La revuelta agraria en Europa, expresión de la crisis de la UE. ¿Cuál es la salida?
Por LIT-CI
La rebelión de los agricultores y ganaderos ha alcanzado al conjunto de países de la UE. Revela un descontento muy profundo hacia la UE y sus gobiernos y afecta a uno de los pilares históricos de la estabilidad europea. Es por ello que ha provocado una convulsión en las sociedades europeas.
La movilización sostenida y los métodos de acción directa del movimiento, que ha desbordado ampliamente a los sindicatos agrícolas mayoritarios, de los que desconfía, han generado un movimiento de simpatía en la opinión pública y, de paso, han dejado en evidencia la mansedumbre pacifista y pactista de las burocracias sindicales del movimiento obrero.
Bajo el rótulo de “agricultores y ganaderos” hay una gran heterogeneidad
En un extremo, encontramos una mayoría de campesinos que trabaja en explotaciones familiares y se ve abocada a la ruina (el número de granjas europeas ha pasado de 15 a 10 millones en los últimos 20 años y en los próximos 15 desaparecerán otros 6,4 millones, según un estudio del Parlamento Europeo). En el otro extremo, grandes propietarios agrícolas que coparticipan, con los gobiernos, en la definición de la Política Agraria Común (PAC).
En el caso de Francia, el antagonismo entre los grandes empresarios agrícolas y las explotaciones familiares se manifiesta con claridad. En un extremo se encuentra Arnaud Rousseau, presidente del principal sindicato agrícola (FNSEA), dueño de grandes extensiones de cultivo y de un poderoso entramado de empresas, entre las cuales el gigante industrial y financiero Grupo Avril. La FNSEA es un poderoso lobby de los grandes agricultores que utiliza a un sector de los pequeños productores (obtuvo el 55% de los votos para las cámaras agrícolas en 2019). En las últimas décadas la FNSEA ha tenido la competencia de la Coordination Rurale (20% de los votos), que dice defender a los agricultores más pequeños, aunque permanece atrapada en una lógica productivista y chovinista.
La mayoría de las explotaciones agrícolas de Francia son de menos de 20 hectáreas, a menudo dirigidas por un solo agricultor, con una edad media de unos cincuenta años y en gran parte trabajando solo sus tierras. Con la concentración de las tierras y la riqueza, el número de agricultores en Francia es la cuarta parte de hace 40 años.
A la izquierda, se ha desarrollado la Confédération Paysanne (20% de los votos). Es miembro de la Coordinadora Campesina Europea, de Vía Campesina y Attac. Representa a los agricultores familiares y defiende una agricultura respetuosa con el medio ambiente, el empleo agrícola y la calidad de los productos. Se opone al productivismo desenfrenado de la PAC y participa en los movimientos en defensa del medio ambiente. Estas semanas ha protagonizado concentraciones contra las empresas de Arnaud Rousseau, como fue el caso el 9 de febrero, frente a la multinacional Avril, con consignas como ¡“Avril, depredador de la renta de los campesinos!”. Sébastien Vétil, de la Confédération Paysanne de Ille-et-Vilaine, declaraba mientras que “los anuncios del gobierno no nos satisfacen, denunciamos los acuerdos de libre cambio y el liberalismo alrededor de nuestras producciones agrícolas, que Avril simboliza”. Al mismo tiempo, denunciaba a Arnaud Rousseau como corresponsable y cogestor, junto con el gobierno Macron, de la política agrícola.
En otros países, como el Estado español, esta diferenciación no es clara y organizaciones que representan mayoritariamente a las explotaciones familiares como COAG van de la mano de las grandes patronales agrícolas, representadas en organizaciones como Asaja. En Italia los grandes agricultores están con la derecha de Salvini, mientras que muchas explotaciones familiares carecen de referencia política.
Hay que mencionar las maniobras y la competencia entre la derecha y la extrema derecha para capitalizar las protestas, cosa que se acentúa por la inminencia de las próximas elecciones europeas, donde las encuestas prevén un importante auge de la ultraderecha
También hay que señalar que los trabajadores agrícolas asalariados están ausentes de las movilizaciones, mientras en algunas concentraciones en el Estado español se han gritado consignas contra el salario mínimo, al gusto de las grandes patronales agrarias.
En cuanto al posicionamiento de los sindicatos obreros, en casos como el español, la dirección de CCOO ha tildado las movilizaciones en su conjunto como reaccionarias, evitando distinguir entre los pequeños agricultores y los grandes empresarios agrícolas. En Italia la CGIL, ausente de la movilización, se ha pronunciado a favor de la “política verde” de la UE (!). En Francia, los sindicatos obreros apoyaron en general al movimiento campesino, al tiempo que deploraban (CFDT) el «doble rasero» del gobierno francés: benevolencia con los campesinos (especialmente con la FNSEA) y brutalidad con los trabajadores en lucha contra la reforma de las pensiones. Algunas centrales (Solidaires y, más limitadamente, la CGT) se han alineado con la lucha de la Confédération Paysanne, y la CGT también ha llamado a la convergencia de las reivindicaciones de los distintos sectores para exigir un trabajo suficientemente remunerado para vivir.
Las reivindicaciones
Nos encontramos con ciertas diferencias nacionales. Por ejemplo, en los países del Este una de las reivindicaciones más sentidas es poner fin al libre comercio agrícola con Ucrania, mediante el cual la UE ha querido financiar al gobierno ucraniano a costa de los agricultores y ganaderos.
Sin embargo, hay demandas que son comunes a los diferentes países y que se orientan claramente contra la política agrícola de la UE. Una de las principales es la garantía de unos ingresos dignos para los agricultores, que afecta en especial a las explotaciones familiares, expoliadas por los grandes parásitos de la industria agroalimentaria y las grandes cadenas de distribución, sin olvidar la industria química que monopoliza la producción y comercialización de semillas, y los oligopolios energéticos. Las ayudas de la PAC, que favorecen a los grandes propietarios y están desvinculadas de la producción, lejos de resolver este problema central, lo enmascaran.
Otra reivindicación común es contra los tratados de libre comercio, como el que se ha estado negociando con Mercosur, que se añaden a los firmados con Marruecos, Sudáfrica, Canadá, Nueva Zelanda… que ponen en competencia directa a los agricultores y ganaderos familiares con el agronegocio de estos países, que se hallan en condiciones muy diferentes de costes y regulación, de manera que no tienen posibilidad alguna de competir. Aquí los únicos que sacan beneficio son los grandes industriales, que puedan exportar con pocos aranceles o libres de ellos, las grandes cadenas de distribución que negocian con los agricultores nacionales en base a los precios exteriores y las grandes empresas agroindustriales que explotan nuevos mercados en estos países.
En verdad, la política de la PAC, unida a los tratados de libre comercio, representa un verdadero plan de desmantelamiento de la agricultura familiar en la UE en beneficio de los grandes oligopolios agrícolas y las importaciones baratas.
En los países del Sur de Europa, es importante también la demanda de ayudas frente a la mayor sequía de los últimos años. A ésta, una expresión directa de la catástrofe ambiental que estamos viviendo, se le suman otras como la desertificación de zonas crecientes de territorio en el área mediterránea, la contaminación de los suelos y los acuíferos y la pérdida de la biodiversidad. Según diferentes estudios, actualmente el 80% de los hábitats en Europa están en mal estado y el 70% de los suelos, en un estado poco saludable. Sin embargo, a pesar de esta realidad evidente, un sector significativo de los agricultores y ganaderos medianos y pequeños, obligados a producir de forma cada vez más competitiva, endeudados y en situación cada vez más precaria, dan apoyo a las grandes organizaciones agrícolas que buscan desviar los problemas fondo hacia las normativas medioambientales de la UE, cuya retirada piden. Es asimismo en esta angustia social donde la ultraderecha trata de apoyarse para difundir su credo negacionista del cambio climático.
La respuesta de la UE y los gobiernos
Asustados ante la fuerza de la protesta y la amenaza a la estabilidad social y política, la respuesta de la UE y los gobiernos es coherente con los intereses de los grandes negocios que representan.
Mientras mantienen la PAC y perpetúan todos los elementos estructurales que están provocando la ruina de las explotaciones familiares, la presidenta de la Comisión Europa ha suspendido el plan de reducción del uso de los pesticidas, que era una de las piezas clave del “Pacto Verde” europeo (Green New Deal). Ha dejado asimismo sin efecto medidas como la obligación de dejar en barbecho (un año de espera sin cultivar para que la tierra recupere nutrientes) una determinada proporción de tierras de cultivo o regadío. También se ven directamente amenazadas las tibias medidas previstas en la ley de restauración de la naturaleza, colocada en el punto de mira ante la regulación de los fertilizantes o la definición de áreas ecológicas protegidas. En cuanto a los gobiernos, estos apoyan a la Comisión Europea en el retroceso en las medidas del Pacto Verde y ofrecen bonificaciones de impuestos, prometen menos burocracia, más inspecciones y anuncian (por enésima vez) que vigilarán que no se produzca ventas a pérdida.
Los cambios sucesivos de la PAC
La UE dice que, mediante la PAC, busca asegurar ingresos dignos de los agricultores, ayudar a la transición a una agricultura sostenible y garantizar la seguridad y la soberanía alimentarias europeas. La realidad muestra todo lo contrario. La PAC es un fraude completo en todos los terrenos, excepto en los grandes beneficios que se embolsan los grandes empresarios agrícolas, las grandes cadenas de distribución y los gigantes de la agroindustria.
Al principio, en 1962, cuando se creó la PAC, la UE (entonces Comunidad Económica Europea) eran solo seis países y Europa estaba afectada por importantes déficits agrícolas. La PAC inicial estableció medidas de protección mediante una fuerte regulación: precios de intervención, aranceles ante las importaciones, fijación de stocks y, más tarde, cuotas de producción en los casos, como la leche, en que se producían excedentes. Durante mucho tiempo no hubo necesidad de subvenciones ni ayudas a los agricultores. Esta PAC original constituía una de las bases de la Comunidad Europea: instrumento fundamental para mantener la paz y la estabilidad en el campo, se integraba en el cuadro del “estado del bienestar” posterior a la IIª Guerra Mundial.
Pero a partir de 1992 (junto con el Tratado de Maastricht), al mismo tiempo que se cuestionaba el estado del bienestar, la regulación agrícola quedó tocada de muerte, sustituida por una política neoliberal, que se impuso ya de manera completa en 2003. Desaparecieron los precios de intervención, los stocks y las cuotas; se instituyeron las ayudas por hectárea, independientes de la producción, sin fijar ninguna condicionalidad en favor de una agricultura sostenible y del medio ambiente, y los aranceles fueron sustituyéndose por los tratados de libre comercio. Esta política se ha mantenido invariable desde entonces, con la excepción de algunas medidas medioambientales de estos últimos años, que ahora se ponen en cuestión. El resultado ha sido el desarrollo imparable del agronegocio y los oligopolios, la contaminación de los ecosistemas, la pérdida de biodiversidad, el desmantelamiento de las explotaciones familiares y el progresivo vaciamiento del campo.
La crisis agrícola, expresión de la crisis de la UE
Si la PAC fue una de las bases de estabilidad y legitimación de la UE, su crisis actual y la cólera de los pequeños y medianos agricultores y ganaderos es uno de los elementos de su crisis. El desmantelamiento de las explotaciones familiares impulsado por la UE es un factor de desestabilización y deslegitimación.
La crisis agrícola muestra también el agravamiento de los desequilibrios entre la ciudad y el campo, cada vez más contaminado, despoblado y socialmente desatendido. Este desequilibrio, promovido por el capitalismo alcanza niveles cada vez más amenazadores.
El desmantelamiento de las explotaciones familiares corre a la par de la la rabiosa ofensiva neoliberal contra el estado del bienestar. Ambos son, asimismo, reflejo de la decadencia de la UE, el bloque imperialista europeo aprisionado en medio del conflicto entre el imperialismo norteamericano y el emergente imperialismo chino. Con sus dos grandes potencias, Alemania y Francia, afectadas por una crisis profunda y con un peso cada vez menor en el orden mundial.
Qué salida
Desde las organizaciones europeas de la LIT luchamos por establecer una alianza de las organizaciones de la clase obrera con los campesinos de las explotaciones familiares para acabar con la PAC neoliberal y los tratados de libre comercio y en defensa de medidas de transición hacia una agricultura y ganadería sostenibles que garanticen unos ingresos dignos a los agricultores y ganaderos.
Una agricultura menos consumidora de petróleo, fertilizantes, herbicidas y fitotóxicos, respetuosa con los animales y en equilibrio con la naturaleza. Para eso hace falta un plan para limitar la agricultura industrial y clausurar las macrogranjas, ecológicamente insostenibles, que devastan y despueblan los territorios. Reorientar la producción hacia una agricultura sostenible y de proximidad y recuperar el cultivo de tierras fértiles abandonadas. Acabar con el uso disparatado e irracional de los recursos hídricos, en particular en los países con sequía.
Hay que imponer un precio justo para los productos agrícolas y ganaderos, que cubran los costes y permitan un nivel de vida digno a las explotaciones familiares, acabando con la desorbitante diferencia entre los precios que se pagan en origen y los precios finales que se cobran a los consumidores, en su gran mayoría clase trabajadora. Hay que castigar con extrema dureza la ventas a pérdida que las grandes cadenas de distribución y la agroindustria imponen a los pequeños y medianos agricultores.
Defendemos el establecimiento de un organismo público, bajo control de los agricultores de las explotaciones familiares, la clase trabajadora del campo y los consumidores, que fije los precios y los stocks anuales a mantener y garantice el control estatal de la distribución. No se puede dar respuesta a la crisis del campo sin arremeter contra los grandes empresarios del campo y las granjas industriales, contra los oligopolios comerciales y contra la industria química que monopoliza el suministro de fertilizantes y semillas.
Hay que regularizar la población migrante que trabaja en el campo e imponer un castigo ejemplar a la patronal que no cumpla con los convenios colectivos.
Es preciso dar pasos sustanciales en el reequilibrio entre las grandes ciudades -verdaderos agujeros negros medioambientales- y el medio rural, cada vez más contaminado, desatendido y despoblado. No puede haber una sociedad ecológicamente sana sin resolver este enorme problema provocado por el capitalismo.
Todas estas medidas van vinculadas a la lucha por imponer un gobierno de los trabajadores, que deberá expropiar y estatizar, bajo control obrero y popular, las grandes empresas agrícolas y agroindustriales, las grandes cadenas de distribución, las grandes corporaciones químicas y los bancos, así como apoyar de manera efectiva la máxima cooperación entre las explotaciones agrícolas familiares. Establecer la planificación democrática de la economía en función de las necesidades de la población y de la solidaridad internacional. Un programa que no puede ser desarrollado sin integrarlo en la batalla estratégica por sustituir la Europa del Capital por una Europa de los Trabajadores y los Pueblos, unos Estados Unidos Socialistas de Europa.
