al haber trazado su política de continuidad del mismo plan que aplicaron los gobiernos anteriores nada nuevo tiene para ofrecer, con el agregado de que ahora tiene al frente a un pueblo que ha comprobado la fuerza de su movilización unificada.
La lucha continúa por una salida de los trabajadores y el pueblo
El gran triunfo de la lucha juvenil y popular marca el inicio de una nueva situación, con un movimiento fortalecido y con mayor disposición a exigir soluciones a sus demandas y un verdadero cambio del actual estado de cosas.
Por lo pronto, las exigencias más inmediatas no están encontrando las respuestas que el pueblo espera en temas como la sanción a los responsables de la represión y un creciente reclamo de una nueva Constituyente. El gobierno ha puesto en claro su negativa a promover un cambio constitucional durante su mandato.
Lo que el gobierno espera es que el proceso se enfríe en el curso de la carrera electoral 2021. En eso cuenta, al menos por ahora, con el respaldo de las principales fuerzas políticas del Congreso que serán también contendoras en las elecciones.
En ese sentido, la política de las organizaciones de izquierda concentrada en sus planes electorales ha sido muy lamentable. Frente a la crisis de la vacancia no alentaron una salida independiente que apele a la movilización obrera y popular, y debido a su política este movimiento no participó en forma orgánica en la lucha contra Merino con banderas propias. Y con relación a la nueva crisis que llevó a Sagasti al gobierno nuevamente se prestaron a salvar un régimen político en descomposición incapaz de brindar una salida real a las urgentes demandas populares.
Para alcanzar esas demandas es urgente desarrollar la organización y lucha de los trabajadores y el movimiento popular por un verdadero cambio, por un gobierno de los trabajadores y el pueblo y un nuevo orden constitucional.
