Francia: crecientes movilizaciones contra el gobierno
A diferencia de lo que ocurrió en Italia, donde el aumento de la edad de jubilación ha sido aprobado con sólo dos horas de huelgas y donde la Ley del Empleo [Jobs Act] ha visto la luz con una fachada de oposición de los burócratas de los sindicatos conciliadores, CGIL CISL-UIL, agentes verdaderos de los empleadores dentro de la clase obrera y una oposición débil y fragmentada por parte de los sindicatos de base, los trabajadores en Francia, durante semanas, hacer oír bien alto su voz, ocupando calles y plazas con grandes manifestaciones contra la reforma del Código de Trabajo propuesto por el gobierno francés.
Por Patrizia Cammarata
Las protestas, demuestran que el proletariado y la juventud franceses no tienen intención de someterse a los dictados europeos (que ya había ofrecido una señal con la victoria del No en el referéndum sobre la ratificación de la Constitución Europea), y lo hacen utilizando armas históricas del movimiento obrero (con huelgas, acciones de fábricas, unidad de clase), evitando de esta manera y para proteger sus derechos, las ideologías nacionalistas sobre la patria pequeña.
Los trabajadores franceses no tienen la intención de dejarse llevar por el chantaje y la necesidad de competencia capitalista, y así reducir el costo de mano de obra en Francia como ocurrió (con el paquete Hartz) con los vecinos trabajadores alemanes y con la Ley de Empleo de los italianos. Las trabajadoras y los trabajadores en Francia no tienen intención de sentirse obligados por las disposiciones de la ministro Myriam El Khomri, quien afirmó que el objetivo es “adaptarse a las necesidades de las empresas”. Una reforma similar a la Ley de Empleo, que hace que sea más fácil despedir y que sirve para volver más precarios y chantajeados a los llamados “garantizados” (es decir, los trabajadores hoy más protegidos y sindicalizados) mientras que proporciona las herramientas legales útiles para las empresas, al grado de dar prioridad a la contratación negociada, con el resultado de la reducción de las condiciones de trabajo y los salarios de los franceses.
La presentación de la reforma se acompaña, como ocurrió en Italia, con explicaciones que quieren pasar a la opinión pública la idea de que el derecho del trabajo era una causa, o la causa, del desempleo, que las empresas tienen miedo de contratar por temor a que no se pueda despedir, aunque algunos economistas han señalado la fragilidad de este razonamiento recordando, empíricamente, que no es cierto que en los países donde la legislación laboral es más protectora el desempleo es superior, y dan el ejemplo de España e Italia, dos países que han golpeado con fuerza los derechos de los trabajadores y en los que el empleo no ha recuperado todavía los niveles de 2008.
Los ataques de estos días están poniendo en peligro el gobierno dirigido por el “socialista” Hollande, en dificultades también por el hecho de que las elecciones parlamentarias de 2017 se encuentran próximas y las medidas propuestas por el gobierno son impopulares y riesgosas desde el punto de vista electoral.
Las leyes de emergencia sirven para contrarrestar la resistencia popular
Después de los recientes actos de terrorismo en el corazón de la capital francesa, ocurridos el 13 al de noviembre de 2015, el 29 de noviembre, el gobierno Hollande promulgó por tres meses el estado de emergencia en toda Francia (en esta ocasión, votaron en contra sólo seis parlamentarios “verdes” y del Partido Socialista, mientras que el Front de Gauche votó a favor). El estado de emergencia permite crear, en las ciudades, las zonas rojas donde las personas y los vehículos no pueden circular, prohíbe la residencia en ciertas áreas para sospechosos (prohibición de residencia), o los obliga a no apartarse de su municipio de residencia (residencia obligatoria), lo que permite crear lo que se define como persecución administrativa sin ningún límite de tiempo, permite escanear y copiar datos del ordenador, evitar encuentros y reuniones públicas, y obligar al cierre de lugares públicos, o disolver grupos y asociaciones.
Con el estado de emergencia votado el 29 de noviembre en Francia es posible que a las personas cuyo “comportamiento” sea considerado una amenaza para el orden público se proceda a “cachearlas” o se las fuerce bajo arresto domiciliario. Varios activistas que fueron individualizados como responsables de grupos ecologistas han sido interditados para todo el período de la realización de la conferencia sobre el cambio climático celebrada en París entre el 30 noviembre y el 11 de diciembre pasado. La mayor parte de las miles de búsquedas que tuvieron lugar después de la promulgación de esta ley no ha dado lugar a algún procedimiento penal porque la gente cacheada no apoyaba de ninguna manera el terrorismo, pero, por enfrentar situaciones de impacto muy violentas (a menudo por la noche, con agentes encapuchados) esto ha causado lesiones graves en las familias de los sospechosos (especialmente en los niños) y tiene graves consecuencias sociales, ya que a menudo estas familias quedan más aisladas debido a que, a causa de las búsquedas, son sospechados como “terroristas” en la comunidad en que viven.
El estado de emergencia, en nombre de la seguridad y la lucha contra el terrorismo, es útil para que el gobierno cancele los derechos fundamentales y es útil especialmente en un período en el que el ataque a los derechos, el desempleo, las dificultades sociales de los trabajadores, se convierten en protestas; con un estado de emergencia, es más fácil controlarlas y combatirlas. Una medida que también se utiliza para penalizar el activismo contra la ocupación israelí de los territorios palestinos, espiar a los ciudadanos franceses, bloquear los sitios web, reprimir las voces disidentes de la política del gobierno.
Y así, de una emergencia que iba a durar unos meses, el Senado votó a favor de extender el estado de emergencia por tres meses a partir del 26 de febrero, y Francia se está convirtiendo en un estado policial que puede actuar contra los sospechosos manteniéndolos bajo arresto incluso hasta doce días, negándoles asistencia jurídica durante todo este período, y puede censurar a los periodistas no alineados y de ese modo impedir, por ejemplo, las propias investigaciones independientes sobre las actividades criminales y terroristas.
Y ha sido siempre François Hollande, desde el 16 de noviembre pasado, el que propuso una reforma constitucional para introducir dos nuevos artículos: el primero sobre el estado de emergencia y el segundo sobre la pérdida de la nacionalidad como sanción para aquellos que, teniendo otro pasaporte, sean condenados de modo definitivo por atentar gravemente contra la nación. La propuesta de introducir la privación de la nacionalidad en la Constitución también ha causado una crisis política, con la renuncia del ministro de Justicia, Christiane Taubira, que definió dicha dimisión como “un desacuerdo político importante”.
A pesar de sus argumentos sobre la reforma constitucional, la izquierda institucional no parece ser capaz de neutralizarla de modo convincente y significativo. Esta importante tarea la están asumiendo los trabajadores en lucha, que a las radicales movilizaciones de estos días le unen las consignas en contra de la reforma del trabajo y aquellas contra las leyes de emergencia. Ellos están viviendo, de hecho, todos los días, en su piel, durante las manifestaciones y huelgas de los últimos días, la violencia del Estado burgués sobre las clases explotadas que luchan por sus derechos, una represión que ha crecido en proporción al crecimiento de la participación de los jóvenes y de los estudiantes en las manifestaciones.
C’est ne qu’un debut… ! [¡Esto es solo el comienzo…!]
Para contrarrestar la reforma laboral, las burocracias sindicales, hace alrededor de un mes habían anunciado un “día de acción” para el 31 de marzo (una táctica sindical por desgracia ya muy conocida en Italia y que las burocracias sindicales necesitan implementar para calmar la indignación de los trabajadores mientras negocian unas migajas con el gobierno), pero la base ha rechazado este programa moderado y ha obligado a los sindicatos a declarar la huelga del 9 de marzo y luego la del 17 y la del 31. De pronto vemos que la clase trabajadora en Francia no tiene la intención de quedarse al margen: el 9 de marzo salieron a las calles casi medio millón de manifestantes (1) que, en muchos casos bloqueron el transporte, empresas, escuelas, universidades, en contra de una reforma acusada de ser escrita a cuatro manos (dos manos del ministro de gabinete y dos de un representante de Medef, la Confederación Industrial francesa).
Hacia 31 de marzo: En tout bloque! [¡Bloquear todo!]
Después de las protestas masivas de la semana pasada, el primer ministro francés, Manuel Valls, ha decidido introducir cambios en la reforma anulando, por ejemplo, el techo de indemnización para los trabajadores despedidos, pero el cuerpo de la ley no se cambia, y sólo para dar un ejemplo, también en la segunda versión se ataca el horario de trabajo: en la actualidad un trabajador francés no puede trabajar más de 10 horas al día, pero con la reforma laboral se incrementará a 12, e incluso las 35 horas promedio, que pueden llegar hasta un máximo de 48 horas, con la reforma llegarán a 60 horas.
De acuerdo con una encuesta Odoxa para Le Parisien y France Info, publicada el 24 de marzo, el número de franceses que se oponen al nuevo texto de la reforma es prácticamente el mismo que se opuso a la primera versión, y los sindicatos han anunciado que las concesiones no son suficientes y exigen el retiro de la reforma; un retiro que el gobierno francés no puede aplicar incluso porque debe responder a las promesas de reforma realizadas en Bruselas, en especial la reforma laboral.
Las organizaciones de izquierda, los movimientos juveniles, los sindicatos, bajo presión debido a la gran disponibilidad de lucha que manifestaron en las últimas semanas las masas trabajadoras, se están preparando, con muchas reuniones en París y en las diferentes regiones de Francia, para la movilización del 31 marzo.
Para los sindicatos, el 31 de marzo será una prueba importante y el objetivo es superar los números de la protesta del 9 de marzo. En la declaración conjunta de los sindicatos de la CGT, FO, FSU, Unión Sindical Solidaires, UNEF, UNL, FIDL dice lo siguiente: “… En este contexto, en el que el empleo y los salarios siguen siendo las principales preocupaciones, es urgente desarrollar el empleo estable y de calidad, y los nuevos derechos sociales. Los sindicatos (CGT, FO, FSU, Unión Sindical Solidaires, UNEF, UNL, FIDL) llaman a todos los asalariados, los autónomos, los parados, los desempleados, los estudiantes, los jubilados, los pensionados, a movilizarse en la huelga y participar masivamente en las manifestaciones del 31 de marzo para el retiro de este proyecto de ley y para conquistar nuevas garantías y protección colectiva…”.
Al mismo tiempo, un llamamiento firmado por más de 500 sindicalistas y sindicatos franceses convida a la movilización general; su llamado dice: “… De nuestra parte, lo decimos sin rodeos, el proyecto de ley no es ni modificable ni negociable, y sólo su retiro, definitivo y total, se impone como una solución… El 31 de marzo, por último, a la orden del día habrá una huelga… La única manera que tenemos para ganar y doblegar al gobierno es bloquear la economía… y para bloquear la economía, el primer paso es llevar a cabo con éxito la huelga del 31 de marzo… La reducción de la jornada laboral a 32 horas semanales sin reducción de salarios, sin flexibilidad, sin descuentos ni burlas… Nos comprometemos a presentar todo en discusión con nuestros colegas en el lugar de trabajo, en nuestras estructuras sindicales, en los órganos de coordinación entre los sindicatos en que participamos…. Más allá de la adhesión de los sindicatos, les pedimos que se unan en este llamado, que propongan la adhesión de otras estructuras sindicales, la coordinación intersindical para participar… ¡Juntos vamos a luchar, juntos vamos a ganar!”.
Por la huelga indefinida hasta el retiro final de la ley
Es necesario que los trabajadores de Francia que están luchando contra la reforma del Código de Trabajo sean capaces de impedir a la burocracia sindical reformista limitar el movimiento a “jornadas de acción” simbólicas o huelgas formales que conducirían a la clase obrera a caer de nuevo en una compatibilidad con el sistema, que sólo puede conducir a la derrota.
Se necesita una huelga general prolongada [por tiempo indefinido], hasta el retiro definitivo de la reforma, y para lograr esto es necesario que entre como principal protagonista en la lucha, decidida y unificada, la clase obrera, que es la que tiene en sus manos los principales sectores de la economía. De esta manera, la clase obrera, parando la producción económica, y unida a los trabajadores y trabajadoras de otros sectores y a los estudiantes, será capaz de parar toda Francia, obligar a los sindicatos a apoyar la lucha hasta el final, expulsar las viejas organizaciones burocráticas sindicales y políticas que colaboran con los patrones y reemplazarlas con organizaciones independientes que apoyen la lucha del pueblo francés hasta la caída del gobierno y el retiro de las medidas contra los trabajadores.
Traducción: Natalia Estrada.
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