La presencia de Evo Morales en el país despertó la ira de la derecha política y sus medios de comunicación, al tiempo que acrecentó la confusión entre la vanguardia, de la mano del discurso de los dirigentes de la CGTP, la FENATEP y de la izquierda que idealizan a Evo y su gobierno, al que han llegado a motejar de “socialista”.

Por PST-Perú

Ambos sectores, sin embargo, intentan dar a entender, desde posturas distintas, que Castillo podría seguir el derrotero de Evo… ¿Es esto posible?

Contextos distintos

Más allá de la información interesada de los noticieros o las columnas encendidas en las páginas de la prensa escrita, Evo y Castillo claramente son producto de procesos distintos.

La elección de Evo Morales ocurrió después de un ciclo de rebeliones populares entre los años 2000 y 2005, que marcaron profundamente la historia reciente boliviana.

La primera fue la “Guerra del Agua”, como se conoce la revuelta popular en la ciudad de Cochabamba, en el año 2000, que derrotó el proceso de privatización del agua y expulsó a una empresa transnacional francesa.

En octubre de 2003, el pueblo boliviano protagonizó otra revuelta popular en defensa de los recursos naturales, brutalmente reprimida por el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (“Goni”), causando la muerte de aproximadamente 65 personas. Las jornadas de octubre de 2003 o “Guerra del Gas”, provocó el derrocamiento de “Goni”.

En mayo y junio de 2005, los bolivianos y bolivianas volvieron a las calles, ahora contra el presidente Carlos Mesa, sucesor interino de “Goni”. Entre las reivindicaciones, que unificaron a indígenas, campesinos, obreros y sectores de la clase media urbana, estaban la lucha contra la privatización del agua, la nacionalización e industrialización de los recursos naturales (gas, petróleo y minas) y la convocatoria a una Asamblea Constituyente. Las masas bolivianas, volvieron a triunfar en las calles: echaron a Mesa.

En ese contexto, Evo Morales y su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), aparecieron como dirección de las masas en lucha. En diciembre de 2005, ganó las elecciones en primera vuelta, con el 54% de los votos válidos y obteniendo, además, la mayoría absoluta en el parlamento.

Proceso muy diferente al que ha llevado a la victoria de Castillo, que en la primera vuelta logró el 19% de los votos válidos. Un candidato que, más allá de haber liderado la huelga magisterial de 2017, era prácticamente un desconocido, sin relación con las luchas de noviembre pasado, ni con la de los jornaleros y jornaleras del campo, de diciembre – enero último. De ahí que su bancada sea la primera minoría en el parlamento, obligada a hacer acuerdos con otras agrupaciones.

De ahí que, a diferencia de Evo, que de inmediato se vio en la obligación de responder a las aspiraciones populares que habían echado abajo a dos gobiernos demandando la nacionalización -en el pozo- del gas boliviano, lo que en los hechos fue un mecanismo de renegociación con las petroleras privadas que siguieron operando, pero pagando más impuestos, Castillo comience el gobierno ante el cargamontón de la patronal, la derecha política y sus medios de comunicación, sin dictar ninguna norma trascendental para la economía del país.

¿Bolivia es socialista?

Sin embargo, lo más peligroso para la clase trabajadora, por la confusión que provoca en su conciencia, es identificar a Bolivia y su gobierno – el de Evo, primero, y ahora el de Arce- como “socialista”.

Sería un error identificar la economía de un país como “socialista” o, peor aún, “comunista”, solo por el nombre del partido que lo gobierna: En Chile gobernó, entre 2006 y 2010, primero, y entre 2014 y 2018, después, Michelle Bachelet, militante del Partido Socialista de Chile. Y sin embargo, nadie podría acusar a dicho país, “ejemplo” de las “bondades” del liberalismo económico, de ser socialista.

En Bolivia, el partido de gobierno es el “Movimiento al Socialismo”. La organización, que reivindica el “buen vivir” como propósito, no tiene entre sus medidas concretas, sin embargo, ninguna que lleve a romper con la lógica y las reglas del mercado, para pasar a planificar la economía boliviana. Por el contrario, el gobierno del MAS, con Evo a la cabeza, ha sido responsable de medidas de ajuste contra el pueblo trabajador y pobre de Bolivia.

Además de reprimir en más de una oportunidad las luchas de los trabajadores mineros de las empresas estatales (2007, 2015), pactó con la burguesía reaccionaria de la “media luna” una Constitución (2007) que, en lo fundamental, dejó intactos los intereses de los latifundistas cruceños y las transnacionales mineras y petroleras. Más aún, intentó, primero, imponer un gasolinazo del 82%, que el pueblo boliviano rechazó en las calles (2011), para luego subvencionar a las petroleras -con el dinero del pueblo boliviano- para asegurar sus ganancias…

De ahí que la economía boliviana dependa tanto o más de la inversión extranjera directa, esto es, de que las transnacionales inviertan en su país -y por supuesto, saqueen sus riquezas y exploten a sus trabajadores – que nosotros. Su economía es primario-exportadora. Se basa en la exportación de gas natural, minerales (estaño, antimonio, plomo, plata, zinc y oro) y productos provenientes de la agroindustria, principalmente la soya, dominada por capitales brasileños.

Su tasa de desempleo es de 5,6%, sin embargo, en la actualidad la informalidad laboral alcanza al 85% de personas. Cifra idéntica a la de nuestro país.

Nada de esto es culpa del “socialismo”. Por el contrario, es la consecuencia de no haber roto con el capitalismo, no haber tomado control del aparato productivo, ni haber planificado la economía y, por el contrario, haber garantizado las ganancias capitalistas contra las necesidades del propio pueblo trabajador.

Solo dos cosas los une

Por eso, a nuestro entender, solo dos cosas unen a Castillo y a Morales: la primera, el odio que le profesan la patronal, sus partidos y sus medios de comunicación, para los cuales tenerlos como presidentes en sus respectivos países es como tener una astilla clavada bajo las uñas.

La segunda, que ninguno de los dos ha aplicado, o aplica, un plan de ruptura con el capitalismo. Y, por el contrario, mientras buscan controlar y apaciguar al movimiento de masas, con políticas “sociales” que “cambian algo” para que no cambie nada, tuvo, uno, y tiene, el otro, la obligación de aplicar medidas contra los sectores obreros populares en único beneficio de las grandes empresas, locales y transnacionales.