Francia es palco de grandes manifestaciones y movilizaciones populares contra el proyecto que quiere acabar con los derechos laborales.
Redacción Opinião Socialista
Los trabajadores y la juventud están entablando una guerra contra el presidente François Hollande, del Partido Socialista. Su gobierno presentó un proyecto de reforma de las leyes laborales del país, el Código del Trabajo, que prevé aumento de la jornada, reducción de salarios, y crea facilidades para que los patrones despidan a sus empleados.
Hoy, por ejemplo, un trabajador francés no puede trabajar más de diez horas por día. Con la reforma laboral, eso va a aumentar a 12 horas. La ley también prevé que las horas semanales puedan aumentar hasta 60 horas. Actualmente, la jornada semanal media es de 35 horas, pudiendo ser extendida hasta, como máximo, 48 horas. El proyecto de reforma laboral tiene el claro objetivo de defender los intereses de la patronal francesa y recuperar la tasa de ganancia de los empresarios. Algo que Myriam El Khomri, ministro de Trabajo de Francia, no niega, al afirmar que el objetivo de la reforma es “adaptarse a las necesidades de las empresas”.
La presentación de la reforma es acompañada por una campaña de los medios y explicaciones del gobierno que muestran los derechos laborales como responsables por el desempleo en el país. Según esa explicación, los empresarios tendrían miedo de contratar empleados por tener dificultad para despedirlos. Ese argumento absurdo no se sostiene cuando observamos la realidad.
En los países de Europa donde la legislación laboral es más fuerte, menor es el desempleo. Ya en los países donde hubo ataques contra los derechos, el desempleo es mayor. Un ejemplo es el Estado español e Italia, dos países severamente afectados por la crisis económica y que pasaron por reformas laborales. El resultado fue la disminución de los derechos de los trabajadores, el aumento de los lucros de los patrones, y ninguna recuperación de los empleos. En el Estado español, el desempleo actual es de 23%, según datos oficiales. En Italia, 13% está sin trabajo.
La respuesta en las calles
Frente a los ataques del gobierno Hollande, los trabajadores y la juventud fueron a la lucha. Presionadas, las direcciones de las mayores centrales sindicales propusieron, a finales de febrero, un día de acción para el 31 de marzo. Pero la base de los trabajadores no estaba dispuesta a esperar más de un mes para comenzar a luchar contra los ataques del gobierno. La base forzó a los sindicatos a declarar la huelga general el 9 de marzo y, después, los días 17 y 31 de marzo.
El 9 de marzo, casi medio millón de personas tomaron las calles. Ese día, en toda Francia ocurrieron manifestaciones unitarias de masas, las primeras en muchos años, con 250.000 manifestantes en todo el país, acompañados por huelgas con alta adhesión de los sectores. Solo en París, adhirieron más de 50.000 personas. Esta acción de los trabajadores mostró una voluntad de transformar la situación del país.
El nuevo día de lucha, 17 de marzo, las manifestaciones, aunque menores, movilizaron 70.000 en toda Francia. Las columnas de los principales sindicatos fueron pequeñas, formadas principalmente por empleados públicos. En contrapartida, creció bruscamente la participación de estudiantes de liceos (secundarios) y universidades, ya presentes el 9 de marzo. Al mismo tiempo, creció fuertemente la presencia de la policía de choque.
El 31 de marzo, más de 1,2 millones de manifestantes tomaron las calles de todo el país, según las centrales sindicales Confederación General del Trabajo (CGT) y Fuerza Obrera (FO). Esta última manifestación selló la unidad entre los trabajadores y mostró que es posible derrotar el ataque del gobierno.
Finalmente, el 9 de abril, bajo la consigna “huelga general, retirada total”, millares de manifestantes se movilizaron en París y en otras 200 ciudades contra la reforma laboral. Para el 28 de abril está marcada una nueva paralización. (…) [ver foto].
El gobierno usa la represión para combatir la resistencia popular
Luego de los atentados en París, en noviembre de 2015, el gobierno Hollande promulgó, por tres meses, el estado de emergencia en toda Francia. En aquella ocasión, la medida fue llevada a la Asamblea Nacional, el Congreso francés. Apenas seis diputados de los partidos Verde y Socialista votaron contra, mientras el Frente de Izquierda (Front de Gauche, en francés), vergonzosamente votó a favor. A finales de febrero, el Senado extendió la media por tres meses más.
El estado de emergencia permite crear zonas rojas en las ciudades, donde las personas y los vehículos no pueden circular. Para evitar encuentros y asambleas públicas, esa medida también permite el cierre de lugares públicos y, todavía, disolver grupos y asociaciones. El gobierno también puede actuar contra sospechosos, manteniéndolos bajo prisión hasta un máximo de 12 días, negándoles asistencia jurídica durante todo ese período.
El estado de emergencia representa una amenaza contra la clase trabajadora y puede ser usado como un recurso para reprimir la lucha contra la reforma laboral. Por eso, una de las principales banderas de lucha hoy es la exigencia de revocación de esa medida.
Fuera Hollande: huelga general para derrotar el gobierno
Frente a la resistencia contra la reforma laboral, la popularidad de Hollande va cayendo. Hoy, tiene el apoyo de apenas 15% de la población.
El gobierno intenta engañar a los trabajadores y escenifica pequeños retrocesos. Luego de las protestas en masa, el primer ministro francés, Manuel Valls, anunció algunas alteraciones en la reforma laboral. La esencia de la ley, con todo, no fue modificada, y su nueva versión mantiene los ataques a los derechos sociales.
No hay ninguna posibilidad de acabar con las reformas y las leyes sin acabar con el gobierno burgués del Partido Socialista francés. Es necesario que los trabajadores que luchan contra la reforma del Código de Trabajo realicen una huelga general prolongada, hasta el retiro final de la reforma. Además, es preciso romper con las viejas centrales sindicales burocráticas, pro-patronales, y buscar organizarse de forma independiente.
Islandia: protestas derrocan gobierno
En Islandia, el 4 de abril, una gran manifestación pidió la renuncia del primer ministro, Sigmundur David Gunnlaugsson, involucrado en uno de los mayores escándalos recientes de corrupción, el Panama Papers, que vino a escena con la filtración de documentos. La filtración también mostró negocios escondidos de otros varios líderes mundiales, como el presidente de la Argentina, Mauricio Macri; de Rusia, Vladimir Putin; y, claro, las tramoyas de Eduardo Cunha [presidente dela Cámara de Diputados en el Brasil].
Según los documentos filtrados, el primer ministro de Islandia poseía, hasta finales de 2009, 50% de una empresa offshore que sería dueña de millares de títulos de los principales bancos del país. Cuando fue electo diputado por primera vez, él omitió la participación en su declaración de patrimonio.
Las protestas recordaban las manifestaciones de 2009, cuando la población exigió también la disposición del gobierno frente a las medidas de austeridad impuestas por el FMI a cambio de un rescate financiero de más de 2.000 millones de euros.
Luego de las manifestaciones, el primer ministro renunció. Más de 24.000 personas, en un país de 320.000 habitantes, habían firmado un petitorio online que pedía la salida de Gunnlaugsson.
Estado de bienestar social
En el final de la Segunda Guerra Mundial, una ola revolucionaria barrió los principales países de Europa. Para evitar que una revolución socialista pudiese acabar con el capitalismo, fueron tomadas dos medidas. La primera fue una enorme inyección de dinero para reconstruir la economía, conocida como Plan Marshall. Enseguida, se crearon medidas de protección social como previsión social, educación pública universal, leyes laborales, etc. Esas medidas construyeron el llamado estado de bienestar social. Con ellas, los gobiernos pudieron dar estabilidad y continuidad a la explotación capitalista.
No obstante, con cada crisis económica del capitalismo, esos derechos son profundamente golpeados. Con la crisis de 2008, muchas de las medidas sociales fueron alcanzadas. Los gobiernos realizaron cortes sociales, aumentaron la edad de jubilación, privatizaron los servicios públicos, y muchas leyes laborales fueron modificadas. La actual reforma laboral que el gobierno de Francia intenta aprobar es una tentativa más de acabar con el estado de bienestar.
Traducción: Natalia Estrada
Artículo publicado en Opinião Socialista n.° 515, 21 de abril de 2016.
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