La nueva reforma laboral abarata el despido, mantiene la precariedad y aporta multimillonarias subvenciones a la patronal
Redacción / Jueves 18 de mayo de 2006
Corriente Roja ha estado denunciando, convocando y participando en las movilizaciones unitarias contra la Reforma Laboral que durante más de un año se ha estado negociando en el marco del llamado «Diálogo Social» y que el 9 de mayo se firmó solemnemente en el Palacio de la Moncloa.
Corriente Roja rechaza la reforma laboral porque supone un nuevo atentado contra los derechos y garantías de la clase trabajadora, profundizando en los contenidos de la fracasada reforma laboral pactada en1997, denominada «Acuerdo para la Estabilidad en el Empleo», porque:
1.- Profundiza en el abaratamiento del despido al extender a más colectivos el contrato indefinido de fomento de empleo (con despido de 33 días por año y 24 mensualidades, en lugar de los 45 días y 42 mensualidades del ordinario), un contrato que fue creado en el año 1997. Casi 10 años después la precariedad ha crecido hasta alcanzar el 34% de la fuerza de trabajo y afecta a 5’3 millones de trabajadores. Este contrato ha demostrado cuál es su verdadera utilidad: acabar sustituyendo al contrato ordinario. Ahora se da un nuevo paso en esa misma dirección, la de precarizar el empleo indefinido.
2.- Supone un nuevo y masivo trasvase de fondos de los trabajadores hacia los empresarios, profundizando en la línea de la reforma de 1997. Mediante el incremento de las bonificaciones (por utilizar el contrato de fomento de empleo.) y la reducción de cotizaciones (al desempleo, FOGASA y ETT’s) los empresarios recibirán en torno a 4.200 millones de euros anuales, a sumar a los más de 17.000 millones que sólo en bonificaciones han percibido desde 1998. En lugar de destinar esos fondos al fin para el que se recaudan, aumentar las ya de por sí insuficientes prestaciones sociales de los trabajadores, pronto volverán a insistir en que hay que volver a recortar la prestación por desempleo y otros derechos sociales -ya lo hacen con las pensiones públicas- porque «son insostenibles», especialmente cuando finalice la actual coyuntura de crecimiento económico.
3.- No reducirá la precariedad laboral, como no la redujo la reforma pactada en 1997, ya que tampoco ahora se restablece el principio de causalidad y estabilidad en el empleo. Por el contrario, mantienen las principales formas de contratación precaria actuales: contrato de obra y servicio, eventual por circunstancias de la producción y la subcontratación. En esas circunstancias, la limitación al encadenamiento de contratos no impedirá que los empresarios continúen sustituyendo a unos trabajadores por otros en un mismo puesto de trabajo antes de que se cumpla el plazo obligatorio para la conversión del contrato en indefinido (24 meses en un período de 30), la inspección seguirá actuando limitadamente, la normativa sancionadora continuará siendo permisiva,.Los propios sindicatos firmantes reconocen que más de la mitad de los contratos eventuales se hacen en fraude de ley e incluso algún dirigente ha expresado públicamente sus dudas sobre la eficacia de las medidas contra la contratación fraudulenta recogidas en el acuerdo.
4.- Para justificar los retrocesos en derechos impuestos con su firma, los dirigentes de CCOO y UGT presentan algunas concesiones menores y de limitado alcance: la ampliación del derecho al desempleo a los mayores de 45 años sin cargas familiares, una pequeña mejora de indemnizaciones del Fogasa o la supresión del contrato de inserción.
Por otra parte y también en el mayor de los secretos, los dirigentes de CCOO y UGT han anunciado que prácticamente han alcanzado ya un acuerdo de reforma de las pensiones públicas que, por lo que ha trascendido hasta ahora, traerá a los trabajadores una nueva rebaja general de las pensiones a través de ampliar el tiempo cotizado para tener acceso a este derecho, de endurecer los requisitos para acceder a la jubilación parcial, de una probable rebaja del porcentaje de pensión a percibir según el tiempo cotizado, de seguir incentivando la jubilación más allá de los 65 años yde potenciar las pensiones privadas a través de la negociación colectiva.
Además esta reforma laboral, como la de 1997 y como es práctica habitual en todas las actuaciones de la burocracia dirigente de CCOO y UGT, también se ha negociado y firmado sin información, participación ni consulta a los trabajadores y trabajadoras, los verdaderos afectados y las víctimas de sus antidemocráticas decisiones.
Mientras aquí se profundiza en esta vía neoliberal de desregulación de derechos, donde la última reforma laboral siempre es la antesala de la siguiente (la necesidad de «reformas sucesivas» a que se refiere el ministro de Trabajo), en Francia uno de los principales argumentos de la victoriosa revuelta de los estudiantes y trabajadores franceses era precisamente el rechazo del desregulado y precario modelo laboral español en el que se basaban las propuestas del gobierno Villepin.
La reforma laboral vuelve a poner sobre la mesa la necesidad urgente de seguir avanzando en la construcción de una oposición unificada y amplia a la política sindical entreguista del sindicalismo oficial y burocrático de CCOO y UGT. Una oposición de clase, democrática y combativa dispuesta a defender con firmeza los intereses de la clase trabajadora. Algunos pasos, todavía insuficientes, ya se han venido dando; desde la reunión estatal de sindicatos y corrientes sindicales alternativas de Granada, han sido varias las campañas e iniciativas unitarias contra la reforma laboral que se han venido desarrollando en distintos puntos del Estado.
Es preciso cuestionar de raíz el modelo impuesto desde la Transición y basado en la prioridad absoluta del crecimiento económico y de la competitividad sobre los derechos de la clase trabajadora. Es la aceptación de esta lógica por parte de CC.OO y UGT la que identifica su actuación con los intereses de la patronal y la que marca un proceso sin fin de liquidación de conquistas laborales y sociales, duramente arrancadas por la lucha de generaciones anteriores.
La única reforma válida es aquella que ponga fin a todas las modalidades de contratación precaria y restablezca el principio de causalidad. Es el momento de, siguiendo el ejemplo francés, levantar una potente y unitaria respuesta contra la reforma laboral que, arrancando de las asambleas, del trabajo de base y de la participación de los trabajadores y trabajadoras, articule un movilización amplia y sostenida por la retirada del apoyo a la nueva reforma laboral de los sindicatos firmantes y en favor del empleo estable y digno.
9 de mayo de 2006
CORRIENTE ROJA
