El pasado 13 de abril el gobierno de coalición, junto con ERC y EH Bildu llegaron a un acuerdo, después de 4 largos años, para la aprobación de la Ley de Vivienda. Esta Ley, aunque presenta algunas mejoras que la clase trabajadora acoge con respiro, está lejos de solucionar el DRAMA de la vivienda en el Estado español. De hecho, ya han sido varias organizaciones como la PAH y el Sindicato de Inquilinas que han advertido que este pacto abre la puerta al fraude y a las subidas de precio y no pone soluciones reales a la crisis de la vivienda.
Por Mercè Roure, Corriente Roja
Algunas de estas nuevas medidas son la ampliación de “zonas tensionadas” en el mercado de alquiler, la re-definición de los grandes tenedores (ahora, se considera gran tenedor todo aquel que posea más de 5 viviendas, cuando antes eran 10) o la eliminación de los gastos de agencia a cargo del inquilino/a. Todas estas medidas aún presentan vacíos por rellenar. Por ejemplo, la declaración de un barrio o un
municipio como «zona tensionada» dependerá de cada Comunidad Autónoma y, ya tenemos a la señora Ayuso anunciando que no aplicará la futura ley -si es que se aprueba- y que, además, la llevará al Constitucional. Empezamos bien.
El Sindicato de Inquilinas, por su parte, ha expuesto todas las maniobras que permite hacer el acuerdo pactado para seguir aumentando los precios de los alquileres. Por ejemplo, se anuncia que el nuevo precio no puede superar el del contrato anterior pero, en primer lugar, es muy fácil ocultar dicha información y, en segundo lugar, se puede subir el precio haciéndolo pasar como gastos de IBI, alegando reformas o poniendo el piso en alquiler de temporada, con lo que los caseros podrían hacer subidas sin ningún tipo de regulación.
Esta futura Ley, además, no acaba con los desahucios. Los movimientos sociales llevan reclamando la obligatoriedad para los grandes propietarios de ofrecer alquiler social a todas esas familias que acrediten vulnerabilidad, pero el acuerdo de Ley ignora esas demandas y lo único que hace es alargar el proceso de desalojo hasta 2 años y obliga a los propietarios a someterse a una mediación, que se puede respetar o no. Traducimos: más angustia para las familias en riesgo de desahucio, los bancos y fondos buitres seguirán desahuciando a sus anchas y seguirán sin ser penalizados, como si echar a una familia y condenarla a dormir en la calle no fuera un crimen.
La PAH también ha manifestado su preocupación: “nos preocupa que este nuevo acuerdo contemple el uso de los fondos del Plan Estatal de Vivienda para pagar los realojamientos de las familias desahuciadas o incluso alquileres sociales “bonificados”, que a la práctica consistirá en un nuevo traspaso de dinero público a manos de grandes tenedores como bancos y fondos buitres, en vez de corresponsabilizarlos de la emergencia habitacional actual y a movilizar sus viviendas vacías.” Se puede decir más alto, pero no más claro.
La realidad es que en este país no hay vivienda pública, no hay recursos para los servicios sociales y no hay alternativas habitacionales para aquellas familias que no pueden disponer de una vivienda, por eso toda aquella Ley que no empiece por prohibir de manera inmediata los desahucios y no abogue por la expropiación de las viviendas vacías de los bancos y los fondos buitres para ponerlas al servicio de la
creación de un parque de vivienda público, es completamente insuficiente.
Por eso hacemos un llamado a seguir organizándonos en los barrios con nuestras vecinas para masificar el movimiento por la vivienda en el Estado español hasta conseguir que sea un derecho garantizado para todos y todas, que nadie esté durmiendo en la calle y que la vida esté por encima del capital y los beneficios de unos pocos.
