La vivienda es un derecho, no un negocio
A lo largo del siglo XX en España las políticas públicas respecto a la vivienda, lejos de protegerla como un derecho fundamental y un bien de primera necesidad, han favorecido una lógica mercantilista y especulativa, frecuentemente con finales sociales dramáticos y personales trágicos.
Por Equipo Sindical Madrid – Corriente Roja
País de propietarios, no de proletarios
La España de los años treinta, cuarenta o cincuenta no era aún un país de propietarios, sino una sociedad de inquilinos. Es a partir de los años 50 que hay un cambio de tendencia mediante una política que se fundamenta en la promoción de la vivienda en propiedad como motor del crecimiento económico y como medio de control social. Son años donde el proceso de industrialización del país supone la movilización de grandes cantidades de población, mano de obra, del campo a la ciudad. Es un rápido aumento demográfico y mucha cantidad de población con salarios muy bajos, que conlleva también el crecimiento del chabolismo y una potencial ingobernabilidad en polos económicos como Madrid, Barcelona o País Vasco. En estos años la política de vivienda está encaminada a evitar, en palabras del ministro de Vivienda que «el hombre, cuando no tiene hogar, se apodera de la calle y, empujado por su mal humor, se hace subversivo, agrio, violento»
Así se empieza a desarrollar una política pública de subvención a empresas de construcción con fines privados, además de facilidades de acceso a crédito a las clases trabajadoras; eran planes de vivienda no planificados para atender las necesidades residenciales sino como un estímulo de la actividad económica. En un momento histórico de grandes procesos de urbanización y desarrollo de infraestructuras, la vivienda se convierte en una forma esencial de acumulación de capital, de producir ganancia, así se va consolidando una especie de oligarquía inmobiliario-constructiva con importantes lazos políticos.
Oligarquía inmobiliaria y de la construcción
La entrada del país en la Comunidad Europea en el 1986, es otro momento clave de este desarrollo histórico: el desmantelamiento del sector industrial y agrario y su sustitución por el turismo y la construcción como sectores productivos principales.
Al mismo tiempo de mayor concentración empresarial, se consolidan relaciones “caciquiles” entre políticos y empresarios que utilizan en beneficio propio instrumentos del Estado como la planificación urbana y la calificación del suelo como urbanizable.
El suelo se ha convertido en objeto de mercado y por tanto en un campo de inversión, y con la complicidad de las fuerzas políticas se apuesta por su completa liberalización. En el año 1998 se aprueba la ley del suelo, son los años de recalificaciones y pelotazos urbanísticos por los que, a través de los impuestos vinculados al suelo y a la vivienda, se aumentan los ingresos municipales. En este periodo se construyeron en España más viviendas que en todas las grandes economías de la Unión Europea juntas y hasta el 85% del total del sistema crediticio está destinado al sector inmobiliario.
El pinchazo
La compra de viviendas se ha convertido para las familias en una forma de ahorro e inversión, no es casualidad que los países con mayores tasas de propietarios son los que tienen Estados del bienestar más débiles. Por supuesto, las hipotecas eran el medio para acceder a la vivienda de los hogares de bajos ingresos, en un mercado que se incentiva con beneficios fiscales y una financiación barata y abundante. Entre los años 2000 y 2007, se había triplicado el endeudamiento de las familias.
Y entonces estalló la burbuja, con un desempleo de hasta el 27% y una población super endeudada, se vuelve imposible el pago de las hipotecas para cientos de miles de hogares. El sector de la construcción, fundamental en la economía española se paraliza junto con un sistema financiero con superávit de vivienda depreciada y sin salida en el mercado. Son años de “prima de riesgo” y políticas austericidas basadas en la recuperación del sistema a base de créditos europeos que devolver con recortes en política públicas.
El pinchazo tiene respecto al acceso a vivienda 2 importantes consecuencias:
- La entrada en el negocio inmobiliario de los fondos buitres y fondos de inversión. Bancos como el Santanter, BBVA, Caixabank, Bankia, Sabadell, etc. venden gran parte de su stock de vivienda, una parte al Estado a través del rescate bancario y la creación de la Sareb, -al mismo tiempo que el Estado rescata a los bancos, no se decreta la paralización de los desahucios- y otra parte a fondos de inversión y financieras internacionales que compran vivienda a muy bajo precio. Así entran en juego los grandes capitales en la gestión de un bien de primera necesidad y se acaban convertido en importantes lobbys de presión con poder para conseguir del gobierno ventajas fiscales y reformas legales, como la ley de arrendamientos del 2013 que supone la liberalización de los precios del alquiler. Es esta una tendencia que años después de la crisis todavía no se ha revertido, según los datos del año 2023 hasta un 60% de vivienda comprada se hizo sin financiar.
- El endurecimiento de las condiciones para la compra de vivienda, entre ellas las dificultades de acceso a la financiación, que de facto restringen el crédito solo a las rentas más altas. Para algunos autores se ha diseñado un sistema hipotecario orientado a afianzar el patrimonio inmobiliario de las clases medias-altas, al mismo tiempo que se relegaba al alquiler a los hogares con ingresos más bajos y que ya no pueden comprar vivienda por dificultades de acceso al crédito, por poner un ejemplo en cifras, si en el año 2007 se habían concedido 280.000 millones de euros para la compra de vivienda, en el año 2014 tan solo fueron 38.000 millones.
El alquiler
A partir de la crisis, como vemos, tiene lugar un cambio estructural respecto a la propiedad: alquilar pasa a ser la forma principal de acceso a la vivienda en todos los tramos de edad y durante más tiempo; la proporción de hogares en alquiler no ha dejado de crecer, de un 13% en el 2008 ha ido aumentando hasta alcanzar el 24% en 2021.
De los hogares nuevos hasta un 52% tienen que recurrir al alquiler, tendencia que se acentúa entre población migrante y población joven, siendo los menores de 30 años los que en mayor porcentaje viven de alquiler, hasta el 56% en el último año.
Las distintas normativas respecto al alquiler no han favorecido el acceso a las personas con menos recursos económicos. Desde la aprobación del Decreto Boyer en 1985, las posteriores leyes de arrendamientos han mantenido o acentuado una línea liberalizadora de los precios, que ha comportado en la práctica su encarecimiento. El uso turístico de una parte creciente de las viviendas y un pírrico parque de vivienda pública, contribuyen aún más a complicar el acceso al alquiler, cuyo precio ha subido en los últimos diez años una media del 30% respecto a los salarios, que apenas han crecido un 17%. Aunque hay diferencias notables entre territorios, las mayores subidas se han producido en ciudades donde el turismo es una importante fuente de actividad, la medida de subida llega hasta el 40% en Baleares, 43% en Valencia, 39% en Málaga o el 33% en Canarias, aunque también se ha dado en núcleos urbanos como Madrid (+29%), Barcelona (33%), Toledo (35%) o Girona (26%).
La escalada de precios es tal, que el alquiler se ha convertido una forma de empobrecimiento de la clase trabajadora y un motor de la desigualdad social, más aún cuando vivir de alquiler se ha convertido es una situación que cada vez más se prolonga hasta la vejez. Y aunque las recomendaciones de organismos como la OCDE o el Banco de España son que el precio del alquiler y pago de suministros sea cómo máximo un 30% del salario, nos encontramos con que la media está por encima del 40% y en algunas ciudades como Madrid, Barcelona, Baleares o Valencia puede llegar hasta el 72% del salario. A nivel de la Unión Europa España es uno de los países que más renta se destina a pagar el alquiler de la vivienda (En Europa la media es 21%) y somos la economía europea donde un mayor porcentaje de personas que residen de alquiler se encuentra en una situación de riesgo de pobreza o exclusión.
¿Una nueva lucha de clases?
Muchos análisis recientes insisten en dividir a la población en dos clases sociales enfrentadas en función de la posición que se ocupe en el sistema de vivienda: los propietarios (propietariado) y los que viven de alquiler (inquilinato). Quedarse en un análisis del mercado de alquiler como un mecanismo de transferencia de rentas de los sectores que menos tienen a los sectores más adinerados, desplaza la contradicción fundamental del capitalismo que es la lucha capital- trabajo a la de la propiedad de la vivienda.
El problema de la vivienda no es un fallo del sistema sino su resultado. Como vimos, este es un país en el que durante años la propiedad de la vivienda ha sido una forma de ahorro e inversión para las familias, una forma de acumulación de capital y seguridad, más aún en países con Estados de Bienestar débiles, lo que llega hasta el paroxismo con la llamada “hipoteca inversa”, una forma de aumentar los ingresos para la población mayor de 65 años.
La única solución es desmercantilizar la vivienda, una crisis de esta magnitud no puede resolverse corrigiendo y regulando el mercado, aunque el consenso político general está muy lejos de eso, lo que nos lleva a una de las contradicciones más importante del estado democrático, ¿no es acaso la vivienda un derecho?
El derecho a la vivienda
Cuando hablamos de la vivienda como derecho nos remitimos a su inscripción en la Constitución, si bien no por casualidad no es un derecho reconocido como derecho fundamental, o lo que es lo mismo, no es un derecho por el que deban velar los poderes públicos ni las voluntades políticas, que quedan al arbitrio del contexto, y en un contexto capitalista, la lógica siempre será la de la ganancia.
La última ley de vivienda, la del auto-proclamado gobierno “más progresista de la historia” no supone ningún cambio real, aunque introduce la posibilidad de control de precios con la declaración de «zona tensionada«, donde el precio de la hipoteca o el alquiler, más los gastos y suministros, supere el 30% de la renta, o la de figuras considerados como “gran tenedor” de vivienda; si bien al final la implantación de estas consideraciones, fundamento de un control de precios, depende de la voluntad de cada Comunidad Autónoma y actualmente ni las comunidades del mismo signo político que el gobierno cumplen su propia ley. Tampoco se prohíben los desahucios ni se plantean alternativas habitacionales llegado el caso, lo mejor de la ley es el objetivo de aumentar el parque público de vivienda hasta un 20% pero es un brindis al sol que no incluye planificación para llevarlo a cabo, bastaría por ejemplo con las viviendas de la Sareb, de las que el ejecutivo ha ofrecido 21.000 (la Sareb adquirió 87.972 viviendas terminadas) a municipios y comunidades autónomas y de las cuales solo se han vendido 350 en el 2023.
Respecto a la vivienda pública o de protección oficial -VPO- cuya construcción ha pasado de un 63% en los años 60 a menos del 10% en la actualidad, a resultas no deja de ser una forma dilatada de “privatización de la vivienda”, que acaba engrosando el mercado especulativo según el tiempo en que cada Comunidad Autónoma decida mantener su regulación de precios. Como ejemplo, en la Comunidades de Madrid, la agencia de vivienda social ha pasado de tener 76.000 viviendas en 1995 a 18.000, esta disminución se debe entre otras cosas a la venta masiva del parque de la empresa municipal de la vivienda por parte de Ana Botella, con una revalorización actual en el mercado de hasta el 180%.
