El mundo está en ebullición. A los impresionantes procesos de movilización que atraviesan Hong Kong, Líbano, Irak, Argelia, Cataluña y otras ciudades, se sumó Latinoamérica: Puerto Rico, Ecuador, Chile, Honduras, Bolivia.
Por Daniel Sugasti
Aunque con mucho menos cobertura mediática, la rebelión popular que sacude Haití hace siete semanas merece toda nuestra atención.
El pueblo haitiano emprendió un nuevo ciclo de luchas para derrocar al presidente Jovenel Moïse. En esta ocasión, la gota que colmó el vaso fue un grotesco escándalo de corrupción. Pero el telón de fondo es la crisis económica, política y humanitaria que azota al país caribeño.
Desde el 15 de setiembre las manifestaciones se suceden casi diariamente. Según la organización Batay Ouvriyé, el número parcial de muertos ronda los 250, con centenas de heridos y presos. Carreteras bloqueadas, barricadas callejeras, enfrentamientos con la policía, parálisis del sistema educativo y del servicio de recolección de basura, etc., componen el panorama de las principales ciudades.
Las protestas fueron creciendo en número y radicalidad. Incorporan obreros del sector textil, artistas, estudiantes, docentes, policías, trabajadores de la sanidad, y hasta sectores patronales y de las iglesias. Muchos de estos gremios responden al llamado del Sector Democrático y Popular, una mesa de coordinación de las luchas. La vasta amplitud social y política de la movilización denota el profundo hartazgo con décadas de saqueo por parte del imperialismo y de sus agentes locales. El espasmo social es simplemente un síntoma de un Estado fallido y ultrajado de mil maneras.
Destacamos algunos elementos que pensamos contribuyen a entender el contexto inmediato de este proceso. Algunos son conocidos, pero no pueden ser solapados. Haití es el país más pobre de las Américas. Casi 60% de los 11 millones de haitianos sobrevive por debajo de la línea de pobreza (establecida en 2,44 dólares por día) y 24% en la extrema pobreza (1,24 dólares por día). El salario promedio es de 60 dólares por mes. La expectativa de vida al nacer es de 63 años. 41% de la población está desempleada. La inflación actual es de 18%, principalmente en alimentos y medicinas. Existe además una crisis crónica en el suministro de energía eléctrica.
En julio de 2018, Moïse eliminó los subsidios a los combustibles como parte de un paquete de medidas de ajuste acordadas con el FMI a cambio de un crédito de 96 millones de dólares. Esto hizo que el precio de la gasolina aumentara 38%, el del diésel 48% y el de queroseno 51%. Para tener una idea del impacto de este tarifazo en los bolsillos del pueblo, basta saber que el queroseno y el carbón son los combustibles más usados por la población para iluminar sus casas y cocinar.
En enero de 2019, el Tribunal Superior de Cuentas reveló un informe en el que acusó al presidente Moïse y otros altos funcionarios de haber malversado no menos de 3.800 millones de dólares en préstamos del programa Petrocaribe de Venezuela, que provee petróleo y combustibles de manera subsidiada. Una auditoría reveló irregularidades entre 2008 y 2016 que involucran a 15 ex ministros y otros tantos funcionarios activos. También señala a la empresa Agitrans, de propiedad del propio Moïse, de beneficiarse con contratos públicos para construir proyectos bananeros y carreteras que jamás se concretaron.
Ante estos escándalos y una situación económica desesperante, la bronca popular estalló de manera espontánea el 7 de febrero. Durante las primeras jornadas, autos de lujo fueron incendiados y centenares de personas arrojaron piedras a la casa del presidente. El 12 de febrero, un sector de manifestantes incendió un mercado popular, saqueó varias tiendas y propició la fuga de varios prisioneros de una cárcel.
El primer ministro Jean Henry Ceant fue destituido en marzo y en su reemplazo asumió Jean-Michel Lapin. Así, el Estado haitiano nombró a su tercer primer ministro en dos años. En junio se dieron otras jornadas de protesta en Puerto Príncipe y otras ciudades. Al menos dos personas murieron.
Una nueva fase de la rebelión
Y así se llegó a setiembre, cuando la rebelión adquirió contornos definidos.
La lucha contra la corrupción no es la única reivindicación. Los trabajadores exigen, además de la caída de Moïse, un aumento del salario mínimo. Por ejemplo, el SOTA-BO (Sindicato de industrias textiles y de vestimenta, según su sigla en criollo haitiano), ligado a la organización Batay Ouvriyé, junto con otras dos centrales sindicales del mismo ramo, reclaman ajuste de salario, reducción de la jornada de trabajo, mejoramiento de las condiciones de trabajo, además de transporte, salud y educación públicas. Esto es muy importante, porque implica la irrupción de un sector de la clase obrera en un proceso amplio y con un matiz anticorrupción, con una plataforma propia y cuestionando en los hechos la dominación imperialista y a sus socios haitianos.
Por su parte, Moïse dice que no está apegado al poder sino a las reformas (del FMI) que deben ser implementadas. Sin embargo, nunca demostró intenciones de renunciar. Repite que el país necesita de un gobierno de unidad nacional para restablecer la paz y estabilidad.
Lo cierto es que este gobierno nació cuestionado por el gigantesco fraude electoral que posibilitó su llegada al poder. Desde 2017, existe un ascenso de masas que enfrenta sus principales medidas. En 2018, un proceso insurreccional, que incluyó una fortísima huelga general, derrotó el aumento de los combustibles.
El gobierno entreguista de Moïse y del régimen semicolonial están en profunda crisis en la Isla. Las movilizaciones se chocan directamente con la dominación imperialista y contra sus socios menores haitianos.
El ascenso, casi ininterrumpido desde la llegada al poder de Moïse, también demuestra el fracaso de la misión militar de la ONU (Minustah). Ninguna mejora social o humanitaria fue realizada durante los más de 13 años de ocupación militar extranjera, liderada por tropas brasileñas. El único legado de la Minustah fue la represión, las violaciones, las masacres en los barrios más pobres, la cobertura al fraude que garantizó la asunción al mando de Moïse. Pero ni la Minustah ni su sucesora, la Minusjusth y la reorganizada policía haitiana consiguieron aplastar la rebelión del pueblo.
Este proceso de movilizaciones debe dar pie a una nueva revolución en Haití, que tendrá una doble tarea:
1- La tarea democrática de la liberación nacional del yugo semicolonial del imperialismo, principalmente del estadounidense.
2- Como parte de ese mismo proceso de revolución permanente, la transformación del combate por la liberación nacional, la resolución del problema de la tierra y otras tareas democráticas pendientes, en una dinámica de lucha por la revolución socialista.
No obstante, para ello es de vida o muerte encarar la tarea de construir una dirección revolucionaria. Estamos hablando de un partido revolucionario, con peso en el proletariado industrial, que pueda dirigir el proceso de movilización hasta alcanzar la estrategia de la revolución socialista en Haití, la región y el mundo.
Un partido obrero que defienda una salida socialista para la crisis crónica de la Isla: esto es, que parta de la necesidad de derrocar el gobierno de Moïse; pase por la defensa de las reivindicaciones más sentidas de las masas trabajadoras, desde el salario hasta el empleo; y llegue a la expropiación de las grandes empresas extranjeras y nacionales; la ruptura completa con el imperialismo; y la formación de un gobierno del proletariado y de las masas populares. Solo un programa con este carácter puede puede estar a la altura del heroísmo y la energía revolucionaria desplegada históricamente por el pueblo haitiano.
