Ministro de gracia pero no de justicia: Togliatti y la amnistía de los crímenes fascistas
Por: Fabiana Stefanoni
Nombrado ministro de Gracia y Justicia en el gobierno de Parri el 19 de junio de 1945, Togliatti [en aquel momento el principal dirigente del Partido comunista italiano] también mantuvo su cargo ministerial en el primer gobierno de De Gasperi. A raíz de las elecciones del 2 de junio de 1946, con las cuales –junto con el referendo institucional que sancionó el nacimiento de la República– se eligió la Asamblea Constituyente, De Gasperi solicitó a Togliatti que preparara un plan de amnistía para los fascistas. Togliatti lo llevó a cabo sin vacilaciones: el 22 de junio de 1946 fue sancionado el «decreto presidencial de amnistía e indulto por los delitos políticos y militares n. 4″, más conocido como «amnistía Togliatti». Más de veinte años de opresión fascista en Italia fueron barridos de un plumazo por la mano del principal dirigente del Partido Comunista Italiano: una oleada de excarcelaciones completó ese proceso de «normalización» política –para usar la conocida expresión de De Gasperi– que, después de la Resistencia, entregaba definitivamente las riendas del país a los grandes grupos capitalistas italianos.
Algunos datos interesantes
Hace años el historiador Mimmo Franzinelli escribió L’amnistia Togliatti es un libro interesante –aunque menos conocido que los del mismo autor sobre Mussolini– basado en la investigación de archivo y en el intento de reconstruir con precisión y datos en la mano los números de la amnistía. Es útil recordar algunos datos que surgieron de esas búsquedas de archivo para recordar el papel que tuvo el estalinismo en Italia al condonar al fascismo gran parte de sus crímenes.
De la documentación analizada por Franzinelli, se desprende que partes significativas del decreto fueron escritas de puño por el propio Togliatti, a pesar del intento de la historiografía estalinista de presentar la amnistía como una imposición de la Democracia Cristiana: «las “cartas Togliatti” atestiguan la inmediata toma de conciencia por parte del estadista de la masividad de las excarcelaciones, en contraste con las versiones minimizadoras que brindaba para tranquilizar a la opinión pública» (p. 4).
Los efectos del decreto fueron tristemente significativos. Solo en los primeros cuatro días de aplicación (25-28 de junio), la Corte Penal de Roma excarceló, en aplicación del decreto de amnistía, a 89 fascistas acusados de colaboracionismo y hechos relevantes: «entre ellos había distintos elementos en el aparato de propaganda de la RSI [Repubblica Sociale Italiana, o Repubblica de Salò, el gobierno que Mussolini creó en el norde de Italia juntamente con los nazistas, ndr.], varios espías y delatores y algunos jueces de los tribunales especiales» (p. 49). Hacia fines de julio (¡un mes después!) miles de fascistas se beneficiaron con la amnistía, incluidos dirigentes conocidos por su actividad político-militar desarrollada en 1943-1945 en las brigadas negras y en las diversas formaciones armadas de la República Social Italiana. Si se considera además que casi todos los jueces habían jurado fidelidad al fascismo, transitando alegremente de Mussolini a Badoglio [el gobierno instalado después de la caída de Mussolini], de Salò a la república italiana, el juego está hecho: al final se aplicó la amnistía en primer lugar a los mayores responsables del fascismo, incluidos los participantes en la marcha sobre Roma (la Casación romana llegó a definir el régimen de Salò como una «república necesaria»).
Si el libro de Franzinelli es interesante desde el punto de vista de los datos y de lo anecdótico –cabe recordar, por ejemplo, que entre los colaboradores de Togliatti durante su mandato de gobierno se encontraba Gaetano Azzariti, presidente nada menos que del Tribunal de la Raza desde 1938 hasta 1943, bajo la apariencia de «consultor»– se muestra en cambio carente desde el punto de vista del marco histórico en el que se insertan los hechos, hasta el punto de rayar en el ridículo cuando se esboza un juicio crítico sobre los hechos (para un análisis más detallado remitimos al artículo de Francesco Ricci, Una revolución traicionada, que se puede encontrar en este mismo sitio).
Frentes populares y estalinismo: las razones de la amnistía
El esquema interpretativo sobre el que Franzinelli articula su propio análisis de la amnistía posterior a la caída del fascismo carece de los elementos necesarios para encuadrar las elecciones de Togliatti en el contexto social y político en el que tomaron vida. Por eso, a los ojos del autor, la amnistía aparece casi como una elección personal de Togliatti, motivada por una voluntad no especificada de compensar lo que el autor define como «incongruencias de la purga» (p. 260). En otras palabras, habría sido un acto de buena fe de Togliatti a los fines de la «pacificación nacional», acto que luego trascendió las intenciones originales, convirtiéndose en causa de profunda insatisfacción y nueva «violencia de masas» (p. 106).
Más allá de los juicios de fondo del autor –quien evidentemente considera la estabilización del sistema capitalista un «acto de pacificación» y, por lo tanto, de explotación de una clase sobre otra, la reconstrucción parece más periodística que históricamente fundamentada. Por ejemplo, no se menciona el elemento determinante en la definición de las opciones del líder del PCI: la política de frentes populares, consecuencia de la victoria de la burocracia estalinista en la Unión Soviética y en la Internacional Comunista. En el VII Congreso (1935), la Internacional pasó con un salto aparentemente repentino del «socialfascismo» (el llamado tercer período) a la teorización de la necesidad de la unidad de clase con el enemigo (los frentes populares, de hecho). La alianza de gobierno con la burguesía –excluida por principio del programa de los bolcheviques y de la Tercera Internacional después de Octubre– se convirtió en el tributo que la clase obrera debía pagar a la burocracia estalinista: la renuncia a la conquista del poder y a la perspectiva de la revolución internacional era la otra cara de la moneda de los acuerdos de Stalin con las potencias imperialistas para la preservación de su poder en la Unión Soviética.
El famoso «svolta de Salerno” [“cambio de marcha” de Salerno] –con el que Togliatti, en marzo de 1944, puso a la orden del día la necesidad de la colaboración de clase con los partidos de la burguesía, no sólo excluyendo categóricamente cualquier traducción de la lucha de liberación del fascismo en poder de la clase obrera, sino incluso postergando el cuestionamiento de la monarquía para una fecha posterior – debe leerse en este contexto. La asunción de Togliatti a cargos ministeriales, con la consiguiente donación de certificados de fidelidad a la burguesía (en este caso específico, la condonación de veinte años de violencia fascista), encuentra sus razones en la adhesión del PCI al estalinismo: era necesario, por un lado, garantizar los acuerdos firmados por Stalin con el imperialismo en Yalta y Potsdam para el reparto de las áreas de influencia recíprocas; por otro lado, intentar repetir la experiencia de los frentes populares, siempre con el fin de consolidar el poder soviético.
El verdadero escándalo
Es necesario identificar los hechos reales ante los cuales conviene gritar escándalo: no sólo y no tanto el número, alto o bajo, de fascistas que quedaron impunes en las postrimerías de la Liberación sino, más bien, la traición de la burocracia estalinista del PCI a las razones de la clase obrera. Frente a una situación social potencialmente revolucionaria, tal como se configuró durante el transcurso de la Resistencia (con momentos particularmente avanzados, desde el punto de vista del enfrentamiento de clase, con motivo de las huelgas de marzo de 1943), el papel principal ejercido por la dirección del Partido Comunista Italiano – apéndice de la Internacional de Stalin– fue el de contener los impulsos radicales, llevar a la clase obrera a los brazos de la burguesía, inducirla a entregar sus armas para devolver el poder a las mano de los mismos grupos capitalistas que, hasta poco antes, se habían servido del fascismo para llevar adelante sus propios intereses.
La posguerra en Italia representó un ejemplo más de colaboración de clase: mientras a nivel internacional la clase obrera se vio privada de una dirección revolucionaria, los ministros comunistas, del brazo con los partidos de la burguesía, Democracia Cristiana in primis, garantizaban al capitalismo una supervivencia estable para los años venideros. Este ejemplo histórico también nos enseña que la necesaria articulación táctica del programa de un partido comunista, que debe definirse sobre la base de las contingencias históricas, no puede prescindir del respeto a algunos principios imprescindibles: entre estos, la independencia de la clase obrera de los gobiernos de la burguesía. No hay praxis revolucionaria si olvidamos que la esencia del programa comunista es «la organización de la lucha de clases y la dirección de esta lucha, cuyo fin último es la conquista del poder político por el proletariado y la organización de la sociedad socialista» (Lenin, 1899).
Artículo original de Progetto comunista, publicado en www.partitodialternativacomunista.org, 18/4/2023.-
Traducción: Natalia Estrada.
