La descertificación, un nuevo gesto injerencista del imperialismo yanqui
Por Partido Socialista de los Trabajadores – Colombia
Ante la a la decisión del gobierno de Trump, anunciada el 15 de septiembre, de retirar la certificación anual a Colombia como aliado en la lucha contra el narcotráfico, como clase trabajadora es importante comprender qué significa esto y poder tener una política independiente.
Esta medida unilateral del gobierno de los EE. UU. evalúa (con criterios definidos también unilateralmente por ellos) el cumplimiento de países productores o de tránsito de drogas en la erradicación de cultivos ilícitos y el combate al tráfico, según la Ley de Abuso de Drogas de 1986 (enmienda a la Ley de Asistencia Extranjera de 1961). Colombia, principal productor mundial de cocaína, fue calificada para 2025, como «no cooperativa» debido al aumento récord de cultivos de coca (253.000 hectáreas en 2023, según la ONU) y producción de cocaína bajo el gobierno de Gustavo Petro, pese a que la política de Petro en la realidad dista mucho de su discurso y se enmarca dentro de los mandatos imperialistas: manejo de las drogas como un tema de criminalidad y no de salud pública; resultados medidos por monto de las incautaciones, que su propio gobierno llama históricas, y la reciente orden de retomar el uso de glifosato contra comunidades poco cooperativas con la erradicación manual. Todo esto desconociendo las razones estructurales por las que operan las economías ilegales en el mundo capitalista, abordándolo como si fuera un problema de la “voluntad” de la gente.
Como antecedente, debemos recordar que Colombia fue descertificada por última vez en 1996-1997 durante la presidencia de Ernesto Samper, por sus nexos con el Cártel de Cali. Desde entonces, había obtenido siempre la certificación plena o parcial, recibiendo hasta US$500 millones anuales en “ayuda” para seguridad y cuerpos antinarcóticos.
Actualmente, la administración Trump critica la «mala gestión» y «falta de liderazgo» de Petro, quien al menos en su discurso priorizaría políticas de sustitución voluntaria de cultivos sobre la aspersión aérea (suspendidas desde 2015 por un fallo de la corte). Más aún, en realidad la certificación en sí misma, poco o nada tiene que ver con la “lucha contra el narcotráfico”, y es más una medida política de corte injerencista para presionar a los gobiernos no alineados totalmente a los intereses imperialistas yanquis; en este caso, la descertificación a Colombia constituye un gesto de chantaje motivado principalmente por la postura de Petro frente a Palestina y su negativa a colaborar en una posible (aunque improbable) invasión a Venezuela por parte de EE. UU., así como por la reciente condena a Uribe que ha sido rechazada por Trump y principales figuras del partido Republicano. Es una medida de presión buscando alinear bajo sus designios a los gobiernos del subcontinente, a los que ve como su patio trasero.
La descertificación es una advertencia política, con ciertas consecuencias. En este caso se otorgó un waiver (exención por interés nacional) que evita sanciones inmediatas y mantiene la financiación (alrededor de US$450 millones para Fuerzas Armadas, inteligencia y operaciones). Pero la descertificación implica posibles sanciones económicas y de cooperación: Posible recorte futuro de ayuda (hasta 50-70%, equivalente a US$270-315 millones), aplicación de aranceles a exportaciones, veto a créditos en el Banco Mundial o BID, y bloqueo a inversiones de empresas estadounidenses. Igualmente, Colombia queda en la «lista negra» junto a Bolivia y Venezuela, dañando su imagen, indeseable para los intereses de los trabajadores y el pueblo en general, como socio estratégico global de la OTAN.
Esta descertificación es más un golpe simbólico y político que económico inmediato, ya que presiona al Gobierno a alinear su enfoque de «paz total» con los intereses del imperialismo estadounidense, y a moderar su discurso frente a Palestina y Venezuela. Por su parte, la burguesía opositora lacaya del imperialismo, salió a celebrar la medida, y a hacer campaña de que en un gobierno de ellos la cooperación imperialista estaría garantizada… lo cual no dudamos que sea cierto. La cuestión es, si Colombia o cualquier país necesita tener esta certificación, que en últimas significa ser parte del círculo de confianza del imperialismo. Nosotros afirmamos categóricamente que no.
Ante este hecho, gran parte de la llamada izquierda y sus organizaciones reformistas plegadas al Gobierno, han salido a defenderlo de manera acrítica; alegando el compromiso con la erradicación de cultivos, caza de narcotraficantes e incautaciones. Es decir, rechazan el gesto injerencista del imperialismo por las razones equivocadas y con una política totalmente contraria a los intereses de la clase trabajadora y el campesinado.
Efectivamente, se trata de un ataque a la soberanía nacional que debe ser rechazado. Pero este rechazo no debe provenir de demostrar que hemos sido buenos cumplidores de la política antidrogas de EE. UU., sino todo lo contrario. El problema del narcotráfico y sus consecuencias de criminalidad y violencia exacerbada en nuestro país es causado en últimas por el carácter ilegal del mercado de las drogas psicoactivas como la cocaína. Petro, debe aprovechar la oportunidad para dar un giro total a su política antidrogas, alineándola consecuentemente a su propio discurso: regularización inmediata de los cultivos, legalización de las drogas y manejo de estas como un problema de salud pública, ruptura de los pactos militares con el imperialismo, suspensión de la base militar de EE. UU. en Gorgona (disfrazada de científica), salida de la OTAN (tal como ha prometido), expulsión de los militares norteamericanos de las bases militares colombianas, y dejar de pagar la deuda externa para tener fondos reales y suficientes para un presupuesto general al servicio de las mayorías obreras, campesinas y populares.
