Pacto de impunidad
Dos semanas después de la publicación del presente artículo en Bandera Socialista, prensa del Partido Socialista de los Trabajadores – Perú, la Comisión Permanente del Congreso de la República, que sesiona entre legislatura y legislatura, aprobó en segunda votación la Ley que declara prescritos los delitos de lesa humanidad cometidos antes de 2002.
Por Víctor Montes
La mayoría reaccionaria del Congreso, bajo el paraguas del gobierno de Dina Boluarte, aprobó en primera instancia, el pasado 7 de junio, una Ley que determina que los delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra, pueden prescribir en el Perú si se cometieron (convenientemente) antes de 2002.
Los autores del proyecto de Ley en cuestión, el congresista de Fuerza Popular Fernando Rospigliosi, ex ministro del interior del gobierno de Toledo y responsable por la represión durante el levantamiento popular contra la privatización de las empresas eléctricas de la ciudad de Arequipa (“el arequipazo”), y el congresista de la bancada Honor y Democracia, Almirante en retiro de la Marina de Guerra, José Cueto, ex Presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, señalaron al diario Perú 21 que con esta Ley, “…las sentencias de los militares y policías calificadas como delitos de lesa humanidad antes del 1 de julio de 2002 quedarán sin efecto y tendrán que ser corregidas…”
Es decir, pretenden absolver por Ley a quienes fueron unos de los protagonistas del genocidio al que fue sometido el pueblo pobre del campo, particularmente el pueblo ayacuchano, durante los 20 años que duró el conflicto armado interno (1980 – 2000).
¿Quiénes quieren la impunidad?
Limpiar y liberar a los policías y militares responsables por el asesinato de decenas de miles de inocentes (como en Putis), bajo el pretexto de enfrentar al terrorismo, es un viejo objetivo de los sectores políticos más reaccionarios y conservadores del país, como el fujimorismo y Renovación Popular, y de los grandes empresarios que apoyaron a la dictadura y sus crímenes mientras esta les garantizó por la fuerza una mayor explotación y por tanto, el incremento de sus ganancias.
Igual bajo los “democráticos” Belaúnde y Alan García (1980-1990), que bajo la dictadura fujimorista, poco o nada importó a los patrones (y no les importa ahora) las 69 mil personas asesinadas durante aquellos años, o las 20 mil personas desaparecidas del conflicto armado interno.
No les importa que esté comprobado por la investigación de la CVR que el 36% de esos asesinatos y desapariciones tuvieran como responsables a miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales.
Según la CVR, los agentes del Estado fueron responsables por más de 7.300 ejecuciones extrajudiciales, así como por más de 6.400 casos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.
En realidad, lo que quiere el fujimorismo, Renovación Popular y demás partidos reaccionarios, así como la patronal, es establecer un régimen en el que se reconozca su derecho a matar a quienes consideran “terrucos” (terroristas). Esto es, a cualquiera que consideren que pone en cuestión o amenaza sus intereses.
Ni olvido ni perdón
La ley aprobada por el Congreso, es un paso hacia la concreción de ese régimen de impunidad contra el pueblo pobre y trabajador que quiere la patronal y los partidos reaccionarios. La misma impunidad que Boluarte espera recibir al término de su mandato, a pesar de los 49 asesinados por la represión.
La impunidad es justamente lo contrario a la justicia. Y Con esta Ley, los deudos de casos tan emblemáticos como Los Cabitos (1983), Putis (1984), Benito Baldeón (1984), Accomarca (1985), Cayara (1985), El Frontón (1986), Bustíos (1988), Barrios Altos (1991), Madre Mía (1992) y La Cantuta (1992) quedan exentos de justicia.
La clase obrera y sus organizaciones no podemos olvidarlo. Los trabajadores y trabajadoras debemos discutir en nuestros sindicatos, barrios y lugares de trabajo, la necesidad de estar en la primera línea de la lucha contra esta ley de impunidad, encabezando la movilización de todo el pueblo, por juicio y sanción ejemplar a todos los responsables de las masacres, torturas y desapariciones, tanto ejecutivos como políticos, de la violencia política y también de los asesinados “en democracia”.
No podemos ni debemos olvidar que la represión del Estado, como muestra la historia, se ceba principalmente contra quienes luchan y enfrentan la explotación y el abuso de los patrones y sus autoridades.
Así sucedió en la dictadura fujimorista, cuando la propia clase trabajadora, víctima del “terruqueo” (acusación de ser terroristas), sufrió la feroz represión del gobierno con la finalidad de destruir sus organizaciones, despedir a sus dirigentes, e imponer nuevas y mayores tasas de explotación y miseria.
Por eso, y por la solidaridad con nuestros hermanos directamente asesinados por las Fuerzas Armadas y policiales que hoy defienden a este gobierno también asesino y hambreador, debemos echar abajo dicha norma con nuestra movilización. Y para esto, debemos superar los límites que han impuesto a la lucha las actuales direcciones reformistas, como la CGTP, quienes someten la movilización a sus cálculos electorales.
