Jane Doe no está sola

La ira corre por todo Estados Unidos y el mundo entero a raíz de la revelación de los detalles de un horrible estupro en grupo ocurrida en una residencia de una fraternidad en Cornell, una de las instituciones académicas más prestigiosas del país. Apenas una semana después, casi al otro lado del país, en Arizona, se dio a conocer la noticia de que una candidata al Congreso fue violada por dos hombres mientras areglaba los letreros de su campaña. A pesar de estar separadas por miles de kilómetros y de que muy distintas circunstancias, ambas historias ilustran que tan generalizada está la violencia sexual en nuestra sociedad.

Mientras la Universidad Cornell y las autoridades locales de policía y gobierno buscan deshacerse de la culpa y ponen excusas por no haber investigado el caso a fondo cuando ocurrió por primera vez en 2024, los estudiantes exigen respuestas, con manifestaciones contra la violación convocadas en Cornell y, en solidaridad, en otras instituciones. Al hacerlo, unen sus fuerzas con movimientos más amplios contra la violencia sexual y la opresión de género que han asumido esta lucha vital en todo el mundo.

Lo que te enseñan en Cornell

Al reabrir el caso en respuesta a la indignación pública, la administración de Cornell y las autoridades locales de Nueva York han señalado razones legales y procedimentales por las que este caso se ignoró inicialmente en 2024, identificando dos obstáculos en particular. En primer lugar, la policía que llevó a cabo la entrevista con la víctima en 2024 no transmitió a los fiscales estatales que la víctima había afirmado: «Puedo decir con un 100 % de certeza que fui violada». A pesar de esta clara acusación, no se transmitió a los fiscales a quienes se les había encomendado el caso y no fue considerado en su decisión. En segundo lugar, se ha notado que las leyes vigente de Nueva York cuenta con protecciones muy débiles para las víctimas de agresión sexual que son atacadas mientras se encuentran bajo los efectos de drogas o alcohol. Según la ley aún vigente, si el consumo inicial de sustancias intoxicantes fue intencional, ninguna acción posterior que haya ocurrido bajo los efectos de dichas sustancias puede considerarse estupro. Esto contradice por completo la comprensión general actual del consentimiento y desmiente el propio testimonio de la víctima, quien identifica muy claramente cómo, a pesar de haber consentido ciertas actividades en la casa de la fraternidad, no dio su consentimiento para actos posteriores e incluso perdió la capacidad física para darlo a medida que avanzaba la noche y se la presionaba para que consumiera cada vez más drogas, particularmente ketamina, un disociativo fuerte.

Estos obstáculos legales y procedimentales son importantes y explican bastante sobre la falta de confiabilidad de la policía y del sistema de aplicación de la ley en general. Sin embargo, centrarse exclusivamente en estos problemas procesales significaría pasar por alto el panorama más amplio de la violencia sexual en la sociedad y, en particular, en las universidades. Un asombroso 26 % de las mujeres (y el 7 % de los hombres) sufren violencia sexual en algún momento durante sus cuatro años de estudios universitarios de pregrado. Estas estadísticas serían espantosas en cualquier contexto, pero resultan particularmente impactantes dado que asistir a la universidad se presenta como un rito de iniciación fundamental para una parte significativa de la población, incluida gran parte de la clase trabajadora. Nuestra sociedad envía sistemáticamente a nuestros jóvenes a un proceso académico en el que más de 1 de cada 4 de las niñas será violada.

Esta violencia también tiene un componente de clase. La universidad moderna cumple una doble función: educa e indoctrina a la clase trabajadora para que ingrese al mercado laboral profesional, y también sirve como escuela de refinamiento para que los hijos de los ricos socialicen y establezcan contactos entre sí con el fin de forjar vínculos que reproduzcan su clase (las universidades también funcionan como fondos de inversión, propietarios de inmuebles y puntos de conexión para el complejo militar-industrial). No es casualidad que este caso haya ocurrido en una institución de élite y en la sede de una fraternidad. Si la universidad en su conjunto es una fábrica para la reproducción de la sociedad de clases, las fraternidades son las oficinas ejecutivas donde se enseña a los muchachos ricos a disfrutar de la impunidad que les da su clase.

Aunque Estados Unidos nunca ha tenido una aristocracia formal, las fraternidades norteamericanas están organizadas de una manera profundamente aristocrática. Su retórica pública las presenta como sociedades caritativas, pero el objetivo de las fraternidades (y de las sororidades, sus contrapartes femeninas) es ser clubes sociales para los ricos.

La membresía suele ser hereditaria, y a los hijos y hermanos menores se les garantiza prácticamente la entrada a la fraternidad de sus predecesores. Estas organizaciones operan a nivel nacional; surgieron como sociedades secretas burguesas en el siglo XIX y, desde entonces, han evolucionado hacia sus formas institucionalizadas, con grupos en casi todos los campus universitarios del país. Las fraternidades están bien representadas en las redes de exalumnos donantes que enriquecen el financiamiento de las universidades e impulsan el reclutamiento de estudiantes para estas instituciones.

Las altas cuotas de membresía y la selección social preservan su carácter de clase dominante, y la iniciación de los miembros tradicionalmente implica severos rituales de novatadas que constituyen abuso sistemático, una tradición que, en la práctica, condiciona a muchos de estos hombres a una cultura de control y abuso que los predispone directamente a cometer agresiones sexuales. Cualquier noche, las residencias de las fraternidades en todo el país están llenas de ketamina, cocaína y otras drogas duras, mientras que los padres de estos jóvenes continúan ordenando la muerte y el arresto de innumerables víctimas de la guerra contra las drogas. Este fenómeno es intergeneracional y bien conocido en los campus: ya sea que haya asistido a la universidad en los años 1960 o en la actualidad, es probable que escuche una broma de que las iniciales de SAE, una fraternidad particularmente notoria, significan «Se Anticipa Estupro» (en ingles: «Sexual Assault Expected»).

También hay que prestar atención al papel de la propia administración universitaria capitalista, que intenta presentarse como un organismo de investigación y, en ocasiones, incluso pretende oponerse a la influencia de las fraternidades. Sin embargo, la administración universitaria no es ni un aliado de los oprimidos, ni siquiera un árbitro neutral e imparcial. Tiene un conflicto de intereses inmediato, ya que su prioridad es preservar la reputación de la institución y, con ello, las solicitudes de admisión de nuevos estudiantes. Los procedimientos para denunciar violaciones no están diseñados para atender a la víctima, sino para minimizar la responsabilidad de la universidad, ya sea en forma de evitar publicidad negativa en los medios o al tratar de complacer en el ámbito privado a los ricos amigos de quienes cometieron crímenes atroces. Al hablar con sobrevivientes de agresiones sexuales en la universidad y con sus amigos que las acompañaron a lo largo de estos procesos, estas personas describen cómo dichos procesos implican una repetida retraumatización de las víctimas, cuyo testimonio es sometido a interrogatorios. Al final del proceso, lo mejor que una víctima puede esperar, por lo general, es que su agresor sea objeto de una orden de alejamiento que le prohíba el acceso al campus universitario. En consecuencia, y junto con otras presiones sociales que desalientan la denuncia de agresiones sexuales, la mayoría de los casos no se denuncian.

Las imágenes de las protestas en Cornell muestran cómo los estudiantes han establecido el vínculo entre los cobardes intentos de la universidad por eludir la responsabilidad por la violación y su mano dura contra los estudiantes que se manifestaban en apoyo a Palestina, portando pancartas que decían: «¡Expulsar a los violadores, no a los manifestantes!». Los ataques de Cornell y otras universidades contra los activistas estudiantiles a instancias del gobierno y su falta de respuesta ante las agresiones sexuales en el campus son las dos caras de la misma moneda corrupta: la priorización sistemática de proteger la reputación de la universidad y de sus patrocinadores más acaudalados, por encima de las necesidades y la seguridad de los estudiantes y trabajadores del campus.

El violador en jefe y sus compinches

La violación y la opresión sexual no son nada nuevo. Pero el espectro de un presidente que se codeaba con Jeffrey Epstein, que se jactó de acosar sexualmente a mujeres en la televisión pública en el período previo a su primera elección, que nombró al violador Brett Kavanaugh para el cargo público más alto del país y que ha presidido el desmantelamiento generalizado de los derechos reproductivos y la atención médica que afirma la identidad de género, sí tiene un impacto directo en la incidencia de las agresiones sexuales y en un clima que las tolera.

Por su parte, los comentarios del presidente sobre el caso de Cornell consisten en decir que “siente lástima” por los acusados, es decir, los presuntos violadores. Envuelta en la obsesión casi de caricatura de MAGA por la virilidad y la agresividad masculinas se encuentra una valorización de la misoginia grosera y presumida que se convierte en una licencia y una amenaza para que se produzca violencia real.

Este parece ser lo que sucedió en el ataque y la violación de una candidata al Congreso por el Partido Demócrata, Bernadette Greene-Placentia, quien fue atacada por detrás, dejada inconsciente, violada y abandonada sangrando a las 3 de la madrugada en un estacionamiento vacío mientras realizaba su rutina de arreglar los carteles de su campaña. Entre otros comentarios sexistas, parece que sus agresores la llamaron «perra demócrata».

La intención es clara: a estos hombres se les ha alentado a cometer violencia sexual contra cualquier mujer que represente incluso la más mínima desviación de las normas patriarcales y eclécticas de dominación masculina de MAGA, ya sea en la política o en cualquier otro ámbito.

¿Cómo podemos defendernos?

Si bien Trump es un ejemplo paradigmático de la impunidad machista, enfrentar la opresión sexual requiere más que simplemente votar por un partido diferente. Esta impunidad tiene raíces profundas dentro de las fuerzas policiales a nivel nacional: es muy probable que los propios policías sean los autores de agresiones sexuales o de violencia de pareja. Incluso cuando no son literalmente los autores del caso en cuestión, tienden a menospreciar a las víctimas y a hacer muy poco para atender sus inquietudes.

Más allá de las preocupaciones a nivel de las fuerzas del orden, lo que refuerza la opresión machista es el tejido económico y social del capitalismo. Los capitalistas dependen directamente de una división machista del trabajo para eludir la responsabilidad de pagar por la reproducción social —el trabajo «gratuito» de cuidar a los niños y a las personas de tercera edad, así como las tareas domésticas cotidianas que son necesarias para que la clase trabajadora pueda ir para trabajar día a día, y que recae de manera desproporcionada sobre las mujeres—, reduciendo así los costos laborales. Esto se ve reforzado a su vez mediante la propagación y la mercantilización de ideologías y estructuras sociales sexistas, con el fin de mantener las divisiones en la sociedad y justificar la explotación, con instituciones como las fraternidades, las administraciones universitarias y la policía que existen para proteger y defender el statu quo.

Por lo tanto, no es suficiente votar por un capitalista diferente para resolver esto. No es suficiente solo organizar programas educativos sobre el machismo en las universidades. Necesitamos organizar movimientos de masas que exijan el restablecimiento del derecho al aborto, el derecho a la autonomía corporal, el derecho a la atención médica que afirme la identidad de género y el derecho a una atención de salud reproductiva de calidad, así como castigos para los violadores, ya que garantizar estos derechos y normas proporciona la base mínima para la participación de las mujeres y las minorías de género en la sociedad. Los sindicatos y otras organizaciones de la clase trabajadora deben asumir la responsabilidad de educar a sus miembros sobre la naturaleza de la opresión sexual y su prevalencia, y reconocer que se trata de una lucha que va de la mano no solo con la lucha por conseguir mejores condiciones laborales en el trabajo y como clase trabajadora, sino también con la lucha más amplia contra el capitalismo en sí mismo. La lucha para acabar con la opresión sexual no puede ganar sin destruir las instituciones de la clase dominante que la perpetran, incluida la policía. Las esferas de poder en el mundo capitalista actual están llenas de violadores y de personas que los abrazan con mucho gusto: no podemos garantizar de manera decisiva los derechos de las mujeres y de los trabajadores en general regateando para que entremos; necesitamos enfrentarlos de frente y luchar para ganar.